Hui Guo Xiao

Expediente 1409/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1409/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Hui Guo Xiao

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; diez de octubre de dos mil veintitrés. Vistos los autos y el escrito de cuenta signado por HUI GUO XIAO, por medio del cual interpone recurso de queja contra el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja en el sentido de que ES CIERTO que por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, este órgano federal desechó la demanda de la quejosa, por las razones que ahí se indicaron. En tal virtud, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda que obra agregada en los presentes autos y el escrito signado por HUI GUO XIAO, se advierte que desahoga la prevención que le fue realizada en auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, por lo que se tiene por presentada la demanda de amparo en contra de los actos que reclama del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, Dirección General de Transporte, Director Jurídico y Secretario, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública, todos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; que se hacen consistir en: ACTOS RECLAMADOS El despojo y retención del vehículo de la marca Chevrolet, tipo AVEO, PAQ. ISC./1S, modelo 2016, número de serie 3G1TB5AF1GL125456, sin número de motor y placas de circulación ZAN-802-A, del Estado de Yucatán; y, sus consecuencias. La multa económica de 500 UMAS (Unidad de Medida y Actualización) impuesta por el Director General de Transporte del Estado de Yucatán, a Daniel Magaña Pérez, conductor del vehículo. DESECHAMIENTO DE DEMANDA En principio, debe señalarse que conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, existen motivos manifiestos e indudables de improcedencia de la demanda de amparo, que conllevan a su desechamiento de plano. En efecto, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". DESECHAMIENTO RELATIVO A LOS ACTOS DE RETENCIÓN Y DESPOJO DEL VEHÍCULO En el caso particular se advierte de manera oficiosa, la causa de improcedencia a que se contrae la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los dispositivos 17 y 18 del mismo ordenamiento, consistente en la extemporaneidad en la presentación de la demanda constitucional; numerales que son del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De la lectura de la demanda de amparo, se obtiene, específicamente de los hechos primero, segundo y tercero, que la quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que, desde el seis de agosto de dos mil diecisiete tuvo conocimiento del despojo y retención del vehículo de la marca Chevrolet, tipo AVEO, PAQ. ISC./ 1S, MODELO 2016, número de serie 3G1TB5AF1GL125456, sin número de motor y placas de circulación ZAN-802-A, del Estado de Yucatán; sobre el cual recayó una sanción administrativa, consistente en una infracción, según el documento anexo a la demanda. Ahora bien, del citado numeral 18 se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la presentación de la demanda de amparo, los cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. En mérito de lo antes expuesto, de lo expresado por la promovente, se observa que tuvo conocimiento del despojo y retención del vehículo automotor desde el seis de agosto de dos mil diecisiete, sobre lo cual derivó una infracción como sanción administrativa, el plazo para presentar la demanda de amparo, transcurrió del ocho al veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, sin contar los días sábados y domingos, por ser inhábiles; mientras que la demanda de amparo fue presentada hasta el siete de septiembre de dos mil veintitrés. Lo anterior es así, tomando en consideración que el día seis de agosto de dos mil diecisiete fue domingo, y por tanto, el acto de autoridad se tiene por hecho el día siguiente hábil, que fue el siete de agosto de dos mil diecisiete, es por ello que el cómputo correspondiente comenzó a contar el ocho de agosto de dos mil diecisiete, como ya se precisó. En este sentido, resulta extemporánea la demanda de amparo que se atiende respecto a los actos reclamados relativos a la retención y despojo del automotor; toda vez que se presentó fuera del plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose por ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la ley de la materia, lo que obliga a desechar la demanda por notoriamente improcedente, con apoyo en el trascrito numeral 113 de la propia ley. DESECHAMIENTO RELATIVO A LA MULTA Ahora bien, por lo que se refiere a la multa económica que reclama la parte promovente, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, relativa al principio de definitividad, numeral el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; .". De lo anterior, se obtiene que, para la actualización de esta causa de improcedencia, se requiere que: I. El juicio de amparo se promueva contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; y, II. Siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Se considera que la parte quejosa, previo al amparo, debió acudir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, por lo siguiente. El artículo 482 de la Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, se refiere a la interposición del recurso de revisión, según se observa: "Artículo 482. En contra de las sanciones que se impongan por violaciones la Ley y este Reglamento, procede el Recurso de Revisión que se interpondrá ante el Juez de Vialidad que las haya impuesto. El procedimiento y la forma para interponer el recurso de revisión, se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán." Asimismo, el artículo 1° de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, establece lo siguiente: "Artículo 1. Esta Ley tiene como objeto regular los actos y procedimientos administrativos previstos en las diversas disposiciones legales vigentes y establecer un único recurso para impugnar los actos administrativos que causen agravio a los particulares, y sus disposiciones son aplicables a: I.- Los actos y procedimientos administrativos que realicen los órganos de la administración pública centralizada del Estado de Yucatán; II.- Los actos y procedimientos administrativos que realicen las entidades de la administración pública paraestatal del Estado de Yucatán, respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que presten de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el propio Estado a través de una paraestatal, y III.- La actuación de los particulares ante la Administración Pública del Estado. IV.- Esta Ley podrá ser aplicada por la administración pública municipal centralizada y paramunicipal en el Estado de Yucatán, en ausencia de disposiciones administrativas de observancia general emitidas por la misma, de conformidad con el artículo 177 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán." Por su parte, el diverso artículo 126 de la ley citada, establece: "Artículo 126.- Contra los actos y resoluciones de las dependencias y entidades, que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, los particulares podrán interponer el recurso administrativo de revisión. Será optativo para el particular agotar el recurso administrativo de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. Contra la resolución definitiva que se emita en el recurso administrativo de revisión, el afectado podrá acudir en juicio contencioso administrativo ante el Tribunal." En ese orden de ideas, de los preceptos recién transcritos se obtiene que de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, contra las sanciones que se impongan por violaciones a la Ley de Tránsito y su Reglamento, procede el recurso administrativo de revisión o bien el juicio contencioso del cual corresponde conocer al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán. Con lo anterior, se tiene la posibilidad de instar un juicio en el que se nulifique el acto impugnado, pues el artículo 59 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, establece que cuando se demande la nulidad de una resolución, las sentencias que declaren fundada la pretensión del actor dejarán sin efecto el acto impugnado y fijarán en su caso, el sentido de la resolución que deba dictar la autoridad responsable, para salvaguardar el derecho afectado. Ahora, en cuanto a si la suspensión en dicho medio de defensa se puede conceder en los términos que prevé la Ley de Amparo, sin establecer un mayor plazo para su resolución o mayores requisitos, se tiene que: Los artículos 16, 23 y 24 de la referida Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, establecen: "Artículo 16. El Tribunal admitirá la demanda tan luego le sea presentada, desechándola en los casos siguientes: I.- Si encontrare motivo manifiesto o indudable de improcedencia. II.- Siendo oscura o irregular, cuando habiendo prevenido al actor para subsanarla, no lo hiciere en el plazo de cinco días. Contra los actos de desechamiento a que se refiere este artículo, procede el recurso de reclamación." "Artículo 23. La suspensión de los actos impugnados, deberá acordarse por el Magistrado en el mismo auto en que admita la demanda haciéndolo saber, sin demora, a la autoridad demandada, para su cumplimiento." "Artículo 24. La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncie sentencia. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés social o si se contravienen disposiciones de orden público. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios únicamente cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por la autoridad administrativa, o bien cuando a juicio del Magistrado sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. Cuando los actos materia de impugnación hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y, entre tanto se pronuncie la resolución que corresponda, el Tribunal podrá dictar las medidas que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que no se lesionen derechos de terceros. La suspensión estará vigente durante la tramitación del procedimiento contencioso administrativo; no obstante podrá ser revocada por el Tribunal, en cualquier momento del juicio, si varían las condiciones en las cuales se otorgó." Por otra parte, el artículo 147 de la Ley de Amparo establece que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, de modo que se pueden establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. También prevé que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y de ser jurídica y materialmente posible, se restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho vulnerado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En ese contexto, de tales dispositivos, se desprende que el Tribunal Contencioso Administrativo admitirá la demanda tan luego le sea presentada, y en el mismo auto deberá acordarse la suspensión de los actos impugnados y que, inclusive, puede darle efectos restitutorios; en consecuencia, se debe concluir que la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión. Razones por las que, en seguimiento a lo ya determinado por el Tribunal Colegiado referido, se considera que la parte quejosa no está exenta de observar el principio de definitividad. Ello, dado que contra la multa económica de 500 UMAS (Unidades de Medida de Actualización) impuesta por el Director General de Transporte del Estado de Yucatán, procede el recurso administrativo de revisión o bien el juicio contencioso del cual corresponde conocer al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán. En consecuencia, se actualiza en la especie el motivo de improcedencia aquí analizado, previsto en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, concerniente al principio de definitividad. CONCLUSIÓN En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia invocadas, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte promovente y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado ROGELIO EDUARDO LEAL MOTA, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario con quien actúa, el licenciado Karlos David Moreno Sequera. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos que legamente procedan, el oficio número ******************** y su anexo, signado por el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que remite a este Juzgado Federal, con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio, del cual se desprende que el veinticinco de agosto del año en curso, tuvo verificativo la diligencia de peritaje en materia grafoscópica, en las Instalaciones de la institución bancaria involucrada, con sede en la Ciudad de México. Por tanto, se advierte que la sentencia ejecutoria se encuentra en vías de ejecución. Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; once de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por HUI GUO XIAO; se le tiene solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, Dirección General de Transporte, Director Jurídico y Secretario, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública, todos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, como facultad exclusiva del juzgador federal, se hacen consistir en: ACTOS RECLAMADOS a) El despojo y retención del vehículo de la marca Chevrolet, tipo AVEO, PAQ. ISC./1S, modelo 2016, número de serie 3G1TB5AF1GL125456, sin número de motor y placas de circulación ZAN-802-A, del Estado de Yucatán; y, b) Cualquier sanción administrativa que tenga relación u origen con los antecedentes del acto reclamado anteriormente señalado. FORMACIÓN EXPEDIENTE Y REGISTRO Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1409/2023-IV-B, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. PREVENCIÓN Ahora bien, a fin de estar en aptitud de acordar lo que legalmente corresponda en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, 108, fracción IV, 110, 112 y 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DIAS, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído, aclare su demanda en los siguientes términos: Indique con claridad y precisión el acto reclamado identificado con el inciso b), en este proveído, y que señala en la demanda como cualquier sanción administrativa que tenga relación u origen con los antecedentes del diverso acto reclamado relativo al despojo retención del vehículo que defiende. Lo anterior, ya que el señalamiento que realiza la parte amparista resulta genérico y ambiguo, lo que impide a este órgano jurisdiccional realizar su análisis preliminar de manera adecuada, ya que es menester que el acto de autoridad sea concreto, real, y actual; de ahí la necesidad de que se indique claramente qué sanción administrativa es la que reclama. En el entendido que la aclaración que realice a la presente prevención, no representa una oportunidad para que la parte quejosa pueda subsanar, modificar o ampliar su demanda en cuanto a hechos, actos o conceptos de violación que no fueron materia del ocurso inicial; por lo que deberá constreñirse a atender lo saquí solicitado. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con el requerimiento hecho con anterioridad dentro del plazo otorgado, no se tendrá tal acto como reclamado -inciso b)- y únicamente se atenderá la demanda de amparo sobre el acto señalado con el inciso a), consistente en el despojo y retención del automotor de mérito. REQUERIMIENTO DE COPIAS También, se hace la precisión a la parte quejosa que deberá exhibir seis copias de su escrito aclaratorio, para correrle debido traslado a las partes; en razón de que cuatro copias son para las autoridades responsables, una para el incidente de suspensión y otra más para la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado; de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la ley de la materia. Apoya lo anterior, la tesis P./J. 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 79, registro 189977, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." DOMICILIO Y AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda de amparo, y como su autorizado a José Luis Euan Ortegón, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. DESIGNACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO En cuanto al señalamiento del correo electrónico jorgeluiseuan@hotmail.com y el número de teléfono, se tienen por proporcionados, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en caso de ser necesarias, sin que haya lugar a tenerlos como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRONICO Y NOTIFICACIONES ELECTRONICAS Por otro parte, en cuanto a la solicitud que realiza de acceso al expediente electrónico del presente juicio, toda vez que proporciona el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo y en los numerales 35, 36, 38, 55, 57, 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se otorga autorización al usuario "Luisortegon32", para que tenga acceso a la consulta del expediente electrónico y se le realicen las notificaciones vía electrónica, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, proceda el Secretario a efectuar las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL JUICIO EN LÍNEA En atención a lo indicado en el apartado tercero, articulo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General indicado en párrafos precedentes, se exhorta a demás las partes, si no lo han hecho, a que continúen, o en su momento transiten a la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y autorizar se reciban las notificaciones vía electrónica; debiendo obtener para tal efecto su firma electrónica en términos de lo que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. PERMISIBILIDAD DE USO DE APARATOS DE REPRODUCCIÓN De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. OBTENCIÓN DE CONSTANCIAS CON EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. DISPOSICIÓN RESPECTO A LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa; y cúmplase.

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