Idalia Noemi Padrón Ventura
Expediente 48/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 48/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Idalia Noemi Padrón Ventura
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y como de ella se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa para dar cumplimiento a la prevención de veintiuno de enero del año en curso, a efecto de que compareciera a este órgano jurisdiccional a ratificar la firma y contenido de su escrito con número de registro interno 595, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se tiene por no presentado el ocurso de mérito. Por lo anterior, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda la comparecencia efectuada por la parte quejosa el día de le facha. Por otra parte, visto el estado de autos se advierte que el veintisiete de febrero de dos mil veinte, se requirió a la parte quejosa para que compareciera a recoger el billete de depósito que exhibió para garantizar la concesión de la medida cautelar solicitada, sin embargo, no ha hecho lo propio, por tanto requiérasele de nuevamente para que efectúe lo anterior, apercibida que de no hacerlo, una vez que transcurra el término a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, dicho billete prescribirá a favor del fisco federal. Ahora bien, es importante destacar que actualmente el país se enfrenta a una emergencia sanitaria global sin precedentes, ocasionada por la pandemia del virus que causa el COVID-19 y que ha requerido de medidas extraordinarias para su atención y contención, por tanto, con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus, se hace de su conocimiento que dicho documento le será entregado durante la semana presencial en la que asista el secretario encargado de la caja de valores, por lo que para tal efecto se pone a su disposición el número de teléfono 4448389300 (extensión 1611) y celular 4442380496, con la finalidad de que, previa coordinación con el citado secretario, pueda agendar su cita y obtener su código QR, para poder acceder a las instalaciones que ocupa este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, en la data que se le indique a efecto de que reciba el documento a que se alude. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por José Luis Rodríguez Zarate, quien se ostenta apoderado jurídico de Idalia Noemí Padrón Ventura, contra actos del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, que estima violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 14, 16 y 17, de la Constitución General de la República; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 48/2021-VI. La parte quejosa reclama en la presente instancia constitucional, el acuerdo de ocho de enero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 01/2021, en el que la autoridad responsable ordenó remitir al Centro de Conciliación Laboral del Estado, las constancias necesarias para que se agote la instancia prejudicial de conciliación obligatoria. Ahora bien, del análisis de la demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, teniendo en cuenta que no se tiene la certeza jurídica de que haya sido estampada la firma autógrafa de la promovente en mención, lo que trae como consecuencia que de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, se deba desechar de plano la demanda de amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita.". De la lectura del último precepto se advierte que la promoción del juicio de amparo es un acto personalísimo, esto es, que sólo podrá promoverse por el directamente interesado, salvo en los casos de excepción, cuando se trate de una causa criminal y en los que la propia ley lo permita. Correlativo a ello, el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Principio que reproduce el diverso artículo 6 de la propia Ley de Amparo, al señalar que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame, principio que rige en todos los casos, salvo las causas criminales y los casos que expresamente lo permita la propia ley. En tal sentido, la persona física dentro de los procedimientos por escrito expresan su voluntad a través de la firma, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales, y cuando no saben hacerlo, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe la manifestación de voluntad del interesado. De ahí que, la firma autógrafa es un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. En el caso que nos ocupa, de la simple observación del escrito de demanda, así como de lo asentado por la oficial de partes adscrita a este juzgado federal, se advierte que en la demanda de cuenta únicamente obra una copia simple de la firma presuntamente atribuida a José Luis Rodríguez Zarate, quien se ostenta apoderado jurídico de Idalia Noemí Padrón Ventura, es decir, que no cuenta con la firma autógrafa original de él, por virtud de la cual se aprecie la expresión de voluntad del solicitante del amparo. En ese sentido, no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a los artículos 6 y 107, ambos de la Ley de Amparo, por carecer de este requisito formal y esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa extraordinario; de ahí que si ésta no se encuentra suscrita por la parte interesada, mediante la firma autógrafa original correspondiente, debe entenderse que no existe la manifestación de la voluntad respecto del ocursante, por lo tanto la demanda resulta improcedente; deficiencia que no puede mandarse prevenir, ni mucho menos tenerse por enmendada mediante un ocurso o su ratificación, pues no es de las irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia, ni se omiten los requisitos señalados por el artículo 108 del indicado ordenamiento legal. Es aplicable, por analogía la Jurisprudencia 156, sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento veintiocho, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 2000, que a la letra dice: "DEMANDA FIRMA DE LA, COMO REQUISITO.- Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". Así como la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página trescientos quince, del volumen X, octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA.- Si un escrito de demanda de amparo carece de firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4° y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de su demanda, y toda vez que el presente asunto es materia laboral y la parte promovente es la trabajadora, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley referida, a las personas que menciona. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la ley de la materia, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del segundo de los numerales invocados Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por José Luis Rodríguez Zarate, quien se ostenta apoderado jurídico de Idalia Noemí Padrón Ventura, contra actos del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por José Luis Rodríguez Zarate, quien se ostenta apoderado jurídico de Idalia Noemí Padrón Ventura, contra actos del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, que estima violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 14, 16 y 17, de la Constitución General de la República; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 48/2021-VI. La parte quejosa reclama en la presente instancia constitucional, el acuerdo de ocho de enero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 01/2021, en el que la autoridad responsable ordenó remitir al Centro de Conciliación Laboral del Estado, las constancias necesarias para que se agote la instancia prejudicial de conciliación obligatoria. Ahora bien, del análisis de la demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, teniendo en cuenta que no se tiene la certeza jurídica de que haya sido estampada la firma autógrafa de la promovente en mención, lo que trae como consecuencia que de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, se deba desechar de plano la demanda de amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita.". De la lectura del último precepto se advierte que la promoción del juicio de amparo es un acto personalísimo, esto es, que sólo podrá promoverse por el directamente interesado, salvo en los casos de excepción, cuando se trate de una causa criminal y en los que la propia ley lo permita. Correlativo a ello, el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Principio que reproduce el diverso artículo 6 de la propia Ley de Amparo, al señalar que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame, principio que rige en todos los casos, salvo las causas criminales y los casos que expresamente lo permita la propia ley. En tal sentido, la persona física dentro de los procedimientos por escrito expresan su voluntad a través de la firma, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales, y cuando no saben hacerlo, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe la manifestación de voluntad del interesado. De ahí que, la firma autógrafa es un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. En el caso que nos ocupa, de la simple observación del escrito de demanda, así como de lo asentado por la oficial de partes adscrita a este juzgado federal, se advierte que en la demanda de cuenta únicamente obra una copia simple de la firma presuntamente atribuida a José Luis Rodríguez Zarate, quien se ostenta apoderado jurídico de Idalia Noemí Padrón Ventura, es decir, que no cuenta con la firma autógrafa original de él, por virtud de la cual se aprecie la expresión de voluntad del solicitante del amparo. En ese sentido, no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a los artículos 6 y 107, ambos de la Ley de Amparo, por carecer de este requisito formal y esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa extraordinario; de ahí que si ésta no se encuentra suscrita por la parte interesada, mediante la firma autógrafa original correspondiente, debe entenderse que no existe la manifestación de la voluntad respecto del ocursante, por lo tanto la demanda resulta improcedente; deficiencia que no puede mandarse prevenir, ni mucho menos tenerse por enmendada mediante un ocurso o su ratificación, pues no es de las irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia, ni se omiten los requisitos señalados por el artículo 108 del indicado ordenamiento legal. Es aplicable, por analogía la Jurisprudencia 156, sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento veintiocho, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 2000, que a la letra dice: "DEMANDA FIRMA DE LA, COMO REQUISITO.- Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". Así como la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página trescientos quince, del volumen X, octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA.- Si un escrito de demanda de amparo carece de firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4° y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de su demanda, y toda vez que el presente asunto es materia laboral y la parte promovente es la trabajadora, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley referida, a las personas que menciona. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la ley de la materia, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del segundo de los numerales invocados Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por José Luis Rodríguez Zarate, quien se ostenta apoderado jurídico de Idalia Noemí Padrón Ventura, contra actos del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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