Humberto Espinoza González

Expediente 526/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
526/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
17/10/2017

Partes del expediente

  • Humberto Espinoza González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    El diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintinueve de septiembre al dieciséis de octubre del año en curso, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de veintiuno de septiembre del año en curso (foja 139 a la 155), dictada por este Juzgado, dentro del juicio de amparo número 526/2017. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; Que sí existen pruebas por devolver a la autoridad responsable Juez del Ramo Mercantil del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, consistente en el juicio mercantil ejecutivo 718/2015. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, por lo cual no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. En la misma fecha el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, en la que por una parte se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados y por otra se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que por una parte se negó la protección constitucional solicitada y por otra se sobreseyó en el presente juicio de amparo, con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, devuélvanse a la autoridad responsable Juez del Ramo Mercantil del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, las constancias que remitió como justificación de sus actos, consistentes en el juicio mercantil ejecutivo 718/2015 NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 526/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil dieciséis ante la autoridad responsable Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, Efraín García Ramírez, promovió demanda de amparo directo contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Ordenadora a) Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Acto reclamado: Diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento que se practicó en el juicio mercantil ejecutivo 718/2015, como consecuencia, la sentencia dictada en éste y su ejecución. Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante resolución de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, el Pleno del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, al estimar que el quejoso se ostentaba como tercero extraño por equiparación, por lo que el asunto era competencia del Juzgado de Distrito en el Estado, en turno (fojas 3 a 9). TERCERO. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en proveído de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se asumió el conocimiento del asunto que se registró con el expediente 526/2017 y se requirió al promovente del amparo para que, en lo conducente, indicara de manera clara y precisa a qué autoridad le atribuía el emplazamiento que reclamaba (fojas 66 a 68). Mediante escrito presentado el veinte de junio de dos mil diecisiete (fojas 82 a 83), el quejoso manifestó que la autoridad a la que le atribuía el emplazamiento era al secretario auxiliar del Juzgado Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, en funciones de ministro ejecutor, mientras que la notificación de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen se la atribuía a la ministra ejecutora adscrita al citado juzgado. Por tanto, el veintiuno de junio de dos mil diecisiete (fojas 84 a 86), se admitió a trámite la demanda de amparo; sin que se requiriera a la autoridad responsable Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, a fin de que rindiera su informe justificado, toda vez que éste ya obraba en autos, asimismo, por la misma razón, tampoco se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; por lo que se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable que señaló el quejoso en su escrito aclaratorio; se ordenó dar la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede (foja 138); y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que los actos reclamados derivan de un juicio ejecutivo mercantil que se sigue ante una autoridad judicial con residencia en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: Del Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas y de la Ministro Ejecutor del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas (que el quejoso denominó como Secretario y Secretaria Auxiliares en funciones de Ministros Ejecutores, ambos adscritos al Juzgado Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas), en el ámbito de su competencia: La diligencia de requerimiento pago, embargo y emplazamiento al juicio mercantil ejecutivo 718/2015 y, como consecuencia, todo lo actuado en el juicio, incluida la sentencia y su ejecución; a.1) En particular, la notificación de la sentencia de veintiocho de abril de dos mil dieciséis. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, aceptó la existencia de los actos reclamados (foja 11). Asimismo, a su informe de ley, acompañó el expediente 718/2015; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por su parte, la Ministro Ejecutor del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas (la cual rindió los informes justificados respecto de las autoridades señaladas como secretario y secretaria auxiliares en funciones de ministros ejecutores al afirmar que era la única autoridad que contaba con dicha función), negó la existencia de los actos que se le atribuyen (fojas 91 y 92), en virtud de que en el juzgado de su adscripción no existía registro alguno a nombre del quejoso; no obstante, de las constancias remitidas del juicio mercantil ejecutivo 718/2015, se desprende que dicha notificadora llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, así como la notificación de la sentencia; esto, debido a los exhortos que fueron girados por el juez responsable para que se actuara en su auxilio. Por tanto, la negativa referida se encuentra desvirtuada. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados: Mediante escrito presentado el doce de agosto de dos mil quince ante el Juzgado del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, en la vía mercantil ejecutiva, Efraín García Ramírez ejerció acción cambiaria directa contra Humberto Espinoza González y Arturo Sosa Pinedo, a quienes demandó las siguientes prestaciones: El pago de la cantidad de $19,200.00 (diecinueve mil doscientos pesos cero centavos, moneda nacional), como importe de la suma de la suerte principal, base de la acción; El pago de los intereses moratorios al tipo del 5% mensual devengados y que se siguieran causando, hasta que se liquidara el adeudo en su totalidad; Los gastos y las costas que se originaron con motivo de la tramitación del juicio (fojas 1 a 5 del cuaderno de pruebas). El catorce de agosto de dos mil quince, el titular del juzgado referido admitió la demanda a trámite y ordenó el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de la parte demandada por medio de exhorto al Juez del Ramo Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas (fojas 7 a 9 juicio natural). El dieciocho de septiembre de dos mil quince, el secretario auxiliar del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, asentó haber realizado la diligencia citada directamente con el demandado Humberto Espinoza González (fojas 35 y 36 del cuaderno de pruebas). El veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, toda vez que la parte demandada no produjo contestación oportuna a la demanda, se determinó que había precluído su derecho en términos del artículo 1078 del Código de Comercio y se ordenó practicarle las subsecuentes notificaciones incluso las de carácter personal en los estrados de la Central de Notificadores del Distrito Judicial de Fresnillo (foja 59 del cuaderno de pruebas). Seguido el procedimiento por sus etapas legales, el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se dictó la sentencia respectiva en los siguientes términos: "PRIMERO.- La Vía Ejecutiva Mercantil optada, es la legalmente procedente. SEGUNDO.- El accionante C. EFRAÍN GARCÍA RAMÍREZ, en su carácter de Tenedor Legítimo del documento base de la acción, acreditó plenamente los extremos legales necesarios para la procedencia de su Acción Cambiaria Directa, que ejercitó en contra de los C. HUMBERTO ESPINOZA GONZÁLEZ Y ARTURO SOSA PINEDO, (Deudor Principal y Aval respectivamente), quienes no se excepcionaron, en consecuencia: TERCERO.- Se condena a HUMBERTO ESPINOZA GONZÁLEZ Y ARTURO SOSA PINEDO, como Obligado Principal y Aval respectivamente, a pagar a la parte actora las siguientes prestaciones: a).- El pago de la cantidad de $19,200.00 (DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal; b) El pago de los Intereses Moratorios en razón del 3.3% tres punto tres por ciento mensual, a partir de la fecha en que los obligador se constituyeron en mora y hasta que se verifique el pago total de lo reclamado, regulados que sean en ejecución de sentencia; y, c) El pago de los gastos y costas del juicio, regulados que sean conforme a derecho. CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1410 del Código de Comercio en vigor, hágase trance y remate de los bienes muebles embargados y con su producto, paga llana a la parte actora de las prestaciones especificadas en el punto anterior. QUINTO.- Para lo anterior, y dado la ubicación del domicilio de los demandados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1071 del Código de Comercio en vigor, gírese atento exhorto al C. Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, a efecto de que se le notifique el contenido de la presente sentencia, otorgando plenitud de jurisdicción al Juez exhortado a fin de que acuerde promociones y autorice cuanta diligencia sea necesaria para la cumplimentación de lo anterior, hecho que sea, se devuelva con lo actuado a este de mi cargo para su debida prosecución, seguro de mi reciprocidad en casos análogos. SEXTO.- Por tratarse el presente fallo de la decisión definitiva del juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 309, fracción III del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE." (fojas 81 a 95 de autos del cuaderno de pruebas), El uno de junio de dos mil dieciséis, la Oficial Notificadora adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, en cumplimiento al exhorto enviado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, notificó la sentencia del juicio al demandado Humberto Espinoza González, por conducto de Guadalupe Elizabeth Espinoza González. La diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, y todo lo actuado con posterioridad constituyen los actos reclamados en la presente instancia constitucional. QUINTO. Estudio de fondo. Al no advertirse causa de improcedencia hecha valer por las partes, o bien, que la suscrita advierta se actualice de oficio, lo que procede es entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En el primer concepto de violación, el quejoso argumenta, de manera toral, que el juicio natural viola la garantía de audiencia, en virtud de que en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento se transgredieron las reglas esenciales del procedimiento; esto, ya que las copias de traslado se encontraban incompletas en la parte posterior del documento base de la acción. En el segundo motivo de inconformidad, el amparista señala que la diligencia en mención se llevó cabo en dos lugares, en el domicilio ubicado en la calle Juárez número 308 sur y en diverso domicilio en calle Juárez número 609 sur, ambas de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, y no como se señaló en la diligencia únicamente en su domicilio, ya que posteriormente se trasladaron a un diverso lugar a levantar un inventario de sus bienes, por lo que no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento. Los argumentos anteriores resultan inoperantes, conforme a lo siguiente: El artículo 14 constitucional dispone lo siguiente: "Art. 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. ." De la interpretación del dispositivo constitucional transcrito se desprende que contiene cuatro de las más importantes garantías de seguridad jurídica, a saber: 1) la de irretroactividad de la ley; 2) la de audiencia; 3) la de legalidad en materia penal; y, 4) la de legalidad en el campo civil. En el segundo párrafo del artículo 14 constitucional se protege a los gobernados en el goce de la libertad, la propiedad, la posesión, y los demás derechos sustantivos, frente a los posibles actos de privación provenientes de las autoridades, mediante un conjunto de garantías. Una de estas garantías es la de audiencia previa, que consiste en la concesión de una amplia y adecuada oportunidad de defensa, antes de emitir el acto privativo, y se integra esencialmente por cuatro principios jurídicos, que a su vez comprende cuatro garantías específicas de seguridad jurídica, necesariamente concurrentes, y que son: a) el juicio previo al acto de privación; b) que dicho juicio se siga ante tribunales previamente establecidos; c) el cumplimiento o la observancia de las formalidades procesales esenciales; y d) la decisión jurisdiccional ajustada a leyes vigentes con antelación a la causa que origina el juicio. Conformándose la garantía de audiencia, mediante la concurrencia indispensable de las cuatro garantías específicas, es evidente que aquélla es susceptible de contravenirse al violarse una sola, de manera tal, que la íntima articulación que existe entre ellas impone la necesidad, por propio mandato constitucional, de reparar la esfera jurídica que así hubiere sido vulnerada, en protección a los derechos públicos subjetivos del gobernado. En este sentido, una de las formalidades esenciales del procedimiento consiste precisamente en emplazar a juicio al demandado, puesto que dicha diligencia tiene como finalidad garantizar que éste tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de las consecuencias de ello, pues sólo así tendrá oportunidad real de defenderse. Por su parte, el emplazamiento a juicio es la formalidad esencial más importante del procedimiento judicial, que en esencia establece la condición para otorgar al posible afectado por el acto privativo, una razonable oportunidad de defensa. Por tanto, la finalidad de la actuación del emplazamiento se centra en que el demandado tenga conocimiento íntegro de la pretensión deducida en su contra por la parte actora; así como de las actuaciones de inicio y trámite previos al primer llamamiento a juicio. Así las cosas, en relación con la diligencia de emplazamiento en los juicios ejecutivos mercantiles, los artículos 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio vigente disponen: "Artículo 1392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste". "Artículo 1393. No encontrándose el deudor a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos". "Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061.". "Artículo 1396. Hecho el embargo, acto continuo se notificará al deudor, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de ocho días, el que se computará en términos del artículo 1075 de este Código, comparezca el deudor ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad demandada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello". De la interpretación sistemática de los artículos transcritos, se infiere lo subsecuente: I. En los juicios ejecutivos mercantiles, una vez que es admitida una demanda fundada en un título ejecutivo, el juez provee un auto con efectos de mandamiento para que el deudor sea requerido del pago del adeudo demandado y, no haciéndolo, se le embarguen bienes suficientes para garantizar el monto de la deuda; asimismo se le emplace al juicio entablado en su contra. I.I. Esta diligencia debe realizarse en el domicilio señalado por el actor como el de la parte demandada. No obstante, el actuario judicial debe cerciorarse de que el domicilio manifestado por el actor efectivamente corresponda al del demandado. I.II Si se tuviera certeza respecto del domicilio pero no se encontrara en éste al deudor durante la primera búsqueda que se realice, se le debe dejar citatorio fijándose hora fija para que espere al funcionario judicial (dentro de las seis y las setenta y dos horas posteriores). I.III. Si el demandado no esperara, se practicará la diligencia en comento con los parientes, empleados o domésticos de aquél, o con cualquier otra persona que viva en el domicilio. I.IV. La diligencia comenzará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda ésta. De no realizar el pago el deudor, el actuario judicial lo requerirá para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas; si no se señalaran bienes para garantizar el adeudo, el derecho de señalarlos pasará a la parte actora. I.V. Una vez acontecido todo lo anterior, el funcionario judicial emplazará al demandado (o a la persona con la que se hubiera practicado la diligencia), notificándole que cuenta con el plazo de ocho días para que comparezca (el deudor) al juzgado a realizar el pago de la cantidad demandada y de las costas procesales o, en su caso, a oponer la excepciones que tuviera contra el título de crédito demandado. En suma la diligencia en comento se integra por tres partes: (1) requerimiento de pago; (2) embargo; y (3) emplazamiento. De todo lo hasta aquí expuesto, destaca el requisito de que el actuario judicial debe cerciorarse de que el domicilio en el que se encuentra realizando su actuación, es el señalado por la parte actora en la demanda. Puntualizado lo anterior, debe tenerse en cuenta que el artículo 1063 del Código de Comercio establece: "Artículo 1063. Los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme este Código, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto por el Código Federal de Procedimientos Civiles y en último término por el Código de Procedimientos Civiles local". Del precepto transcrito se desprende que cuando el Código de Comercio y las leyes especiales en materia mercantil no regulen suficientemente una figura procesal, les es aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. En ese sentido, en virtud de que ni el Código de Comercio ni la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establecen la forma mediante la cual se debe realizar el cercioramiento del domicilio del demandado en los juicios ejecutivos mercantiles -para efectos de dejar el citatorio correspondiente-, es necesario acudir supletoriamente al código adjetivo civil federal. Así, el artículo 311 de dicho ordenamiento dispone: "Artículo 311. Para hacer una notificación personal, y salvo el caso previsto en el artículo 307, se cerciorará el notificador, por cualquier medio, de que la persona que deba ser notificada vive en la casa designada, y, después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos". Del artículo citado se deduce que el actuario judicial tiene la obligación de asentar en el acta que elabore con motivo de la diligencia en análisis, el cercioramiento de que el domicilio en que se constituyó corresponde al del demandado, así como los medios de que se valió para arribar a esa conclusión. Lo anterior, pues, atendiendo a un principio lógico-jurídico, las actuaciones públicas deben contener en ellas, por razones de control, todos los elementos que permitan verificar su conformidad con la ley, es decir, deben probar su legalidad por sí mismas. Por tanto, por así disponerlo expresamente el artículo 1393 del Código de Comercio, el cercioramiento del domicilio del demandando es uno de los elementos de validez de la diligencia de emplazamiento en los juicios ejecutivos mercantiles. La finalidad de esa actuación se centra en que el demandado tenga conocimiento íntegro de la pretensión deducida en su contra por la parte actora; así como de las actuaciones de inicio y trámite previos al llamamiento a juicio. Para tal efecto, como se expuso, debe partirse de la base de que en la demanda el actor señaló con precisión el domicilio de la parte demandada, para efectos de que en ese lugar se realice el emplazamiento a juicio. En ese sentido, en conformidad con el precepto legal antes mencionado, debe existir certeza de que en el domicilio en el que se constituye el actuario vive el demandado, para cuyo efecto deberán quedar plasmadas en el acta las razones de los medios por los que obtuvo la certeza del domicilio correcto. La anterior es una etapa precedente al emplazamiento, puesto que hasta el momento en que el notificador cuente con la certeza de que se constituyó en el lugar correcto, tiene la posibilidad legal de efectuar la diligencia, entregar al demandado o a la persona con la que entienda la diligencia (como conducto) las copias de traslado debidamente selladas, cotejadas y autorizadas, así como la copia del auto admisorio de la demanda en la que consten el Juez del conocimiento, las partes en el juicio y el número de expediente, datos que obrarán en instructivo formal. Ahora bien, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique una primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que basta que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente con el demandado, por manifestación propia de quien ante fedatario dice ser el buscado; ya que con ello se satisface el objetivo del emplazamiento a juicio, esto es, que el enjuiciado quede enterado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. Sin que el principio de certidumbre quede insatisfecho en tal supuesto, ya que desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra, el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia del enjuiciado de ser su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el notificador, ya que la presencia de éste es el mejor medio de cercioramiento de que el lugar de constitución resulte ser su domicilio. Además, en relación con la identificación del demandando, al no establecer la legislación mercantil en comento, la obligación de solicitar al demandado que se identifique, o bien que el actuario asiente su media filiación y edad, es evidente que no puede exigirse dicho requisito, ya que de concluir lo contrario se llegaría al absurdo de que si el demandado no contara con documentos de identificación, a pesar de que él dijera que es la persona buscada ya no podría continuarse la diligencia; esto es, habría que suspenderla para comunicar al juez que no se pudo emplazar por la mencionada carencia. Las consideraciones anteriores derivan de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 55/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo VIII, Noviembre de 1998, página 33, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).De acuerdo con la correcta interpretación del artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente quien ante la fe pública del actuario indique ser el demandado, con ello se cumple el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. El principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada". Lo considerado resulta aplicable, por analogía, a los emplazamientos en materia mercantil, ya que, como se expuso, el Código de Comercio únicamente exige el cercioramiento del domicilio del demandado en términos generales, por lo que dicho aspecto puede obtenerse del dicho del propio demandado. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/15 (10a.), consultable en el Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, página 2242, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente indica: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO EXACTO DEL DOMICILIO (CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE JUNIO DE 2003).En la jurisprudencia número 1a./J. 55/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 33, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la fracción II del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, determinó que en los casos en que el actuario judicial entienda personalmente con el demandado la primera notificación dentro del procedimiento respectivo, quien así lo manifestó al momento de la diligencia, es innecesario que se asienten los datos acerca del cercioramiento del domicilio, en tanto que dicha corroboración surge simultánea, precisamente del hecho de que el propio enjuiciado asevere que es su domicilio el lugar en que se constituyó el notificador. Ahora bien, el artículo 1393 del Código de Comercio, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003, dispone que el notificador debe cerciorarse de que el domicilio en el que practica la diligencia es el del deudor, mientras que el primero de los numerales mencionados prevé que quien haga la notificación debe cerciorarse previamente de que en el lugar designado para practicarla, se halla el domicilio de la persona que ha de ser notificada; de lo anterior se aprecia que los preceptos citados son equivalentes y, por ende, pueden interpretarse en el mismo sentido. De tal suerte que, si en un juicio ejecutivo mercantil el emplazamiento se entiende directamente con el demandado debe estimarse cumplido el cercioramiento exacto del domicilio, sin ser necesario que el diligenciario asiente en las actas correspondientes los medios de cercioramiento de aquél, pues al practicar la diligencia con el propio enjuiciado, dando fe de su manifestación de ser la persona buscada, se llega a la conclusión de que el domicilio en el que se constituyó el fedatario judicial ciertamente era el de la persona a quien se debía emplazar." Por tanto, basta que en una diligencia de emplazamiento se asiente se entendió con el demandado, para el efecto de que exista certeza de que se trata del domicilio correcto, bastando la manifestación que en ese sentido haga la persona entrevistada (dado que, se reitera, la legislación aplicable no exige su identificación). En consecuencia, cuando el emplazamiento se realiza directamente con el demandado, éste únicamente puede controvertir que no se trataba de él, pues es evidente que si entendió la diligencia no existe un desconocimiento total del juicio, lo que hace irrelevantes las demás violaciones formales que pudieran tener la diligencia. En el emplazamiento reclamado, el secretario auxiliar del Juzgado Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, levantó las razones siguientes (foja 35 del cuaderno de pruebas): "En la ciudad de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, siendo las 15:15 horas, del día 18 de septiembre del año dos mil quince; constituido que soy el suscrito Licenciado José Alfonso Díaz de León, secretario auxiliar del Juzgado Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas en funciones de ministro ejecutor, asociado del ciudadano Licenciado (a) Efraín García González y otro; por el pago de pesos, y el cual vía exhorto envía a este Juzgado de mi adscripción el C. Juez de lo Mercantil de Fresnillo, Zac; en el domicilio de la parte demandada sito calle Juárez No. 308 Sur de esta ciudad y cerciorado que soy del domicilio referido por así indicármelo la nomenclatura de la calle en la cual me encuentro así como por el número exterior de la casa en la cual me ubico; aunado a ello el dicho de un vecino quien no me proporcionó su nombre por ser esa su voluntad; acto seguido procedo a la puerta principal del multicitado domicilio y requiero de la presencia de la parte demandada; y enseguida hace acto de presencia una persona del sexo masculino quien dice llamarse Humberto Espinoza González; y ser el propio demandado, y quien si se identifica con su credencial de elector folio 00832012202259; y ante quien el suscrito también me identifico con mi credencial laboral expedida a mi nombre por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, bajo el número de folio B, 287; enseguida y toda vez que la persona que me asiste lo es el propio demandado, le hago saber que el motivo del presente lo es a efecto de requerirle en este momento del pago inmediato de la cantidad d $19,200.00 (diecinueve mil pesos doscientos pesos 00/100 m.n.), como importe de la suerte principal y demás anexidades legales del presente asunto; y enterado (a) de ello de viva voz manifiesta "pues en este momento no tengo para pagar esa cantidad y si reconozco el adeudo de tal cantidad y la firma del pagaré que me pone a la vista sí es mía". A lo que acto seguido y toda vez que la parte demandada no cubre en este momento el adeudo reclamado y demás prestaciones legales invocadas por la parte actora en su escrito inicial de demanda le hago saber que la ley le otorga el derecho a señalar bienes bastos y suficientes a fin de garantizar el adeudo reclamado y demás anexidades del presente caso, apercibiéndolo que de no hacer uso de tal o cual derecho el mismo pasará a la parte actora presente en el acto y enterada de ello la parte demandada de viva voz manifiesta "en este momento señalo un refrigerador, marca Acroz, color beige, dos puertas serie VSW2549585, modelo AT0001T, de regulares condiciones y además dos roperos, color café y el otro igual oscuro, y en regulares condiciones, y además una sala con 3 sillones, café, y además un comedor, café de 6 sillas, otro ropero color café rojo vino, con moldura metálica dorada, y además un librero color café oscuro, y además un microondas marca Daewoo de serie TMlllEU8534845, y si funciona también refrigerador y es todo de mi parte", por lo que en atención a la facultad que la ley le otorga a la parte actora en uso de la voz manifiesta "En este momento me reservo el derecho a embargo y designo como depositaria a la C. Susana Adame Dávila, quien se encuentra presente y es todo por el momento a lo que enseguida y toda vez que los bienes muebles señalados y descritos por la parte demandada los tengo a la vista procedo a TRABAR, REAL Y FORMAL JURÍDICO EMBARGO sobre los mismos y de los cuales queda como depositario por así designarlo la parte actora a quien se llama Susana Adame Dávila, a quien en este momento se identifica con su credencial de elector folio 0000145069896, y el cual se le devuelve y si recibe de conformidad, a quien en este momento se le hace saber el cargo conferido a su favor así como de las penas y las sanciones que la ley impone a los depositarios que incurren en el incumplimiento de su deber; a lo que advertido de ello aceptó y protestó desempeñar fiel y legalmente dicho encargo y señala como lugar de la depositaría provisionalmente el ubicado en calle Juárez No. 609 Sur de ésta ciudad que corresponde al domicilio del Sr. José rito Espinoza Murillo y es todo en atención a ello la parte demandada se opone a dar posesión de los bienes a la depositaría designada y es todo por el momento. Acto seguido procedo a EMPLAZAR a la parte demandada corriéndole traslado con las copias de ley debidamente selladas y cotejadas de la demandada; del documento base de la acción, cédula que contiene inserto el auto de ejecución de fecha catorce de agosto de dos mil quince, así como copia al carbón de la presente diligencia; las cuales sí recibe de mano y conformidad haciéndole saber que cuenta con el término de OCHO DÍAS HÁBILES MÁS UNO, para hacer pago llano de lo reclamado o bien para oponerse a la ejecución si para ello tuviere excepciones legales que hacer valer; asimismo, lo prevengo para que señale domicilio en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas para oír y recibir notificaciones apercibiéndole que de no hacerlo las posteriores aún las de carácter personal se le harán mediante cédula que se fije en los estrados del juzgado exhortante. Así mismo, se hace constar que en este momento se le entrega copia al carbón de la presente diligencia a la parte actora en cumplimiento a lo establecido por el artículo 1394 del Código de Comercio en vigor, en atención a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del día diez de enero del año dos mil catorce. A lo que con lo anterior se da por terminada la presente diligencia siendo las dieciséis horas con quince minutos, levantándose la presente acta y firmando al calce los que intervinieron y quisieron hacerlo. DOY FE". Del análisis integral de la razón actuarial anterior, se desprende que el secretario auxiliar del Juzgado Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, en funciones de ministro ejecutor, asentó haberse constituido en el domicilio del demandado y haber realizado directamente la diligencia con éste. De lo anterior se advierte que en el emplazamiento controvertido se plasmó que fue entendido directamente con el demandado; lo cual otorga certeza de la idoneidad del domicilio en el que se constituyó, ya que, se insiste, al haberse entendido la diligencia directamente con el demandado (por manifestación propia de quien ante el fedatario dijo ser él), con ello se satisface el objetivo del emplazamiento a juicio, esto es, que el demandado quedó enterado de la demanda instaurada en su contra. Lo anterior se considera de esa manera, porque en el presente juicio de amparo, el quejoso no acompañó ningún medio de prueba con el que pretendiera acreditar que no fue con él con quien se entendió la diligencia. De manera que ante la falta de prueba en contrario, debe prevalecer la fe pública con la que el ministro ejecutor realizó el emplazamiento; lo que se corrobora con el dicho del quejoso en el sentido de que reconoció que la diligencia se entendió con él, en tanto asevera que, al momento del desahogo de ésta, por ignorancia, le informó al funcionario judicial respectivo que tenía algunos muebles en otro domicilio. De tal manera que los vicios formales que se alegan resultan inoperantes, pues no podría determinarse que el demandado desconoció del emplazamiento que reclama, lo que revela que estuvo en posibilidad de presentar su defensa en el juicio natural. En suma, a nada práctico conduce el análisis de los conceptos de violación en comento, pues es evidente que se cumplió con la finalidad esencial de la diligencia que combate, lo que excluye que pueda desconocer la existencia del juicio seguido en su contra. En conclusión, al resultar inoperantes los conceptos de violación y no advertirse alguna cuestión por la que proceda suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se niega el amparo solicitado. La anterior negativa se hace extensiva al diverso acto reclamado consistente en todo lo actuado con posterioridad en el juicio natural, en particular, la sentencia definitiva, en virtud de que los vicios que se le atribuye se hacen descansar en la ilegalidad del emplazamiento reclamado. Lo anterior de conformidad con la tesis XXVII.1o.(VIII Región) 13 K (10a.), visible en el Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, página 1785. Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA, ASÍ COMO EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA, SI SE DECRETA QUE AQUÉL FUE LEGAL O SE SOBRESEE EN EL JUICIO EN CUANTO A ÉSTE, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA DECIDIR SI SE ESTÁ O NO ANTE UN CASO DE "JURISDICCIÓN ESCALONADA" EN RELACIÓN CON ESTAS RESOLUCIONES, DEBERÁ ATENDER A LA EXISTENCIA DE LA CAUSA DE PEDIR PARA DETERMINAR SI PROCEDE LA ESCISIÓN DE LA DEMANDA. De la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J. 70/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 9, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005).", se desprende que cuando se reclame la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, así como el laudo o sentencia definitiva, al respecto, si el Juez de Distrito estima que aquél fue legal o sobresee en el juicio, debe decidir si se está o no ante un caso de jurisdicción escalonada en relación con el laudo o sentencia definitiva. Para resolverlo, debe atender a la existencia de la causa de pedir, pues la "jurisdicción escalonada" opera sólo cuando del análisis de la demanda de amparo se advierta una real intención del quejoso en reclamar el laudo o sentencia por vicios propios y no sólo como consecuencia de la omisión o ilegalidad del emplazamiento. De ahí que procede la escisión si contra el laudo o sentencia definitiva existen motivos de disenso encaminados a impugnar infracciones procesales (distintas del emplazamiento), formales o de fondo. Por el contrario, si el laudo o sentencia definitiva sólo se reclama en vía de consecuencia, no deberá escindirse la demanda sino extenderse el sobreseimiento o la negativa de amparo por la declaración de constitucionalidad del emplazamiento, a la sentencia definitiva o laudo, ya que no se presenta el supuesto de "jurisdicción escalonada", pues la nota distintiva para determinar si debe escindirse o no la demanda, radica en una auténtica subsistencia de temas controvertidos que sean competencia de un órgano constitucional diverso. Lo anterior permite respetar el derecho fundamental de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEXTO. Improcedencia del juicio, notificación de la sentencia de veintiocho de abril de dos mil dieciséis. Debe sobreseerse en el juicio en relación con la notificación combatida, dado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos jurisdiccionales recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En ese contexto, los artículos 319 y 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles: "ARTÍCULO 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto. ARTÍCULO 320. No obstante lo dispuesto en el título anterior, si la persona mal notificada o no notificada se manifestare, ante el tribunal, sabedora de la providencia, antes de promover el incidente de nulidad, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos, como si estuviese hecha con arreglo a la ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano." De los preceptos anteriores se advierte que respecto de las notificaciones que no sean realizadas a las partes conforme a lo establecido por dicha ley, puede la parte agraviada promover incidente para obtener la nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente; y si la persona mal notificada o no notificada se manifestare, ante el tribunal, sabedora de la providencia, antes de promover el incidente de nulidad, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos, como si estuviese realizada con arreglo a la ley. Por lo que una notificación que se considere ilegal puede ser impugnada mediante el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el citado artículo 319 del Código Federal de Procedimiento Civiles ya que constituye un medio ordinario de defensa idóneo que tiene por objeto anular notificaciones irregulares, con efectos similares a la revocación. Asimismo, se deriva que las notificaciones realizadas antes del fallo de primera instancia, sólo pueden impugnarse si éste no ha sido emitido, pues dicho artículo establece como presupuesto para dicha emisión que se hubieran resuelto todas las impugnaciones de esa naturaleza que se hubieran interpuesto. En sentido contrario, debe entenderse que tal medio de impugnación también es procedente contra las notificaciones posteriores al dictado de la sentencia, debido a que no se veda expresamente esa posibilidad y el presupuesto destacado es aplicable únicamente a las notificaciones anteriores a la resolución del juicio. Así, el incidente de nulidad de actuaciones es procedente contra de cualquier notificación que se realice y se considere que no se cumplieron con las formalidades previstas en la ley, antes de que se pronuncie el fallo de primera instancia, o bien, respecto de actuaciones practicadas con posterioridad al fallo definitivo. En suma, el medio de impugnación mencionado tiene por finalidad que las actuaciones judiciales puedan ser revisadas y, en su caso, modificadas o anuladas, por existir en ellas un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado. Lo anterior, pues se insiste, su objetivo es la nulidad de la notificación impugnada y de todo lo actuado desde la realización de esta. Por identidad jurídica sustancial, es sustento de lo anterior la tesis de jurisprudencia 1ª./J.26/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, Novena Época, abril de dos mil cinco, página cuatrocientos treinta, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en su caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo." Entonces, el referido incidente de nulidad de notificaciones en el juicio de origen, constituye un medio de defensa genérico en contra de las notificaciones que sean realizadas contrario a derecho y que causen agravio directo contra alguna de las partes, por lo que debe agotarse previo a su promoción del juicio de amparo. En el caso, la parte quejosa combate la notificación realizada por el Ministro Ejecutor del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, respecto de la sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 718/2015. La inconformidad toral se concreta en el hecho de que, a juicio del quejoso, se le debió dejar citatorio para realizar tal comunicación, asimismo, que fue realizada con una persona menor de edad. De lo anterior se advierte que se reclama un acto posterior al dictado de la sentencia de origen, pues precisamente se combate la notificación de tal resolución, En tales condiciones, se advierte que la notificación reclamada emana de un juicio ejecutivo mercantil, que a decir del quejoso, no fue realizada conforme a derecho, por lo que queda demostrado que la notificación reclamada debió ser impugnada por el quejoso, al ser parte en el juicio natural, mediante el incidente de nulidad de notificaciones, previamente a la presentación de la demanda de amparo, en conformidad con el principio de definitividad que rige la materia; de ahí que, al no haberlo hecho, resulta improcedente el juicio de amparo respecto de tal notificación. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: El quejoso, al ser parte demandada en el juicio natural, no es tercero extraño a éste. Lo anterior es así, porque como se consideró, el emplazamiento en el juicio natural fue entendido directamente con el amparista, lo que implica que conoció del procedimiento entablado en su contra antes de la emisión de la sentencia definitiva; de ahí que no pueda considerarse persona extraña y, por ende, excluírsele de la carga de agotar los recursos ordinarios, respecto de las notificaciones posteriores. Luego, es evidente que el desconocimiento del juicio presupuesto de la exención en análisis no se actualiza en la especie, por lo que los vicios propios que se atribuyen a la notificación reclamada son materia del incidente en comento, al estar desvirtuado el carácter de tercero extraño con el que se promovió el amparo y al tratarse de una actuación cuya ilegalidad no conlleva el desconocimiento total del juicio natural. La resolución reclamada no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla, dado que, se consideró, se trata de un medio de impugnación genérico expresamente previsto contra la notificación que se combate. En suma, al no haberse agotado el recurso ordinario procedente, el juicio de amparo resulta improcedente respecto de la notificación material del presente considerando en términos de la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo y, por ende se sobresee en el juicio en conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V de dicho ordenamiento. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Humberto Espinoza González respecto de los actos reclamados al Juez del Ramo Mercantil, con sede en Fresnillo, Zacatecas y la Secretaria auxiliar del Juzgado Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, en funciones de ministro ejecutor, consistentes en la diligencia de requerimiento pago, embargo y emplazamiento al juicio mercantil ejecutivo 718/2015 y como consecuencia todo lo actuado en el juicio, incluida la sentencia y su ejecución; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Humberto Espinoza González respecto del acto reclamado a la Secretaria auxiliar del Juzgado Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, en funciones de ministro ejecutor, relativo a la notificación de la sentencia de veintiocho de abril de dos mil dieciséis; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, hasta el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado, asistida del licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe.997 Jessy*

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EFRAÍN GARCÍA RAMÍREZ, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 526/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil dieciséis ante la autoridad responsable Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, Efraín García Ramírez, promovió demanda de amparo directo contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Ordenadora a) Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Acto reclamado: Diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento que se practicó en el juicio mercantil ejecutivo 718/2015, como consecuencia, la sentencia dictada en éste y su ejecución. Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante resolución de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, el Pleno del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, al estimar que el quejoso se ostentaba como tercero extraño por equiparación, por lo que el asunto era competencia del Juzgado de Distrito en el Estado, en turno (fojas 3 a 9). TERCERO. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en proveído de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se asumió el conocimiento del asunto que se registró con el expediente 526/2017 y se requirió al promovente del amparo para que, en lo conducente, indicara de manera clara y precisa a qué autoridad le atribuía el emplazamiento que reclamaba (fojas 66 a 68). Mediante escrito presentado el veinte de junio de dos mil diecisiete (fojas 82 a 83), el quejoso manifestó que la autoridad a la que le atribuía el emplazamiento era al secretario auxiliar del Juzgado Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, en funciones de ministro ejecutor, mientras que la notificación de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen se la atribuía a la ministra ejecutora adscrita al citado juzgado. Por tanto, el veintiuno de junio de dos mil diecisiete (fojas 84 a 86), se admitió a trámite la demanda de amparo; sin que se requiriera a la autoridad responsable Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, a fin de que rindiera su informe justificado, toda vez que éste ya obraba en autos, asimismo, por la misma razón, tampoco se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; por lo que se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable que señaló el quejoso en su escrito aclaratorio; se ordenó dar la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede (foja 138); y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que los actos reclamados derivan de un juicio ejecutivo mercantil que se sigue ante una autoridad judicial con residencia en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: Del Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas y de la Ministro Ejecutor del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas (que el quejoso denominó como Secretario y Secretaria Auxiliares en funciones de Ministros Ejecutores, ambos adscritos al Juzgado Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas), en el ámbito de su competencia: La diligencia de requerimiento pago, embargo y emplazamiento al juicio mercantil ejecutivo 718/2015 y, como consecuencia, todo lo actuado en el juicio, incluida la sentencia y su ejecución; a.1) En particular, la notificación de la sentencia de veintiocho de abril de dos mil dieciséis. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, aceptó la existencia de los actos reclamados (foja 11). Asimismo, a su informe de ley, acompañó el expediente 718/2015; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por su parte, la Ministro Ejecutor del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas (la cual rindió los informes justificados respecto de las autoridades señaladas como secretario y secretaria auxiliares en funciones de ministros ejecutores al afirmar que era la única autoridad que contaba con dicha función), negó la existencia de los actos que se le atribuyen (fojas 91 y 92), en virtud de que en el juzgado de su adscripción no existía registro alguno a nombre del quejoso; no obstante, de las constancias remitidas del juicio mercantil ejecutivo 718/2015, se desprende que dicha notificadora llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, así como la notificación de la sentencia; esto, debido a los exhortos que fueron girados por el juez responsable para que se actuara en su auxilio. Por tanto, la negativa referida se encuentra desvirtuada. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados: Mediante escrito presentado el doce de agosto de dos mil quince ante el Juzgado del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, en la vía mercantil ejecutiva, Efraín García Ramírez ejerció acción cambiaria directa contra Humberto Espinoza González y Arturo Sosa Pinedo, a quienes demandó las siguientes prestaciones: El pago de la cantidad de $19,200.00 (diecinueve mil doscientos pesos cero centavos, moneda nacional), como importe de la suma de la suerte principal, base de la acción; El pago de los intereses moratorios al tipo del 5% mensual devengados y que se siguieran causando, hasta que se liquidara el adeudo en su totalidad; Los gastos y las costas que se originaron con motivo de la tramitación del juicio (fojas 1 a 5 del cuaderno de pruebas). El catorce de agosto de dos mil quince, el titular del juzgado referido admitió la demanda a trámite y ordenó el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de la parte demandada por medio de exhorto al Juez del Ramo Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas (fojas 7 a 9 juicio natural). El dieciocho de septiembre de dos mil quince, el secretario auxiliar del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, asentó haber realizado la diligencia citada directamente con el demandado Humberto Espinoza González (fojas 35 y 36 del cuaderno de pruebas). El veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, toda vez que la parte demandada no produjo contestación oportuna a la demanda, se determinó que había precluído su derecho en términos del artículo 1078 del Código de Comercio y se ordenó practicarle las subsecuentes notificaciones incluso las de carácter personal en los estrados de la Central de Notificadores del Distrito Judicial de Fresnillo (foja 59 del cuaderno de pruebas). Seguido el procedimiento por sus etapas legales, el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se dictó la sentencia respectiva en los siguientes términos: PRIMERO.- La Vía Ejecutiva Mercantil optada, es la legalmente procedente. SEGUNDO.- El accionante C. EFRAÍN GARCÍA RAMÍREZ, en su carácter de Tenedor Legítimo del documento base de la acción, acreditó plenamente los extremos legales necesarios para la procedencia de su Acción Cambiaria Directa, que ejercitó en contra de los C. HUMBERTO ESPINOZA GONZÁLEZ Y ARTURO SOSA PINEDO, (Deudor Principal y Aval respectivamente), quienes no se excepcionaron, en consecuencia: TERCERO.- Se condena a HUMBERTO ESPINOZA GONZÁLEZ Y ARTURO SOSA PINEDO, como Obligado Principal y Aval respectivamente, a pagar a la parte actora las siguientes prestaciones: a).- El pago de la cantidad de $19,200.00 (DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal; b) El pago de los Intereses Moratorios en razón del 3.3% tres punto tres por ciento mensual, a partir de la fecha en que los obligador se constituyeron en mora y hasta que se verifique el pago total de lo reclamado, regulados que sean en ejecución de sentencia; y, c) El pago de los gastos y costas del juicio, regulados que sean conforme a derecho. CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1410 del Código de Comercio en vigor, hágase trance y remate de los bienes muebles embargados y con su producto, paga llana a la parte actora de las prestaciones especificadas en el punto anterior. QUINTO.- Para lo anterior, y dado la ubicación del domicilio de los demandados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1071 del Código de Comercio en vigor, gírese atento exhorto al C. Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, a efecto de que se le notifique el contenido de la presente sentencia, otorgando plenitud de jurisdicción al Juez exhortado a fin de que acuerde promociones y autorice cuanta diligencia sea necesaria para la cumplimentación de lo anterior, hecho que sea, se devuelva con lo actuado a este de mi cargo para su debida prosecución, seguro de mi reciprocidad en casos análogos. SEXTO.- Por tratarse el presente fallo de la decisión definitiva del juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 309, fracción III del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. (fojas 81 a 95 de autos del cuaderno de pruebas), El uno de junio de dos mil dieciséis, la Oficial Notificadora adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, en cumplimiento al exhorto enviado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, notificó la sentencia del juicio al demandado Humberto Espinoza González, por conducto de Guadalupe Elizabeth Espinoza González. La diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, y todo lo actuado con posterioridad constituyen los actos reclamados en la presente instancia constitucional. QUINTO. Estudio de fondo. Al no advertirse causa de improcedencia hecha valer por las partes, o bien, que la suscrita advierta se actualice de oficio, lo que procede es entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. En el primer concepto de violación, el quejoso argumenta, de manera toral, que el juicio natural viola la garantía de audiencia, en virtud de que en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento se transgredieron las reglas esenciales del procedimiento; esto, ya que las copias de traslado se encontraban incompletas en la parte posterior del documento base de la acción. En el segundo motivo de inconformidad, el amparista señala que la diligencia en mención se llevó cabo en dos lugares, en el domicilio ubicado en la calle Juárez número 308 sur y en diverso domicilio en calle Juárez número 609 sur, ambas de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, y no como se señaló en la diligencia únicamente en su domicilio, ya que posteriormente se trasladaron a un diverso lugar a levantar un inventario de sus bienes, por lo que no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento. Los argumentos anteriores resultan inoperantes, conforme a lo siguiente: El artículo 14 constitucional dispone lo siguiente: Art. 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. De la interpretación del dispositivo constitucional transcrito se desprende que contiene cuatro de las más importantes garantías de seguridad jurídica, a saber: 1) la de irretroactividad de la ley; 2) la de audiencia; 3) la de legalidad en materia penal; y, 4) la de legalidad en el campo civil. En el segundo párrafo del artículo 14 constitucional se protege a los gobernados en el goce de la libertad, la propiedad, la posesión, y los demás derechos sustantivos, frente a los posibles actos de privación provenientes de las autoridades, mediante un conjunto de garantías. Una de estas garantías es la de audiencia previa, que consiste en la concesión de una amplia y adecuada oportunidad de defensa, antes de emitir el acto privativo, y se integra esencialmente por cuatro principios jurídicos, que a su vez comprende cuatro garantías específicas de seguridad jurídica, necesariamente concurrentes, y que son: a) el juicio previo al acto de privación; b) que dicho juicio se siga ante tribunales previamente establecidos; c) el cumplimiento o la observancia de las formalidades procesales esenciales; y d) la decisión jurisdiccional ajustada a leyes vigentes con antelación a la causa que origina el juicio. Conformándose la garantía de audiencia, mediante la concurrencia indispensable de las cuatro garantías específicas, es evidente que aquélla es susceptible de contravenirse al violarse una sola, de manera tal, que la íntima articulación que existe entre ellas impone la necesidad, por propio mandato constitucional, de reparar la esfera jurídica que así hubiere sido vulnerada, en protección a los derechos públicos subjetivos del gobernado. En este sentido, una de las formalidades esenciales del procedimiento consiste precisamente en emplazar a juicio al demandado, puesto que dicha diligencia tiene como finalidad garantizar que éste tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de las consecuencias de ello, pues sólo así tendrá oportunidad real de defenderse. Por su parte, el emplazamiento a juicio es la formalidad esencial más importante del procedimiento judicial, que en esencia establece la condición para otorgar al posible afectado por el acto privativo, una razonable oportunidad de defensa. Por tanto, la finalidad de la actuación del emplazamiento se centra en que el demandado tenga conocimiento íntegro de la pretensión deducida en su contra por la parte actora; así como de las actuaciones de inicio y trámite previos al primer llamamiento a juicio. Así las cosas, en relación con la diligencia de emplazamiento en los juicios ejecutivos mercantiles, los artículos 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio vigente disponen: Artículo 1392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste. Artículo 1393. No encontrándose el deudor a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. Artículo 1396. Hecho el embargo, acto continuo se notificará al deudor, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de ocho días, el que se computará en términos del artículo 1075 de este Código, comparezca el deudor ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad demandada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello. De la interpretación sistemática de los artículos transcritos, se infiere lo subsecuente: I. En los juicios ejecutivos mercantiles, una vez que es admitida una demanda fundada en un título ejecutivo, el juez provee un auto con efectos de mandamiento para que el deudor sea requerido del pago del adeudo demandado y, no haciéndolo, se le embarguen bienes suficientes para garantizar el monto de la deuda; asimismo se le emplace al juicio entablado en su contra. I.I. Esta diligencia debe realizarse en el domicilio señalado por el actor como el de la parte demandada. No obstante, el actuario judicial debe cerciorarse de que el domicilio manifestado por el actor efectivamente corresponda al del demandado. I.II Si se tuviera certeza respecto del domicilio pero no se encontrara en éste al deudor durante la primera búsqueda que se realice, se le debe dejar citatorio fijándose hora fija para que espere al funcionario judicial (dentro de las seis y las setenta y dos horas posteriores). I.III. Si el demandado no esperara, se practicará la diligencia en comento con los parientes, empleados o domésticos de aquél, o con cualquier otra persona que viva en el domicilio. I.IV. La diligencia comenzará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda ésta. De no realizar el pago el deudor, el actuario judicial lo requerirá para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas; si no se señalaran bienes para garantizar el adeudo, el derecho de señalarlos pasará a la parte actora. I.V. Una vez acontecido todo lo anterior, el funcionario judicial emplazará al demandado (o a la persona con la que se hubiera practicado la diligencia), notificándole que cuenta con el plazo de ocho días para que comparezca (el deudor) al juzgado a realizar el pago de la cantidad demandada y de las costas procesales o, en su caso, a oponer la excepciones que tuviera contra el título de crédito demandado. En suma la diligencia en comento se integra por tres partes: (1) requerimiento de pago; (2) embargo; y (3) emplazamiento. De todo lo hasta aquí expuesto, destaca el requisito de que el actuario judicial debe cerciorarse de que el domicilio en el que se encuentra realizando su actuación, es el señalado por la parte actora en la demanda. Puntualizado lo anterior, debe tenerse en cuenta que el artículo 1063 del Código de Comercio establece: Artículo 1063. Los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme este Código, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto por el Código Federal de Procedimientos Civiles y en último término por el Código de Procedimientos Civiles local. Del precepto transcrito se desprende que cuando el Código de Comercio y las leyes especiales en materia mercantil no regulen suficientemente una figura procesal, les es aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. En ese sentido, en virtud de que ni el Código de Comercio ni la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establecen la forma mediante la cual se debe realizar el cercioramiento del domicilio del demandado en los juicios ejecutivos mercantiles -para efectos de dejar el citatorio correspondiente-, es necesario acudir supletoriamente al código adjetivo civil federal. Así, el artículo 311 de dicho ordenamiento dispone: Artículo 311. Para hacer una notificación personal, y salvo el caso previsto en el artículo 307, se cerciorará el notificador, por cualquier medio, de que la persona que deba ser notificada vive en la casa designada, y, después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos. Del artículo citado se deduce que el actuario judicial tiene la obligación de asentar en el acta que elabore con motivo de la diligencia en análisis, el cercioramiento de que el domicilio en que se constituyó corresponde al del demandado, así como los medios de que se valió para arribar a esa conclusión. Lo anterior, pues, atendiendo a un principio lógico-jurídico, las actuaciones públicas deben contener en ellas, por razones de control, todos los elementos que permitan verificar su conformidad con la ley, es decir, deben probar su legalidad por sí mismas. Por tanto, por así disponerlo expresamente el artículo 1393 del Código de Comercio, el cercioramiento del domicilio del demandando es uno de los elementos de validez de la diligencia de emplazamiento en los juicios ejecutivos mercantiles. La finalidad de esa actuación se centra en que el demandado tenga conocimiento íntegro de la pretensión deducida en su contra por la parte actora; así como de las actuaciones de inicio y trámite previos al llamamiento a juicio. Para tal efecto, como se expuso, debe partirse de la base de que en la demanda el actor señaló con precisión el domicilio de la parte demandada, para efectos de que en ese lugar se realice el emplazamiento a juicio. En ese sentido, en conformidad con el precepto legal antes mencionado, debe existir certeza de que en el domicilio en el que se constituye el actuario vive el demandado, para cuyo efecto deberán quedar plasmadas en el acta las razones de los medios por los que obtuvo la certeza del domicilio correcto. La anterior es una etapa precedente al emplazamiento, puesto que hasta el momento en que el notificador cuente con la certeza de que se constituyó en el lugar correcto, tiene la posibilidad legal de efectuar la diligencia, entregar al demandado o a la persona con la que entienda la diligencia (como conducto) las copias de traslado debidamente selladas, cotejadas y autorizadas, así como la copia del auto admisorio de la demanda en la que consten el Juez del conocimiento, las partes en el juicio y el número de expediente, datos que obrarán en instructivo formal. Ahora bien, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique una primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que basta que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente con el demandado, por manifestación propia de quien ante fedatario dice ser el buscado; ya que con ello se satisface el objetivo del emplazamiento a juicio, esto es, que el enjuiciado quede enterado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. Sin que el principio de certidumbre quede insatisfecho en tal supuesto, ya que desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra, el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia del enjuiciado de ser su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el notificador, ya que la presencia de éste es el mejor medio de cercioramiento de que el lugar de constitución resulte ser su domicilio. Además, en relación con la identificación del demandando, al no establecer la legislación mercantil en comento, la obligación de solicitar al demandado que se identifique, o bien que el actuario asiente su media filiación y edad, es evidente que no puede exigirse dicho requisito, ya que de concluir lo contrario se llegaría al absurdo de que si el demandado no contara con documentos de identificación, a pesar de que él dijera que es la persona buscada ya no podría continuarse la diligencia; esto es, habría que suspenderla para comunicar al juez que no se pudo emplazar por la mencionada carencia. Las consideraciones anteriores derivan de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 55/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo VIII, Noviembre de 1998, página 33, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).De acuerdo con la correcta interpretación del artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente quien ante la fe pública del actuario indique ser el demandado, con ello se cumple el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. El principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada. Lo considerado resulta aplicable, por analogía, a los emplazamientos en materia mercantil, ya que, como se expuso, el Código de Comercio únicamente exige el cercioramiento del domicilio del demandado en términos generales, por lo que dicho aspecto puede obtenerse del dicho del propio demandado. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/15 (10a.), consultable en el Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, página 2242, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente indica: EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO EXACTO DEL DOMICILIO (CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE JUNIO DE 2003).En la jurisprudencia número 1a./J. 55/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 33, de rubro: EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)., la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la fracción II del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, determinó que en los casos en que el actuario judicial entienda personalmente con el demandado la primera notificación dentro del procedimiento respectivo, quien así lo manifestó al momento de la diligencia, es innecesario que se asienten los datos acerca del cercioramiento del domicilio, en tanto que dicha corroboración surge simultánea, precisamente del hecho de que el propio enjuiciado asevere que es su domicilio el lugar en que se constituyó el notificador. Ahora bien, el artículo 1393 del Código de Comercio, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003, dispone que el notificador debe cerciorarse de que el domicilio en el que practica la diligencia es el del deudor, mientras que el primero de los numerales mencionados prevé que quien haga la notificación debe cerciorarse previamente de que en el lugar designado para practicarla, se halla el domicilio de la persona que ha de ser notificada; de lo anterior se aprecia que los preceptos citados son equivalentes y, por ende, pueden interpretarse en el mismo sentido. De tal suerte que, si en un juicio ejecutivo mercantil el emplazamiento se entiende directamente con el demandado debe estimarse cumplido el cercioramiento exacto del domicilio, sin ser necesario que el diligenciario asiente en las actas correspondientes los medios de cercioramiento de aquél, pues al practicar la diligencia con el propio enjuiciado, dando fe de su manifestación de ser la persona buscada, se llega a la conclusión de que el domicilio en el que se constituyó el fedatario judicial ciertamente era el de la persona a quien se debía emplazar. Por tanto, basta que en una diligencia de emplazamiento se asiente se entendió con el demandado, para el efecto de que exista certeza de que se trata del domicilio correcto, bastando la manifestación que en ese sentido haga la persona entrevistada (dado que, se reitera, la legislación aplicable no exige su identificación). En consecuencia, cuando el emplazamiento se realiza directamente con el demandado, éste únicamente puede controvertir que no se trataba de él, pues es evidente que si entendió la diligencia no existe un desconocimiento total del juicio, lo que hace irrelevantes las demás violaciones formales que pudieran tener la diligencia. En el emplazamiento reclamado, el secretario auxiliar del Juzgado Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, levantó las razones siguientes (foja 35 del cuaderno de pruebas): En la ciudad de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, siendo las 15:15 horas, del día 18 de septiembre del año dos mil quince; constituido que soy el suscrito Licenciado José Alfonso Díaz de León, secretario auxiliar del Juzgado Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas en funciones de ministro ejecutor, asociado del ciudadano Licenciado (a) Efraín García González y otro; por el pago de pesos, y el cual vía exhorto envía a este Juzgado de mi adscripción el C. Juez de lo Mercantil de Fresnillo, Zac; en el domicilio de la parte demandada sito calle Juárez No. 308 Sur de esta ciudad y cerciorado que soy del domicilio referido por así indicármelo la nomenclatura de la calle en la cual me encuentro así como por el número exterior de la casa en la cual me ubico; aunado a ello el dicho de un vecino quien no me proporcionó su nombre por ser esa su voluntad; acto seguido procedo a la puerta principal del multicitado domicilio y requiero de la presencia de la parte demandada; y enseguida hace acto de presencia una persona del sexo masculino quien dice llamarse Humberto Espinoza González; y ser el propio demandado, y quien si se identifica con su credencial de elector folio 00832012202259; y ante quien el suscrito también me identifico con mi credencial laboral expedida a mi nombre por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, bajo el número de folio B, 287; enseguida y toda vez que la persona que me asiste lo es el propio demandado, le hago saber que el motivo del presente lo es a efecto de requerirle en este momento del pago inmediato de la cantidad d $19,200.00 (diecinueve mil pesos doscientos pesos 00/100 m.n.), como importe de la suerte principal y demás anexidades legales del presente asunto; y enterado (a) de ello de viva voz manifiesta "pues en este momento no tengo para pagar esa cantidad y si reconozco el adeudo de tal cantidad y la firma del pagaré que me pone a la vista sí es mía". A lo que acto seguido y toda vez que la parte demandada no cubre en este momento el adeudo reclamado y demás prestaciones legales invocadas por la parte actora en su escrito inicial de demanda le hago saber que la ley le otorga el derecho a señalar bienes bastos y suficientes a fin de garantizar el adeudo reclamado y demás anexidades del presente caso, apercibiéndolo que de no hacer uso de tal o cual derecho el mismo pasará a la parte actora presente en el acto y enterada de ello la parte demandada de viva voz manifiesta "en este momento señalo un refrigerador, marca Acroz, color beige, dos puertas serie VSW2549585, modelo AT0001T, de regulares condiciones y además dos roperos, color café y el otro igual oscuro, y en regulares condiciones, y además una sala con 3 sillones, café, y además un comedor, café de 6 sillas, otro ropero color café rojo vino, con moldura metálica dorada, y además un librero color café oscuro, y además un microondas marca Daewoo de serie TMlllEU8534845, y si funciona también refrigerador y es todo de mi parte, por lo que en atención a la facultad que la ley le otorga a la parte actora en uso de la voz manifiesta En este momento me reservo el derecho a embargo y designo como depositaria a la C. Susana Adame Dávila, quien se encuentra presente y es todo por el momento a lo que enseguida y toda vez que los bienes muebles señalados y descritos por la parte demandada los tengo a la vista procedo a TRABAR, REAL Y FORMAL JURÍDICO EMBARGO sobre los mismos y de los cuales queda como depositario por así designarlo la parte actora a quien se llama Susana Adame Dávila, a quien en este momento se identifica con su credencial de elector folio 0000145069896, y el cual se le devuelve y si recibe de conformidad, a quien en este momento se le hace saber el cargo conferido a su favor así como de las penas y las sanciones que la ley impone a los depositarios que incurren en el incumplimiento de su deber; a lo que advertido de ello aceptó y protestó desempeñar fiel y legalmente dicho encargo y señala como lugar de la depositaría provisionalmente el ubicado en calle Juárez No. 609 Sur de ésta ciudad que corresponde al domicilio del Sr. José rito Espinoza Murillo y es todo en atención a ello la parte demandada se opone a dar posesión de los bienes a la depositaría designada y es todo por el momento. Acto seguido procedo a EMPLAZAR a la parte demandada corriéndole traslado con las copias de ley debidamente selladas y cotejadas de la demandada; del documento base de la acción, cédula que contiene inserto el auto de ejecución de fecha catorce de agosto de dos mil quince, así como copia al carbón de la presente diligencia; las cuales sí recibe de mano y conformidad haciéndole saber que cuenta con el término de OCHO DÍAS HÁBILES MÁS UNO, para hacer pago llano de lo reclamado o bien para oponerse a la ejecución si para ello tuviere excepciones legales que hacer valer; asimismo, lo prevengo para que señale domicilio en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas para oír y recibir notificaciones apercibiéndole que de no hacerlo las posteriores aún las de carácter personal se le harán mediante cédula que se fije en los estrados del juzgado exhortante. Así mismo, se hace constar que en este momento se le entrega copia al carbón de la presente diligencia a la parte actora en cumplimiento a lo establecido por el artículo 1394 del Código de Comercio en vigor, en atención a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del día diez de enero del año dos mil catorce. A lo que con lo anterior se da por terminada la presente diligencia siendo las dieciséis horas con quince minutos, levantándose la presente acta y firmando al calce los que intervinieron y quisieron hacerlo. DOY FE. Del análisis integral de la razón actuarial anterior, se desprende que el secretario auxiliar del Juzgado Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, en funciones de ministro ejecutor, asentó haberse constituido en el domicilio del demandado y haber realizado directamente la diligencia con éste. De lo anterior se advierte que en el emplazamiento controvertido se plasmó que fue entendido directamente con el demandado; lo cual otorga certeza de la idoneidad del domicilio en el que se constituyó, ya que, se insiste, al haberse entendido la diligencia directamente con el demandado (por manifestación propia de quien ante el fedatario dijo ser él), con ello se satisface el objetivo del emplazamiento a juicio, esto es, que el demandado quedó enterado de la demanda instaurada en su contra. Lo anterior se considera de esa manera, porque en el presente juicio de amparo, el quejoso no acompañó ningún medio de prueba con el que pretendiera acreditar que no fue con él con quien se entendió la diligencia. De manera que ante la falta de prueba en contrario, debe prevalecer la fe pública con la que el ministro ejecutor realizó el emplazamiento; lo que se corrobora con el dicho del quejoso en el sentido de que reconoció que la diligencia se entendió con él, en tanto asevera que, al momento del desahogo de ésta, por ignorancia, le informó al funcionario judicial respectivo que tenía algunos muebles en otro domicilio. De tal manera que los vicios formales que se alegan resultan inoperantes, pues no podría determinarse que el demandado desconoció del emplazamiento que reclama, lo que revela que estuvo en posibilidad de presentar su defensa en el juicio natural. En suma, a nada práctico conduce el análisis de los conceptos de violación en comento, pues es evidente que se cumplió con la finalidad esencial de la diligencia que combate, lo que excluye que pueda desconocer la existencia del juicio seguido en su contra. En conclusión, al resultar inoperantes los conceptos de violación y no advertirse alguna cuestión por la que proceda suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se niega el amparo solicitado. La anterior negativa se hace extensiva al diverso acto reclamado consistente en todo lo actuado con posterioridad en el juicio natural, en particular, la sentencia definitiva, en virtud de que los vicios que se le atribuye se hacen descansar en la ilegalidad del emplazamiento reclamado. Lo anterior de conformidad con la tesis XXVII.1o.(VIII Región) 13 K (10a.), visible en el Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, página 1785. Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA, ASÍ COMO EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA, SI SE DECRETA QUE AQUÉL FUE LEGAL O SE SOBRESEE EN EL JUICIO EN CUANTO A ÉSTE, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA DECIDIR SI SE ESTÁ O NO ANTE UN CASO DE JURISDICCIÓN ESCALONADA EN RELACIÓN CON ESTAS RESOLUCIONES, DEBERÁ ATENDER A LA EXISTENCIA DE LA CAUSA DE PEDIR PARA DETERMINAR SI PROCEDE LA ESCISIÓN DE LA DEMANDA. De la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J. 70/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 9, de rubro: EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005)., se desprende que cuando se reclame la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, así como el laudo o sentencia definitiva, al respecto, si el Juez de Distrito estima que aquél fue legal o sobresee en el juicio, debe decidir si se está o no ante un caso de jurisdicción escalonada en relación con el laudo o sentencia definitiva. Para resolverlo, debe atender a la existencia de la causa de pedir, pues la jurisdicción escalonada opera sólo cuando del análisis de la demanda de amparo se advierta una real intención del quejoso en reclamar el laudo o sentencia por vicios propios y no sólo como consecuencia de la omisión o ilegalidad del emplazamiento. De ahí que procede la escisión si contra el laudo o sentencia definitiva existen motivos de disenso encaminados a impugnar infracciones procesales (distintas del emplazamiento), formales o de fondo. Por el contrario, si el laudo o sentencia definitiva sólo se reclama en vía de consecuencia, no deberá escindirse la demanda sino extenderse el sobreseimiento o la negativa de amparo por la declaración de constitucionalidad del emplazamiento, a la sentencia definitiva o laudo, ya que no se presenta el supuesto de jurisdicción escalonada, pues la nota distintiva para determinar si debe escindirse o no la demanda, radica en una auténtica subsistencia de temas controvertidos que sean competencia de un órgano constitucional diverso. Lo anterior permite respetar el derecho fundamental de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEXTO. Improcedencia del juicio, notificación de la sentencia de veintiocho de abril de dos mil dieciséis. Debe sobreseerse en el juicio en relación con la notificación combatida, dado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;. El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos jurisdiccionales recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En ese contexto, los artículos 319 y 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles: ARTÍCULO 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto. ARTÍCULO 320. No obstante lo dispuesto en el título anterior, si la persona mal notificada o no notificada se manifestare, ante el tribunal, sabedora de la providencia, antes de promover el incidente de nulidad, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos, como si estuviese hecha con arreglo a la ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano. De los preceptos anteriores se advierte que respecto de las notificaciones que no sean realizadas a las partes conforme a lo establecido por dicha ley, puede la parte agraviada promover incidente para obtener la nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente; y si la persona mal notificada o no notificada se manifestare, ante el tribunal, sabedora de la providencia, antes de promover el incidente de nulidad, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos, como si estuviese realizada con arreglo a la ley. Por lo que una notificación que se considere ilegal puede ser impugnada mediante el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el citado artículo 319 del Código Federal de Procedimiento Civiles ya que constituye un medio ordinario de defensa idóneo que tiene por objeto anular notificaciones irregulares, con efectos similares a la revocación. Asimismo, se deriva que las notificaciones realizadas antes del fallo de primera instancia, sólo pueden impugnarse si éste no ha sido emitido, pues dicho artículo establece como presupuesto para dicha emisión que se hubieran resuelto todas las impugnaciones de esa naturaleza que se hubieran interpuesto. En sentido contrario, debe entenderse que tal medio de impugnación también es procedente contra las notificaciones posteriores al dictado de la sentencia, debido a que no se veda expresamente esa posibilidad y el presupuesto destacado es aplicable únicamente a las notificaciones anteriores a la resolución del juicio. Así, el incidente de nulidad de actuaciones es procedente contra de cualquier notificación que se realice y se considere que no se cumplieron con las formalidades previstas en la ley, antes de que se pronuncie el fallo de primera instancia, o bien, respecto de actuaciones practicadas con posterioridad al fallo definitivo. En suma, el medio de impugnación mencionado tiene por finalidad que las actuaciones judiciales puedan ser revisadas y, en su caso, modificadas o anuladas, por existir en ellas un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado. Lo anterior, pues se insiste, su objetivo es la nulidad de la notificación impugnada y de todo lo actuado desde la realización de esta. Por identidad jurídica sustancial, es sustento de lo anterior la tesis de jurisprudencia 1ª./J.26/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, Novena Época, abril de dos mil cinco, página cuatrocientos treinta, que dice: NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en su caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo." Entonces, el referido incidente de nulidad de notificaciones en el juicio de origen, constituye un medio de defensa genérico en contra de las notificaciones que sean realizadas contrario a derecho y que causen agravio directo contra alguna de las partes, por lo que debe agotarse previo a su promoción del juicio de amparo. En el caso, la parte quejosa combate la notificación realizada por el Ministro Ejecutor del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, respecto de la sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 718/2015. La inconformidad toral se concreta en el hecho de que, a juicio del quejoso, se le debió dejar citatorio para realizar tal comunicación, asimismo, que fue realizada con una persona menor de edad. De lo anterior se advierte que se reclama un acto posterior al dictado de la sentencia de origen, pues precisamente se combate la notificación de tal resolución, En tales condiciones, se advierte que la notificación reclamada emana de un juicio ejecutivo mercantil, que a decir del quejoso, no fue realizada conforme a derecho, por lo que queda demostrado que la notificación reclamada debió ser impugnada por el quejoso, al ser parte en el juicio natural, mediante el incidente de nulidad de notificaciones, previamente a la presentación de la demanda de amparo, en conformidad con el principio de definitividad que rige la materia; de ahí que, al no haberlo hecho, resulta improcedente el juicio de amparo respecto de tal notificación. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: El quejoso, al ser parte demandada en el juicio natural, no es tercero extraño a éste. Lo anterior es así, porque como se consideró, el emplazamiento en el juicio natural fue entendido directamente con el amparista, lo que implica que conoció del procedimiento entablado en su contra antes de la emisión de la sentencia definitiva; de ahí que no pueda considerarse persona extraña y, por ende, excluírsele de la carga de agotar los recursos ordinarios, respecto de las notificaciones posteriores. Luego, es evidente que el desconocimiento del juicio presupuesto de la exención en análisis no se actualiza en la especie, por lo que los vicios propios que se atribuyen a la notificación reclamada son materia del incidente en comento, al estar desvirtuado el carácter de tercero extraño con el que se promovió el amparo y al tratarse de una actuación cuya ilegalidad no conlleva el desconocimiento total del juicio natural. La resolución reclamada no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla, dado que, se consideró, se trata de un medio de impugnación genérico expresamente previsto contra la notificación que se combate. En suma, al no haberse agotado el recurso ordinario procedente, el juicio de amparo resulta improcedente respecto de la notificación material del presente considerando en términos de la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo y, por ende se sobresee en el juicio en conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V de dicho ordenamiento. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Humberto Espinoza González respecto de los actos reclamados al Juez del Ramo Mercantil, con sede en Fresnillo, Zacatecas y la Secretaria auxiliar del Juzgado Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, en funciones de ministro ejecutor, consistentes en la diligencia de requerimiento pago, embargo y emplazamiento al juicio mercantil ejecutivo 718/2015 y como consecuencia todo lo actuado en el juicio, incluida la sentencia y su ejecución; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Humberto Espinoza González respecto del acto reclamado a la Secretaria auxiliar del Juzgado Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, en funciones de ministro ejecutor, relativo a la notificación de la sentencia de veintiocho de abril de dos mil dieciséis; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, hasta el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado, asistida del licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe."

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 526/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil dieciséis ante la autoridad responsable Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, Efraín García Ramírez, promovió demanda de amparo directo contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Ordenadora a) Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Acto reclamado: Diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento que se practicó en el juicio mercantil ejecutivo 718/2015, como consecuencia, la sentencia dictada en éste y su ejecución. Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante resolución de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, el Pleno del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, al estimar que el quejoso se ostentaba como tercero extraño por equiparación, por lo que el asunto era competencia del Juzgado de Distrito en el Estado, en turno (fojas 3 a 9). TERCERO. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en proveído de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se asumió el conocimiento del asunto que se registró con el expediente 526/2017 y se requirió al promovente del amparo para que, en lo conducente, indicara de manera clara y precisa a qué autoridad le atribuía el emplazamiento que reclamaba (fojas 66 a 68). Mediante escrito presentado el veinte de junio de dos mil diecisiete (fojas 82 a 83), el quejoso manifestó que la autoridad a la que le atribuía el emplazamiento era al secretario auxiliar del Juzgado Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, en funciones de ministro ejecutor, mientras que la notificación de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen se la atribuía a la ministra ejecutora adscrita al citado juzgado. Por tanto, el veintiuno de junio de dos mil diecisiete (fojas 84 a 86), se admitió a trámite la demanda de amparo; sin que se requiriera a la autoridad responsable Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, a fin de que rindiera su informe justificado, toda vez que éste ya obraba en autos, asimismo, por la misma razón, tampoco se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; por lo que se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable que señaló el quejoso en su escrito aclaratorio; se ordenó dar la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede (foja 138); y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que los actos reclamados derivan de un juicio ejecutivo mercantil que se sigue ante una autoridad judicial con residencia en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: Del Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas y de la Ministro Ejecutor del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas (que el quejoso denominó como Secretario y Secretaria Auxiliares en funciones de Ministros Ejecutores, ambos adscritos al Juzgado Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas), en el ámbito de su competencia: La diligencia de requerimiento pago, embargo y emplazamiento al juicio mercantil ejecutivo 718/2015 y, como consecuencia, todo lo actuado en el juicio, incluida la sentencia y su ejecución; a.1) En particular, la notificación de la sentencia de veintiocho de abril de dos mil dieciséis. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, aceptó la existencia de los actos reclamados (foja 11). Asimismo, a su informe de ley, acompañó el expediente 718/2015; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por su parte, la Ministro Ejecutor del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas (la cual rindió los informes justificados respecto de las autoridades señaladas como secretario y secretaria auxiliares en funciones de ministros ejecutores al afirmar que era la única autoridad que contaba con dicha función), negó la existencia de los actos que se le atribuyen (fojas 91 y 92), en virtud de que en el juzgado de su adscripción no existía registro alguno a nombre del quejoso; no obstante, de las constancias remitidas del juicio mercantil ejecutivo 718/2015, se desprende que dicha notificadora llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, así como la notificación de la sentencia; esto, debido a los exhortos que fueron girados por el juez responsable para que se actuara en su auxilio. Por tanto, la negativa referida se encuentra desvirtuada. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados: Mediante escrito presentado el doce de agosto de dos mil quince ante el Juzgado del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, en la vía mercantil ejecutiva, Efraín García Ramírez ejerció acción cambiaria directa contra Humberto Espinoza González y Arturo Sosa Pinedo, a quienes demandó las siguientes prestaciones: El pago de la cantidad de $19,200.00 (diecinueve mil doscientos pesos cero centavos, moneda nacional), como importe de la suma de la suerte principal, base de la acción; El pago de los intereses moratorios al tipo del 5% mensual devengados y que se siguieran causando, hasta que se liquidara el adeudo en su totalidad; Los gastos y las costas que se originaron con motivo de la tramitación del juicio (fojas 1 a 5 del cuaderno de pruebas). El catorce de agosto de dos mil quince, el titular del juzgado referido admitió la demanda a trámite y ordenó el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de la parte demandada por medio de exhorto al Juez del Ramo Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas (fojas 7 a 9 juicio natural). El dieciocho de septiembre de dos mil quince, el secretario auxiliar del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, asentó haber realizado la diligencia citada directamente con el demandado Humberto Espinoza González (fojas 35 y 36 del cuaderno de pruebas). El veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, toda vez que la parte demandada no produjo contestación oportuna a la demanda, se determinó que había precluído su derecho en términos del artículo 1078 del Código de Comercio y se ordenó practicarle las subsecuentes notificaciones incluso las de carácter personal en los estrados de la Central de Notificadores del Distrito Judicial de Fresnillo (foja 59 del cuaderno de pruebas). Seguido el procedimiento por sus etapas legales, el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se dictó la sentencia respectiva en los siguientes términos: "PRIMERO.- La Vía Ejecutiva Mercantil optada, es la legalmente procedente. SEGUNDO.- El accionante C. EFRAÍN GARCÍA RAMÍREZ, en su carácter de Tenedor Legítimo del documento base de la acción, acreditó plenamente los extremos legales necesarios para la procedencia de su Acción Cambiaria Directa, que ejercitó en contra de los C. HUMBERTO ESPINOZA GONZÁLEZ Y ARTURO SOSA PINEDO, (Deudor Principal y Aval respectivamente), quienes no se excepcionaron, en consecuencia: TERCERO.- Se condena a HUMBERTO ESPINOZA GONZÁLEZ Y ARTURO SOSA PINEDO, como Obligado Principal y Aval respectivamente, a pagar a la parte actora las siguientes prestaciones: a).- El pago de la cantidad de $19,200.00 (DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal; b) El pago de los Intereses Moratorios en razón del 3.3% tres punto tres por ciento mensual, a partir de la fecha en que los obligador se constituyeron en mora y hasta que se verifique el pago total de lo reclamado, regulados que sean en ejecución de sentencia; y, c) El pago de los gastos y costas del juicio, regulados que sean conforme a derecho. CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1410 del Código de Comercio en vigor, hágase trance y remate de los bienes muebles embargados y con su producto, paga llana a la parte actora de las prestaciones especificadas en el punto anterior. QUINTO.- Para lo anterior, y dado la ubicación del domicilio de los demandados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1071 del Código de Comercio en vigor, gírese atento exhorto al C. Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, a efecto de que se le notifique el contenido de la presente sentencia, otorgando plenitud de jurisdicción al Juez exhortado a fin de que acuerde promociones y autorice cuanta diligencia sea necesaria para la cumplimentación de lo anterior, hecho que sea, se devuelva con lo actuado a este de mi cargo para su debida prosecución, seguro de mi reciprocidad en casos análogos. SEXTO.- Por tratarse el presente fallo de la decisión definitiva del juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 309, fracción III del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE." (fojas 81 a 95 de autos del cuaderno de pruebas), El uno de junio de dos mil dieciséis, la Oficial Notificadora adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, en cumplimiento al exhorto enviado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, notificó la sentencia del juicio al demandado Humberto Espinoza González, por conducto de Guadalupe Elizabeth Espinoza González. La diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, y todo lo actuado con posterioridad constituyen los actos reclamados en la presente instancia constitucional. QUINTO. Estudio de fondo. Al no advertirse causa de improcedencia hecha valer por las partes, o bien, que la suscrita advierta se actualice de oficio, lo que procede es entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En el primer concepto de violación, el quejoso argumenta, de manera toral, que el juicio natural viola la garantía de audiencia, en virtud de que en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento se transgredieron las reglas esenciales del procedimiento; esto, ya que las copias de traslado se encontraban incompletas en la parte posterior del documento base de la acción. En el segundo motivo de inconformidad, el amparista señala que la diligencia en mención se llevó cabo en dos lugares, en el domicilio ubicado en la calle Juárez número 308 sur y en diverso domicilio en calle Juárez número 609 sur, ambas de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, y no como se señaló en la diligencia únicamente en su domicilio, ya que posteriormente se trasladaron a un diverso lugar a levantar un inventario de sus bienes, por lo que no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento. Los argumentos anteriores resultan inoperantes, conforme a lo siguiente: El artículo 14 constitucional dispone lo siguiente: "Art. 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. ." De la interpretación del dispositivo constitucional transcrito se desprende que contiene cuatro de las más importantes garantías de seguridad jurídica, a saber: 1) la de irretroactividad de la ley; 2) la de audiencia; 3) la de legalidad en materia penal; y, 4) la de legalidad en el campo civil. En el segundo párrafo del artículo 14 constitucional se protege a los gobernados en el goce de la libertad, la propiedad, la posesión, y los demás derechos sustantivos, frente a los posibles actos de privación provenientes de las autoridades, mediante un conjunto de garantías. Una de estas garantías es la de audiencia previa, que consiste en la concesión de una amplia y adecuada oportunidad de defensa, antes de emitir el acto privativo, y se integra esencialmente por cuatro principios jurídicos, que a su vez comprende cuatro garantías específicas de seguridad jurídica, necesariamente concurrentes, y que son: a) el juicio previo al acto de privación; b) que dicho juicio se siga ante tribunales previamente establecidos; c) el cumplimiento o la observancia de las formalidades procesales esenciales; y d) la decisión jurisdiccional ajustada a leyes vigentes con antelación a la causa que origina el juicio. Conformándose la garantía de audiencia, mediante la concurrencia indispensable de las cuatro garantías específicas, es evidente que aquélla es susceptible de contravenirse al violarse una sola, de manera tal, que la íntima articulación que existe entre ellas impone la necesidad, por propio mandato constitucional, de reparar la esfera jurídica que así hubiere sido vulnerada, en protección a los derechos públicos subjetivos del gobernado. En este sentido, una de las formalidades esenciales del procedimiento consiste precisamente en emplazar a juicio al demandado, puesto que dicha diligencia tiene como finalidad garantizar que éste tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de las consecuencias de ello, pues sólo así tendrá oportunidad real de defenderse. Por su parte, el emplazamiento a juicio es la formalidad esencial más importante del procedimiento judicial, que en esencia establece la condición para otorgar al posible afectado por el acto privativo, una razonable oportunidad de defensa. Por tanto, la finalidad de la actuación del emplazamiento se centra en que el demandado tenga conocimiento íntegro de la pretensión deducida en su contra por la parte actora; así como de las actuaciones de inicio y trámite previos al primer llamamiento a juicio. Así las cosas, en relación con la diligencia de emplazamiento en los juicios ejecutivos mercantiles, los artículos 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio vigente disponen: "Artículo 1392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste". "Artículo 1393. No encontrándose el deudor a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos". "Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061.". "Artículo 1396. Hecho el embargo, acto continuo se notificará al deudor, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de ocho días, el que se computará en términos del artículo 1075 de este Código, comparezca el deudor ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad demandada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello". De la interpretación sistemática de los artículos transcritos, se infiere lo subsecuente: I. En los juicios ejecutivos mercantiles, una vez que es admitida una demanda fundada en un título ejecutivo, el juez provee un auto con efectos de mandamiento para que el deudor sea requerido del pago del adeudo demandado y, no haciéndolo, se le embarguen bienes suficientes para garantizar el monto de la deuda; asimismo se le emplace al juicio entablado en su contra. I.I. Esta diligencia debe realizarse en el domicilio señalado por el actor como el de la parte demandada. No obstante, el actuario judicial debe cerciorarse de que el domicilio manifestado por el actor efectivamente corresponda al del demandado. I.II Si se tuviera certeza respecto del domicilio pero no se encontrara en éste al deudor durante la primera búsqueda que se realice, se le debe dejar citatorio fijándose hora fija para que espere al funcionario judicial (dentro de las seis y las setenta y dos horas posteriores). I.III. Si el demandado no esperara, se practicará la diligencia en comento con los parientes, empleados o domésticos de aquél, o con cualquier otra persona que viva en el domicilio. I.IV. La diligencia comenzará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda ésta. De no realizar el pago el deudor, el actuario judicial lo requerirá para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas; si no se señalaran bienes para garantizar el adeudo, el derecho de señalarlos pasará a la parte actora. I.V. Una vez acontecido todo lo anterior, el funcionario judicial emplazará al demandado (o a la persona con la que se hubiera practicado la diligencia), notificándole que cuenta con el plazo de ocho días para que comparezca (el deudor) al juzgado a realizar el pago de la cantidad demandada y de las costas procesales o, en su caso, a oponer la excepciones que tuviera contra el título de crédito demandado. En suma la diligencia en comento se integra por tres partes: (1) requerimiento de pago; (2) embargo; y (3) emplazamiento. De todo lo hasta aquí expuesto, destaca el requisito de que el actuario judicial debe cerciorarse de que el domicilio en el que se encuentra realizando su actuación, es el señalado por la parte actora en la demanda. Puntualizado lo anterior, debe tenerse en cuenta que el artículo 1063 del Código de Comercio establece: "Artículo 1063. Los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme este Código, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto por el Código Federal de Procedimientos Civiles y en último término por el Código de Procedimientos Civiles local". Del precepto transcrito se desprende que cuando el Código de Comercio y las leyes especiales en materia mercantil no regulen suficientemente una figura procesal, les es aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. En ese sentido, en virtud de que ni el Código de Comercio ni la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establecen la forma mediante la cual se debe realizar el cercioramiento del domicilio del demandado en los juicios ejecutivos mercantiles -para efectos de dejar el citatorio correspondiente-, es necesario acudir supletoriamente al código adjetivo civil federal. Así, el artículo 311 de dicho ordenamiento dispone: "Artículo 311. Para hacer una notificación personal, y salvo el caso previsto en el artículo 307, se cerciorará el notificador, por cualquier medio, de que la persona que deba ser notificada vive en la casa designada, y, después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos". Del artículo citado se deduce que el actuario judicial tiene la obligación de asentar en el acta que elabore con motivo de la diligencia en análisis, el cercioramiento de que el domicilio en que se constituyó corresponde al del demandado, así como los medios de que se valió para arribar a esa conclusión. Lo anterior, pues, atendiendo a un principio lógico-jurídico, las actuaciones públicas deben contener en ellas, por razones de control, todos los elementos que permitan verificar su conformidad con la ley, es decir, deben probar su legalidad por sí mismas. Por tanto, por así disponerlo expresamente el artículo 1393 del Código de Comercio, el cercioramiento del domicilio del demandando es uno de los elementos de validez de la diligencia de emplazamiento en los juicios ejecutivos mercantiles. La finalidad de esa actuación se centra en que el demandado tenga conocimiento íntegro de la pretensión deducida en su contra por la parte actora; así como de las actuaciones de inicio y trámite previos al llamamiento a juicio. Para tal efecto, como se expuso, debe partirse de la base de que en la demanda el actor señaló con precisión el domicilio de la parte demandada, para efectos de que en ese lugar se realice el emplazamiento a juicio. En ese sentido, en conformidad con el precepto legal antes mencionado, debe existir certeza de que en el domicilio en el que se constituye el actuario vive el demandado, para cuyo efecto deberán quedar plasmadas en el acta las razones de los medios por los que obtuvo la certeza del domicilio correcto. La anterior es una etapa precedente al emplazamiento, puesto que hasta el momento en que el notificador cuente con la certeza de que se constituyó en el lugar correcto, tiene la posibilidad legal de efectuar la diligencia, entregar al demandado o a la persona con la que entienda la diligencia (como conducto) las copias de traslado debidamente selladas, cotejadas y autorizadas, así como la copia del auto admisorio de la demanda en la que consten el Juez del conocimiento, las partes en el juicio y el número de expediente, datos que obrarán en instructivo formal. Ahora bien, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique una primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que basta que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente con el demandado, por manifestación propia de quien ante fedatario dice ser el buscado; ya que con ello se satisface el objetivo del emplazamiento a juicio, esto es, que el enjuiciado quede enterado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. Sin que el principio de certidumbre quede insatisfecho en tal supuesto, ya que desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra, el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia del enjuiciado de ser su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el notificador, ya que la presencia de éste es el mejor medio de cercioramiento de que el lugar de constitución resulte ser su domicilio. Además, en relación con la identificación del demandando, al no establecer la legislación mercantil en comento, la obligación de solicitar al demandado que se identifique, o bien que el actuario asiente su media filiación y edad, es evidente que no puede exigirse dicho requisito, ya que de concluir lo contrario se llegaría al absurdo de que si el demandado no contara con documentos de identificación, a pesar de que él dijera que es la persona buscada ya no podría continuarse la diligencia; esto es, habría que suspenderla para comunicar al juez que no se pudo emplazar por la mencionada carencia. Las consideraciones anteriores derivan de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 55/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo VIII, Noviembre de 1998, página 33, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).De acuerdo con la correcta interpretación del artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente quien ante la fe pública del actuario indique ser el demandado, con ello se cumple el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. El principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada". Lo considerado resulta aplicable, por analogía, a los emplazamientos en materia mercantil, ya que, como se expuso, el Código de Comercio únicamente exige el cercioramiento del domicilio del demandado en términos generales, por lo que dicho aspecto puede obtenerse del dicho del propio demandado. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/15 (10a.), consultable en el Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, página 2242, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente indica: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO EXACTO DEL DOMICILIO (CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE JUNIO DE 2003).En la jurisprudencia número 1a./J. 55/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 33, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la fracción II del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, determinó que en los casos en que el actuario judicial entienda personalmente con el demandado la primera notificación dentro del procedimiento respectivo, quien así lo manifestó al momento de la diligencia, es innecesario que se asienten los datos acerca del cercioramiento del domicilio, en tanto que dicha corroboración surge simultánea, precisamente del hecho de que el propio enjuiciado asevere que es su domicilio el lugar en que se constituyó el notificador. Ahora bien, el artículo 1393 del Código de Comercio, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003, dispone que el notificador debe cerciorarse de que el domicilio en el que practica la diligencia es el del deudor, mientras que el primero de los numerales mencionados prevé que quien haga la notificación debe cerciorarse previamente de que en el lugar designado para practicarla, se halla el domicilio de la persona que ha de ser notificada; de lo anterior se aprecia que los preceptos citados son equivalentes y, por ende, pueden interpretarse en el mismo sentido. De tal suerte que, si en un juicio ejecutivo mercantil el emplazamiento se entiende directamente con el demandado debe estimarse cumplido el cercioramiento exacto del domicilio, sin ser necesario que el diligenciario asiente en las actas correspondientes los medios de cercioramiento de aquél, pues al practicar la diligencia con el propio enjuiciado, dando fe de su manifestación de ser la persona buscada, se llega a la conclusión de que el domicilio en el que se constituyó el fedatario judicial ciertamente era el de la persona a quien se debía emplazar." Por tanto, basta que en una diligencia de emplazamiento se asiente se entendió con el demandado, para el efecto de que exista certeza de que se trata del domicilio correcto, bastando la manifestación que en ese sentido haga la persona entrevistada (dado que, se reitera, la legislación aplicable no exige su identificación). En consecuencia, cuando el emplazamiento se realiza directamente con el demandado, éste únicamente puede controvertir que no se trataba de él, pues es evidente que si entendió la diligencia no existe un desconocimiento total del juicio, lo que hace irrelevantes las demás violaciones formales que pudieran tener la diligencia. En el emplazamiento reclamado, el secretario auxiliar del Juzgado Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, levantó las razones siguientes (foja 35 del cuaderno de pruebas): "En la ciudad de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, siendo las 15:15 horas, del día 18 de septiembre del año dos mil quince; constituido que soy el suscrito Licenciado José Alfonso Díaz de León, secretario auxiliar del Juzgado Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas en funciones de ministro ejecutor, asociado del ciudadano Licenciado (a) Efraín García González y otro; por el pago de pesos, y el cual vía exhorto envía a este Juzgado de mi adscripción el C. Juez de lo Mercantil de Fresnillo, Zac; en el domicilio de la parte demandada sito calle Juárez No. 308 Sur de esta ciudad y cerciorado que soy del domicilio referido por así indicármelo la nomenclatura de la calle en la cual me encuentro así como por el número exterior de la casa en la cual me ubico; aunado a ello el dicho de un vecino quien no me proporcionó su nombre por ser esa su voluntad; acto seguido procedo a la puerta principal del multicitado domicilio y requiero de la presencia de la parte demandada; y enseguida hace acto de presencia una persona del sexo masculino quien dice llamarse Humberto Espinoza González; y ser el propio demandado, y quien si se identifica con su credencial de elector folio 00832012202259; y ante quien el suscrito también me identifico con mi credencial laboral expedida a mi nombre por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, bajo el número de folio B, 287; enseguida y toda vez que la persona que me asiste lo es el propio demandado, le hago saber que el motivo del presente lo es a efecto de requerirle en este momento del pago inmediato de la cantidad d $19,200.00 (diecinueve mil pesos doscientos pesos 00/100 m.n.), como importe de la suerte principal y demás anexidades legales del presente asunto; y enterado (a) de ello de viva voz manifiesta "pues en este momento no tengo para pagar esa cantidad y si reconozco el adeudo de tal cantidad y la firma del pagaré que me pone a la vista sí es mía". A lo que acto seguido y toda vez que la parte demandada no cubre en este momento el adeudo reclamado y demás prestaciones legales invocadas por la parte actora en su escrito inicial de demanda le hago saber que la ley le otorga el derecho a señalar bienes bastos y suficientes a fin de garantizar el adeudo reclamado y demás anexidades del presente caso, apercibiéndolo que de no hacer uso de tal o cual derecho el mismo pasará a la parte actora presente en el acto y enterada de ello la parte demandada de viva voz manifiesta "en este momento señalo un refrigerador, marca Acroz, color beige, dos puertas serie VSW2549585, modelo AT0001T, de regulares condiciones y además dos roperos, color café y el otro igual oscuro, y en regulares condiciones, y además una sala con 3 sillones, café, y además un comedor, café de 6 sillas, otro ropero color café rojo vino, con moldura metálica dorada, y además un librero color café oscuro, y además un microondas marca Daewoo de serie TMlllEU8534845, y si funciona también refrigerador y es todo de mi parte", por lo que en atención a la facultad que la ley le otorga a la parte actora en uso de la voz manifiesta "En este momento me reservo el derecho a embargo y designo como depositaria a la C. Susana Adame Dávila, quien se encuentra presente y es todo por el momento a lo que enseguida y toda vez que los bienes muebles señalados y descritos por la parte demandada los tengo a la vista procedo a TRABAR, REAL Y FORMAL JURÍDICO EMBARGO sobre los mismos y de los cuales queda como depositario por así designarlo la parte actora a quien se llama Susana Adame Dávila, a quien en este momento se identifica con su credencial de elector folio 0000145069896, y el cual se le devuelve y si recibe de conformidad, a quien en este momento se le hace saber el cargo conferido a su favor así como de las penas y las sanciones que la ley impone a los depositarios que incurren en el incumplimiento de su deber; a lo que advertido de ello aceptó y protestó desempeñar fiel y legalmente dicho encargo y señala como lugar de la depositaría provisionalmente el ubicado en calle Juárez No. 609 Sur de ésta ciudad que corresponde al domicilio del Sr. José rito Espinoza Murillo y es todo en atención a ello la parte demandada se opone a dar posesión de los bienes a la depositaría designada y es todo por el momento. Acto seguido procedo a EMPLAZAR a la parte demandada corriéndole traslado con las copias de ley debidamente selladas y cotejadas de la demandada; del documento base de la acción, cédula que contiene inserto el auto de ejecución de fecha catorce de agosto de dos mil quince, así como copia al carbón de la presente diligencia; las cuales sí recibe de mano y conformidad haciéndole saber que cuenta con el término de OCHO DÍAS HÁBILES MÁS UNO, para hacer pago llano de lo reclamado o bien para oponerse a la ejecución si para ello tuviere excepciones legales que hacer valer; asimismo, lo prevengo para que señale domicilio en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas para oír y recibir notificaciones apercibiéndole que de no hacerlo las posteriores aún las de carácter personal se le harán mediante cédula que se fije en los estrados del juzgado exhortante. Así mismo, se hace constar que en este momento se le entrega copia al carbón de la presente diligencia a la parte actora en cumplimiento a lo establecido por el artículo 1394 del Código de Comercio en vigor, en atención a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del día diez de enero del año dos mil catorce. A lo que con lo anterior se da por terminada la presente diligencia siendo las dieciséis horas con quince minutos, levantándose la presente acta y firmando al calce los que intervinieron y quisieron hacerlo. DOY FE". Del análisis integral de la razón actuarial anterior, se desprende que el secretario auxiliar del Juzgado Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, en funciones de ministro ejecutor, asentó haberse constituido en el domicilio del demandado y haber realizado directamente la diligencia con éste. De lo anterior se advierte que en el emplazamiento controvertido se plasmó que fue entendido directamente con el demandado; lo cual otorga certeza de la idoneidad del domicilio en el que se constituyó, ya que, se insiste, al haberse entendido la diligencia directamente con el demandado (por manifestación propia de quien ante el fedatario dijo ser él), con ello se satisface el objetivo del emplazamiento a juicio, esto es, que el demandado quedó enterado de la demanda instaurada en su contra. Lo anterior se considera de esa manera, porque en el presente juicio de amparo, el quejoso no acompañó ningún medio de prueba con el que pretendiera acreditar que no fue con él con quien se entendió la diligencia. De manera que ante la falta de prueba en contrario, debe prevalecer la fe pública con la que el ministro ejecutor realizó el emplazamiento; lo que se corrobora con el dicho del quejoso en el sentido de que reconoció que la diligencia se entendió con él, en tanto asevera que, al momento del desahogo de ésta, por ignorancia, le informó al funcionario judicial respectivo que tenía algunos muebles en otro domicilio. De tal manera que los vicios formales que se alegan resultan inoperantes, pues no podría determinarse que el demandado desconoció del emplazamiento que reclama, lo que revela que estuvo en posibilidad de presentar su defensa en el juicio natural. En suma, a nada práctico conduce el análisis de los conceptos de violación en comento, pues es evidente que se cumplió con la finalidad esencial de la diligencia que combate, lo que excluye que pueda desconocer la existencia del juicio seguido en su contra. En conclusión, al resultar inoperantes los conceptos de violación y no advertirse alguna cuestión por la que proceda suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se niega el amparo solicitado. La anterior negativa se hace extensiva al diverso acto reclamado consistente en todo lo actuado con posterioridad en el juicio natural, en particular, la sentencia definitiva, en virtud de que los vicios que se le atribuye se hacen descansar en la ilegalidad del emplazamiento reclamado. Lo anterior de conformidad con la tesis XXVII.1o.(VIII Región) 13 K (10a.), visible en el Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, página 1785. Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA, ASÍ COMO EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA, SI SE DECRETA QUE AQUÉL FUE LEGAL O SE SOBRESEE EN EL JUICIO EN CUANTO A ÉSTE, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA DECIDIR SI SE ESTÁ O NO ANTE UN CASO DE "JURISDICCIÓN ESCALONADA" EN RELACIÓN CON ESTAS RESOLUCIONES, DEBERÁ ATENDER A LA EXISTENCIA DE LA CAUSA DE PEDIR PARA DETERMINAR SI PROCEDE LA ESCISIÓN DE LA DEMANDA. De la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J. 70/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 9, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005).", se desprende que cuando se reclame la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, así como el laudo o sentencia definitiva, al respecto, si el Juez de Distrito estima que aquél fue legal o sobresee en el juicio, debe decidir si se está o no ante un caso de jurisdicción escalonada en relación con el laudo o sentencia definitiva. Para resolverlo, debe atender a la existencia de la causa de pedir, pues la "jurisdicción escalonada" opera sólo cuando del análisis de la demanda de amparo se advierta una real intención del quejoso en reclamar el laudo o sentencia por vicios propios y no sólo como consecuencia de la omisión o ilegalidad del emplazamiento. De ahí que procede la escisión si contra el laudo o sentencia definitiva existen motivos de disenso encaminados a impugnar infracciones procesales (distintas del emplazamiento), formales o de fondo. Por el contrario, si el laudo o sentencia definitiva sólo se reclama en vía de consecuencia, no deberá escindirse la demanda sino extenderse el sobreseimiento o la negativa de amparo por la declaración de constitucionalidad del emplazamiento, a la sentencia definitiva o laudo, ya que no se presenta el supuesto de "jurisdicción escalonada", pues la nota distintiva para determinar si debe escindirse o no la demanda, radica en una auténtica subsistencia de temas controvertidos que sean competencia de un órgano constitucional diverso. Lo anterior permite respetar el derecho fundamental de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEXTO. Improcedencia del juicio, notificación de la sentencia de veintiocho de abril de dos mil dieciséis. Debe sobreseerse en el juicio en relación con la notificación combatida, dado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos jurisdiccionales recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En ese contexto, los artículos 319 y 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles: "ARTÍCULO 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto. ARTÍCULO 320. No obstante lo dispuesto en el título anterior, si la persona mal notificada o no notificada se manifestare, ante el tribunal, sabedora de la providencia, antes de promover el incidente de nulidad, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos, como si estuviese hecha con arreglo a la ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano." De los preceptos anteriores se advierte que respecto de las notificaciones que no sean realizadas a las partes conforme a lo establecido por dicha ley, puede la parte agraviada promover incidente para obtener la nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente; y si la persona mal notificada o no notificada se manifestare, ante el tribunal, sabedora de la providencia, antes de promover el incidente de nulidad, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos, como si estuviese realizada con arreglo a la ley. Por lo que una notificación que se considere ilegal puede ser impugnada mediante el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el citado artículo 319 del Código Federal de Procedimiento Civiles ya que constituye un medio ordinario de defensa idóneo que tiene por objeto anular notificaciones irregulares, con efectos similares a la revocación. Asimismo, se deriva que las notificaciones realizadas antes del fallo de primera instancia, sólo pueden impugnarse si éste no ha sido emitido, pues dicho artículo establece como presupuesto para dicha emisión que se hubieran resuelto todas las impugnaciones de esa naturaleza que se hubieran interpuesto. En sentido contrario, debe entenderse que tal medio de impugnación también es procedente contra las notificaciones posteriores al dictado de la sentencia, debido a que no se veda expresamente esa posibilidad y el presupuesto destacado es aplicable únicamente a las notificaciones anteriores a la resolución del juicio. Así, el incidente de nulidad de actuaciones es procedente contra de cualquier notificación que se realice y se considere que no se cumplieron con las formalidades previstas en la ley, antes de que se pronuncie el fallo de primera instancia, o bien, respecto de actuaciones practicadas con posterioridad al fallo definitivo. En suma, el medio de impugnación mencionado tiene por finalidad que las actuaciones judiciales puedan ser revisadas y, en su caso, modificadas o anuladas, por existir en ellas un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado. Lo anterior, pues se insiste, su objetivo es la nulidad de la notificación impugnada y de todo lo actuado desde la realización de esta. Por identidad jurídica sustancial, es sustento de lo anterior la tesis de jurisprudencia 1ª./J.26/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, Novena Época, abril de dos mil cinco, página cuatrocientos treinta, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en su caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo." Entonces, el referido incidente de nulidad de notificaciones en el juicio de origen, constituye un medio de defensa genérico en contra de las notificaciones que sean realizadas contrario a derecho y que causen agravio directo contra alguna de las partes, por lo que debe agotarse previo a su promoción del juicio de amparo. En el caso, la parte quejosa combate la notificación realizada por el Ministro Ejecutor del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, respecto de la sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 718/2015. La inconformidad toral se concreta en el hecho de que, a juicio del quejoso, se le debió dejar citatorio para realizar tal comunicación, asimismo, que fue realizada con una persona menor de edad. De lo anterior se advierte que se reclama un acto posterior al dictado de la sentencia de origen, pues precisamente se combate la notificación de tal resolución, En tales condiciones, se advierte que la notificación reclamada emana de un juicio ejecutivo mercantil, que a decir del quejoso, no fue realizada conforme a derecho, por lo que queda demostrado que la notificación reclamada debió ser impugnada por el quejoso, al ser parte en el juicio natural, mediante el incidente de nulidad de notificaciones, previamente a la presentación de la demanda de amparo, en conformidad con el principio de definitividad que rige la materia; de ahí que, al no haberlo hecho, resulta improcedente el juicio de amparo respecto de tal notificación. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: El quejoso, al ser parte demandada en el juicio natural, no es tercero extraño a éste. Lo anterior es así, porque como se consideró, el emplazamiento en el juicio natural fue entendido directamente con el amparista, lo que implica que conoció del procedimiento entablado en su contra antes de la emisión de la sentencia definitiva; de ahí que no pueda considerarse persona extraña y, por ende, excluírsele de la carga de agotar los recursos ordinarios, respecto de las notificaciones posteriores. Luego, es evidente que el desconocimiento del juicio presupuesto de la exención en análisis no se actualiza en la especie, por lo que los vicios propios que se atribuyen a la notificación reclamada son materia del incidente en comento, al estar desvirtuado el carácter de tercero extraño con el que se promovió el amparo y al tratarse de una actuación cuya ilegalidad no conlleva el desconocimiento total del juicio natural. La resolución reclamada no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla, dado que, se consideró, se trata de un medio de impugnación genérico expresamente previsto contra la notificación que se combate. En suma, al no haberse agotado el recurso ordinario procedente, el juicio de amparo resulta improcedente respecto de la notificación material del presente considerando en términos de la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo y, por ende se sobresee en el juicio en conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V de dicho ordenamiento. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Humberto Espinoza González respecto de los actos reclamados al Juez del Ramo Mercantil, con sede en Fresnillo, Zacatecas y la Secretaria auxiliar del Juzgado Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, en funciones de ministro ejecutor, consistentes en la diligencia de requerimiento pago, embargo y emplazamiento al juicio mercantil ejecutivo 718/2015 y como consecuencia todo lo actuado en el juicio, incluida la sentencia y su ejecución; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Humberto Espinoza González respecto del acto reclamado a la Secretaria auxiliar del Juzgado Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, en funciones de ministro ejecutor, relativo a la notificación de la sentencia de veintiocho de abril de dos mil dieciséis; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, hasta el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado, asistida del licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe."

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