Humberto Moreno Lopez
Expediente 373/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 373/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 13/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Humberto Moreno Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en función de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que mediante oficios 5200/2018 y 7210/2018, el Presidente y la Presidenta encargada del despacho por ministerio de ley, ambos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, remitieron copias certificadas de los autos de dieciocho de junio y uno de agosto de dos mil dieciocho, respectivamente, por los que se aprecia que en el primero de ellos, se ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que remitiera al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, las constancias que acrediten el cobro de las multas impuestas al ayuntamiento demandado, mediante acuerdos de cinco de noviembre de dos mil catorce, treinta de marzo y once de julio de dos mil diecisiete, a través de los oficios 14094/2014, 1321/2017 y 5697/2017, mientras que en el segundo de los citados autos, se tuvo por recibido los recibos que justifican el cobro de las mencionadas multas impuestas, en el juicio laboral 164/2010 (fojas 62, 63, y 85 a 90). Luego, mediante proveído de tres de agosto de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado acordaría lo que en derecho procediera (foja 91). El proveído de referencia, se notificó a la parte quejosa el seis de agosto de dos mil dieciocho, y al tercero interesado por oficio, respectivamente (fojas 94 y 95), sin haber hecho alguna manifestación, por lo que este Juzgado Federal se pronuncia al respecto y al efecto realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a Humberto Moreno López, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. I. Por sentencia de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, emitida en el presente juicio de amparo (fojas 39 a 47), se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto que las autoridades responsables Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, y la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, residentes en esta ciudad, respectivamente realizaran lo siguiente: El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: constate que se hagan efectivas las multas impuestas al ayuntamiento demandado, mediante autos de cinco de noviembre de dos mil catorce, treinta de marzo de dos mil diecisiete y once de julio de dos mil diecisiete, en el juicio laboral 164/2010. La Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero: Remita las constancias donde se advierta que cumple con lo ordenado por el presidente del tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero en autos de cinco de noviembre de dos mil catorce, treinta de marzo de dos mil diecisiete y once de julio de dos mil diecisiete, en el juicio laboral 164/2010. Consecuentemente, se requirió el cumplimiento de la sentencia amparadora a las autoridades responsables Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, y Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, residentes en esta ciudad. II. A fin de dar cumplimiento, el Presidente y la Presidenta encargada del despacho por ministerio de ley, ambos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante oficios 5200/2018 y 7210/2018, remitieron respectivamente copias certificadas de los autos de dieciocho de junio y uno de agosto de dos mil dieciocho, de los que se advierte que se ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que remitiera al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, las constancias que acrediten el cobro de las multas impuestas al ayuntamiento demandado, mediante acuerdos de cinco de noviembre de dos mil catorce, treinta de marzo y once de julio de dos mil diecisiete, a través de los oficios 14094/2014, 1321/2017 y 5697/2017; asimismo, se tuvo por recibido los recibos que justifican el cobro de las mencionadas multas impuestas, en el juicio laboral 164/2010 (fojas 62, 63, y 85 a 90). III. De lo expuesto, se aprecia que las autoridades responsables sí cumplieron con los efectos de la ejecutoria de amparo, dado que como se justificó, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, remitió copias certificadas de los autos de dieciocho de junio y uno de agosto de dos mil dieciocho, de los que se advierte que se giró oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que le remitiera las constancias que acrediten el cobro de las multas impuestas al ayuntamiento demandado, mediante acuerdos de cinco de noviembre de dos mil catorce, treinta de marzo y once de julio de dos mil diecisiete, a través de los oficios 14094/2014, 1321/2017 y 5697/2017; mientras que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, hizo llegar al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, los recibos que justifican el cobro de las mencionadas multas impuestas, en el juicio laboral 164/2010 (fojas 62, 63, y 85 a 90); razones por las que se estima que las responsables se apegaron a los lineamientos del fallo federal. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria federal en su totalidad sin exceso ni defecto, pues la autoridad efectuó exactamente lo que le fue ordenado. IV. Ante tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto; por tanto, vistas las constancias de autos se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Atento a lo anterior, el presente juicio de amparo será depurado; por tanto, una vez transcurridos cinco años a partir de la emisión de este auto procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda y sentencia respectivas. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica, y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede. Luego, tomando en consideración que no es necesario seguir conservando las copias certificadas del expediente laboral 164/2010, que anexó la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, a su informe justificado (foja 31); en tal virtud, hágase la devolución de las mismos a su lugar de origen, en el entendido que la anotación en la constancia respectiva con el sello fechador de que se recibió el precitado anexo, se tomará como acuse de recibo. Finalmente, glósese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexos de cuenta signado por el Procurador Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, residente en esta ciudad, por las razones expuestas en líneas que anteceden. Notifíquese; y personalmente a las partes. .
- Principal
Visto el oficio y anexos de cuenta signado por la Presidenta Encargada de Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por el que remite copia certificada del acuerdo de uno de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral ********************así como de los recibos de cobro de las multas impuestas al ayuntamiento demandado, a través de los oficios 14094/2014, 1321/2017 y 5697/2017. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a las partes para que en el plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Notifíquese; y personalmente a las partes.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Director General de Atención a Procesos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; en atención a su contenido, téngasele informando que mediante oficio ********************, se ordenó al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a efecto de que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, anexando al efecto el acuse del referido oficio recibido por la aludida autoridad responsable.
- Principal
. Glósese a los autos el oficio y anexo de cuenta, firmado por por la Presidenta Encargada de Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del oficio 1089, que fue entregado al Titular de la Secretaría de Finanzas, para que en el término conferido tenga a bien remitir las constancias que acrediten que hizo efectivas las multas impuestas al demandado. Por otra parte, visto el estado de los autos de los que se aprecia que la autoridad responsable Secretaria de Finanzas, no ha remitido las constancias que le fueron requeridas en proveído de doce de junio de dos mil dieciocho (foja 55 vuelta), el cual le fue notificado a la aludida autoridad responsable el trece de junio de dos mil dieciocho, como se advierte del acuse de recibo que obra a foja 69, en autos del presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, residente en esta ciudad, a través de su titular Héctor Apreza Patrón, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita las constancias donde se advierta que cumple con lo ordenado por el presidente del tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero en autos de cinco de noviembre de dos mil catorce, treinta de marzo de dos mil diecisiete y once de julio de dos mil diecisiete, en el juicio laboral 164/2010. Apercíbase al titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, esto es Héctor Apreza Patrón, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria a cada uno se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 238, 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrieron en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Finalmente, en términos del artículo 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico del titular de la autoridad responsable Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acredite a este órgano jurisdiccional que requirió a la autoridad responsable antes mencionada, para que cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos precisados en los párrafos que anteceden, apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, aunado a que incurre en las mismas responsabilidades de la autoridad obligada al cumplimiento de la sentencia de amparo.
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