Hugo Said Morales Rodríguez
Expediente 326/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 326/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 24/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Hugo Said Morales Rodríguez
- Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el proveído de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia dentro del expediente en que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Devuélvase al Juez responsable las documentales que allegó al presente asunto, mismas que obra en dos tomos de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización otorgada en oficio CCJ/ST/5333/2021, emitido por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA. EN MORELIA, MICHOACÁN, A PRIMERA HORA HÁBIL DEL SEIS DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIDOS, EL SUSCRITO LICENCIADO ALBERTO PONCE AVENDAÑO, ACTUARIO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO AL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, HAGO CONSTAR QUE SE NOTIFICÓ POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA HUGO SAID MORALES RODRIGUEZ EL PROVEÍDO Y/O RESOLUCIÓN DE 30 DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, TODA VEZ QUE NO SE PRESENTÓ A NOTIFICARSE ANTE EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL DE LA CITADA DETERMINACIÓN DENTRO DEL PLAZO DE DOS DÍAS HÁBILES, COMO SE LE COMUNICÓ EN EL AVISO DE 02 DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS, EL CUAL LE FUE FIJADO EN EL DOMICILIO PROCESAL; LO ANTERIOR ES ASÍ, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la sentencia interlocutoria de dieciséis de abril del año en curso, dictada en el incidente de providencia precautoria dentro del juicio ejecutivo mercantil 904/2020. Luego, en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Por tanto, en la especie, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/98, pronunciada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en el Tomo VII, página 210, de febrero de 1998 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Lo anterior revela que, al momento de promover la demanda de amparo (veintisiete de abril de dos mil veintiuno), existía el acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria. Luego, la autoridad responsable mediante oficio 2050/21, presentado el trece de octubre del año en curso, remitió diversas documentales en relación a que el aquí quejoso primero presentó un escrito dándose por pagado de todas las prestaciones reclamadas, luego la autoridad determinó requerirlo para que lo ratificara, por ello, el veintiocho de septiembre del año en curso, el aquí quejoso compareció ante la responsable a ratificar su escrito donde se daba por pagado de todas las prestaciones reclamadas. Virtud a lo anterior, en auto de seis de octubre del año en curso, la responsable tuvo al actor (aquí quejoso) dándose por pagado de todas las prestaciones reclamadas a la parte demandada, ordenó levantar el embargo trabado en bienes del demandado y determinó remitir el asunto al archivo por tratarse de un asunto concluido. Por lo que el suscrito estima que antes de la presentación de la demanda de amparo tenían vida jurídica los actos reclamados; sin embargo, durante la tramitación del juicio constitucional éstos dejaron de tener sus efectos, ya el quejoso manifestó que le fueron cubiertas todas las prestaciones que le demandó a su contraparte y ante tal situación desapareció el acto reclamado, que era la sentencia interlocutoria que resolvió la medida precautoria respecto del inmueble propiedad del demandado. Es por ello, que durante la tramitación del presente juicio de amparo, mediante acuerdo de seis de octubre del año en curso, la responsable tuvo a la parte actora, aquí quejosa, dándose por pagado de las prestaciones reclamadas y además levantó el embargo trabado sobre el bien inmueble del demandado, como se señaló en los resolutivos de la interlocutoria. Lo anterior, permite sostener que al momento de presentar la demanda de amparo tenía vida jurídica el acto reclamado; sin embargo, el mismo dejó de tenerla en el momento en que la autoridad responsable mediante auto de veintiocho de agosto del año en curso da contestación a la petición de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, destruyendo en forma inmediata, total, incondicional y material sus efectos, restituyendo en el pleno goce de sus derechos a la quejosa como si le hubiera concedido la protección constitucional. Por tanto, resulta claro que al haber acordado el escrito de nueve de enero del año en curso; se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, editado en el mes de febrero de 1998, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a su celebración acorde al principio de economía procesal bajo el cual se constituye el juicio de amparo, a efecto de tener procedimientos ágiles, que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor empleo de recursos, en fiel seguimiento del derecho de pronta administración de justicia tutelado por el artículo 17 Constitucional. Sustenta lo anterior la jurisprudencia II.2o.P. J/23, con registro digital 173878, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto" En consecuencia, se deja sin efectos la fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por el quejoso Hugo Said Morales Rodríguez, mediante el cual manifiesta que es su deseo desistir de la demanda que originó el presente expediente. En tal virtud, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles requiérase a la promovente para que dentro del plazo de tres días contado a partir de que surta sus efectos la notificación que se le practique del presente auto, ratifique el escrito de desistimiento, lo cual podrá realizar de la manera siguiente: a) Al momento de la notificación ante el actuario; b) Mediante comparecencia ante el personal de este juzgado con identificación oficial vigente; o, c) Por escrito ratificado ante Notario Público con la manifestación expresa del desistimiento. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo referido, se tendrá por no desistido y se continuará el juicio, como lo establece el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 174481, cuyo rubro dice: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO." Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.ERR
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