Hugo Emilio Gutiérrez Gamiño
Expediente 740/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 740/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 03/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Hugo Emilio Gutiérrez Gamiño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de diciembre de dos mil diecinueve. SE SOLICITA ACUSE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que aún no obra el acuse de recibo del oficio número 16874/2019 dirigido al Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, mediante el cual se le devolvió el tomo de pruebas formado con las documentales que adjuntó a su informe justificado; en consecuencia, se solicita a la citada responsable, para que de no existir impedimento legal alguno, envíe el acuse de recibo correspondiente; lo anterior, a fin de estar en condiciones de remitir el presente asunto al archivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. DEVOLUCIÓN DE CUADERNO DE PRUEBAS. Finalmente, devuélvanse al Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, las documentales que remitió como sustento de su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de doce de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo II-740/2019, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cuarenta minutos del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando ante la Secretaria Esperanza Fuentes Reyes, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. Doy cuenta con el pedimento registrado con el folio 16299, a través del cual la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción formula alegatos, los cuales serán tomados en consideración en el momento oportuno. De igual forma, se da cuenta con los emplazamientos de Hermelinda Mendoza García por sí y en cuanto representante de la menor Ana Victoria Gutiérrez Mendoza (foja 77), y de la Tutora Especial de la referida menor designada dentro del juicio de origen (foja 106). EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretaria, dé cuenta con los informes justificados que obran en autos. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por el Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial. EL JUEZ: Al haberse rendido en tiempo y forma, tales informes se tuvieron por rendidos, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obran en autos las documentales que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda, las que la autoridad responsable, Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, remitió como sustento de su informe justificado, consistentes en copia certificada del juicio familiar oral 560/2019 de su índice, mismo que obra en un tomo de pruebas por separado, así como las que la tercero interesada Hermelinda Mendoza García anexó a su escrito de once de julio del año en curso. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que formularon alegatos la agente del Ministerio Público adscrita a través de su pedimento número 482/2019, presentado en esta misma fecha, así como la tercero interesada Hermelinda Mendoza García y la Representante Especial de las menores quejosas, mediante escritos presentados respectivamente el once de julio y uno de agosto, ambos del año en curso. EL JUEZ: Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número II-740/2019, promovido por Hugo Emilio Gutiérrez Gamiño, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el veintiuno de junio de la presente anualidad Hugo Emilio Gutiérrez Gamiño, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos atribuidos al contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial. En ese ocurso, narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 8 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Mediante auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, previa aclaración, este juzgado admitió a trámite la demanda, solicitó los respectivos informes con justificación y dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación. TERCERO. SEPARACIÓN DE JUICIOS. Así también que dentro del presente juicio de amparo, por auto de doce de septiembre de dos mil diecinueve, se decretó de oficio la separación de juicios y se ordenó continuar el trámite del presente juicio de amparo, únicamente por cuanto hace al auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 560/2019, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial. Finalmente, en la fecha y hora señaladas para tal efecto, tuvo lugar el desahogo de la audiencia constitucional, previos diferimientos, se celebró en los términos asentados en esta misma acta; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se impugna un acto atribuido a autoridades que residen dentro del ámbito territorial en el que este órgano federal tiene jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en: a) El auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 560/2019, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, en el cual se ordenó una orden de protección en favor de Hermelinda Mendoza García y su notificación. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen, lo que se acredita con las documentales que anexaron a sus informes de mérito. Documentales a las que en este acto, se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse de copia certificada expedida por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, quien con arreglo a la ley, goza de fe pública. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo; esto quiere decir, que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido con los siguientes criterios: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretaria: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 335". "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos". En ese contexto, se advierte que en cuanto al acto reclamado en este juicio constitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". Así, de dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efectos el acto reclamado. La causal de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En ese sentido, para acreditar que se actualiza la causa de improcedencia en comento, es necesario tomar en cuenta que el aquí quejoso reclama el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 560/2019, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, en el cual se ordenó una orden de protección en favor de Hermelinda Mendoza García y su notificación. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se desprende el ahora quejoso solicitó ante el Juez natural, se levantara la medida de protección decretada en el juicio de origen, por lo que previo a pronunciarse respecto de dicha solicitud, ordenó notificar personalmente a la quejosa para que en el término de tres días indicara si había presentado demanda, denuncia o querella en contra de Hugo Emilio Gutiérrez Gamiño, requerimiento que Hermelinda Mendoza García no desahogo, por lo que dicho juzgado de primer grado, en auto de diecisiete de julio pasado, hizo efectivo el apercibimiento ordenado en los autos del juicio de origen, y se dejó sin efectos la medida decretada, volviendo las cosas al estado en el que se encontraban hasta antes de la presentación de la solicitud de una orden de protección que dio origen al juicio 560/2019. Circunstancia que, por sí sola genera la actualización de la causa de improcedencia que se analiza, ya que con independencia de la existencia de los actos que reclama en este juicio, lo cierto es que ya se ordenó dejar sin efectos la medida de protección decretada en contra de Hugo Emilio Gutiérrez Gamiño, por lo que cesaron los actos atribuidos a las responsables; además, evidentemente cambió el entorno jurídico en el cual aconteció el acto reclamado. En tal virtud, toda vez que la autoridad responsable, dejó sin efectos la medida de protección que decretó en el auto de treinta y uno de mayo del año en curso, del cual se duele el quejoso en la presente instancia, destruyó los efectos de los actos que se reclamaban en la demanda de amparo, así como sus consecuencias; por lo tanto, se determina que cesaron los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: "Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 193758 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Página 38 Jurisprudencia (Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la hipótesis de improcedencia anunciada al inicio de este apartado, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita. Por otro lado, dado el sentido de la presente resolución, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantea el peticionario de amparo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: "Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos a la Actuaria adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, por no reclamarse por vicios propios, sino que se hacen depender de los atribuidos al Juez ordenador; por lo que es indudable que aquella autoridad en cuanto ejecutora no tiene mandamiento alguno que cumplir. Esto, en atención a lo dispuesto en la jurisprudencia número VI.2º.J/7 , del contenido literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". Los criterios que anteceden se invocan no obstante haber sido integrados conforme a la Ley de Amparo abrogada, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Hugo Emilio Gutiérrez Gamiño, contra el acto y autoridades precisados en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, doce de septiembre de dos mil diecinueve. SE INICIA INCIDENTE DE SEPARACIÓN DE JUICIOS Atendiendo al estado procesal de autos, el que suscribe advierte una cuestión que amerita especial pronunciamiento, por lo que de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Amparo, de oficio, se substanciará en la vía incidental. Para evidenciar lo anterior, conviene precisar los que el quejoso Hugo Emilio Gutiérrez Gamiño, reclama en esta vía de amparo: a) El auto de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio ordinario oral número 611/2019, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, en el que se otorgó una medida protectora a Hermelinda Mendoza García y la notificación del mismo. b) El auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 560/2019, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, en el cual se ordenó una orden de protección en favor de Hermelinda Mendoza García y su notificación. De lo anteriormente expuesto se colige que, en la especie se reclaman actos derivados de juicios o procedimientos diferentes, y por ello se considera que se está en presencia de actos distintos y desvinculados entre sí, cuyo trámite en forma conjunta se podría dificultar y, por tanto, retardar la substanciación del presente asunto, en detrimento del derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia, previsto por el artículo 17 Constitucional; de igual forma, podría propiciar que el dictado de la sentencia constitucional fuese incongruente. SEPARACIÓN DE AUTOS. Atendiendo a lo anterior, toda vez que obran los informes de las autoridades responsables, quienes tuvieron por ciertos los actos reclamados, se procede a decretar la separación de autos de plano y de oficio, sin que exista afectación a los derechos procesales de las partes. Sirve de apoyo a esta determinación, la tesis de jurisprudencia P./J. 76/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." El criterio anterior es aplicable en virtud de que no se contrapone con la Ley de Amparo vigente, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° transitorio. También se invoca la tesis I.3o.C.72 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 2356, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. AUN CUANDO DICHA FIGURA JURÍDICA NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NO HAY IMPEDIMENTO PARA DECRETARLA CUANDO LOS JUICIOS NO GUARDAN RELACIÓN ENTRE SÍ. La figura de la separación de juicios de amparo fue instaurada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 76/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 118, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA.", a partir de una institución jurídica distinta, como es la acumulación de los procedimientos constitucionales, establecida en el artículo 57 de la Ley de Amparo abrogada; figura que no prevé la vigente. No obstante, ello no impide que conforme a este último ordenamiento se decrete la separación de los juicios de amparo cuando el quejoso reclame actos distintos atribuidos a autoridades diferentes. Lo anterior, porque aun cuando la figura de la acumulación no tenga sustento en la Ley de Amparo, sí lo tiene en el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente (artículo 72, primer párrafo). En este sentido, la regla contenida en dicho numeral, leída en sentido negativo, consiste en que cuando dos o más juicios no tienen una relación jurídica derivada en todo o en parte del mismo hecho, no existe justificación para tramitarlos conjuntamente; en consecuencia, debe decretarse su separación, porque, aun cuando en la ley de la materia, publicada el 2 de abril de 2013, no se encuentre expresamente prevista la figura de la acumulación de juicios, ello no puede llevar a concluir que dos juicios constitucionales derivados de actos reclamados atribuidos a autoridades diferentes deban sustanciarse en un mismo procedimiento, cuando no guardan relación entre sí." Así como la tesis XIV.P.A.1 K (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, visible a página 2504, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, DE OFICIO, DEBE TRAMITAR EL INCIDENTE RELATIVO CUANDO EN UNA MISMA DEMANDA SE RECLAMEN ACTOS DESVINCULADOS ENTRE SÍ, EN APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 72 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La separación de juicios de amparo fue creada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 6/96, tomando como parámetro la acumulación prevista en el numeral 57 de la ley de la materia abrogada, deduciéndolo en sentido contrario. Ahora, la normativa vigente a partir del 3 de abril de 2013, no prevé expresamente el incidente de acumulación de juicios; empero, de conformidad con su artículo 2o., tiene aplicación supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, en cuyo artículo 72 se establece esa acumulación. En estas condiciones, dicha figura es aplicable al amparo, ya que no contraviene las disposiciones de la ley que lo regula. Por tanto, el Juez de Distrito, de oficio, debe tramitar el incidente relativo cuando en una misma demanda se reclamen actos desvinculados entre sí." CONTINUACIÓN DEL TRÁMITE. Toda vez que el quejoso reclama actos jurídicamente desvinculados entre sí, pues si bien, los actos reclamados derivan de expedientes en los que las partes que intervienen en ellos tienen relación entre sí, lo cierto, es que de autos se advierte que al momento no tienen una estrecha vinculación, de manera que el análisis por separado de las mismas no afectaría la resolución de alguno; de ahí que la separación sea factible y se ordene para que en este juicio se continúe el trámite únicamente en lo que respecta al auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 560/2019, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y REMISIÓN A LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN. Expídanse un juego de copias certificadas de todo lo actuado en el presente asunto y con fundamento en el artículo 46, fracción VIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, remítanse a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que sea registrado como nueva demanda de amparo, se le asigne número de registro y se realice el turno respectivo, a fin de proveer en relación con el trámite del juicio constitucional derivado del acto reclamado. Una vez que las partes sean notificadas de la presente determinación, remítanse a la mencionada oficina las citadas copias certificadas para proceder como está ordenado. DIFERIMIENTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A fin de dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, para su celebración.
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