Humberto García Hernández

Expediente 1670/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1670/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
15/11/2018

Partes del expediente

  • Humberto García Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El quince de noviembre de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, certifico: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veintinueve de octubre al trece de noviembre del año en curso, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra del proveído de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; No existen constancias por devolver a la autoridad responsable. De igual forma, se hace constar que no se abrió incidente de suspensión y por tanto no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, quince de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído dictada por este Juzgado el día diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el cual se decretó sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. cindy*

  2. Principal

    El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción con folio 21297. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el director Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Guadalupe; mediante el cual, remite copias certificadas del oficio NO. B00.932.01.-1670/2822, el citatorio de diez de octubre del año en curso y la notificación de once del mismo mes y año; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, ténganse como pruebas de la mencionada responsable las referidas documentales, las cuales dada su propia y especial naturaleza se tienen desahogadas. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del presente asunto de los que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera del quejoso, ni los causará. En esta instancia constitucional, el quejoso reclama toralmente la omisión por parte de la autoridad responsable director Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Guadalupe, de expedirle una nueva concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas, que solicitó mediante formato CNA-01-004, a la cual se le asignó el expediente ZAC-L-2109-28-07-17. Ahora bien, en su informe justificado recibido en este juzgado el once de octubre del año en curso (fojas 12-15), la referida responsable manifestó que es cierto el acto reclamado por el quejoso, consistente en la omisión de expedirle una nueva concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas; asimismo, que ello se debe a las cargas de trabajo con las que cuenta su representada y a la actualización al sistema informático-digital denominado "Conagua@ Digital", misma que era necesaria para darle mayor celeridad y certeza a los diversos trámites y servicios solicitados ante la Comisión a su cargo. Luego, junto con el oficio de cuenta la autoridad responsable remite las documentales con las que acredita haberle dado contestación al quejoso mediante oficio 932.01.-1670/2822 de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, el cual según se advierte de los anexos fue recibido por dicho promovente mediante cédula de notificación de once del mes y año en curso con previo citatorio, manifestando que con ello se dio respuesta a su solicitud de veintiocho de julio de dos mil diecisiete, contenida en el expediente ZAC-L-2109-28-07-17, derivado de la solicitud de expedición de título de concesión, anexando las constancias respectivas; documentales que además cuentan con valor probatorio, al tratarse de documentos públicos certificados y por contar con los signos que hacen presumir su autenticidad, relativos al sello de la autoridad responsable, sin que se hubiera demostrado su falsedad; lo anterior, en términos de los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. De manera que es patente que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (diecinueve de septiembre del año en curso), la autoridad responsable dio contestación a lo solicitado por el quejoso y que corresponde el acto reclamada en el presente juicio de amparo. Por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues éstos se concretaban en la omisión por parte de la autoridad responsable director Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Guadalupe, de expedirle al quejoso una nueva concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas, que solicitó mediante formato CNA-01-004, a la cual se le asignó el expediente ZAC-L-2109-28-07-17, por lo que al dar contestación a lo solicitado debe estimarse que se subsanó la omisión reclamada. En suma, con la contestación a lo solicitado por el quejoso han cesado los efectos de aquélla, como si se hubiera concedido el amparo; por lo que cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Es importante señalar, que en el caso resulta innecesario dar vista al quejoso con la respuesta otorgada por la autoridad responsable a efecto de que amplíe su demanda de derechos, toda vez que contra la resolución emitida por la responsable procede recurso ordinario de defensa en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que, la ampliación de la demanda es improcedente. Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con cincuenta minutos del veintidós de octubre de dos mil dieciocho); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTRO DE 19 DE OCTUBRE D 2018, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. "El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción con folio 21297. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el director Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Guadalupe; mediante el cual, remite copias certificadas del oficio NO. B00.932.01.-1670/2822, el citatorio de diez de octubre del año en curso y la notificación de once del mismo mes y año; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, ténganse como pruebas de la mencionada responsable las referidas documentales, las cuales dada su propia y especial naturaleza se tienen desahogadas. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del presente asunto de los que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera del quejoso, ni los causará. En esta instancia constitucional, el quejoso reclama toralmente la omisión por parte de la autoridad responsable director Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Guadalupe, de expedirle una nueva concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas, que solicitó mediante formato CNA-01-004, a la cual se le asignó el expediente ZAC-L-2109-28-07-17. Ahora bien, en su informe justificado recibido en este juzgado el once de octubre del año en curso (fojas 12-15), la referida responsable manifestó que es cierto el acto reclamado por el quejoso, consistente en la omisión de expedirle una nueva concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas; asimismo, que ello se debe a las cargas de trabajo con las que cuenta su representada y a la actualización al sistema informático-digital denominado "Conagua@ Digital", misma que era necesaria para darle mayor celeridad y certeza a los diversos trámites y servicios solicitados ante la Comisión a su cargo. Luego, junto con el oficio de cuenta la autoridad responsable remite las documentales con las que acredita haberle dado contestación al quejoso mediante oficio 932.01.-1670/2822 de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, el cual según se advierte de los anexos fue recibido por dicho promovente mediante cédula de notificación de once del mes y año en curso con previo citatorio, manifestando que con ello se dio respuesta a su solicitud de veintiocho de julio de dos mil diecisiete, contenida en el expediente ZAC-L-2109-28-07-17, derivado de la solicitud de expedición de título de concesión, anexando las constancias respectivas; documentales que además cuentan con valor probatorio, al tratarse de documentos públicos certificados y por contar con los signos que hacen presumir su autenticidad, relativos al sello de la autoridad responsable, sin que se hubiera demostrado su falsedad; lo anterior, en términos de los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. De manera que es patente que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (diecinueve de septiembre del año en curso), la autoridad responsable dio contestación a lo solicitado por el quejoso y que corresponde el acto reclamada en el presente juicio de amparo. Por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues éstos se concretaban en la omisión por parte de la autoridad responsable director Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Guadalupe, de expedirle al quejoso una nueva concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas, que solicitó mediante formato CNA-01-004, a la cual se le asignó el expediente ZAC-L-2109-28-07-17, por lo que al dar contestación a lo solicitado debe estimarse que se subsanó la omisión reclamada. En suma, con la contestación a lo solicitado por el quejoso han cesado los efectos de aquélla, como si se hubiera concedido el amparo; por lo que cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Es importante señalar, que en el caso resulta innecesario dar vista al quejoso con la respuesta otorgada por la autoridad responsable a efecto de que amplíe su demanda de derechos, toda vez que contra la resolución emitida por la responsable procede recurso ordinario de defensa en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que, la ampliación de la demanda es improcedente. Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con cincuenta minutos del veintidós de octubre de dos mil dieciocho); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    El quince de octubre de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción con folio 20899. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a quince de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable director Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Guadalupe (por conducto de la Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de dicha comisión); con su contenido, dese vista a la parte quejosa para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifieste lo que a su interés convenga. Con fundamento en el artículo 119 de la ley en cita se tienen ofrecidas como pruebas de la mencionada responsable las documentales que adjunta a su ocurso, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas; asimismo, la presuncional en su doble aspecto legal y humana, sin perjuicio de su relación que se haga al momento de la audiencia respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Luis.

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