Hugo Said Morales Rodríguez
Expediente 439/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 439/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Hugo Said Morales Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
El licenciado Leonardo Rojas Barragán secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, certifica: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos, pues dicho término transcurrió del nueve al veintisiete de los actuales, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes de conformidad con el artículo 19 y 22 de la Ley de Amparo; sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno, lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo III-439/2022-O, con la certificación que antecede. Conste. Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. 06/10/23 14:30:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 Leonardo Rojas Barragán Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable las documentales que allegó al presente asunto, mismas que obran en un tomo de prueba, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 439/2022, promovido por Hugo Said Morales Rodríguez, en contra del Juez Primero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Hugo Said Morales Rodríguez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que estimó violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ndo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de Distrito en el Estado, por lo que en auto de veintidós de abril de dos mil veintidós, se ordenó su registro y se admitió a trámite con el número 439/2022; se dio al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, la intervención legal que le compete y se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado. Finalmente, el nueve de agosto de dos mil veintidós, se verificó la audiencia constitucional en los términos consignados en el acta que antecede, por lo que ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, en virtud de que el acto que reclama se atribuye a una autoridad que reside dentro de los límites territoriales del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que Hugo Said Morales Rodríguez reclama al Juez Menor en Materia Civil del Distrito de Morelia, lo siguiente: Acto reclamado La interlocutoria dictada el dieciocho de abril de dos mil veintidós, que resolvió infundado el recurso de revocación que el quejoso hizo valer contra del auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós pronunciado dentro del juicio ejecutivo mercantil 1367/2021, en el cual no admitió en la vía incidental, la providencia precautoria sobre retención del bien inmueble ubicado en el número 37 de la calle Macataro, de la colonia San Isidro Itzicuaro, de Morelia, Michoacán, medida que solicitó el propio peticionario del amparo. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la responsable al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con la documental que anexó consistente en las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 1367/2021, del índice del Juzgado Primero Menor del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Constancias que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Causas de improcedencia. Como en la especie las partes no hacen valer ninguna causal de improcedencia, este Juzgado de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, debe de oficio estudiar si alguna de ellas se actualiza en el presente asunto. Por tanto, en la especie, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Del anterior precepto, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En este supuesto, la improcedencia deviene de un hecho extraordinario que no depende de la autoridad responsable, y que motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe subsistir, desaparezca, por lo que ya no es dable que el acto lesione a la parte quejosa. Situación ésta que ocurre en el caso, debido a que si bien legalmente subsiste el acto reclamado, sus consecuencias ya no surten efecto legal alguno, por las razones siguientes: Como ya se dijo, el acto reclamado lo constituye la resolución interlocutoria de dieciocho de abril de dos mil veintidós, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 1367/2021, que declaró improcedente el recurso de revocación que el quejoso hizo valer en contra del auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, en el que se negó admitir en vía incidental la providencia precautoria consistente en la retención del bien inmueble ubicado en el número 37 de la calle Macataro, de la colonia San Isidro Itzicuaro, de Morelia, Michoacán, propiedad de la parte demandada. En el auto materia de la revocación, esto es, el de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, el juez responsable refirió que la providencia precautoria solicitada por la parte actora no satisfacía las condiciones necesarias que prevé el artículo 1049 del Código de Comercio, esto es, que no se le podía calificar como un juicio, pues en ella no se plantea una controversia, ni dictado de sentencia; además, que las medidas cautelares son mecanismos para salvaguardar una situación de hecho, garantizar la eventual ejecución de la sentencia con la anticipación de ciertos efectos provisorios. Asimismo, refirió que conforme al artículo 1394 del Código de Comercio, la parte demandada tiene derecho preferente de señalar bienes para ser embargados y sólo en el supuesto de que se declinara ese derecho, el mismo pasaría a la parte actora. Ahora bien, el dieciocho de agosto del presente año, se recibió en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el oficio signado por la autoridad responsable, por medio del cual informó que el diecisiete de agosto del citado año, se llevó a cabo la diligencia de emplazamiento y requerimiento de pago a la demandada Sandra Hernández Zamudio y allegó copia certificada de dicha diligencia, de la que se advierte que efectivamente se realizó el emplazamiento y requerimiento de pago, quien al no hacer uso del derecho de señalar bienes de su propiedad para garantizar lo reclamado, este derecho pasó a la parte actora quien señaló el bien inmueble ubicado en el número 37 de la calle Macataro, de la colonia San Isidro Itzicuaro, de Morelia, Michoacán, sobre el cual se trabó el embargo precautorio. Lo anterior, conduce a considerar que en la especie se actualiza la causal de improcedencia precisada, porque aun cuando subsiste la resolución interlocutoria de dieciocho de abril de dos mil veintidós, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 1367/2021, que declaró improcedente el recurso de revocación que el quejoso hizo valer en contra del auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, en el que se negó admitir en vía incidental la providencia precautoria consistente en la retención de dicho bien inmueble propiedad de la parte demandada, por medio del cual el peticionario del amparo buscaba obtener una medida precautoria para garantizar el pago de la cantidad que le reclama a la parte demandada dentro del juicio natural y a quien no era posible emplazar en el juicio ejecutivo mercantil de origen; sin embargo, lo cierto es que el diecisiete de agosto del año en curso, se realizó la diligencia de emplazamiento y requerimiento de pago a la parte demandada, y se trabó embargo sobre el bien inmueble que se pedía su retención, con lo cual, a través de diverso medio jurídico, se logró la pretensión jurídica que el quejoso aspiraba a través del dictado de la medida cautelar de retención de bien inmueble. Por ende, al efectuarse dicho embargo el diecisiete de agosto del presente año, procesalmente ya no surte efecto legal alguno la resolución de dieciocho de abril del presente año, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de dieciocho de marzo del año en curso, cuya finalidad era el decretar una medida precautoria consistente en la retención del bien inmueble propiedad de la parte demandada, quien no había sido emplazada, para efecto de garantizar la cantidad reclamada; así es, en atención a la realización del embargo precautorio sobre el bien inmueble propiedad de la demandada, ubicado en el número 37 de la calle Macataro, de la colonia San Isidro Itzicuaro, de Morelia, Michoacán, se garantiza el pago de lo demandado en el juicio ejecutivo mercantil. Entonces, los efectos del acto reclamado ya no se concretan ni se concretarán, en virtud del embargo precautorio que se efectuó en la diligencia de emplazamiento, sobre el bien inmueble propiedad de la parte demandada que se pretendía retener, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituirlo en el goce del derecho que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Por eso, se insiste, aun cuando a la fecha subsiste la resolución de dieciocho de abril de dos mil veintidós dictada en el juicio ejecutivo mercantil 1367/2021, que declaró improcedente el recurso de revocación que el quejoso hizo valer en contra del auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, pronunciado en ese expediente, en la especie, la situación jurídica que prevalecía en ese momento, se modificó porque el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se efectuó el emplazamiento y requerimiento de pago a la parte demandada, quien al no hacer uso del derecho de señalar bienes de su propiedad para garantizar lo reclamado, este derecho pasó a la parte actora quien señaló el bien inmueble que pretendía retener al interponer incidente sobre providencia precautoria, cuya finalidad era garantizar el pago de lo reclamado; situación que se estima, cumple con la finalidad que pretendía el quejoso al retener el bien inmueble materia del incidente mismo que fue embargado en la diligencia efectuada el diecisiete de agosto del año en curso, y sin lugar a dudas, impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Consecuentemente, la resolución de dieciocho de abril de dos mil veintidós dictada en el juicio ejecutivo mercantil 1367/2021, que declaró improcedente el recurso de revocación que el quejoso hizo valer en contra del auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, en el que se negó admitir en vía incidental la providencia precautoria consistente en la retención del bien inmueble propiedad de la parte demandada, no puede ser materia de pronunciamiento en el presente juicio de amparo, al dejar de existir el objeto o materia de la misma, pues ya quedo resarcido el daño que pudo haber impactado en la esfera jurídica del quejoso, por lo que no sería posible restituirlo en el goce del derecho vulnerado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, con número de registro 173858, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Apoya a lo anterior, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Pág. 1363, con número de registro 161301 que reza: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE LA MATERIA CUANDO ES IMPOSIBLE REPONER LOS AUTOS EXTRAVIADOS DEL JUICIO ORDINARIO QUE ORIGINARON LOS ACTOS RECLAMADOS Y NO SE APORTÓ TESTIMONIO DE LAS CONSTANCIAS NECESARIAS PARA SU ANÁLISIS. El objeto del artículo 80 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la satisfacción restitutoria de la garantía individual que se estima violada. Por otra parte, el precepto 73, fracción XVII, de dicho ordenamiento establece que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno. Ahora bien, si al promoverse una demanda de amparo los autos del juicio ordinario que originan los actos reclamados se extraviaron y no se aportó testimonio de las constancias necesarias para su análisis, aun cuando el a quo cumplió con la obligación que le impone el artículo 78 de la invocada ley, requiriendo oficiosamente las citadas constancias, lo cual dio origen al incidente de reposición de autos, sin que se haya logrado debido a factores externos, imprevisibles o ajenos a su control y no a omisiones culposas o dolosas, resulta inconcuso que tal situación provoca que no se conozcan las consideraciones o los fundamentos legales que tuvo la autoridad responsable al emitir su fallo. Lo que origina una dispensa de cumplir con el objetivo de satisfacer la garantía individual que se estime violada y, por ende, la improcedencia del amparo, al existir imposibilidad jurídica y material para resolver el fondo del asunto en apego a los preceptos indicados, precisamente al subsistir el acto reclamado y existir impedimento para que surta efecto legal o material alguno, aunado a que si éste no es inconstitucional en sí mismo, entonces los conceptos de violación alegados por el quejoso no pueden por sí mismos acreditar la inconstitucionalidad alegada." Por último, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia que prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo. Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Hugo Said Morales Rodríguez, en contra del acto reclamado a la autoridad mencionada en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista, personalmente y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se ordena agregar al presente cuaderno de amparo el oficio que remite la responsable, mediante el cual informa que el diecisiete de los actuales se llevó a cabo el emplazamiento de la parte demandada dentro del juicio ejecutivo mercantil 1367/2021. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/3443/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA" ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.ORF
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del nueve de agosto de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; ante la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo III-439/2022-O. Enseguida, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales allegadas por el Juez Primero Menor en materia Civil de esta ciudad. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López
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