Humberto Gastelum Lopez
Expediente 735/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 735/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Humberto Gastelum Lopez
- Cuerpo de Actuarios Adscritos A la H. Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, Ciudad
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, en relación con el numeral 98, ambos de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificada la parte quejosa del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 21, 22, 23 y 24 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO POR ESTE JUZGADO DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE A LA LETRA DICE: Los Mochis, Sinaloa, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, el escrito firmado por *********************, contra actos del Magistrado de la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa y de otra autoridad. Fórmese expediente tanto impreso como electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 735/2022. De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo, otorgan la facultad al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama a la autoridad responsable Magistrado de la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad - ordenadora-, los acuerdos de veintisiete de octubre y tres de noviembre de dos mil veintidós emitidos en el juicio contencioso administrativo 1586/2022-IIA del índice de la citada sala regional, por medio de los cuales se determinó que no era procedente fijar la contragarantía solicitada por el aquí quejoso para dejar sin efectos la suspensión otorgada a favor del actor en el juicio de origen referente a que el ahora quejoso no siga prestando el servicio de pensión vehicular; reclamando de igual manera al actuario adscrito a la citada sala regional -ejecutora-, la notificación de los referidos acuerdos. Establecido lo anterior, este juzgador estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Carta Magna, y con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la ley de la materia. Ciertamente, el precepto legal referido en primer término, en la fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "(.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)". Asimismo, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Al respecto, de una interpretación de los artículos citados anteriormente, se obtiene que tratándose emitidos en juicio, sólo podrá promoverse el juicio de amparo contra actos que sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, situación que en el caso en concreto no acontece. El último de los numerales es claro en establecer lo que debe entenderse como un acto que causa una ejecución de imposible reparación, se reitera, los que materialmente afectan derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte (vida, libertad, propiedad, posesión e integridad personal), lo que se actualiza en la medida que sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que la persona que los sufre obtenga una sentencia favorable, habida cuenta que el perjuicio se reciente de manera inmediata al producir una consecuencia de tal gravedad que impide el ejercicio actual de un derecho cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos que no son meramente adjetivos en cuyo supuesto la afectación se materializa en la medida que llegue a trascender al resultado del fallo. En ese orden de ideas, para determinar si el acto que la parte impetrante de amparo tilda de inconstitucional es reclamable por la presente vía, es menester primeramente estudiar si es de imposible reparación. Así, de acuerdo con el principio estatuido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte a través de los derechos humanos. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Ahora bien, desde la perspectiva jurisprudencial, sobre los actos de ejecución de imposible reparación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aun con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. Asimismo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, debe precisarse el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Pues bien, el máximo órgano constitucional destacó que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que, a fin de ser calificados como tal, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, -precisando- que el concepto "imposible reparación" rebasa lo puramente procesal, por lo que, debía lesionar bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Lo anterior, deriva de la interpretación jurisprudencia realizada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual concluyó que no era dable continuar sosteniendo el criterio -personalidad- de imposible reparación, dada que dicha interpretación fue realizada de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad, en cuanto al concepto de imposible reparación. Sin embargo, -puntualizó- a la fecha no ocurre lo mismo, puesto que la vigente Ley de Amparo establece que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos" y otro su naturaleza "material" de la lesión producida. En este sentido, de la redacción actual del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, se obtiene que el juicio de amparo indirecto es improcedente en contra de las resoluciones que constituyan una violación procesal cuya afectación se estime de grado predominante o superior, en virtud de que esas violaciones no afectan materialmente derechos sustantivos, sino solo adjetivos o formales, es decir, sus consecuencias no tienen tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, sino que únicamente producen una lesión jurídica de naturaleza adjetiva que no llega a trascender al resultado del fallo. Respecto al tema de actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia por unificación de criterios número P./J.37/2014 (10a.), publicada el seis de junio de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo título dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Al respecto, la Corte Suprema determinó que no podía seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J.4/2001 que en su momento emitió el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que constituía el motivo para estimar procedente el amparo indirecto que se promovía contra de la resolución que en el juicio laboral por la que se desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, a pesar de tratarse de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. En el asunto que nos ocupa, el amparista reclama los acuerdos de veintisiete de octubre y tres de noviembre de dos mil veintidós dictados en el juicio contencioso administrativo número 1586/2022, por medio de los cuales se determinó que no era procedente fijar la contragarantía solicitada por el aquí quejoso para dejar sin efectos la suspensión otorgada previamente a favor del actor en el juicio de origen (y así poder seguir prestando el servicio de pensión vehicular); lo cual evidentemente constituye una violación procesal porque por sí sola no produce daños sino sólo efectos formales; por tanto, no es considerado de imposible reparación. En efecto, los acuerdos reclamados no causan un perjuicio irreparable al impetrante, pues es de tomar en consideración que conforme a la narrativa de hechos expresada en su demanda, en el juicio contencioso administrativo de origen, la sala responsable previamente impuso una garantía para garantizar los posibles daños y perjuicios que con su emisión se pudieran causar con la suspensión de seguir operando la concesión de pensión vehicular que ostenta el impetrante. Así, en los acuerdos que ahora se reclaman, la misma autoridad responsable determinó que no procedía fijar una contragarantía para dejar sin efectos la clausura previamente decretada a favor del actor en el juicio de origen, lo que a criterio de este juzgador no implica que se vean afectados en forma directa e inmediata los derechos fundamentales del gobernado previstos en la Constitución, como pueden ser, verbigracia, la vida, la libertad, la integridad personal o la propiedad. Máxime que en todo caso, el quejoso tiene expedito su derecho para hacer valer en el juicio de origen cuestiones relacionadas con la insuficiencia de la garantía que fue exhibida previamente para garantizar los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar con la suspensión o clausura de su pensión vehicular. Lo que pone de manifiesto que una eventual afectación a la quejosa no es considerada de imposible reparación, pues el hecho de que no se hubiere fijado contragarantía para levantar la suspensión de la clausura de su pensión vehicular, únicamente trasciende a un aspecto adjetivo, pero sin transgredir derechos de naturaleza sustantiva y sin que ello implique que, necesariamente, dentro de dicho expediente se emitirá sentencia contraria a sus intereses. Por lo anterior, no se ubica en los supuestos de procedencia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es decir, no es un acto que se considere de imposible reparación, pues con ello, no se transgrede de manera directa un derecho sustantivo protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados. Sirve de apoyo la jurisprudencia número I.11o.C. J/7, emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1536, Tomo XXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. Conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Partiendo de tal interpretación es dable concluir que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, etcétera, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso". Así como la jurisprudencia número 244, publicada en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que textualmente establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Por otra parte, en cuanto a los actos reclamados consistentes en la notificación de los referidos acuerdos de veintisiete de octubre y tres de noviembre de dos mil veintidós emitidos en el juicio contencioso administrativo 1586/2022-IIA, atribuida al actuario adscrito a la sala señalada como responsable, Este juzgador estima que de igual manera se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. (.)." El artículo en cuestión, determina que el trámite del juicio de amparo es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad respecto de actos derivados de autoridades jurisdiccionales. Dicho principio rector del amparo, en lo conducente, dispone que previo a la interposición de la demanda, el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado, siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución materia de la impugnación. Para los efectos de este principio, se entiende que un recurso o medio de defensa obliga a agotarse, únicamente cuando a través de dicho medio de impugnación el acto autoritario pueda ser revocado (cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida), modificado (hacer un cambio parcial de la resolución), o anulado (dejar insubsistente el acto de autoridad); asimismo, se aclara que sólo se entenderá por cumplido este requisito de procedencia, cuando el recurso o instancia legal que se haga valer se haya substanciado en todos sus términos, hasta su sentencia o resolución que lo dé por terminado. Precisado lo anterior, este juzgador, como se dijo, estima que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues como se vio, el acto reclamado consistente en la notificación de los acuerdos de veintisiete de octubre y tres de noviembre de dos mil veintidós emitidos en el juicio contencioso administrativo 1586/2022-IIA, es susceptible de ser impugnado a través del incidente de nulidad de notificaciones, previsto en el artículo 78 de la Ley de Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, que establece: "ARTICULO 78. Procederá el incidente de nulidad de notificaciones, cuando éstas no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en esta Ley. En este caso, la parte agraviada podrá pedir que se declare su nulidad dentro de los cinco días siguientes a aquél en que conoció el hecho que lo motive. Si se declara la nulidad la Sala ordenará reponer la notificación anulada y las actuaciones posteriores que sean consecuencia de ella. Por tanto, contra la notificación reclamada procede el mencionado incidente de nulidad establecido en el artículo 78 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, el cual resulta jurídicamente idóneo para anularla, además, de ser eficaz para el fin perseguido por el impetrante de este medio de control constitucional. Razones por las que se concluye que, en el caso, la parte quejosa se encuentra obligada a agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. A lo que se agrega que en la especie no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad, en tanto que la ley ordinaria que rige el acto reclamado concede el incidente en comento y, en consecuencia, la parte quejosa debió agotar ese medio legal antes de acudir a la vía constitucional indirecta. Luego entonces, al ser manifiesta e indudable las causales de improcedencia aludidas con antelación a nada práctico conduciría admitir una demanda de garantías notoria e indudablemente improcedente, pues aun cuando se admitiera la demanda y se ventilara el procedimiento no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción V de la Ley de Amparo y XVIII del referido numeral 61, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, cuyo rubro dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Ahora, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Con apoyo en los preceptos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte quejosa el ubicado en Calle Bienestar 302 Oriente esquina con Constitución, de esta ciudad y como su autorizado en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia a Gerardo Rubén Escobar Torres. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8°, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase al promovente que le asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar (en el momento de la notificación respectiva o en comparecencia ante el propio Tribunal, en caso de encontrarse gozando de libertad provisional bajo caución), de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia.
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