Humberto Augusto Contreras Chavez

Expediente 1821/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 21 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1821/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
28/01/2022

Partes del expediente

  • Esteban Contreras Montañez
  • Humberto Augusto Contreras Chavez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de diez de enero de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente sumario, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos incidentales, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado estado la determinación señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos la totalidad de los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó el sobreseimiento fuera de audiencia a las autoridades responsables foráneas, ya que dicha resolución sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto atribuido a las autoridades señaladas como responsables, siendo que en relación dichas autoridades, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrán interponer recurso de revisión en contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad en que su acto subsista. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso a), de la fracción I, del artículo 18 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del citado precepto. En términos de lo dispuesto en el inciso a), de la fracción II, del artículo 20 del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el artículo 23 del referido acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz. Doy fe.

  2. Incidental

    Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1821/2021-III-B, promovido por ********************, como representante del menor ********************; y, RESULTANDO PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo, ********************, como representante del menor ********************, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclamó del 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 2. Titular de la Secretaría de Salud, 3. Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, 4. Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, todos con sede en la Ciudad de México; así como del 5. Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, 6. Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán; 7. Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación VS. COVID-19 "Operativo Correcaminos" con sede en Yucalpetén, Yucatán; 8. Coordinador de Brigadas Especial del Estado de Yucatán, y 9. Delegado en el Estado de Yucatán de la Secretaría del Bienestar, ambos también con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo dictado en el juicio principal el once de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. TERCERO. En diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia incidental, únicamente respecto a las autoridades locales y se difirió respecto a las diversas foráneas, señalándose fecha y hora de audiencia para este día, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que precede, previos diferimientos. CONSIDERACIONES PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, los cuales hizo consistir en: a) La omisión de aplicar de manera congruente con el mandato presidencial de acudir a clases presenciales llueve, truene o relampaguee, a partir del día 30 de agosto de este año, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, y dejar de ordenar que respecto a los niños de 12 a 18 años, se aplique la vacuna BioNTech, Pfizer a las quejosas, con sus dos dosis, ante la eminente entrada al ciclo escolar 2021-2022, que inició el 30 de Agosto de 2021, bajo el interés superior de la niñez, para tutelar, proteger y garantizar los derechos a la salud, a la vida, a la educación, a la prevención y su concreción, en gran porcentaje, en condiciones de mínimo contagio, o que no tenga complicaciones graves que mermen su salud e incluso que le provoquen su muerte, por la variante DELTA que aqueja a nuestro Estado o cualquiera otra, que como derechos humanos reconocidos a nivel nacional e Internacional no admiten excepciones discriminatorias. b) La omisión de llamar, informar y/o notificar al menor, de manera urgente e inmediata, el lugar, horario y fecha en que se le aplicarán las dosis de la vacuna autorizadas, ante el inicio de clases presenciales, desde el día treinta de agosto de este año en la Ciudad de Mérida, Yucatán. c) La discriminación sin sustento ante el derecho a la vida, a un desarrollo integral en la medida de lo posible y salud con violación del interés superior de la niñez, objetivamente transgredido, independientemente o no de que haya clases presenciales. d) Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que las quejosas no haya recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19 y su variante Delta, por lo tanto, peligre y esté en riesgo inminente su salud y su vida; pues cada día es un día más de riesgo, ante las omisiones que se señalan, además de que como ciudadanos de la República, tienen derecho a la preservación de su vida y de su salud, sin discriminación por motivo de no ser personal integrante del sector salud y/o médico de México y/o de un grupo etario determinado y/o dentro de un esquema de vacunación y/o porque no tengan una enfermedad que los pueda agravar para el caso de contagiarse con este virus. SEGUNDA. Son ciertos los actos reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Titular de la Secretaría de Salud, Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud y Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, todas con sede en la Ciudad de México, así como al Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación contra Covid-19 Operativo Correcaminos, con sede en Yucalpetén, Yucatán, toda vez que a la fecha no se tiene conocimiento de que hubieren rendido sus informes previos, no obstante de encontrarse debidamente notificadas para ello; por lo que únicamente para efectos de la suspensión opera en su contra la presunción de certeza prevista en el artículo 142 de la Ley de Amparo. Cabe citar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en la página 2357 del Tomo CXXI del Semanario Judicial de la Federación, registro 317630, que indica: "INFORME PREVIO, FALTA DE. La falta de informe previo establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, tan sólo para los efectos de la suspensión, según lo previene el artículo 132 de la Ley de Amparo, pero no con respecto al fondo del negocio." TERCERA. Sin embargo, no obstante la certeza del acto reclamado, del análisis de las constancias que integran el juicio de amparo del que deriva este incidente, se aprecia que el diez de enero pasado se sobreseyó fuera de audiencia en dicho controvertido constitucional, ya que cesaron los efectos del acto reclamado, pues se aplicaron al menor quejoso las dos dosis de la vacuna Pfizer BIOnTech; por tanto, es evidente que no existe materia para analizar la medida cautelar solicitada, por lo que lo procedente es negar la suspensión definitiva. En el entendido que la determinación de quedar sin materia el presente incidente no deriva del sobreseimiento decretado sino del hecho de que ya le ha sido aplicado al menor quejoso el esquema completo de vacunación, relativo al acto reclamado; por lo que ya no existe materia sobre la cual pronunciarse en el incidente de suspensión. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se NIEGA al menor quejoso ******************** la suspensión definitiva que solicitó contra los actos que atribuyó a las responsables y por el motivo expresado en la última consideración de esta sentencia incidental. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; diez de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos para los efectos legales condignos, el escrito de ********************, representante del menor ********************, en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que le fueron aplicadas al indicado menor, las dos dosis de la vacuna de Pfizer BIOnTech; circunstancia que actualiza una causal de improcedencia cuyo estudio es de orden público y de carácter oficioso. Por tanto, este órgano federal se encuentra obligado a tomar tal manifestación en consideración y al efecto se provee: En efecto, de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado, por los motivos que a continuación se exponen. La invocada fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la parte quejosa reclamó de las responsables, en esencia, la omisión de aplicar la vacuna BioNTech, Pfizer, para la prevención del SARS-CoV-2, COVID-19 al menor de edad ********************, al encontrarse dentro del parámetro de los 12 a los 18 años, no obstante el mandato Presidencial de que a partir del día treinta de agosto de dos mil veintiuno, se regrese a clases presenciales a fin de cumplir el ciclo escolar 2021-2022, lo que pone en riesgo su salud. Sin embargo, del contenido de las manifestaciones vertidas por la promovente, se aprecia que ya se aplicaron al menor quejoso las dos dosis de la vacuna Pfizer BioNTech. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran en el estado que se encontraban anteriormente, como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata respetando de esa forma la autoridad responsable el derecho fundamental violentado cumpliendo con lo que él mismo exige, con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. No se inadvierte que la parte promovente no haya exhibido la documental relativa al certificado de vacunación del menor quejoso, pues las manifestaciones relativas las realizó bajo protesta de decir verdad y por ende, en el presente caso, son eficaces para tener por cierto su dicho. Esto, ya que el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, quien es el titular de la acción y en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado, por lo que a éste le constan los hechos ocurridos, relacionados con el acto reclamado; y, por ende dicha protesta genera certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al presente sumario. Además, no obsta a lo anterior que el derecho que en el presente sumario se aduce violado es el relativo a la salud de un menor, circunstancia relevante a la luz del principio de interés superior de éste; empero, tomando en consideración que el acto reclamado se delimitó al servicio prestacional relativo a la vacuna del menor quejoso, es evidente que con la conducta desplegada por las responsables correspondientes se destruye la conducta contumaz que originó el presente sumario y, por ende, se torna improcedente la acción intentada. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con tres minutos del veintiséis de enero de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público Federal adscrito y cúmplase.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán; cinco de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se advierte que hasta la presente fecha las autoridades responsables: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Titular de la Secretaría de Salud, Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud y Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, todas con sede en la Ciudad de México, no han rendido sus respectivos informes previos, requeridos mediante oficios 26784/2021, 26785/20210, 26786/2021 y 26789/2021 de once de octubre de dos mil veintiuno. Ahora, si bien, como fue informado por la Jefa de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial de la Federación en su oficio recibido por auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, los acuses postales de los indicados oficios remitidos a dichas responsables, ya fueron devueltos por la oficina postal a este Juzgado de Distrito; sin embargo, el domicilio de las referidas autoridades se ubica fuera de la residencia de este Juzgado y por razón de distancia, existe la posibilidad de que los informes previos correspondientes se encuentren en tránsito postal para su entrega. En consecuencia, es inconcuso que no se puede llevar a cabo la audiencia incidental que debería tener verificativo el día de hoy, por lo tanto se difiere ésta y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nueva hora y fecha para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

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