Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez

Expediente 179/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
179/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
05/11/2020

Partes del expediente

  • Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V CAUSA ESTADO. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de siete de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se sobreseyó el presente asunto; por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado estado. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó el presente asunto (artículo 21, inciso a, del acuerdo en cita). 2. El original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa es destruible pues se concedieron tanto la suspensión provisional como la definitiva (artículo 21, inciso c) del citado acuerdo). 3. El duplicado del incidente de suspensión es destruible conforme a los establecido en el artículo 20, fracción I, inciso a) del multicitado acuerdo. 4. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 21 del Acuerdo en comento, se procederá a su destrucción. Se hace la precisión que una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Asimismo, remítanse las constancias que el -juez responsable remitió tanto en el presente juicio de amparo como en el cuaderno incidental derivado del mismo. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y subsecuentes. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA V. (AVISO) SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA (H.M.P.R) EL PROVEÍDO DE 07 DE OCTUBRE DE 2020, QUE ES DEL TENOR SIGUIENTE: "Toluca, Estado de México; siete de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido y agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos una vez que las labores del Juzgado lo permitan el oficio de cuenta, a través del cual la Jueza de Juicio Oral el Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, rinde su informe justificado. Ahora, es pertinente mencionar que de la interpretación al contenido del artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio constitucional fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos se refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En ese orden, resulta necesario precisar que en este sumario el acto reclamado consiste en La interlocutoria de veintitrés de enero de dos mil veinte, dictada por el Juez responsable en el expediente **/2019, en la que se denegó la solicitud de las partes atinente a la suspensión del procedimiento, del índice de la oficiante. Ahora bien, una vez analizadas las constancias que obran en autos, en lo particular el informe justificado que se acuerda este órgano de control constitucional considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conforme a lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conviene tener presente que generalmente, la emisión de determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados efectos materiales y jurídicos específicos que, en alguna medida, deben concretarse en la esfera jurídica del gobernado, razón por la cual lo legitiman para promover el juicio de amparo con el fin de obtener sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, si el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías que lo condicionan a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII, en la cual el legislador tomó en cuenta que en determinadas circunstancias, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierta, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, o porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Ahora bien, en el caso, como se indicó, el quejoso reclama la interlocutoria de veintitrés de enero de dos mil veinte, dictada por el Juez responsable en el expediente **/2019, en la que se denegó la solicitud de las partes atinente a la suspensión del procedimiento; sin embargo, del informe justificado rendido por la Jueza de Juicio Oral el Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, se advierte que mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil veinte, se ordenó la reapertura del juicio oral **/2019, de donde surge el acto reclamado en el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia; dándole vista a las partes de que la Juez *** seguiría conociendo de dicho procedimiento; asimismo, el dos de julio del año en curso se regularizo el procedimiento de origen, y se señaló fecha para la audiencia de continuación de juicio. En esa tesitura, opera la causa de improcedencia indicada, toda vez que aunque subsiste el acto reclamado consistente en la interlocutoria de veintitrés de enero de dos mil veinte, dictada por el Juez responsable en el expediente **/2019, en la que se denegó la solicitud de las partes atinente a la suspensión del procedimiento, dejó de existir su objeto o materia dado que el procedimiento de origen se ha reanudado con la dirección de la Juez *** circunstancia sobre la cual versaba la resolución combatida, pues la misma negaba la suspensión del procedimiento solicitada por las partes. Esto es así, pues éste es un medio de control constitucional cuya finalidad es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado; por tanto, jurídicamente se tornaría imposible restituir al aquí quejoso en el goce del derecho violado, pues aun cuando subsista el acto reclamado, sus consecuencias jurídicas ya no surten efectos legal o material alguno; dado que fue egresado del centro carcelario donde se encontraba. Así, es evidente que el entorno que existía cuando surgió el acto reclamado se ha modificado, razón por la cual, los efectos de aquél ya no subsisten, lo que torna improcedente el juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a/J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, novena época, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS." De igual forma, resulta aplicable al caso, por analogía, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página cuatrocientos treinta y cinco, tomo XII-Octubre, octava época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO SUBSISTIENDO EL ACTO RECLAMADO, ÉSTE NO PUEDE SURTIR EFECTO MATERIAL ALGUNO." En tal sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las catorce horas con veinticinco minutos del veintiuno de octubre de dos mil veinte. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa." **srg**

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