Hugo Javier Tellez Pineda

Expediente 108/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
108/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
02/03/2018

Partes del expediente

  • Hugo Javier Tellez Pineda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, a dos de marzo de dos mil dieciocho. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veinte de febrero del año en curso (fojas 74 a 82), mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis de asuntos destruibles, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y a juicio de este Juzgado no es de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    mesa vii. Con fundamento en el ordinal 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso del ordinal 2° de la Ley de Amparo, agréguese el oficio y anexo, signado por la Juez Cuadragésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, sin hacer pronunciamiento alguno, toda vez que el quince de febrero del año en curso, se tuvo por recibido el oficio que refiere y se acordó lo conducente. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VII. Con fundamento en el ordinal 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso del ordinal 2° de la Ley de Amparo, agréguese el telegrama enviado por la Juez Cuadragésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, sin hacer pronunciamiento alguno, toda vez que el quince de febrero del año en curso, se tuvo por recibido el oficio que refiere y se acordó lo conducente. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA VII. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso por medio del cual desahoga la prevención formulada en proveído de treinta de enero de dos mil dieciocho. En consecuencia, se tiene por desahogada la prevención formulada en el proveído de referencia, por tanto, se provee lo siguiente. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. ACTOS CONSENTIDOS En el caso a estudio, el acto reclamado esencialmente, es: Todo lo actuado en el juicio especial hipotecario **** del índice del Juzgado Cuadragésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, de forma destacada el emplazamiento realizado al quejoso, así como la sentencia y demás actos posteriores emitidos en ejecución de sentencia. En ese sentido, de oficio se advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 17 del propio ordenamiento legal, que establecen: "." La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Sobre esa base, al interpretar el artículo 17 de la actual Ley de Amparo en sentido contrario, se tiene que todos los actos emitidos dentro de un procedimiento (civil, penal, laboral, administrativo, etcétera), están sujetos al término genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo, a pesar de que tiendan a limitar la libertad deambulatoria del individuo o su acceso a determinados beneficios, de acuerdo a la naturaleza de su condición particular frente a la norma. En el presente juicio, el quejoso se ostenta en su carácter de tercero extraño, según lo establece el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo que dispone que el juicio constitucional procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas a él. Ahora bien, para efectos del amparo, por persona tercera extraña a juicio debe entenderse como aquel individuo que sin ser parte material en un procedimiento respectivo resiente una afectación en su esfera jurídica con la ejecución de las resoluciones dictadas dentro de aquel. En ese tenor, se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, particularidades diversas que los distinguen, pues mientras en el primer supuesto su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, el segundo es aquella persona que es sujeto de la relación procesal, por ser demandado, pero no fue emplazado o fue emplazado incorrectamente. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 7/98, con número de registro 196932, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 56 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Materia Común, Novena Época, que dice: "." En la especie, el quejoso se ostenta como tercero extraño por equiparación. Ahora bien, las constancias remitidas por la autoridad responsable merecen valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo y conforme la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "." En ese sentido, de dichas constancias se hace patente que el quejoso desde el siete de abril de dos mil diecisiete compareció a juicio, por ello, ya no, se está en aptitud legal de tenerlo como tercero extraño por equiparación, pues desde aquella fecha se hizo sabedor de la instauración del juicio en su contra, y estuvo en aptitud de intervenir en dicha contienda, máxime que no se había dictado la sentencia respectiva. Una vez que se desestimó la calidad del quejoso como tercero extraño al procedimiento, es pertinente ocuparse de la oportunidad en que fue presentada la demanda. Cabe señalar que del contenido del escrito de desahogo de prevención así como de las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable se aprecia que el peticionario del amparo el siete de abril de dos mil diecisiete, presentó escrito mediante el cual señalo domicilio y autorizo a diversos profesionistas para efecto de oír y recibir notificaciones y posteriormente el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete planteó incidente de nulidad de actuaciones. Ahora bien, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe traerse a contexto el artículo 18 de la Ley de Amparo, que establece: "." Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Como es evidente, el precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", la que de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española Larousse, Ediciones Larousse, Primera Edición, página 465, significa "exclusión, alternativa o contraposición", de lo que válidamente se concluye que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido, el legislador hubiese señalado su orden de prelación. En conclusión, de acuerdo con lo dispuesto en los preceptos invocados, si no se acude en demanda de la protección federal dentro del término legal establecido, resulta por tanto improcedente el juicio de amparo que en su caso se promueva con posterioridad. Por otra parte, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, en su escrito de desahogo de prevención de refiere: "." De igual forma, del estudio integral del ocurso de cuenta, se desprende que al menos desde el mes de abril de dos mil diecisiete, se ostentó sabedor del juicio ****, del cual deriva el acto reclamado, lo cual constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del código adjetivo civil federal invocado. De ahí que en lo conducente tenga aplicación, la tesis visible en la página 652, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, sección segunda, precedentes del Tribunal Pleno, que a la letra dice: "." Por lo que si de las constancias remitidas es claro que presentó el escrito el siete de abril de dos mil diecisiete el plazo de quince días para promover su demanda de amparo, transcurrió del diez de abril al cuatro de mayo de dos mil diecisiete. Previo descuento de los días doce, trece, catorce, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve, treinta de abril, así como uno de mayo de dos mil diecisiete por haber sido inhábiles. De manera que si la demanda de amparo se presentó hasta el veintiséis de enero de la presente anualidad según se advierte del sello oficial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, es patente que se hizo fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que jurídicamente implica que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la parte quejosa, al no haberlo combatido con la debida oportunidad. NO ES ÚLTIMO ACTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA Asimismo, es pertinente precisar que respecto del acto que hace consistir en la determinación por la cual no se dio trámite al incidente de nulidad de actuaciones que interpuso la parte quejosa contra el emplazamiento realizado en el expediente ****, del índice del Juzgado Cuadragésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, también resulta improcedente la acción de amparo intentada al haberse planteado y desechado durante la etapa de ejecución de la sentencia del juicio. Del mismo modo, es improcedente este sumario por los actos y determinaciones emitidas en el juicio especial hipotecario **** por los cuales el Juez responsable pretende ejecutar la sentencia dictada en la contienda de referencia. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, del propio ordenamiento, está dispuesto en ellos: "." Asimismo, conviene citar en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, que establece: "." La fracción XXIII del artículo 61 transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el numeral de referencia, como lo es el que deriva de la interpretación, en sentido contrario, de la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia. Ahora, de la intelección del precepto legal invocado en segundo término, se deduce que el juicio de amparo procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, entendiendo por "juicio", para los efectos del amparo, el proceso contencioso que inicia con la presentación de la demanda ante el órgano competente y concluye con el dictado de la sentencia definitiva. Sobre esa base, los actos impugnables en amparo indirecto ante Juez de Distrito, son los que los jueces o tribunales ordinarios ejecutan antes de que hayan recibido la demanda y después de que se haya pronunciado sentencia ejecutoria, incluyendo actos de ejecución de sentencia o de remates, aunque con reglas específicas de procedencia. En efecto, de la interpretación de los artículo 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del numeral 114, fracciones III y IV de la Ley de Amparo abrogada (actualmente artículo 107, fracciones IV y V), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obtuvo dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: 1. La primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. 2. La segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso. 3. La regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Dichas reglas se encuentran contenidas en la jurisprudencia 1a./J. 29/2003 sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA." Ahora, es importante precisar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, dio un matiz importante a dichas reglas, pues determinó que la amplitud de la norma contenida en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo (ahora fracción V del artículo 107), en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción III de dicho precepto (artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente), de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Las consideraciones apuntadas dieron origen a la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "." Con base en el criterio anterior, se puede concluir que, por regla general, el juicio de amparo resulta improcedente en tratándose de actos de ejecución de sentencia, si la acción constitucional no se promueve contra la última resolución dictada en ese procedimiento. Sin embargo, también se advierte que a esa regla aplica la excepción relativa a que, tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, existe la posibilidad de impugnarlos vía amparo indirecto, exclusivamente cuando infrinjan directamente derechos sustantivos ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la resolución definitiva; esto es, que no sean consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva. En el caso, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La determinación por la cual no se dio trámite al incidente de nulidad de actuaciones que interpuso la parte quejosa contra el emplazamiento realizado en el expediente ****, del índice del Juzgado Cuadragésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México; pues éste se planteó en etapa de ejecución de sentencia. Los actos y determinaciones emitidas en el juicio especial hipotecario **** por los cuales el Juez responsable pretende ejecutar la sentencia dictada en la contienda de referencia. En ese orden de ideas, es importante precisar que en el caso se está en el supuesto previsto en la regla general analizada en párrafos que anteceden, es decir, que el juicio de amparo resulta improcedente en tratándose de actos de ejecución de sentencia, si la acción constitucional no se promueve contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de ahí que resulte evidente, que con el acto impugnado no se infrinjan directamente derechos sustantivos ajenos a los que se puedan afectar con la propia ejecución de la sentencia, ni se actualice la excepción a la regla que se analiza, en razón de las consideraciones que a continuación se exponen. Como se ve, los actos reclamados en estudio no constituyen la última con la que concluye el citado procedimiento de ejecución, ya que en aquél no se declara cumplida la sentencia o decreta la imposibilidad de que se cumpla. Es ilustrativo a lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de rubro: "." Además, el acto reclamado tampoco es una resolución que haya resuelto un procedimiento incidental o de otra índole similar, que tenga por objeto preparar la ejecución de la sentencia; en las condiciones anotadas, resulta evidente que el acto reclamado no constituye la última resolución con la que concluya el procedimiento de ejecución de la sentencia correspondiente, como tampoco afecta materialmente derechos sustantivos distintos de la cosa juzgada y, por ende, en términos del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento legal, el juicio de amparo es improcedente. Además, no se actualizan los supuestos de excepción dado que el promovente del amparo no comparece como tercero extraño al juicio de origen, pues del análisis de la demanda de amparo se advierte que compareció al procedimiento; de igual modo, no aduce que con los actos reclamados se violenten materialmente derechos sustantivos distintos de la cosa juzgada en el juicio primigenio, pues el acto que reclama lo constituye: La determinación por la cual no se dio trámite al incidente de nulidad de actuaciones que interpuso la parte quejosa contra el emplazamiento realizado en el expediente ****, del índice del Juzgado Cuadragésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México; pues éste se planteó en etapa de ejecución de sentencia. Los actos y determinaciones emitidas en el juicio especial hipotecario **** por los cuales el Juez responsable pretende ejecutar la sentencia dictada en la contienda de referencia. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que no sería factible formarse una convicción diversa en el juicio, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En las condiciones anotadas, dado que se actualizan las causas de improcedencia previstas en las fracciones XIV y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17, 107 fracción IV, a contrario sensu, del citado ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese.

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