Humberto Angulo Lopez

Expediente 672/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
672/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Humberto Angulo Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós.********************Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes.********************En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. ********************Con fundamento en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto.********************De la misma manera, con apoyo en el mencionado numeral 21, inciso a), penúltimo párrafo de dicho acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, procederá a destruir este cuaderno principal, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. ********************Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no encuadra en aquéllos expedientes donde se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni los generados por los Plenos de Circuito, ni versa sobre materia agraria, ni se trata de un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO POR ESTE JUZGADO DE SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE A LA LETRA DICE: Los Mochis, Sinaloa, a siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda presentado por *********************, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sinaloa de Leyva, Sinaloa; fórmese expediente con el número ***/2022- 2A, y respecto del escrito de demanda se provee: Es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y contenido: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación.". Del escrito inicial de demanda, se advierte que el quejoso de manera esencial reclama el auto de trece de octubre de dos mil veintidós, que niega la admisión a trámite el recurso de apelación interpuesto por la actora ahora quejosa, en contra del diverso acuerdo de tres del mismo mes y año, donde el juez responsable decretó una pensión alimenticia provisional por el 25% de su sueldo mensual, en los autos del juicio de guarda y custodia compartida tramitada bajo el expediente número 28/2019. Ahora bien, de los antecedentes del acto reclamado que se proporcionan bajo protesta de decir verdad, y de las documentales que se acompañan, se desprende que el promovente de amparo, resulta ser la parte actora en los autos del juicio de origen. En tal virtud, se estima que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior:. a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;. c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento..". El precepto transcrito establece la causa de improcedencia derivada de la falta de acatamiento al principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Así, el proceso de garantías es un medio extraordinario, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdiccional ordinaria debe de agotarse previamente. En consecuencia, si el quejoso de mérito resulta ser la parte actora, es evidente, que antes de acudir a la vía constitucional debe agotar el recurso ordinario que proceda en contra de la determinación de no admisión del recurso de apelación interpuesto, tal y como lo establecen los artículos 369 y 376 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, que establece lo siguiente: Artículo 369. Las resoluciones judiciales no se entenderán consentidas, sino cuando notificados expresamente consientan y así lo haga constar el notificador, quien recabará la firma respectiva de la parte, o cuando se deje pasar el plazo señalado para interponer el recurso. Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos: I. Revocación; II. Apelación, y III. Queja.". "Artículo 376. Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicte. Los autos que no sean apelables y los proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo sustituya en el conocimiento del asunto, salvo que este Código expresamente disponga que no sean recurribles.". En ese orden de ideas, la demanda de amparo es de notoria improcedencia, toda vez que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte impetrante de garantías debió o debe agotar el medio de defensa legal antes citado, que lo es el recurso de revocación ante el propio juez responsable, el cual puede tener por efecto nulificar o modificar el acuerdo de no admisión del recurso de apelación interpuesto en contra del auto que decretó una pensión alimenticia provisional en los autos del expediente de origen. Se cita al respecto por analogía la tesis visible en la página número 307, del tomo XIII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y cuatro del Semanario Judicial de la Federación que son del tenor siguiente: "DEMANDA DE GARANTIAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo.". De igual manera tesis visible en la página número 259, del tomo III, Segunda Parte-1, del mes de enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación que refieren: "DEMANDA DE GARANTIAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Si el acto reclamado se hizo consistir en el acuerdo pronunciado por el juez señalado como autoridad responsable, mediante el cual no admitió el recurso de apelación interpuesto, es incuestionable que el quejoso antes de promover su demanda de amparo, debió hacer valer el medio ordinario de defensa que al efecto establece la Ley Procesal de la materia, conforme lo establece el artículo 73 fracción XIII de la Ley de Amparo, pues contra aquel acuerdo que negó la admisión del recurso de apelación, procedía el de queja, previsto en el artículo 723 fracción III del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y procede desde luego, su desechamiento de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 146 del mismo ordenamiento legal.". Sin que en el caso el acto reclamado se encuentre en alguna de las excepciones que establece la cita fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia. Por tanto, no estando en el caso ante actos que tengan el carácter de definitivos para los efectos del juicio de amparo, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos de los preceptos 61 fracción XVIII y 113, ambos de la Ley reglamentaria del juicio de garantías, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por *******************. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *****************, y como su autorizado para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a los licenciados ************ y, únicamente para para oír y recibir toda clase de notificaciones e imponerse de los autos a *****************************************, toda vez que no tienen registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales.

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