Hugo Ulises Rodriguez Tapia

Expediente 12/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
12/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
06/03/2019

Partes del expediente

  • Hugo Ulises Rodriguez Tapia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de quince de febrero de dos mil diecinueve, por la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de depurarse de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, primer párrafo, del mencionado acuerdo, en razón de que se concedió la suspensión provisional solicitada. Por lo que se refiere al duplicado del incidente destrúyase el mismo en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con veinte minutos del quince de febrero de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 12/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de convicción. El juez provee: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El Juez acuerda: Ya que las partes no formularon alegatos precluye su derecho para hacerlo y se declara cerrado dicho periodo. R E S U L T A N D O : Primero. Mediante escrito presentado el ocho de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno, Hugo Ulises Rodríguez Tapia, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y por la autoridad responsable siguiente: Autoridades responsables: Director de Gestión del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Michoacán; Jueces de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia; Procurador General de Justicia en el Estado de Michoacán; Coordinador General de Fiscalías Regionales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Michoacán; y Coordinador o Comisionado de la Policía Municipal de Morelia. Todas las autoridades responsables con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: La orden de aprehensión o detención. Actos que la parte quejosa consideró violatorios de sus derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Por auto de nueve de enero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la presente demanda de amparo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete, se pidió el informe justificado a las autoridades responsables, se fijó fecha para la celebración de audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama actos omisivos que atribuye a una autoridad que reside en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, los actos reclamados consisten en: "De todas las autoridades que señalo como responsables les reclamo: El pretender privarme de mi libertad fuera de procedimiento judicial, sin que exista una orden de aprehensión dictada en mi contra en la cual se cumplan las formalidades esenciales del procedimientos, por no haber cometido delito alguno que merezca pena privativa de la libertad; además con el temor fundado de que las autoridades señaladas como responsables apliquen al suscrito torturas, golpes y azotes lo cual está prohibido conforme a los dispuesto por el artículo 22 Constitucional". Tercera. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables descritas en el primer resultando al momento de rendir sus informes justificados manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman, a excepción del Coordinador o Comisionado de la Policía Municipal de Morelia. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atentos al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados es de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que los hacía susceptibles de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Cuarta. Por lo que ve a la autoridad responsable Coordinador o Comisionado de la Policía Municipal de Morelia, la presente determinación se hace extensiva, a pesar de que dicha autoridad no ha rendido su informe justificado, toda vez que ésta tiene el carácter de ejecutora y no puede realizar alguna acción o cumplimentar alguna orden si ninguna autoridad ordenadora se lo encomienda. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expresadas en las consideraciones tercera y cuarta de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Hugo Ulises Rodríguez Tapia, contra los actos reclamados a las autoridades responsables en las referidas consideraciones. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con los informes justificados que rinde el Director de Amparos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en representación del Procurador y Coordinador General de Fiscalías Regionales. Con lo anterior, hágase nueva relación en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las trece horas con cincuenta minutos del dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 12/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta con los oficios registrados con los números 666, 671 y 673. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con los informes previos rendidos el Director de Amparos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en representación del Procurador y Coordinador General de Fiscalías Regionales. Asimismo, con fundamento en el artículo 124 de la ley en la materia, se tiene por recibido el pedimento formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Hágase nueva relación de lo anterior en la etapa procesal correspondiente. Enseguida, el secretario hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 140 de la Ley de Amparo se tiene por hecha la relación anterior para los efectos legales correspondientes. Dentro del periodo probatorio el secretario hace constar que no obran medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar. El juez acuerda: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos se hace constar que solamente las formuló la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la representación social; y, a las demás partes les precluye su derecho para hacerlo. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: Director de Gestión del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Michoacán; Director de Gestión del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Michoacán; Jueces Penal de Oralidad del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia; Procurador General de Justicia en el Estado; Director o Coordinador General de las Unidades Especializadas de la Procuraduría General de Justicia en el Estado; Coordinador Estatal de la Policía Ministerial Investigadora de la Procuraduría General de Justicia en el Estado; Coordinador General de Fiscales Regionales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado; Fiscal Regional de Litigación de la Procuraduría General de Justicia en el Estado; Fiscal Regional de Delitos de Alto Impacto adscrito a la Fiscalía Regional de Morelia; Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad Especializada de Violencia Intrafamiliar; Coordinador de la Policía Ministerial de la Subprocuraduría Regional de Justicia de Morelia; y Coordinador o Comisionado de la Policía Municipal de Morelia. Y como acto reclamado: "La vulneración a mis derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales y que se hace consistir en la presunta orden de aprensión y/o de detención que se pretende ejecutar en mi contra, ello, sin que se hayan seguido las formalidades esenciales de un procedimiento o que se colmen los supuestos hipotéticos de detención consagrados en el imperativo 16 constitucional". Segunda. Mediante auto de once de enero del año en curso, se tuvieron por no señaladas como autoridades responsables a las siguientes: "Director o Coordinador General de Unidades Especializadas, Coordinador Estatal de la Policía Ministerial Investigadora, Fiscal Regional de Litigación, Fiscal Regional de Delitos de Alto Impacto adscrito a la Fiscalía Regional de Morelia, Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad Especializada de Violencia Intrafamiliar y Coordinador de la Policía Ministerial de la Subprocuraduría Regional de Justicia de Morelia, todas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán", toda vez que dichas autoridades no existen. Tercera. Las autoridades responsables Director de Gestión del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Michoacán, Juez Penal de Oralidad del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, Comisionado de Municipal de Seguridad, y Procurador y Coordinador de Fiscalías Regionales, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, todas las anteriores autoridades con residencia en esta ciudad, al momento de rendir su informe previo manifestaron que no es cierto el acto que se les reclama; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Por tanto, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la suspensión definitiva del acto precisado con anterioridad reclamado a la autoridad responsable, por falta de materia sobre la cual decretarla. Apoya lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/19, visible en la página ciento treinta y tres del Tomo II, Julio de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, materia común, novena época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario.". Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se resuelve: Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se niega a Hugo Ulises Rodríguez Tapia, la suspensión definitiva en términos de la consideración tercera de esta interlocutoria. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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