Idalia Alvarez Rodriguez
Expediente 717/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 24 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 717/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 02/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Idalia Alvarez Rodriguez
- IDALIA ALVAREZ RODRIGUEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de junio de dos mil veintiuno. Téngase recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Matehuala, con el que devuelve debidamente diligenciado el despacho 49/2021 de su estadística, derivado a su vez del diverso 12/2021-III, orden 26/2021-III, que este órgano constitucional le giró a fin de emplazar a los terceros interesados. Acúsese recibo. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos se desprende que mediante proveído de veinte de mayo del año en curso, se reservó acordar lo conducente respecto el escrito signado por Olga Oviedo Cruz, parte tercero interesada en el presente asunto, hasta en tanto se contara con la diligencia de emplazamiento respectiva y, siendo que lo anterior ya aconteció, en atención a su contenido, se provee: En primer término, téngase a la referida parte procesal apersonándose al presente asunto; señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que refiere, toda vez que no se proporciona los datos correspondientes respecto a que se encuentren legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Ahora, respecto a su petición de copias certificadas de todo lo actuado en presente juicio de amparo, hágase de su conocimiento que en virtud del nuevo esquema de trabajo y las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado por la Covid-19, este juzgado no cuenta con un centro de fotocopiado con el fin de obtener las reproducciones a que se refiere, por lo una vez que se cuente con el referido centro, se podrán expedir las copias que peticiona. No obstante lo anterior, se precisa a la referida parte procesal que las copias de las constancias que refiere puede obtenerlas a través del expediente electrónico que se puede consultar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, previa solicitud a este tribunal de la autorización correspondiente, precisando el usuario para tal efecto. Es así, ya que, no obstante la reanudación de labores de los órganos jurisdiccionales conforme al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es claro que aún continúa vigente la necesidad de tomar las medidas conducentes para mitigar la probabilidad de contagio del virus en comento, por lo cual, las partes, en la medida de lo posible, deberán procurar tramitar y dar seguimiento a sus asuntos con la utilización de herramientas tecnológicas; sin que se exponga y menos demuestre impedimento alguno para hacerlo así. Finalmente, toda vez que mediante determinación de uno de junio del año en curso, se reservó acordar respecto a la remisión del juicio en que se actúa al archivo y sobre el destino que tendría, hasta en tanto obrará diligenciado el despacho girado al Juez de Primera Instancia de Matehuala, San Luis Potosí, en turno; y, siendo que lo anterior ya ocurrió, en consecuencia, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, y que dicha determinación causó ejecutoria, este expediente es susceptible de destrucción. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en el citado numeral, toda vez que en el presente asunto, se tramitó incidente de suspensión, en el que se negó la medida cautelar solicitada, respecto de los actos reclamados, por tanto, el cuaderno original de dicho incidente también es susceptible de destrucción, por lo que deberá glosarse al cuaderno principal. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años y cumplido aquél, deberá destruirse dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; sin que en el caso obre en los referidos expedientes algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Por otra parte, archívese por separado el duplicado del incidente, con la indicación de que al contar con su original, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído; sin que existan en dicho cuaderno documentos originales. Glósese copia autorizada del presente proveído, en el duplicado del citado cuaderno incidental, para los efectos legales a que haya lugar. Hágase constar la valoración de los expedientes referidos, en las carátulas respectivas, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se le informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, uno de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse al Juez Familiar del Segundo Distrito Judicial en Matehuala, San Luis Potosí, las constancias que exhibió en este asunto. Finalmente, se reserva proveer en relación a la remisión del juicio en que se actúa al archivo y sobre el destino que tendrá, hasta en tanto obre diligenciado el despacho girado al Juez de Primera Instancia de Matehuala, San Luis Potosí, en turno, por el cual se ordenó emplazar al presente juicio de amparo a los terceros interesados; incluso, en la medida en que mediante proveído de veinte de los presentes mes y año, se reservó acordar lo conducente respecto al escrito signado por diversa tercero interesada. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Olga Oviedo Cruz, parte tercero interesada en el presente asunto; en ese sentido, toda vez que mediante proveído de dieciocho de marzo del año en curso, se giró despacho al Juez de Primera Instancia de Matehuala, San Luis Potosí, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, procediera a ordenar a quien correspondiera, emplazar al presente juicio a la referida parte procesal y a diversos terceros interesados, sin que en el presente asunto obren las constancias de emplazamiento respectivas; por tal motivo, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto se cuente con la diligencia de emplazamiento respectiva. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 717/2020-III. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia de la acción constitucional, ya sea que las hagan valer las partes o su estudio se efectúe de manera oficiosa, al ser una cuestión de orden público y preferente, según lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, mediante proveído de veinte de abril del año en curso, se dio cuenta con copia autorizada del oficio signado por el Juez Primero Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, por el cual, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, informó la posible actualización de una causal de improcedencia, remitiendo para tal efecto, copia certificada de la determinación de treinta de marzo del año en curso, dictada dentro de los autos del expediente 397/2013 de su estadística, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a Bienes de Manuel Oviedo Hernández. De esta última determinación en cita, se aprecia que declaró procedente el recurso de revocación promovido por Hafid y Jafet, ambos de apellidos Oviedo Álvarez, así como por Idalia Álvarez Rodríguez, la última en representación de la menor de iniciales N.O.A., en contra del acuerdo de veintiséis de febrero de la presente anualidad, y ordenó dar el derecho de audiencia dentro del aludido procedimiento a la aquí parte quejosa. Con dicha circunstancia se dio vista a la promovente para que manifestara lo que en su derecho correspondiera y, por proveído de tres de mayo de dos mil veinte, se tuvo a Jafet Oviedo Álvarez e Idalia Álvarez Rodríguez, esta última por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales N.O.A., manifestando su conformidad con la aludida determinación dictada dentro del controvertido natural, así como informando que en el presente asunto se actualizaba la mencionada causal de improcedencia. Tal causal de improcedencia se encuentra acreditada y, a efecto de sustentar la anterior aseveración, es menester transcribir el contenido del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. Por lo que la causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho humano violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Lo anterior es así, pues como se puntualizó, la parte quejosa en esta instancia constitucional reclama la determinación de diecinueve de agosto de dos mil veinte, publicada en lista el veinte siguiente, dictada por el Juez Primero Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por la cual, instruyó al actuario de su adscripción, a fin de llevar a cabo la diligencia ordena por determinación de veinte de febrero del mismo año, en la que se ordenó, a su vez, poner a disposición material y jurídica del bien inmueble ubicado en el número 39 sur de la calle Juárez en la Ciudad de Matehuala, San Luis Potosí, en favor de la entonces parte promovente; determinación que se pretendió ejecutar mediante diligencia actuarial el uno de octubre del año próximo pasado. Luego, si el treinta de marzo de este año, el Juez responsable resolvió el recurso de revocación interpuesto por Hafid y Jafet, ambos de apellidos Oviedo Álvarez e Idalia Álvarez Rodríguez, la última por su propio derecho y en representación de la menor de iniciales N.O.A.; y ordenó regularizar el procedimiento de origen y respetar el derecho de audiencia de la aquí parte quejosa; por ende, no queda más que concluir que los actos reclamados han cesado. En ese orden de ideas, se aprecia que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada; en consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de amparo, la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el expediente en que se actúa. Por lo expuesto y con fundamento además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Notifíquese.
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