Humberto Marin Villanueva
Expediente 260/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 260/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Humberto Marin Villanueva
- Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el oficio firmado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual remite copias certificadas del testimonio pronunciado en el recurso de queja civil ********. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, apareciendo que por unanimidad de votos se resolvió bajo el siguiente punto: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja a que este toca se refiere." En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO, toda vez que se desechó la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental histórica ni jurídica.
- Principal
Glósese a los autos el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante por el cual informa que se admitió el recurso de queja civil ********************.
- Principal
el escrito firmado por el quejoso********, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, párrafo primero y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto recurso de queja en contra del proveído de once de abril de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el original y copia del escrito de queja al Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad y ríndase informe justificado manifestando que ES CIERTO el acto reclamado, toda vez que en auto de once de abril de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio de amparo ***, se desechó la demanda promovida por Humberto Marín Villanueva, por propio derecho, atendiendo a los motivos expuestos en el citado proveído. Para justificar lo anterior, se remiten copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio
- Principal
Téngase por recibido el oficio firmado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el expediente 2/2019, relativo al conflicto de competencial suscitado entre este juzgado federal y el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, residente en Acapulco, Guerrero; anexando al efecto los autos originales de los juicios de amparo 260/2019. Acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien y apareciendo que por unanimidad de votos se resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Si existe el conflicto competencial a que este asunto se refiere. SEGUNDO. Se declara que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Humberto Marín Villanueva, contra actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en Chilpancingo, Guerrero." De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o improcedencia del juicio. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: "La resolución interlocutoria de fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve, dictada por la responsable en el TOCA CIVIL No. 728/2018, que se formó con motivo del recuro de apelación que interpuse en contra del auto de fecha veinte de agosto del dos mil dieciocho, dictado por la C. Jueza Segunda de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en el expediente número 414/2015-I, relativo al juicio de reconocimiento de paternidad que está tramitando la tercero interesado GABRIELA CASTAÑEDA GONZÁLEZ, en mi contra." Del análisis de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama en esta vía la sentencia de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, dictada en el toca civil 728/2018, del índice de la Sala Civil responsable, por la cual confirma el auto de veinte de agosto del dos mil dieciocho, dictado por la Jueza Segunda de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en el expediente número 414/2015-I, relativo al juicio de reconocimiento de paternidad promovido por Gabriela Castañeda González, en el que no se acordó de conformidad la caducidad que promovió el aquí quejoso, al determinar la inexistencia de inactividad por no encontrarse notificado el tercero llamado a juicio. Hecha la anterior precisión, este juzgador considera que la resolución reclamada, de acuerdo a su naturaleza, no produce efectos que sean de imposible reparación al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano es parte; con lo que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, a contrario sensu, del numeral 107, de la Ley de Amparo. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la Materia, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . . . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales e los que el Estado Mexicano sea parte;". Por actos en el juicio que sean de imposible reparación, debemos entender aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que derivan tales actos, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso; la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, puesto que la privación de sus derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. En ese sentido, el acto reclamado en estudio no tiene el carácter de irreparable, porque constituye una cuestión de carácter adjetivo que no tiene efectos materiales sobre sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, al existir la posibilidad legal de que obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales que ha generado la actuación de la que deriva el acto reclamado desaparecerían porque producen efectos de carácter formal o intraprocesal que inciden en la conducta procesal que ha tomado en el juicio natural con vista a obtener un fallo favorable. Por tanto, si el acto reclamado lo constituye la resolución de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, dictada en el toca civil 728/2018 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en la que se no se acordó de conformidad la caducidad que promovió el aquí quejoso, al determinar que no existía inactividad ya que no se encuentra notificado el tercero llamado a juicio; es evidente que esa determinación no constituye un acto de imposible reparación, ya que la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de datos, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2011428 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 1/2016 (10a.) Página: 15 CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Por las consideraciones antes expuestas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda planteada. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano que autoriza y da fe.
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