Hugo Osvaldo Trasviña Chinchillas

Expediente 458/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
458/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
24/08/2021

Partes del expediente

  • Hugo Osvaldo Trasviña Chinchillas

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de diez de agosto del presente año, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Gwendolyn Jeaneth Almeida Espinoza, apoderada general de Hugo Osvaldo Trasviña Chinchillas y Briseida Ruiz Ávila; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificada a la quejosa del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de diez de los actuales, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por último, atendiendo a lo solicitado por la parte quejosa y observando que en esta fecha se envía al archivo el presente asunto, devuélvansele las constancias que refiere en su escrito, mismas que acompañó a la demanda de amparo, previa razón que por su recibo y entrega se deje en autos.

  2. Principal

    Quejoso cumple prevención. Se tiene por recibido el escrito aclaratorio de demanda presentado por Gwendolyn Jeaneth Almeida Espinoza, apoderada legal de Hugo Osvaldo Trasviña Chinchillas y Briseida Ruiz Ávila, a través del cual, desahoga la prevención ordenada en auto de veintitrés de julio de dos mil veintiuno; en consecuencia, se acuerda: Desechamiento. Ahora bien, la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J.128/2001, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 803, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de dos mil uno, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esto es, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible a páginas 648, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Causa de improcedencia que se actualiza. Atento a lo anterior, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, del mismo ordenamiento jurídico, aplicado a contrario sensu, que conjuntamente prevén que el juicio de amparo indirecto es procedente cuando se trate de actos de ejecución de sentencia, que constituyan la última resolución dictada en el procedimiento respetivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Esto es, si en el caso no se está combatiendo la última resolución en el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio civil hipotecario 177/2015, el juicio de amparo indirecto será improcedente. El artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" Conforme el segundo párrafo del artículo 107 antes transcrito, para la procedencia del juicio de amparo indirecto en la etapa de ejecución de sentencia, es necesario estar en presencia de la última resolución dictada en esa fase, pudiendo reclamarse conjuntamente las demás violaciones cometidas durante la misma, en caso de que se haya dejado sin defensa al quejoso. Dicho artículo además precisa, que por última resolución debe entenderse aquella determinación en la cual se declara cumplida la ejecutoria o la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. En el último párrafo de ese precepto, se regula la procedencia respecto de los procedimientos de remate, y se define que la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega material del inmueble, en cuyos supuestos también se pueden reclamar las violaciones cometidas en el procedimiento respectivo. Sobre este tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar el citado numeral, emitió la jurisprudencia 1ª./J.13/2016, visible a páginas 1066, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, correspondiente al mes de abril de dos mil dieciséis, Tomo II, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." En la contradicción de tesis 74/2015, que dio origen a la jurisprudencia en cita, se distinguieron diversas hipótesis de procedencia del juicio de amparo cuando se trata de actos fuera de juicio o después de concluido éste, tal y como se observa de la siguiente transcripción: "(.) Del precepto anterior se observa que el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos realizados fuera de juicio o después de concluido éste, en tanto se reconoce la posibilidad del control constitucional de los actos emitidos fuera del procedimiento judicial que también pueden vulnerar derechos fundamentales de las personas; no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias a la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de autoridad judicial realizados fuera de juicio, se dispuso que el juicio de amparo indirecto únicamente procederá en contra de la resolución definitiva dictada en el procedimiento de remate respectivo, esto es la última resolución que se dicta. Luego, a fin de otorgar claridad y certeza en el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, el legislador pormenorizó qué debe entenderse por última resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia, y por ello estipuló que la última resolución tratándose de actos emitidos fuera de juicio o después de concluido éste debe ser entendida como aquélla que: i. aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o ii. declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o iii. las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Ahora, en el caso de interponer juicio de amparo indirecto en contra de esas resoluciones la parte quejosa podrá hacer valer conceptos de violación en contra de vicios en el procedimiento del cual haya emanado la última resolución emitida fuera de juicio, siempre que éstos trasciendan su resultado. Se observa que, tratándose de actos de remate, el legislador en aras de claridad y certeza fue incluso más específico precisando que la última resolución del procedimiento de remate es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pues es inconcuso que una vez que el bien inmueble sujeto a remate fue adjudicado y entregado materialmente a quien resultó vencedor del remate, no hay posibilidad de emitir acto posterior que retrotraiga o modifique los efectos del remate, luego entonces, el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto permanecerá como definitivo, lo que a la par asegura que el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio de instancia que en el caso se materializa en el remate del bien inmueble se haya agotado en su totalidad. Lo anterior, refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto, pues de forma clara pretende dos objetivos, el primero consiste en asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución emitida fuera del juicio -remate- por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo, pues al limitar la procedencia del amparo a la última resolución emitida en la etapa de ejecución se garantiza la efectividad del juicio de amparo indirecto evitando que el juicio constitucional quede sin materia; y de forma más destacada, como un segundo objetivo, el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto consistente en asegurar que la interposición del juicio de amparo sí es en contra de la última resolución del remate, a fin de evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales, esto es, evitar que se interpongan innumerables juicios de amparo que suspendan la continuidad del procedimiento de ejecución, así que, al establecer como requisito de procedibilidad del amparo el que únicamente procede en contra de la última resolución dictada fuera de juicio, se facilita la culminación del proceso de ejecución de sentencia, pues únicamente procede el amparo en contra del acto que en definitiva ponga fin al remate. En efecto, la razonabilidad de establecer el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto únicamente en contra de la última resolución emitida contra actos fuera de juicio, estriba en impedir que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente mediante la interposición sucesiva de juicios de amparo que impidan lograr la ejecución de una sentencia judicial Por tanto, esta Primera Sala advierte que el mismo objetivo pervive en la Ley de Amparo vigente, en la que destaca la intención del legislador de ser incluso más específico para efectos de dotar de claridad al requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que reguló la procedencia de la acción constitucional contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, distinguiendo como supuestos de actos susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, a aquéllos que actualicen el supuesto general de procedencia, referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido, y un supuesto de procedencia de actos específicos, referidos a: i) Actos emitidos en ejecución de sentencia y ii) actos emanados de procedimiento de remate. Así, en el caso de actos emitidos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo biinstancial únicamente procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien la que ordena el archivo definitivo del expediente, actos y resoluciones que sin duda ponen fin a la fase de ejecución de sentencia, por tanto, no es óbice que previamente a dichos actos las responsables emitan algún otro intermedio pues a través del amparo indirecto interpuesto en contra de la última resolución de ejecución, se permite al quejoso que en los conceptos de violación pueda reclamar las violaciones cometidas durante la fase del procedimiento de ejecución. Ahora, el legislador dispuso que tratándose de actos de remate, la acción constitucional sólo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y se ordene la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento, disposición que es la que provoca la contradicción de criterios denunciada, pues se dispuso la conjunción "y" lo que por un lado permite suponer que es hasta que se emitan ambas órdenes que se actualiza la última resolución del remate, y por otro lado también se tiene la posibilidad jurídica de concluir que toda vez que la orden de escrituración y la orden de entrega son efectos connaturales del acto de adjudicación, entonces es indistinto se emita una u otra para tener actualizada la última resolución del remate, máxime que como razonó el tribunal denunciado la entrega material es una consecuencia de la escrituración. (.) De ahí que, cuando el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, especifica que la última resolución del remate impugnable en amparo indirecto, es aquella que ordena la escrituración del bien inmueble sujeto a remate, y la orden de entrega del mismo, el juzgador federal debe considerar que basta se emita la orden de escrituración para actualizar la última resolución del remate, pues una vez firme la adjudicación, se tiene la posibilidad de ejecutar ambas órdenes y, por ende, el amparo indirecto resulta procedente. Se llega a la conclusión anterior, porque de considerar lo contrario, se trastocaría el sistema del juicio de amparo, de acuerdo a como está regulado en la Ley de Amparo vigente, pues se advierte que, incluso, en lo relativo a la suspensión del acto reclamado en el amparo, el artículo 151 de la mencionada ley, dispone que la suspensión del acto reclamado derivado de remates de inmuebles, ésta permitirá el curso del procedimiento, hasta antes de que se ordene la escrituración y entrega de los bienes al adjudicatario,(18) lo que corrobora lo que hasta aquí se ha sostenido, en el sentido que para que se actualice la última resolución del remate susceptible de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, basta que se ordene la escrituración del bien inmueble adjudicado, ya que la entrega de éste al adjudicatario, también consiste en un efecto connatural al acto de adjudicación. Sin ser óbice, que ambas órdenes, esto es, la de escrituración y entrega, puedan dictarse en el mismo proveído del tribunal o Juez, pues como se adelantó, en ese caso también se estaría frente a la última resolución del remate de bienes inmuebles en la fase de ejecución de sentencia, pues no se advierte regulación que exija que la orden de entrega del bien adjudicado, conste en el mismo proveído donde se ordena la escrituración del inmueble. De acuerdo a lo razonado, esta Primera Sala concluye que el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor, debe leerse en el sentido de que la última resolución del remate, constituye aquella que ordena la escrituración o bien la entrega del bien inmueble rematado, ya que ambas órdenes constituyen efectos connaturales al acto de adjudicación, de ahí que resulta indistinto se ordene únicamente la escrituración o bien la entrega del bien para estimar actualizada la última resolución del remate. Conclusión que se estima correcta al ser coherente con la razonabilidad que subyace al requisito impuesto por el legislador, el cual pretende resguardar el derecho a la tutela judicial efectiva, pues de considerar que es necesario emitir ambas órdenes -escrituración y entrega- para actualizar la última resolución del remate, puede suceder un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la responsable omita emitir la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial; y a su vez, imposibilitaría la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, obstaculizando el acceso a la justicia constitucional, por tanto el criterio jurídico interpretativo que debe prevalecer para la procedencia del juicio de amparo en actos derivados del procedimiento de remate, de acuerdo a la presente contradicción, es que el juicio de amparo es procedente contra la última resolución del remate, entendida ésta como la que de forma indistinta ordene la escrituración o entrega del bien inmueble adjudicado, ya sea en el mismo proveído o en uno distinto, pues al ser ambas consecuencias connaturales del acto de adjudicación es que materializan todos sus efectos y, por ende, ponen fin a la fase del remate (.)" Como se desprende de la anterior transcripción, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo mención a dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos dictados fuera de juicio o después de concluido, de la siguiente manera: Actos emitidos en ejecución de sentencia y, Actos emanados de procedimiento de remate. De modo que, respecto de actos emitidos en ejecución de sentencia, como acontece en la especie, el juicio de amparo indirecto únicamente procede contra la resolución que aprueba o declara la imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento, o bien la que ordena el archivo definitivo del expediente, actos y resoluciones que sin duda ponen fin a la fase de ejecución de sentencia; en estos casos, cualquiera de las partes puede reclamar las violaciones cometidas durante la fase del procedimiento de ejecución al momento de impugnar la última resolución, en tanto que guardan vinculación con esa resolución y trascienden a la misma. En el segundo supuesto, relativo a los actos dictados en el procedimiento de remate, el amparo indirecto procede contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, ordene la entrega de los bienes rematados, donde también podrá combatirse las violaciones que se cometieron durante este procedimiento. El propósito de estas reglas de procedencia en ambos supuestos (etapa de ejecución genérica y procedimiento de remate), es evitar el abuso de la tramitación del juicio de amparo, aunado al propósito de facilitar y agilizar la tramitación de la ejecución de sentencia en los procesos jurisdiccionales. En virtud de lo anterior, debe señalarse que resulta improcedente la demanda de amparo que nos ocupa, porque inicialmente la apoderada legal de los quejosos reclamó en esencia lo siguiente: "(.)LA FALTA TOTAL DE NOTIFICACIÓN del auto que señala y/o declara el incumplimiento del juicio hipotecario dentro del juicio civil número 177/20151 y ordena su ejecución, así como todos y cada uno de los actos realizados con posterioridad como lo es la liquidación, ejecución, adjudicación." Y como se advierte del escrito aclaratorio que se recibe, la promovente precisó que reclama: "(.) el mandato y la falta de notificación personal de los actos de ejecución como lo son la liquidación, ejecución, adjudicación e inscripciones ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como la inscripción y registro en el instituto catastral del estado de Sinaloa, delegación Los Mochis, Sinaloa, reclamándole a la autoridad responsable el C. JUEZ PRIMERO, DE PRIMERA INSTANCIA, DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA, con domicilio ampliamente conocido en Avenida Lázaro Cárdenas 891, Centro Sinaloa, Culiacán Rosales, Sinaloa, en su carácter de ORDENADORA, el mandato de lo antes señalado y a las segundas autoridades señaladas como responsables CC. ACTUARIOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y CUARTO ADSCRITOS A LA COORDINACIÓN DE ACTUARIOS DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA, con domicilio ampliamente conocido en Avenida Lázaro Cárdenas 891, Centro Sinaloa, Culiacán Rosales, Sinaloa, en su carácter de EJECUTORA, se les reclama la ejecución de dicho mandato como lo es la falta de notificación personal de los actos de ejecución como lo son la liquidación, ejecución, adjudicación e inscripciones ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como la inscripción y Registro En El Instituto Catastral Del Estado De Sinaloa, Delegación Los Mochis, Sinaloa. (.)." Ahora, para entender mejor el presente acuerdo de desechamiento, resulta importante atender a las manifestaciones hechas por la promovente de amparo, en su capítulo de "ANTECEDENTES", en donde adujo, lo siguiente: "(.)1. Que con fecha 30 de junio de 2021, se apersonaron en el domicilio de mis representados ubicado en calle Fidel Velázquez número 2432, fraccionamiento Campanario, de esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, unas personas que manifestaron que venían del juzgado primero de primera instancia del ramo civil, del distrito de Culiacán, que venían a ver el estado físico del citado inmueble ya que en la ciudad de Culiacán, se estaba ventilando un juicio de tipo civil con número de expediente 177/2015, y que se habían quedado y o bien adjudicado unas personas el inmueble de mis representados antes citado, y que les daban unos días a mis representados para que les entregara dicho inmueble, sin dar mayores datos, por lo que la suscrita en fecha 15 de julio de 2021, me constituí en la ciudad de Culiacán, precisamente ante el juzgado PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA, con domicilio ampliamente conocido en Avenida Lázaro Cárdenas 891, Centro Sinaloa, Culiacán Rosales, Sinaloa, y al pedir o bien solicitar dicho expediente a la señorita del archivo, esta me informó y corroboro que efectivamente en ese juzgado se estaba llevando a cabo un juicio en contra de mis representados con el número de expediente 177/2015 y que no me podía dar mayores datos, ya que no contaba con personalidad en dicho juicio y al cual como señalo jamás mis representados han sido notificados del auto que señala y/o declara el incumplimiento del juicio hipotecario dentro del juicio civil número 177/2015, y ordena su ejecución, así como todos y cada uno de los actos realizados con posterioridad como lo es la liquidación, ejecución, adjudicación e inscripciones ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como la inscripción y registro en el instituto catastral del estado de Sinaloa, delegación Los Mochis, Sinaloa, al mismo ni por mi conducto, resultando extraño que no se lleve a cabo dicho juicio en esta ciudad que es donde se encuentra ubicado dicho inmueble. (.)." [Énfasis añadido] Como se puede observar, el reclamo en esta instancia se relaciona con diversas actuaciones del procedimiento de ejecución, en principio, la omisión de notificar a los quejosos -en su calidad de demandados en el juicio hipotecario de origen- la determinación concerniente al incumplimiento de lo resuelto en tal juicio y, asimismo, los actos subsecuentes dentro de dicho procedimiento, como los son, la liquidación, adjudicación e inscripción del inmueble materia de la controversia en el Registro Público de la Propiedad; esto es, no se reclama en este procedimiento constitucional la última determinación emitida en el procedimiento de ejecución de la sentencia que resolvió en definitiva del juicio de origen. En efecto, la apertura del procedimiento de ejecución, su falta de notificación, así como de las determinaciones o actuaciones subsecuentes dentro de dicho procedimiento, no son impugnables en esta vía de amparo indirecto, porque no encuadran en los supuestos de procedencia tratándose de los procedimientos de ejecución de sentencia, esto es, no se trata de resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, tampoco se trata de aquella que ordena el archivo definitivo del expediente, ello de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En efecto, se reclaman a las responsables actos derivados del procedimiento de ejecución en el juicio natural, pero no se observa que se reclame el auto que en forma definitiva tiene por cumplida la sentencia, o declara la imposibilidad material o jurídica de su cumplimiento, o su archivo definitivo; y este hecho se traduce en que no se ubique en el supuesto normativo previsto en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, que sea la última resolución dentro del procedimiento de ejecución de sentencia; por el contrario, una vez materializada la última resolución dictada en el procedimiento respectivo (cumplimiento forzoso), será el momento en el cual el promovente de amparo podrá hacer valer todas las violaciones comeditas durante ese procedimiento de ejecución de sentencia que les haya dejado sin defensa y que hubiesen trascendido al resultado de la resolución o resoluciones, en su caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.32/2001, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, correspondiente al mes de abril de dos mil uno, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Conviene recalcar, la citada jurisprudencia es perfectamente aplicable al caso concreto, porque, como se puede advertir, el Alto Tribunal de la Nación determinó que, por última resolución, debía entenderse como "aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento", tal como lo dispone el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; por lo que es dable afirma que el legislador, al momento de la creación de la norma y a fin de dotar de alcance y contenido a la misma, incorporó la interpretación que el Máximo Tribunal del país, había hecho con antelación respecto del término "última resolución", añadiendo, únicamente un tercer supuesto, como es el auto donde se ordena el archivo definitivo. Dicho de otra forma, tanto la ley de amparo vigente, como la citada jurisprudencia, son acordes en establecer que por última resolución, debe entenderse, en lo que interesa, como "aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado". En las relatadas condiciones, este Juzgado de Distrito considera que respecto de lo reclamado en este amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por tanto, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de derechos fundamentales. Habilitación de días y horas inhábiles. Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.

  3. Principal

    Registro e integración de expediente. Se tiene por recibido el escrito de demanda suscrita por Gwendolyn Jeaneth Almeida Espinoza, como apoderada legal de Hugo Osvaldo Trasviña Chinchillas y Briseida Ruiz Ávila; fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno relativo a los juicios de amparo con el número 458/2021-3A; y, atento al contenido se provee: Personería. Se tiene por reconocida la personalidad con la que se ostenta Gwendolyn Jeaneth Almeida Espinoza, como apoderada legal de los quejosos Hugo Osvaldo Trasviña Chinchillas y Briseida Ruiz Ávila, en términos del poder notarial 8,988, de veintidós de julio de dos mil cinco, pasado ante fe de la Licenciado Antonio Óscar Ojeda Benítez, Notario Público Número Ciento Seis en el Estado de Sinaloa, en ejercicio dentro del Municipio de Ahome, que acompaña a su demanda. Prevención. Previo a acordar respecto a la procedencia o no de la demanda planteada, este órgano jurisdiccional considera necesario hacer las siguientes acotaciones: El artículo 108 de la Ley de Amparo, en sus fracciones I a VIII, establece diversos requisitos elementales que debe contener la demanda de amparo para su presentación, los cuales a continuación se enumeran: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esa Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. Asimismo, el diverso ordinal 114 de la ley de la materia, faculta al órgano jurisdiccional que conozca de un escrito de demanda, para requerir al promovente de amparo a fin de que aclare el citado ocurso, señalando con precisión, en el proveído que recaiga al respecto, deficiencias, irregularidades u omisiones que deban subsanarse, para ello establece cuando se surten dichos supuestos, como son: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. En el entendido que de no subsanar tales deficiencias, irregularidades u omisiones, en el plazo que para tal efecto establece la ley, se tendrá por no presentada la demanda, lo anterior, salvo lo previsto en el artículo 110 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo promovida por Hugo Osvaldo Trasviña Chinchillas y Briseida Ruiz Ávila, por conducto de su apoderada legal Gwendolyn Jeaneth Almeida Espinoza, se advierte que la misma no cumple cabalmente con lo exigido por las fracciones IV y V, del artículo 108, de la Ley de Amparo. En efecto, como se observa del escrito de demanda la parte quejosa, señala como autoridades responsables, las que a continuación se indican: "(.) AUTORIDADES RESPONSABLES: - C. JUEZ PRIMERO, DE PRIMERA INSTANCIA, DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA, con domicilio ampliamente conocido en Avenida Lázaro Cárdenas 891, Centro Sinalba, Culiacán Rosales, Sinaloa, en su carácter de ORDENADORA. - CC. ACTUARIOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y CUARTO ADSCRITOS A LA COORDINACION DE ACTUARIOS DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA, con domicilio ampliamente conocido en Avenida Lázaro Cárdenas 891, Centro Sinaloa, Culiacán Rosales, Sinaloa, en su carácter de EJECUTORA. (.)." Asimismo, señala como actos reclamados los siguientes: "(.) IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: 1.- A las autoridades señaladas como responsables se reclama, la continuación, por el supuesto incumplimiento del juicio hipotecario del juicio civil número 177/2015, en ejecución, supuestamente declarada al 18 de mayo de 2018, por la autoridad responsable. 2.- Se le reclama LA FALTA TOTAL DE NOTIFICACIÓN del auto que señala y/o declara el incumplimiento del juicio hipotecario dentro del juicio civil número 177/20151 y ordena su ejecución, así como todos y cada uno de los actos realizados con posterioridad como lo es la liquidación, ejecución, adjudicación e inscripciones ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como la inscripción y registro en el instituto catastral del estado de Sinaloa, delegación Los Mochis, Sinaloa, (.)." Asimismo, del capítulo denominado "V. ANTECEDENTES", se aprecia, en lo que interesa, que la promovente manifestó bajo protesta de decir verdad que el treinta de junio de este año, se apersonaron en el domicilio de sus representados personal del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, del distrito de Culiacán, quienes manifestaron que venían a ver dicho inmueble ya que en la ciudad de Culiacán, se estaba ventilando un juicio de civil número 177/2015, en el que se adjudicaron a unas personas dicho inmueble, y que les daban unos días a sus representados para que hicieran la entrega del mismo, sin dar mayores datos, por lo que el quince de julio del año en curso, la promovente acudió al referido juzgado en la ciudad de Culiacán, y al solicitar dicho expediente al personal del archivo, quien le informo que efectivamente en ese juzgado se estaba llevando un juicio contra sus representados con número de expediente 177/2015 y que no le podían dar mayores datos, pues no contaba con personalidad en dicho juicio; asimismo, señaló que sus representados jamás han sido notificados del auto que declara el incumplimiento del juicio hipotecario dentro del juicio civil número 177/2015 y ordena su ejecución, así como todos y cada uno de los actos realizados con posterioridad como lo es la liquidación, ejecución, adjudicación e inscripciones ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, resultándole extraño que no se lleve a cabo dicho juicio en esta ciudad que es donde se encuentra ubicado dicho inmueble. Lo anterior, genera incertidumbre a este órgano jurisdiccional, pues en primer término se advierte que los quejosos no señalan de forma concreta y específica los actos que les reclaman a cada una de las autoridades responsables conforme a sus atribuciones y funciones que tienen encomendadas por las leyes que rigen sus actos, ya que su señalamiento lo hace de forma genérica; además, si bien refiere reclamar diversos actos en ejecución de sentencia no se aprecia en concreto cual es el acto reclamado en esta instancia, lo que tampoco se puede advertir de su narrativa de hechos pues en la misma no hace referencia a los antecedentes más relevantes relativos al juicio civil número 177/2015, ni informa su estado procesal, siendo que de la consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) del expediente electrónico relativo al juicio de amparo 68/2018, de nuestro índice, se advierte que a los aquí quejosos les recae el carácter de demandados en el juicio civil hipotecario 177/2015, lo cual constituye para este órgano jurisdiccional un hecho notorio en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Seminario Judicial de la Federación, en el Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, Décima Época, materia común, con registro digital 2017123, que dispone: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Por tanto, previo a proveer sobre la admisión o no de la demanda, con fundamento en los artículos 108, 112 y 114, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente: a) Indique, con precisión qué actos en concreto reclama a cada una de las autoridades señaladas como responsables conforme a sus atribuciones y funciones que tienen encomendadas por las leyes que rigen sus actos, en razón de que no se advierte con claridad el acto en específico que reclama en la etapa de ejecución del juicio de origen. Lo anterior, constituye una obligación para la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 108 de la Ley de Amparo, siendo necesario a fin de fijar correctamente la litis en el presente asunto. De lo contrario se rompería el equilibrio procesal que debe imperar en el juicio, pues se dejaría en estado de indefensión a las responsables porque desconocerían los actos o abstenciones concretas que les imputa el agraviado; máxime cuando el señalamiento es genérico e impreciso, como en el caso que nos ocupa. Toda vez que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de actos ciertos y determinados, y no así de actos genéricos o imprecisos. Sirve de apoyo a la anterior determinación, por identidad de razón, la tesis número XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el Tomo III, Marzo de 1996, página 871, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." Así como la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, consultable en el Volumen 18, Tercera Parte, página 159, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.". b) Abunde bajo protesta de decir verdad, en los antecedentes que guardan relación directa con el acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, esto es, indique las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se suscitaron de manera más clara, precisa y concreta, haciendo referencia a los antecedentes más relevantes del juicio civil número 177/2015, en el que los quejosos figuran como demandados, así como el estado procesal que guarda dicho asunto; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 108 de la Ley de Amparo. c) Exhiba copias necesarias del escrito aclaratorio y anexos con el que desahogue la presente prevención para emplazar a las partes y aperturar el incidente de suspensión. Es aplicable, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia P./J. 35/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el Tomo XIII, de Abril de 2018, página 79, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia contenida en la tesis P./J.36/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el Tomo XIII, Abril de 2001, página 79, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO.". Se apercibe a la parte quejosa, que de no desahogar los incisos a) y b) de la presente prevención, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo; y respecto del punto c) en caso de que falten las copias necesarias para el incidente de suspensión, se postergará su apertura. Domicilio. De conformidad en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Fidel Velázquez número 2432, fraccionamiento Campanario, en esta ciudad. Exhortación a las partes. Por otra parte, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea ''juicio en línea'', quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Protección de datos personales. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento del promovente de medios preparatorios que tiene derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se niega a la publicación de éstos.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEOJSA Gwendolyn Jeaneth Almeida Espinoza, como apoderada legal de Hugo Osvaldo Trasviña Chinchillas y Briseida Ruiz Ávila EL PROVEÍDO DICTADO EL VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE;m Registro e integración de expediente. Se tiene por recibido el escrito de demanda suscrita por Gwendolyn Jeaneth Almeida Espinoza, como apoderada legal de Hugo Osvaldo Trasviña Chinchillas y Briseida Ruiz Ávila; fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno relativo a los juicios de amparo con el número 458/2021-3A; y, atento al contenido se provee: Personería. Se tiene por reconocida la personalidad con la que se ostenta Gwendolyn Jeaneth Almeida Espinoza, como apoderada legal de los quejosos Hugo Osvaldo Trasviña Chinchillas y Briseida Ruiz Ávila, en términos del poder notarial 8,988, de veintidós de julio de dos mil cinco, pasado ante fe de la Licenciado Antonio Óscar Ojeda Benítez, Notario Público Número Ciento Seis en el Estado de Sinaloa, en ejercicio dentro del Municipio de Ahome, que acompaña a su demanda. Prevención. Previo a acordar respecto a la procedencia o no de la demanda planteada, este órgano jurisdiccional considera necesario hacer las siguientes acotaciones: El artículo 108 de la Ley de Amparo, en sus fracciones I a VIII, establece diversos requisitos elementales que debe contener la demanda de amparo para su presentación, los cuales a continuación se enumeran: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esa Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. Asimismo, el diverso ordinal 114 de la ley de la materia, faculta al órgano jurisdiccional que conozca de un escrito de demanda, para requerir al promovente de amparo a fin de que aclare el citado ocurso, señalando con precisión, en el proveído que recaiga al respecto, deficiencias, irregularidades u omisiones que deban subsanarse, para ello establece cuando se surten dichos supuestos, como son: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. En el entendido que de no subsanar tales deficiencias, irregularidades u omisiones, en el plazo que para tal efecto establece la ley, se tendrá por no presentada la demanda, lo anterior, salvo lo previsto en el artículo 110 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo promovida por Hugo Osvaldo Trasviña Chinchillas y Briseida Ruiz Ávila, por conducto de su apoderada legal Gwendolyn Jeaneth Almeida Espinoza, se advierte que la misma no cumple cabalmente con lo exigido por las fracciones IV y V, del artículo 108, de la Ley de Amparo. En efecto, como se observa del escrito de demanda la parte quejosa, señala como autoridades responsables, las que a continuación se indican: "(.) AUTORIDADES RESPONSABLES: - C. JUEZ PRIMERO, DE PRIMERA INSTANCIA, DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA, con domicilio ampliamente conocido en Avenida Lázaro Cárdenas 891, Centro Sinalba, Culiacán Rosales, Sinaloa, en su carácter de ORDENADORA. - CC. ACTUARIOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y CUARTO ADSCRITOS A LA COORDINACION DE ACTUARIOS DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA, con domicilio ampliamente conocido en Avenida Lázaro Cárdenas 891, Centro Sinaloa, Culiacán Rosales, Sinaloa, en su carácter de EJECUTORA. (.)." Asimismo, señala como actos reclamados los siguientes: "(.) IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: 1.- A las autoridades señaladas como responsables se reclama, la continuación, por el supuesto incumplimiento del juicio hipotecario del juicio civil número 177/2015, en ejecución, supuestamente declarada al 18 de mayo de 2018, por la autoridad responsable. 2.- Se le reclama LA FALTA TOTAL DE NOTIFICACIÓN del auto que señala y/o declara el incumplimiento del juicio hipotecario dentro del juicio civil número 177/20151 y ordena su ejecución, así como todos y cada uno de los actos realizados con posterioridad como lo es la liquidación, ejecución, adjudicación e inscripciones ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como la inscripción y registro en el instituto catastral del estado de Sinaloa, delegación Los Mochis, Sinaloa, (.)." Asimismo, del capítulo denominado "V. ANTECEDENTES", se aprecia, en lo que interesa, que la promovente manifestó bajo protesta de decir verdad que el treinta de junio de este año, se apersonaron en el domicilio de sus representados personal del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, del distrito de Culiacán, quienes manifestaron que venían a ver dicho inmueble ya que en la ciudad de Culiacán, se estaba ventilando un juicio de civil número 177/2015, en el que se adjudicaron a unas personas dicho inmueble, y que les daban unos días a sus representados para que hicieran la entrega del mismo, sin dar mayores datos, por lo que el quince de julio del año en curso, la promovente acudió al referido juzgado en la ciudad de Culiacán, y al solicitar dicho expediente al personal del archivo, quien le informo que efectivamente en ese juzgado se estaba llevando un juicio contra sus representados con número de expediente 177/2015 y que no le podían dar mayores datos, pues no contaba con personalidad en dicho juicio; asimismo, señaló que sus representados jamás han sido notificados del auto que declara el incumplimiento del juicio hipotecario dentro del juicio civil número 177/2015 y ordena su ejecución, así como todos y cada uno de los actos realizados con posterioridad como lo es la liquidación, ejecución, adjudicación e inscripciones ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, resultándole extraño que no se lleve a cabo dicho juicio en esta ciudad que es donde se encuentra ubicado dicho inmueble. Lo anterior, genera incertidumbre a este órgano jurisdiccional, pues en primer término se advierte que los quejosos no señalan de forma concreta y específica los actos que les reclaman a cada una de las autoridades responsables conforme a sus atribuciones y funciones que tienen encomendadas por las leyes que rigen sus actos, ya que su señalamiento lo hace de forma genérica; además, si bien refiere reclamar diversos actos en ejecución de sentencia no se aprecia en concreto cual es el acto reclamado en esta instancia, lo que tampoco se puede advertir de su narrativa de hechos pues en la misma no hace referencia a los antecedentes más relevantes relativos al juicio civil número 177/2015, ni informa su estado procesal, siendo que de la consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) del expediente electrónico relativo al juicio de amparo 68/2018, de nuestro índice, se advierte que a los aquí quejosos les recae el carácter de demandados en el juicio civil hipotecario 177/2015, lo cual constituye para este órgano jurisdiccional un hecho notorio en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Seminario Judicial de la Federación, en el Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, Décima Época, materia común, con registro digital 2017123, que dispone: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Por tanto, previo a proveer sobre la admisión o no de la demanda, con fundamento en los artículos 108, 112 y 114, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente: a) Indique, con precisión qué actos en concreto reclama a cada una de las autoridades señaladas como responsables conforme a sus atribuciones y funciones que tienen encomendadas por las leyes que rigen sus actos, en razón de que no se advierte con claridad el acto en específico que reclama en la etapa de ejecución del juicio de origen. Lo anterior, constituye una obligación para la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 108 de la Ley de Amparo, siendo necesario a fin de fijar correctamente la litis en el presente asunto. De lo contrario se rompería el equilibrio procesal que debe imperar en el juicio, pues se dejaría en estado de indefensión a las responsables porque desconocerían los actos o abstenciones concretas que les imputa el agraviado; máxime cuando el señalamiento es genérico e impreciso, como en el caso que nos ocupa. Toda vez que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de actos ciertos y determinados, y no así de actos genéricos o imprecisos. Sirve de apoyo a la anterior determinación, por identidad de razón, la tesis número XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el Tomo III, Marzo de 1996, página 871, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." Así como la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, consultable en el Volumen 18, Tercera Parte, página 159, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.". b) Abunde bajo protesta de decir verdad, en los antecedentes que guardan relación directa con el acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, esto es, indique las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se suscitaron de manera más clara, precisa y concreta, haciendo referencia a los antecedentes más relevantes del juicio civil número 177/2015, en el que los quejosos figuran como demandados, así como el estado procesal que guarda dicho asunto; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 108 de la Ley de Amparo. c) Exhiba copias necesarias del escrito aclaratorio y anexos con el que desahogue la presente prevención para emplazar a las partes y aperturar el incidente de suspensión. Es aplicable, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia P./J. 35/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el Tomo XIII, de Abril de 2018, página 79, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia contenida en la tesis P./J.36/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el Tomo XIII, Abril de 2001, página 79, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO.". Se apercibe a la parte quejosa, que de no desahogar los incisos a) y b) de la presente prevención, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo; y respecto del punto c) en caso de que falten las copias necesarias para el incidente de suspensión, se postergará su apertura. Domicilio. De conformidad en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Fidel Velázquez número 2432, fraccionamiento Campanario, en esta ciudad. Exhortación a las partes. Por otra parte, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea ''juicio en línea'', quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Protección de datos personales. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento del promovente de medios preparatorios que tiene derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se niega a la publicación de éstos.

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