Hugo Morquecho Carbajal

Expediente 1380/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1380/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
26/09/2023

Partes del expediente

  • Hugo Morquecho Carbajal

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII AGREGA. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes, el escrito firmado por Gabriela Silva Dávila, apoderada legal de la parte quejosa, por medio del cual solicita la devolución de los documentos exhibidos dentro del presente juicio de amparo. Atento a ello, hágase de su conocimiento que deberá estarse a lo acordado en veinticinco de los cursantes, en el que se dio vista a la parte quejosa para recoger dichas constancias. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VII CAUSA ESTADO. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. ANOTACIONES Y ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1) El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido <desechamiento> (artículo 20, fracción II, del acuerdo en cita). 2) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en lo establecido en el párrafo primero del artículo 20 del Acuerdo en comento, serán destruidos. VISTA RECOGER DOCUMENTOS. Ahora, tomando en consideración que obran documentos originales exhibidos en el presente juicio de amparo, en términos del antes referido ordinal 20 del Acuerdo de referencia que establece las disposiciones de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió; con el apercibimiento que de no hacerlo, dichas constancias podrán ser destruidas. En el entendido de que, para la comparecencia, con el fin de recoger los documentos de mérito, deberá presentar identificación oficial vigente y copia de la misma para ser glosada a los autos. Una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará físicamente al archivo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que en caso de que se presenten promociones de manera física, verifique que las mismas sean coincidentes con el contenido del expediente electrónico, de igual forma, se instruye al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y personalmente por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    MESA VII DESAHOGA PREVENCIÓN. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes, el escrito firmado por Gabriela Silva Dávila, apoderada legal del quejoso Hugo Morquecho Carbajal, mediante el cual desahoga la prevención formulada en acuerdo de uno de septiembre del año en curso, al adjuntar documento con el cual se acredita la personalidad con la cual promueve en el presente juicio de amparo, así como, al exhibir el escrito del cual deriva el acto que en esta vía se reclama. En consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento formulado y sin efectos el apercibimiento respectivo. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Así, del escrito de demanda y ocurso aclaratorio se obtiene que la parte quejosa reclama en esencia: * El proveído de quince de agosto del año en curso, emitido en el cuaderno de tercería excluyente de dominio 4/2023, derivado del expediente laboral 461/2022 del índice del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Toluca, con residencia en Xonacatlán, Estado de México, en la que se negó la solicitud del hoy quejoso de suspender cualquier determinación que pretenda dar a las partes en la controversia principal, la posesión del bien mueble embargado (vehículo), en virtud que la diligencia realizada el nueve de agosto de ese año, solo tuvo por objeto la entrega de dicho bien al nuevo depositario, por lo que no se afectaba el derecho del tercerista (hoy quejoso) de disponer del citado bien. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo.". DESECHAMIENTO. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Luego, en el caso en estudio, el suscrito considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 107, fracción V, aplicado este último a contrario sensu, dado que el acto que se tilda de inconstitucional no tiene ejecución de imposible reparación: Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los citados artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." De acuerdo con las porciones normativas transcritas, el acto reclamado materia del presente sumario, consistente en el proveído de quince de agosto del año en curso, emitido en el cuaderno de tercería excluyente de dominio 4/2023, derivado del expediente laboral 461/2022 del índice del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Toluca, con residencia en Xonacatlán, Estado de México, en la que se negó la solicitud del hoy quejoso de suspender cualquier determinación que pretenda dar a las partes en la controversia principa, la posesión del bien mueble embargado (vehículo), en virtud que la diligencia realizada el nueve de agosto de ese año, solo tuvo por objeto la entrega de dicho bien al nuevo depositario, por lo que se afectaba el derecho del tercerista (hoy quejoso) de disponer del citado bien, no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior, pues por un acto de ejecución de imposible reparación debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, por citar algunos. Aunado a que el acto combatido es de carácter meramente formal o intraprocesal y no genera afectación alguna a los derechos sustantivos de la persona quejosa, en virtud que la tercera excluyente de dominio de la cual emana lo combatido en esta instancia no ha sido resuelta, esto es, se encuentra en trámite. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquéllos que no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable, es decir, cuyos efectos son meramente formales, como en el caso acontece. Lo anterior, tal como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 37/2014, emitida por, publicada en la página 39, del Tomo I, del Libro 7, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de junio de dos mil catorce, Décima Época, con número de registro 2006589, cuya literalidad es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese sentido, se arriba que la determinación reclamada y que anexó en copia la parte quejosa a su escrito inicia de demanda, no constituye un acto de imposible reparación, toda vez que, se insiste, el proveído de quince de agosto del año en curso, emitido en el cuaderno de tercería excluyente de dominio 4/2023, derivado del expediente laboral 461/2022 del índice del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Toluca, con residencia en Xonacatlán, Estado de México, en la que se negó la solicitud del hoy quejoso de suspender cualquier determinación que pretenda dar a las partes en la controversia principal, la posesión del bien mueble embargado (vehículo), pues tal como lo indicó la autoridad señalada como responsable en el auto materia del presente juicio, <la diligencia que aduce el promovente, misma que fue señalada para el nueve de agosto pasado último, se encontraba relacionada únicamente a la entrega del bien embargado a un nuevo depositario, más no, entregar la posesión del bien mueble embargado a alguna de las partes>, sin que, con dicho proveído, se afecte de modo directo e inmediato el derecho que aduce tener el aquí quejoso. Entonces, el cambio de depositario solo es para efecto de vigilar la cosa embargada (vehículo respecto del cual aduce el quejoso es propietario), sin que con ello se afecte la situación jurídica del bien mueble o la disposición del mismo a alguna de las partes en la contienda principal; por lo que no se afecta algún derecho sustantivo del hoy quejoso. Es aplicable la jurisprudencia 607, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete - septiembre dos mil once, Octava Época, con número de registro 1002673, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, se invoca el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, en la tesis XXI.1o.28 K, cuyo epígrafe y dictamen rezan: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS.". La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal, el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a la infracción de derechos sustantivos.". En consecuencia, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida Gabriela Silva Dávila, apoderada legal del quejoso Hugo Morquecho Carbajal, por propio derecho contra actos de la Juez del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Toluca, con residencia en Xonacatlán, Estado de México, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente por lista a la parte quejosa.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; primero de septiembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por *, quien se ostenta como apoderada legal del directo quejoso * contra actos de la Juez del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Toluca, con residencia en Xonacatlán, Estado de México y otra autoridad. REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese bajo el número 1380/2023-VII. PREVENCIÓN. Expuesto lo anterior, es pertinente indicar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. Por ende, acorde con lo previsto en el artículo 108, fracción I, en relación con el diverso 114, fracciones I, II y III, ambos de la Ley de Amparo, se considera pertinente requerir al promovente para que dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito realice lo siguiente: PRIMERO. Exhiba documento fehaciente que acredite la calidad con la que se ostenta la promovente al presentar la demanda de amparo. Lo anterior es así, pues al inicio de su escrito inicial de demanda señala: "Gabriela Silva Dávila, promoviendo en mi carácter de apoderada legal del señor HUGO MORQUECHO CARBAJAL, personalidad que se encuentra acreditada dentro del cuaderno de Tercería número ********************, del juicio laboral número 461/2022, del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Toluca, con residencia en Xonacatlán, Estado de México y carta poder que se adjunta a la presente en original." Así, deberá acreditar con constancias fehacientes, la calidad con la que acredite su personalidad; ello, pues tal como se citó con antelación, si bien la promovente refiere tener reconocida dicha calidad en el expediente laboral de origen, de la impresión relativa al auto de quince de agosto del año en curso, dictado en la tercería ******************** y con la cual pretende acreditar su dicho, se advierte que se trata de una copia simple a color y por ende, carece de valor probatorio, pues no se vislumbra que obre firma electrónica o cadena original del sello que permitan corroborar que efectivamente se trata de un documento dictado en la tercería que alude. Además, respecto de la carta poder que se adjunta a la demanda en original, la misma se otorga únicamente para efectos de representación legal en la tercería excluyente de dominio con número ********************, mas no así para instar el juicio de garantías y la tramitación del mismo. Por lo que, la documentación que se anexa al líbelo que se provee, no resulta idónea ni suficiente para acreditar el carácter con el que se pretende ostentar en la presente vía. Es menester, traer a colación el numeral 11 de la Ley de Amparo, misma que textualmente reza lo siguiente: "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. (.)" Por lo que deberá anexar original o copia debidamente certificada del documento que soporte su carácter de representante legal de la persona quejosa. Lo anterior es así, pues el artículo 17 constitucional prevé la garantía relativa a la pronta y expedita impartición de justicia, que obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que, orientados a satisfacerla, permitan a los gobernados un efectivo acceso a la jurisdicción, los cuales evidentemente son aplicables al juicio de amparo, por cuanto éste se haya instituido en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el medio de control judicial de la constitucionalidad de los actos de autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, estos adquieren matices propios tratándose del tema de la personalidad del promovente en el juicio de amparo. Es decir, que si en todos los procedimientos la personalidad constituye un requisito de procedibilidad de la acción, en el juicio de garantías, a diferencia de otros, en donde el examen de la misma queda librado a la instancia de las partes que por vía de excepción deben provocar al órgano jurisdiccional para que la analice, corresponde al juez de amparo analizarla al considerar que la materia del debate no son intereses puramente privados sino el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional, lo cual explica, que el Juez de Distrito debe acatar lo precisado por el más alto tribunal en la jurisprudencia número 2ª./J. 1/96, visible en la página 48, Tomo III, enero de 1996 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO." SEGUNDO. Exhiba copia del escrito que adujo presentar ante el Juez responsable, o en su defecto transcriba el contenido del mismo, esto es, del líbelo de fecha once de agosto del año en curso, mismo que refiere en el antecedente identificado con el numeral 5 del apartado de hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, y a la que le recayó la promoción ********************. Lo anterior, a efecto de que este juzgador obtenga mayores elementos para proveer sobre la tramitación de la demanda.. En la inteligencia que deberá exhibir las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes respecto de su escrito aclaratorio y del documento con el que acredite su personalidad, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la ley de la materia. APERCIBIMIENTO. En este contexto, se apercibe a la parte quejosa que, en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos, se procederá en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley en cita, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO. Tal como lo solicita la parte promovente, en el escrito de demanda conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se le tienen las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para oír y recibir notificaciones. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre del año en curso, se exhorta a las partes, para que continúen la tramitación del asunto, a través del portal de "Juicio en línea", para tal efecto, deberán ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, para obtener su firma firel. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por medio de lista.

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