Idalia Noemí Padrón Ventura
Expediente 69/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 69/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Idalia Noemí Padrón Ventura
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la autoridad responsable, las constancias que exhibió en este asunto. Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se le informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 69/2021-I. En el caso, es pertinente dejar establecido que el asunto cuyo estudio nos ocupará, se trata de una determinación cuya consecuencia es remitir las constancias necesarias al Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí para que se agote la instancia prejudicial de conciliación en el juicio de origen. Pues bien, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Con base en ello, la decisión del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, que hizo consistir en el acuerdo de ocho de enero de dos mil veintiuno dictado dentro de los autos del expediente 01/2021, en donde la responsable ordena remitir las constancias necesarias al Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí para que se agote la instancia prejudicial de conciliación, no constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que, adverso a lo que plantea el quejoso, los efectos del acto reclamado no le impiden el libre ejercicio del derecho de acceso efectivo a la justicia, seguridad jurídica ni el de legalidad. Por tanto, no puede considerarse que sus efectos directos o indirectos afecten de forma actual los derechos a los que hacen referencia en su demanda, ya que su alteración depende de que el acto reclamado llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Justamente, tanto el derecho de acceder a la justicia, como el de seguridad jurídica y el de legalidad, no pueden verse dañados de forma actual por el acuerdo que ordena remitir las constancias necesarias al Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí para que se agote la instancia prejudicial de conciliación, virtud de que estos mandatos de optimización en su conjunto cumplen una función constitucional de garantizar el acceso a un proceso justo. Así, en términos de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución, estas garantías fundamentales sirven como herramienta para la protección de las propiedades, posesiones o derechos de las personas que se encuentran expuestas, en el caso, a una posible afectación por la substanciación de un contradictorio. De tal suerte que, sólo con la sentencia con la que culmine el juicio de manera definitiva, en la que se creen, extingan o modifiquen las propiedades, posesiones o derechos ahí discutidos, puede abatirlos de forma actual, en tanto que por regla general, únicamente a través de este acto se puede impedir su libre ejercicio. En esa tesitura, si las garantías fundamentales a que se ha hecho alusión son en efecto, herramientas que garantizan un proceso justo, su trasgresión sólo puede darse de forma real con el dictado de una sentencia definitiva desfavorable a los intereses del que resiente tal trasgresión, pues será en ese momento y no en otro, en el que encuentre actualidad la violación a tales mandatos de optimización ante la injusticia de la condena. Explicado en palabras lisas y llanas, debemos decir que el acuerdo que ordena remitir las constancias necesarias al Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí para que se agote la instancia prejudicial de conciliación, no trasciende más allá del aspecto adjetivo-procesal del juicio, ya que tal determinación por sí misma no priva de forma actual a la quejosa del derecho discutido en el litigio, sino que sólo provoca una postergación de la decisión respecto de él. Por otra parte, tal determinación tampoco le impide de forma actual el acceso a la jurisdicción, ya que no le imposibilita poner en tela de juicio su pretensión. Tampoco se observa ni fue alegado por la quejosa, que derivado de la emisión del acto reclamado, se vean afectados de forma actual derechos sustantivos como el patrimonio, la vida, la libertad, etc. En suma, el derecho de acceso y expedita administración de justicia, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia del juicio constitucional. Con base en ello, la decisión del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, que hizo consistir en el acuerdo de ocho de enero de dos mil veintiuno dictado dentro de los autos del expediente 01/2021, en donde la responsable ordena remitir las constancias necesarias al Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí para que se agote la instancia prejudicial de conciliación, no constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que, adverso a lo que plantea el quejoso, los efectos del acto reclamado no le impiden el libre ejercicio del derecho de acceso efectivo a la justicia, seguridad jurídica ni el de legalidad. Por tanto, no puede considerarse que sus efectos directos o indirectos afecten de forma actual los derechos a los que hacen referencia en su demanda, ya que su alteración depende de que el acto reclamado llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Justamente, tanto el derecho de acceder a la justicia, como el de seguridad jurídica y el de legalidad, no pueden verse dañados de forma actual por el acuerdo que ordena remitir las constancias necesarias al Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí para que se agote la instancia prejudicial de conciliación, virtud de que estos mandatos de optimización en su conjunto cumplen una función constitucional de garantizar el acceso a un proceso justo. Así, en términos de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución, estas garantías fundamentales sirven como herramienta para la protección de las propiedades, posesiones o derechos de las personas que se encuentran expuestas, en el caso, a una posible afectación por la substanciación de un contradictorio. De tal suerte que, sólo con la sentencia con la que culmine el juicio de manera definitiva, en la que se creen, extingan o modifiquen las propiedades, posesiones o derechos ahí discutidos, puede abatirlos de forma actual, en tanto que por regla general, únicamente a través de este acto se puede impedir su libre ejercicio. En esa tesitura, si las garantías fundamentales a que se ha hecho alusión son en efecto, herramientas que garantizan un proceso justo, su trasgresión sólo puede darse de forma real con el dictado de una sentencia definitiva desfavorable a los intereses del que resiente tal trasgresión, pues será en ese momento y no en otro, en el que encuentre actualidad la violación a tales mandatos de optimización ante la injusticia de la condena. Explicado en palabras lisas y llanas, debemos decir que el acuerdo que ordena remitir las constancias necesarias al Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí para que se agote la instancia prejudicial de conciliación, no trasciende más allá del aspecto adjetivo-procesal del juicio, ya que tal determinación por sí misma no priva de forma actual a la quejosa del derecho discutido en el litigio, sino que sólo provoca una postergación de la decisión respecto de él. Por otra parte, tal determinación tampoco le impide de forma actual el acceso a la jurisdicción, ya que no le imposibilita poner en tela de juicio su pretensión. Tampoco se observa ni fue alegado por la quejosa, que derivado de la emisión del acto reclamado, se vean afectados de forma actual derechos sustantivos como el patrimonio, la vida, la libertad, etc. En suma, el derecho de acceso y expedita administración de justicia, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia del juicio constitucional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Jueza del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado; con su contenido y anexo, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. De conformidad con el numeral 64, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdese por separado el anexo que se acompaña y póngase a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría del Juzgado. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. FIJACIÓN DE NUEVA FECHA Visto el estado de autos, se advierte que no fue posible celebrar la audiencia constitucional en este asunto, en virtud de la suspensión de plazos y términos determinada por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal del primero al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno1 ; sin embargo, toda vez que de conformidad con la circular SECNO/10/2021 de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciocho de febrero del año en curso, resulta aplicable el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, se fijan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO para su verificativo. En la inteligencia de que, tomando en consideración la contingencia ocasionada por la pandemia de COVID-19 y el esquema de trabajo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, las partes únicamente podrán comparecer a formular alegatos por escrito, salvo en los supuestos expresamente previstos en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues en estos casos preferentemente se procurará que se formulen por escrito y en la hipótesis de que el deseo de las partes sea hacerlo de manera verbal, entonces, previo a la celebración de la aludida audiencia, así lo deberán informar por escrito a fin de que este juzgado se encuentre en aptitud de acordar lo respectivo para que aquélla se suscite mediante videoconferencia en términos del numeral 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. REANUDACIÓN DE TÉRMINOS Y PLAZOS En la inteligencia de que todos los términos y plazos en este asunto, se reanudarán a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, en el punto en que se quedaron pausados, dado que la suspensión decretada por el Consejo de la Judicatura Federal no implica su reinicio. EXHORTACIÓN A LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, lo que incluye a las autoridades responsables, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). También se les informa que este juzgado podrá brindar atención e información a los justiciables a través del correo institucional 8jdo9cto@correo.cjf.gob.mx o en el teléfono 4448389300 (extensión 1611) o en el celular 4442380496. NOTIFICACIÓN POR LISTA Considerando la normativa vigente emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el estado actual de las cosas, así como con la finalidad de prevenir contagios y privilegiar el cuidado del personal y de los justiciables, aunado a que no se actualiza ninguno de los supuestos que establece el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo para la práctica de notificaciones personales, ni a juicio de este Juzgado se advierte circunstancia especial que lo amerite, notifíquese por lista este acuerdo. Por otra parte, agréguense a los presentes autos las comparecencias de cuenta realizadas por diversos quejosos, de las que se advierte que ratificaron en todas y cada una de sus partes el contenido y firma de los escritos presentados ante este Juzgado, por el cual se desisten de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo y sus acumulados; en consecuencia, téngaseles por desistidos en su perjuicio de la prosecución del presente asunto y por tanto, se tiene por no presentada la demanda de derechos fundamentales. Es aplicable al caso por su contenido, la Jurisprudencia 2a./J. 82/2016 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 462, Tomo I, Libro 32, de julio de dos mil dieciséis, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2012059, que a la letra dice: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios." Finalmente, glósense a los autos los escritos de cuenta signados por diversos quejosos, mediante los cuales refieren que se desisten del presente juicio de amparo y de todos sus acumulados, por lo que solicitan se tomen las medidas necesarias para la ratificación de los ocursos de referencia. Ahora bien, es importante destacar que actualmente el país se enfrenta a una emergencia sanitaria global sin precedentes, ocasionada por la pandemia del virus que causa el COVID-19 y que ha requerido de medidas extraordinarias para su atención y contención, por tanto, con la finalidad de evitar la concentración de personas y con ello, la propagación del virus y además se cumpla con la voluntad de los quejosos de desistirse del presente asunto, requiérase a dicha parte procesal para que comparezcan a las trece horas con treinta minutos de día hábil, al área de recepción del edificio sede del Poder Judicial de la Federación, ubicado en calle Palmira 905, Fraccionamiento Desarrollos del Pedregal, de esta ciudad de San Luis Potosí, con original y copia de su identificación oficial vigente, de preferencia credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral, para que manifiesten ante el actuario judicial adscrito, si reconocen como suya y ratifican la firma que obra en los escritos de desistimiento de referencia. En el entendido de que los quejosos de mérito deberán comparecer con el equipo de protección personal que resulte racional y apropiado para prevenir riesgos de contagio por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); ello mismo deberá realizar el diligenciario de la adscripción, que recabe la ratificación de los ocursos de mérito. Ahora, en atención a lo solicitado por los citados quejosos, téngase como nuevo domicilio para oír notificaciones, el que se indica en los escritos referidos. Finalmente, no ha lugar a acordar de conformidad respecto del nombramiento del representante común que refieren los quejosos en los escritos de cuenta, toda vez que mediante proveído de nueve de octubre de dos mil veinte, se tuvo al diverso quejoso Salvador Rosas, por desistido del presente asunto. Notifíquese personalmente
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