Humberto Martinéz Beltrán

Expediente 1255/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1255/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
27/12/2017

Partes del expediente

  • Humberto Martinéz Beltrán

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la ley de amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de seis de diciembre de diciembre del año en curso (fojas 67 a 70), mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ****, en su carácter de Presidente, Secretaria y Tesorero del Comisariado de Bienes Comunales y ****, Presidente, Primer Secretario y Segundo Secretario del Consejo de Vigilancia del Núcleo Agrario, ambos de Zumpango del Rio, municipio de Eduardo Neri, Guerrero, contra actos del Delegado de la Procuraduría Agraria del estado y otra autoridad. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción II del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DESTRUIDO.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda promovida por Humberto Martínez Beltrán, Carmen Deloya Carranza, José Luis Luja Marín, en su carácter de Presidente, Secretaria y Tesorero del Comisariado de Bienes Comunales y Julio Pérez Tapia, Enedino Vázquez Barlandas e Isidro Ríos Ramos, Presidente, Primer Secretario y Segundo Secretario del Consejo de Vigilancia del Núcleo Agrario, ambos de Zumpango del Rio, municipio de Eduardo Neri, Guerrero, contra actos del Delegado de la Procuraduría Agraria del estado y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1255/2017 y fórmese expediente. Analizada la demanda de garantías en su integridad, la suscrita juzgadora advierte que la misma resulta improcedente en virtud del acto reclamado de las autoridades responsables, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107 fracción III, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Ahora, del capítulo del acto reclamado señalado en la demanda de amparo, la parte quejosa señala el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: La segunda convocatoria de fecha 26 de noviembre del año 2017, signada por el licenciado Ezequiel Zúñiga Galeana, en su carácter de Delegado de la Procuraduría Agraria en el Estado, que en el punto 4, del orden del día señala: SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA LA REMOCIÓN O RATIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES Y DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, MEDIANTE VOTACIÓN SECRETA Y ESCRUTINIO PÚBLICO INMEDIATO." Sentado lo anterior, debe decirse que el artículo 40 de la Ley Agraria, dispone: "Artículo 40.- La remoción de los miembros del comisariado y del consejo de vigilancia podrá ser acordada por voto secreto en cualquier momento por la asamblea que al efecto se reúna o que sea convocada por la Procuraduría Agraria a partir de la solicitud de por lo menos el veinticinco por ciento de los ejidatarios del núcleo" De lo anterior, es claro que el acto reclamado consistente en la convocatoria de veintiséis de noviembre de dos mil diecisiete, signada por el Delegado de la Procuraduría Agraria, por la cual en el punto cuatro del orden del día señala que someterá a consideración de la asamblea la remoción o ratificación de los integrantes del comisariado de bienes comunales y del consejo de vigilancia, mediante votación secreta y escrutinio público inmediato no constituye un acto definitivo para los efectos del amparo, el cual sólo sería procedente contra la resolución que en su caso llegara a dictar la autoridad competente aprobando la remoción de los citados miembros del comisariado ejidal de sus cargos de autoridades internas del ejido. En consecuencia el juicio resulta improcedente. Se invoca la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Volumen 133-138, Tercera Parte, que dice: "AGRARIO. COMISARIADOS EJIDALES. DESTITUCIÓN O REMOCIÓN DE SUS MIEMBROS. ACTOS NO DEFINITIVOS. Los actos de destitución o remoción de los integrantes de los comisariados ejidales realizados por autoridades agrarias, son actos que, en los términos de los artículos 10, fracción XI, de la Ley Federal de Reforma Agraria y 6o., fracciones IX y X, 83 y 88, fracción IV, del reglamento interior del departamento del ramo, aplicable conforme al segundo párrafo del artículo 2o. transitorio de la mencionada ley agraria, deben someterse a la consideración y decisión del secretario de la Reforma Agraria; por lo que no constituyen actos definitivos para los efectos del amparo, el cual sólo sería procedente contra la resolución que, en su caso, llegara a dictar la autoridad competente aprobando la destitución o remoción de los miembros del comisariado ejidal, de sus cargos de autoridades internas del ejido." En efecto, del contenido de los preceptos legales transcritos en párrafos precedentes y en atención con el acto reclamado por la parte quejosa, se desprende la notoria improcedencia de la demanda en estudio, en virtud de que en términos de lo dispuesto por el precitado artículo 107, fracción II, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto, únicamente procederá en contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que en la especie no acontece, dado que el acto reclamado (segunda convocatoria de veintiséis de noviembre de dos mil diecisiete realizada por el Delegado de la Procuraduría Agraria en el Estado de Guerrero, a efecto de someter a consideración de la asamblea la remoción o ratificación de los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia), tiene efectos de emplazamiento a fin de que los interesados acudan a la misma, por tanto, no constituye un acto definitivo para los efectos del amparo. De manera que una vez tomada la determinación respectiva en dicha asamblea, podrá ser impugnada en la vía y forma correspondiente. Máxime, que el artículo 40 de la Ley Agraria en su orden dispone que la remoción de los miembros del comisariado y del consejo de vigilancia podrá ser acordada por voto secreto en cualquier momento por la asamblea que al efecto se reúna o que sea convocada por la Procuraduría Agraria a partir de la solicitud de por lo menos el veinticinco por ciento de los ejidatarios del núcleo, resolución que podrá ser combatida una vez dictada, por medio de juicio ante el Tribunal Unitario Agrario en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. En las relatadas condiciones, al quedar de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia invocada prevista, se desecha la demanda en estudio por su improcedencia. En otro orden, la parte quejosa señala como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este juzgado de distrito y toda vez que en la legislación de amparo no se encuentra prevista tal circunstancia; téngase como tal, la lista que se fija en lugar visible de este órgano de control, constitucional, acorde a lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo Vigente. Es aplicable al caso, la tesis XXII.1o.22 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1067 del Tomo VIII, Diciembre de 1998, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el siguiente rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". Dada la materia del acto reclamado, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, a la persona que designa. Notifíquese a la parte quejosa como se indica en el presente acuerdo.

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