Humberto Miranda Castro

Expediente 1093/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1093/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
17/05/2018

Partes del expediente

  • Humberto Miranda Castro

Actuaciones

  1. Principal

    El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del diez al dieciséis de mayo del año en curso; con exclusión de los días doce y trece del mes y año en curso por ser inhábiles; contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existe documento para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, al no ser de relevancia documental, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Por último, con fundamento en el punto décimo primero del acuerdo en cita, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de NOVENTA DÍAS computados legalmente a partir de la notificación respectiva, comparezca ante el personal de este juzgado debidamente identificada y en horas hábiles a recoger el documento que anexó a su escrito de demanda; lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo y persistir en su desinterés para realizar tal actuación, dicho documento seguirá la suerte del expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Regina.

  2. Principal

    El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 10873. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio signado por el actuario judicial del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el coordinador general Jurídico, en representación de la autoridad responsable gobernador del estado de Zacatecas, contra la sentencia dictada en el expediente principal del que deriva este cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci

  3. Principal

    CUENTA. El dos de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Humberto Miranda Castro, registrada con el folio 9242, con diez copias de ésta y anexos que se adjuntan. Con la circunstancia de que los licenciados Patricia Martínez Escobedo e Ignacio Martínez Flores, cuentan con cédula profesional número 9821599 y 1895620, registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dos de mayo de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Humberto Miranda Castro, contra actos del Congreso del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1093/2018 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. En el caso, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo planteado, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del referido precepto legal se advierte que el juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: Congreso del Estado de Zacatecas. Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas. Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas. Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas. Director del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas. Recaudador de Rentas en Zacatecas de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas. Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: "a).- Del Congreso del Estado de Zacatecas, reclamo la aprobación y expedición del artículo 102, fracción I, II, inciso b); IX y, así como los artículos 21 al 27 de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, que se refieren al cobro del derecho por inscripciones de documentos relativos a bienes inmuebles en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. b).- Del Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, reclamo la promulgación y publicación de la Ley de Hacienda; para el Estado de Zacatecas, en el Periódico Oficial del Estado. c).- Del Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, se reclama el refrendo de la Ley Combatida. d).- Del Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, como refrendador de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas. e).- Del Director del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, se reclama la publicación del Decreto a que hace referencia en los puntos que anteceden. f).- Del Recaudador de Rentas de Zacatecas, en su calidad de exactora el cobro del derecho de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (primer acto de aplicación de la ley). g).- Del Dirección (sic) de Catastro en el Registro Público Departamento de Valuación y Conservación, la aplicación de preceptos legales que se tildan de inconstitucionales, al inscribir la escritura, en lo que se hizo constar los contratos de compraventa y apertura de crédito con garantía hipotecaria." En ese contexto, este resolutor considera que en la especie se patentiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Por su parte, el numeral 18 de la ley reglamentaria en consulta establece que el plazo genérico de quince días que para promover el juicio de amparo señala el numeral 17 de esa propia legislación, se computará: a) A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto o resolución que reclame; y, b) A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del citado artículo 17 en el que se computará a partir del día de en que entre en vigor la norma que se impugne. Establecido lo anterior, se tiene que en el caso a estudio se actualiza la hipótesis que se indica en el inciso b), es decir, la que se refiere a que el plazo para instar la acción constitucional debe computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa haya tenido conocimiento o se ostente sabedora del acto reclamado o de su ejecución; y que en el caso particular se concretó en el momento en que la parte quejosa realizó el pago por concepto de los derechos de elaboración de avaluó catastral, que constituye el acto que reclama. Para ilustrar lo anterior, se invocan los criterios siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA LAS. EL ACTO DE AUTOLIQUIDACION DE UNA CONTRIBUCION COLOCA AL PARTICULAR EN EL SUPUESTO DE LA LEY RECLAMADA Y LO VINCULA A ELLA, EMPEZANDO A PARTIR DE ESE MOMENTO, A CAUSARLE PERJUICIOS Y A CORRER EL TERMINO DE QUINCE DIAS PARA IMPUGNARLA. El artículo vigésimo cuarto transitorio de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, prevé el pago de una sobretasa del 10 % respecto del impuesto sobre la renta para el ejercicio fiscal correspondiente al año de mil novecientos ochenta y tres. Ahora bien, si el quejoso presentó su declaración relativa al pago de la sobretasa del 10 % y este documento fue recibido por la oficina federal de Hacienda correspondiente, debe estimarse que el artículo en cuestión empezó a causarle perjuicios al quejoso a partir del momento en que se vinculó a la ley colocándose en su supuesto; es decir, cuando formuló su autoliquidación y las autoridades fiscales le recibieron la declaración correspondiente, por ende también empezó a correr el término de quince días a que se refiere el artículo 21 de la ley de la materia para promover el juicio de amparo en contra del precepto reclamado y su aplicación.". "DEMANDA DE AMPARO CONTRA LEYES. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE TUVO LUGAR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR EL GOBERNADO. De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término para promover la demanda de garantías es, por regla general, de quince días, el cual debe computarse desde el día siguiente a) al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b) al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o, c) al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el supuesto del inciso a), cuando el acto de aplicación provenga de la autoridad, el plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, mientras que en las hipótesis precisadas en los incisos b) y c) implica que no exista una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, por lo que el término debe computarse a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. En consecuencia, si la quejosa impugna una ley con motivo del primer acto de aplicación realizado por ella, resulta incuestionable que el plazo de quince días se inicia a partir del día siguiente al en que se autoaplicó la norma; por tanto, si a la fecha de su presentación ya había fenecido dicho plazo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo.". Al respecto, se destaca la circunstancia de que en el escrito inicial de demanda la parte quejosa del amparo, señaló como actos reclamados la aprobación y expedición del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disipaciones de la Ley de Hacienda del estado de Zacatecas, particularmente los artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 102, fracciones I y II, inciso b) y IX. Asimismo, manifestó que el pago realizado por tales conceptos se efectuó el cinco de abril de dos mil dieciocho, como se observa del ticket folio F 6961178, que exhibió la parte promovente del amparo. Lo expuesto por el garante en los términos antes indicados, constituye una confesión con valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto por los numerales 199 y 200 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Es aplicable al respecto, la tesis consultable en la página 353, Volumen 205-216, Séptima Parte, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA PRESENTAR LA, CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días, que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, pues si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que, si el Juez de Distrito, con base en esa manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal proceder es correcto, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa de la fecha en que tuvo conocimiento el acto reclamado." Conforme lo anterior, es evidente que el quejoso tuvo conocimiento de los actos que ahora reclama en su escrito de demanda desde el cinco de abril de dos mil dieciocho. Entonces, la fecha que ha de tomarse en cuenta para el inicio del cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo es la de seis de abril de dos mil dieciocho, por lo que el plazo de quince días que la ley precisa para promover la demanda de amparo, concluyó el veintiséis de abril del año en cita, mediando entre estas los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de abril de la presente anualidad, por corresponder a días inhábiles. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por la parte quejosa el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 14, publicada en la página 11 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE.- Se presumen así, para los efectos del amparo los actos del orden común y administrativo que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". Sólo resta decir que en el presente asunto no se actualiza ninguna de las excepciones que establecen las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, que consignan: [.] I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". En las relatadas condiciones, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17 de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113, de esa propia legislación, se desecha de plano la demanda que se plantea por Humberto Miranda Castro. DOMICILIO Y AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente, se tienen como autorizados con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Patricia Martínez Escobedo e Ignacio Martínez Flores, toda vez que cuentan con cédula profesional número 9821599 y 1895620, registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal el ubicado en calle Uno número doscientos veintitrés (223) altos, del fraccionamiento Boulevares de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Rosy

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: CUENTA. El dos de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Humberto Miranda Castro, registrada con el folio 9242, con diez copias de ésta y anexos que se adjuntan. Con la circunstancia de que los licenciados Patricia Martínez Escobedo e Ignacio Martínez Flores, cuentan con cédula profesional número 9821599 y 1895620, registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dos de mayo de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Humberto Miranda Castro, contra actos del Congreso del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1093/2018 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. En el caso, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo planteado, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del referido precepto legal se advierte que el juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: Congreso del Estado de Zacatecas. Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas. Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas. Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas. Director del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas. Recaudador de Rentas en Zacatecas de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas. Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: "a).- Del Congreso del Estado de Zacatecas, reclamo la aprobación y expedición del artículo 102, fracción I, II, inciso b); IX y, así como los artículos 21 al 27 de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, que se refieren al cobro del derecho por inscripciones de documentos relativos a bienes inmuebles en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. b).- Del Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, reclamo la promulgación y publicación de la Ley de Hacienda; para el Estado de Zacatecas, en el Periódico Oficial del Estado. c).- Del Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, se reclama el refrendo de la Ley Combatida. d).- Del Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, como refrendador de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas. e).- Del Director del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, se reclama la publicación del Decreto a que hace referencia en los puntos que anteceden. f).- Del Recaudador de Rentas de Zacatecas, en su calidad de exactora el cobro del derecho de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (primer acto de aplicación de la ley). g).- Del Dirección (sic) de Catastro en el Registro Público Departamento de Valuación y Conservación, la aplicación de preceptos legales que se tildan de inconstitucionales, al inscribir la escritura, en lo que se hizo constar los contratos de compraventa y apertura de crédito con garantía hipotecaria." En ese contexto, este resolutor considera que en la especie se patentiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Por su parte, el numeral 18 de la ley reglamentaria en consulta establece que el plazo genérico de quince días que para promover el juicio de amparo señala el numeral 17 de esa propia legislación, se computará: a) A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto o resolución que reclame; y, b) A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del citado artículo 17 en el que se computará a partir del día de en que entre en vigor la norma que se impugne. Establecido lo anterior, se tiene que en el caso a estudio se actualiza la hipótesis que se indica en el inciso b), es decir, la que se refiere a que el plazo para instar la acción constitucional debe computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa haya tenido conocimiento o se ostente sabedora del acto reclamado o de su ejecución; y que en el caso particular se concretó en el momento en que la parte quejosa realizó el pago por concepto de los derechos de elaboración de avaluó catastral, que constituye el acto que reclama. Para ilustrar lo anterior, se invocan los criterios siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA LAS. EL ACTO DE AUTOLIQUIDACION DE UNA CONTRIBUCION COLOCA AL PARTICULAR EN EL SUPUESTO DE LA LEY RECLAMADA Y LO VINCULA A ELLA, EMPEZANDO A PARTIR DE ESE MOMENTO, A CAUSARLE PERJUICIOS Y A CORRER EL TERMINO DE QUINCE DIAS PARA IMPUGNARLA. El artículo vigésimo cuarto transitorio de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, prevé el pago de una sobretasa del 10 % respecto del impuesto sobre la renta para el ejercicio fiscal correspondiente al año de mil novecientos ochenta y tres. Ahora bien, si el quejoso presentó su declaración relativa al pago de la sobretasa del 10 % y este documento fue recibido por la oficina federal de Hacienda correspondiente, debe estimarse que el artículo en cuestión empezó a causarle perjuicios al quejoso a partir del momento en que se vinculó a la ley colocándose en su supuesto; es decir, cuando formuló su autoliquidación y las autoridades fiscales le recibieron la declaración correspondiente, por ende también empezó a correr el término de quince días a que se refiere el artículo 21 de la ley de la materia para promover el juicio de amparo en contra del precepto reclamado y su aplicación.". "DEMANDA DE AMPARO CONTRA LEYES. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE TUVO LUGAR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR EL GOBERNADO. De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término para promover la demanda de garantías es, por regla general, de quince días, el cual debe computarse desde el día siguiente a) al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b) al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o, c) al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el supuesto del inciso a), cuando el acto de aplicación provenga de la autoridad, el plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, mientras que en las hipótesis precisadas en los incisos b) y c) implica que no exista una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, por lo que el término debe computarse a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. En consecuencia, si la quejosa impugna una ley con motivo del primer acto de aplicación realizado por ella, resulta incuestionable que el plazo de quince días se inicia a partir del día siguiente al en que se autoaplicó la norma; por tanto, si a la fecha de su presentación ya había fenecido dicho plazo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo.". Al respecto, se destaca la circunstancia de que en el escrito inicial de demanda la parte quejosa del amparo, señaló como actos reclamados la aprobación y expedición del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disipaciones de la Ley de Hacienda del estado de Zacatecas, particularmente los artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 102, fracciones I y II, inciso b) y IX. Asimismo, manifestó que el pago realizado por tales conceptos se efectuó el cinco de abril de dos mil dieciocho, como se observa del ticket folio F 6961178, que exhibió la parte promovente del amparo. Lo expuesto por el garante en los términos antes indicados, constituye una confesión con valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto por los numerales 199 y 200 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Es aplicable al respecto, la tesis consultable en la página 353, Volumen 205-216, Séptima Parte, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA PRESENTAR LA, CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días, que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, pues si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que, si el Juez de Distrito, con base en esa manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal proceder es correcto, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa de la fecha en que tuvo conocimiento el acto reclamado." Conforme lo anterior, es evidente que el quejoso tuvo conocimiento de los actos que ahora reclama en su escrito de demanda desde el cinco de abril de dos mil dieciocho. Entonces, la fecha que ha de tomarse en cuenta para el inicio del cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo es la de seis de abril de dos mil dieciocho, por lo que el plazo de quince días que la ley precisa para promover la demanda de amparo, concluyó el veintiséis de abril del año en cita, mediando entre estas los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de abril de la presente anualidad, por corresponder a días inhábiles. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por la parte quejosa el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 14, publicada en la página 11 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE.- Se presumen así, para los efectos del amparo los actos del orden común y administrativo que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". Sólo resta decir que en el presente asunto no se actualiza ninguna de las excepciones que establecen las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, que consignan: [.] I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". En las relatadas condiciones, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17 de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113, de esa propia legislación, se desecha de plano la demanda que se plantea por Humberto Miranda Castro. DOMICILIO Y AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente, se tienen como autorizados con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Patricia Martínez Escobedo e Ignacio Martínez Flores, toda vez que cuentan con cédula profesional número 9821599 y 1895620, registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal el ubicado en calle Uno número doscientos veintitrés (223) altos, del fraccionamiento Boulevares de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Rosy

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano