Hugo Rodrigo Dominguez Ostos

Expediente 24/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 30 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
24/2022
Año
2022
Actuaciones
30
Última actuación
02/08/2022

Partes del expediente

  • Director de la Policia Estatl de Investigacion
  • Hugo Rodrigo Dominguez Ostos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el catorce de julio de dos mil veintidós, transcurrió el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en su contra. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la sentencia señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó sentencia de que se trata a las autoridades responsables foráneas, ya que el mismo sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. Y en relación a la autoridad señalada como responsable, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrá interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en este asunto, toda vez que se sobreseyó el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, PUES SE NEGÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Acto continuo, se hace relación de todas y cada una de las constancias que integran los autos, y se da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. A lo anterior, la Secretaria Encargada del Despacho acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, y por rendidos los informes justificados que se ordenaron agregar con conocimiento de las partes. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS, el Secretario hace constar que ninguna de las partes presentó prueba alguna. A lo que la Secretaria Encargada del Despacho acuerda: en atención a la certificación Secretarial que antecede, en vista de que no existen pruebas de las partes, se declara cerrado el período de pruebas. En el de ALEGATOS, el Secretario da cuenta con el alegato ministerial signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado agregado en auto de tres de febrero del año actual, y se certifica que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. A lo anterior la Secretaria Encargada del Despacho acuerda: ténganse por formulados los alegatos de la Representante Social Federal, los cuales podrán ser tomados en consideración al resolverse el presente asunto; así como por realizada la certificación que antecede, por lo que se declara cerrado el período de alegatos. Finalmente, no habiendo diligencias por desahogar, se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente sentencia. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 24/2022-IV-A, promovido por HUGO RODRIGO DOMÍNGUEZ OSTOS; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y remitido el cinco de enero del año actual a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció HUGO RODRIGO DOMÍNGUEZ OSTOS, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que atribuyó a las autoridades: AUTORIDADES ORDENADORAS JUEZ PRIMERO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON SEDE EN MÉRIDA. JUEZ SEGUNDO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON SEDE EN MÉRIDA. JUEZ TERCERO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON SEDE EN PROGRESO, YUCATÁN, JUEZ CUARTO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON SEDE EN MÉRIDA, FISCAL GENERAL DEL ESTADO. DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA. DIRECTOR DE CONTROL DE PROCESOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. TITULAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. AUTORIDADES EJECUTORAS DIRECTOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE PANABA, YUCATÁN. DIRECTOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARÍA DE LA POLICÍA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN. DIRECTOR DE LA POLICIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN. SEGUNDO. Mediante proveído de seis de enero de dos mil veintidós, se registró la demanda con el número 24/2022-IV-A, y se admitió a trámite; se solicitó sus informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y previos diferimientos se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la cual se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. TERCERO. Por auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós, se dejaron de tener como autoridades responsables en este asunto a las siguientes: 4.- JUEZ CUARTO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, ACUSATORIO Y ORAL, y 8.- TITULAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA DE LA FISCALÍA GENERAL, AMBOS DEL ESTADO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, en razón de que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con la vista que se le hizo en proveído de trece de enero del año en curso. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se tiene que los actos reclamados consisten en: Las órdenes de aprehensión y detención, libradas en su contra; así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia de actos. Al rendir sus informes justificados las autoridades señaladas como responsables 1. JUEZ PRIMERO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON SEDE EN MÉRIDA (598), 2. JUEZ SEGUNDO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON SEDE EN MÉRIDA (605), 3. JUEZ TERCERO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON SEDE EN PROGRESO, YUCATÁN (3264), 5. FISCAL GENERAL DEL ESTADO (692), 6. DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (643), 7. DIRECTOR DE CONTROL DE PROCESOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (700), 9. DIRECTOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE PANABA, YUCATÁN (13556), 10. DIRECTOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN (600), 11. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (525), 12. SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARÍA DE LA POLICÍA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (706), 13. DIRECTOR DE LA POLICÍA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (710); NEGARON la existencia de los actos reclamados. Por lo que así debe tenerse, ya que de esa forma lo manifestaron expresamente dichas autoridades al rendir sus informes de ley, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar las negativas expresas de dichas autoridades. Apoya lo anterior, por el principio que contiene, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable con el Registro digital 217823, Octava Época, Materias Común, Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Diciembre de 1992, página 372, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y LA EJECUTORA LO ACEPTA, SIN PRECISAR QUIEN LO ORDENÓ. Acertadamente el juez de Distrito con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo sobresee en el juicio cuando las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados, niegan categóricamente el acto reclamado sin que el quejoso haya ofrecido prueba alguna para desvirtuar tal negativa, y el hecho de que la autoridad ejecutora reconozca que sí es cierto el acto reclamado, pero no precisa quién lo ordenó, por lo que si esta autoridad fue señalada como ejecutora y no como ordenadora y al negar éstas el acto reclamado decretando el juez Federal el sobreseimiento, lógico es que también debe dictarse respecto de la autoridad ejecutora". En tales condiciones, ante la negativa de las autoridades responsables respecto de los actos reclamados, procede decretar el SOBRESEIMIENTO por inexistencia de actos en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por HUGO RODRIGO DOMÍNGUEZ OSTOS, en contra de las autoridades señaladas en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO.- Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese una reimpresión de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, y del estado de autos, del que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado remitido por el Director de Seguridad Pública Municipal de Panabá, Yucatán, como se aprecia en proveído de trece de los corrientes. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan como nueva fecha y hora las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 54/2000, Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, en el IUS Intranet, que establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Director de Seguridad Pública Municipal de Panabá, Yucatán. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese y cúmplase.

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