Hugo Chávez Chihuaque

Expediente 357/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
357/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
27/01/2022

Partes del expediente

  • Hugo Chávez Chihuaque

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Se ordena archivo físico. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación de cuenta de la cual se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Valoración del expediente. En ese orden de ideas, tomando en consideración lo anterior, no obstante que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, al encuadrar en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b) del aludido acuerdo, en razón de haberse negado el amparo y protección de la Justicia Federal. Incidente de suspensión. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar definitiva solicitada. Por tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese tanto el juicio como el original de los cuadernos de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Finalmente, una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Marbella Juárez García, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargada del despacho por ministerio Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecisiete al treinta y uno de enero del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/0179/2022, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna Secretario que autoriza y da fe.Dva

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de julio de dos mil veintiuno. Vista con estado de autos; causa ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, de la cual se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Hugo Chávez Chihuaque; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Devolución de disco. Por lo anterior, devuélvase al Juez responsable el disco que contiene copia digital certificada de la causa penal 453/2020, que remitió como sustento de su informe justificado, solicitándole de atenta manera el acuse de recibo. Notificación de sentencia. En otro orden de ideas, visto el estado de autos, se obtiene que no se notificó la sentencia emitida en este juicio a la agente del Ministerio Público Brenda Mondragón Reynel, adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en cuanto autoridad tercera interesada; por tanto, a fin de subsanar dicha omisión, al oficio que se le gire con motivo de este acuerdo, acompáñese copia de dicha resolución. Solicita información. Finalmente, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Morelia, a través del cual solicita información respecto al estado que guarda el juicio de amparo en que se actúa; en tal virtud, dígase a la autoridad oficiante que se esté a lo acordado en párrafos precedentes, en que causó firmeza la sentencia emitida en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número 357/2020-V, promovido por Hugo Chávez Chihuaque, por propio derecho, contra el acto que reclamó del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el uno de julio de dos mil veinte, ante la secretaria de guardia de este órgano de control constitucional, Hugo Chávez Chihuaque promovió juicio demanda de amparo, contra el juez señalado supralíneas, de quien reclamó el acto que precisó en su escrito inicial. En proveído de esa misma fecha, se radicó el asunto como el expediente 357/2020-V; y se requirió al quejoso para que aclarase su demanda respecto a diversos aspectos. Para solventar el requerimiento de mérito, el quejoso manifestó, en esencia, que: "Vengo por medio del presente a SEÑALAR COMO ÚNICO ACTO RECLAMADO.- EL DEL AUTO DE VINCULACIÓN AL PROCESO, DICTADO EN MI CONTRA POR EL JUEZ DE CONTROL, DENTRO DE LA CAUSA PENAL 453/2020, N.U.C.- 1003202017064: Más NO CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN, por lo que se solicita se deje sin efecto dicho inciso b).- pero aclarando que por error señalé la fecha de mi detención dije el día diez de mayo del año en curso y el día de mi detención lo fue el día 11 de mayo, el cual lo señalo como antecedentes."; y, realizó la protesta de ley respecto de los hechos narrados en el escrito inicial. Virtud a ello, el diez de julio siguiente se admitió a trámite la demanda: se solicitó al juez responsable su informe justificado; se dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la adscripción; y, se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo nueve de diciembre de dos mil veinte, en los términos asentados en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque el acto reclamado tiene ejecución material dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. ...En ese sentido, tanto del análisis integral de la demanda de amparo, como de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado es: El auto de vinculación de catorce de mayo de dos mil veinte, dictado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, en la causa penal 453/2020, instruida en contra del quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación agravada en detrimento de la menor L.X.CH.S. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir sus informe justificado, el Juez señalado como responsable aceptó la existencia del acto que le fue atribuido; además, tal asentimiento fue corroborado con las constancias aportadas por las responsables relativas a la causa penal 453/2020, como sustento de su informe, las cuales merecen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, por ser un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. ... Luego, del análisis integral de la demanda, se obtiene que el quejoso aduce que la detención que dio génesis a la vinculación a proceso reclamada se realizó sin que mediara orden de aprehensión emitida por autoridad competente. Añade que el auto de vinculación combatido carece de fundamentación y motivación, porque el juez señalado como responsable pasó por alto que no existen datos de prueba que acrediten, de manera fehaciente, que se haya cometido un delito en perjuicio de la menor L.X.CH.S.; mucho menos que el aquí quejoso haya participado en su comisión. Sostiene también que al habérsele vinculado a proceso se vulneró en su perjuicio la garantía de audiencia y lo previsto en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque en ningún momento se la ha oído y vencido en juicio; lo cual a su vez, implica que tampoco se le ha otorgado la protección más amplia, conforme a lo previsto en la constitución como en los tratados internacionales. Tales asertos resultan inoperantes en una parte e infundados en otra, por los motivos que se exponen a continuación. En principio, es menester destacar que, como ya quedó establecido, luego de requerirse al quejoso que manifestara si deseaba señalar la detención como acto reclamado en el presente asunto el peticionario del amparo expresamente manifestó lo siguiente: "Vengo por medio del presente a SEÑALAR COMO ÚNICO ACTO RECLAMADO.- EL DEL AUTO DE VINCULACIÓN AL PROCESO, DICTADO EN MI CONTRA POR EL JUEZ DE CONTROL, DENTRO DE LA CAUSA PENAL 453/2020, N.U.C.- 1003202017064: Más NO CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN, por lo que se solicita se deje sin efecto dicho inciso b).- pero aclarando que por error señalé la fecha de mi detención dije el día diez de mayo del año en curso y el día de mi detención lo fue el día 11 de mayo, el cual lo señalo como antecedentes." Con motivo de lo anterior, deben calificarse como inoperantes todos los argumentos tendentes a controvertir la detención del quejoso, por no haberse señalado como acto reclamado en el presente caso; de hecho, al haber manifestado expresamente que no deseaba combatir dicha actuación, el quejoso consintió en forma expresa el actuar de la autoridad, lo cual a su vez, constituye un impedimento para que este órgano de control constitucional examine todo lo relativo a ese tópico. En otro aspecto, resulta oportuno precisar que cuando en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituya un auto de vinculación a proceso, el análisis de dicha actuación debe realizarse, conforme a la Ley de Amparo, esto es, considerando sus principios -publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación- lo que se obtiene del contenido de diversos artículos que regulan su procedimiento. En efecto, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y como excepción para dicha admisión, se prevé que el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable; pero en cuanto a la materia penal dispone que el juzgador deberá cerciorarse de que este ofrecimiento no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. En ese tenor, la interpretación que nuestro Máximo Tribunal le ha dado a ese dispositivo es el siguiente: Primeramente, a través de la jurisprudencia 64/2011, de la Décima Época, con número de registro 160812, de la Nove Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Materia Común, Página: 993, al interpretar el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, determinó que el juez de garantía -ahora juez de control- estaba impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que existiera controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, expresó que no podía considerarse extensiva dicha limitante al juez de amparo, ya que esa facultad derivaba de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, concluyendo que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Luego, en la tesis aislada 1a. CCLI/2011, con número de registro 160252, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, página 270, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso de llegarse a considerar en el análisis constitucional de un auto de vinculación a proceso, que los datos de investigación aportados por el Ministerio Público o los del imputado o su defensor que no se hayan ofrecido y desahogado en la audiencia de vinculación a proceso y, por tanto, tampoco sometidos al escrutinio de las partes procesales, se vulneraría la fracción V, del apartado A, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto al principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda. Posteriormente, a través de la tesis aislada 1a. CCIV/2014, de la Décima Época, con número de registro 2006473, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Penal, página 541, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó que si bien el acto reclamado en el juicio de amparo debe ser apreciado bajo las mismas actuaciones que tuvo a su alcance la autoridad responsable al momento de su emisión, también lo es que dicho principio admitía como excepción, precisamente, la viabilidad de pruebas supervenientes que tuvieran directa relación con hechos de la investigación, más aún, si convergen con la demostración de violaciones a derechos humanos relacionadas con la fase inicial del procedimiento penal, como en el caso paradigmático de la tortura. Salvo, en el caso de que los argumentos formulados por el peticionario de la protección constitucional resultaren fundados; o bien, de oficio se observe alguna circunstancia que patentice la necesidad de suplir la queja deficiente en favor del amparista. Ahora, no asiste razón al peticionario del amparo cuando aduce que el auto de vinculación a proceso fue emitido en contravención a los lineamientos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en específico al artículo 316, fracción III; porque contrario a lo argumentado por el peticionario del amparo, sí existen datos de prueba que permiten establecer que ocurrieron hechos sancionados por la ley penal como delitos (violación agravada), así como la posibilidad de que el peticionario del amparo pudo intervenir en la comisión de aquél. Para justificar lo anterior, conviene señalar que el auto de vinculación a proceso tiene su génesis en el artículo 19 de la Constitución Federal, en el que se establece la obligación para la autoridad judicial de decidir si es necesario iniciar un juicio, en cuyo caso deberá expresar el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, la exigencia de resolver sobre el auto de vinculación a proceso que deriva del derecho constitucional de debido proceso penal, que garantiza y dota de certeza jurídica constitucionalmente protegida, de que al fenecer el término respectivo ninguna persona puede ser sujeta o vinculada a proceso penal (con o sin medida cautelar adicional), a menos de que se cumplan los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También, cabe destacar que el artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que el auto de vinculación a proceso delimita el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso, se determinarán las formas anticipadas de terminación del mismo, la apertura a juicio o el sobreseimiento de la causa. ...En efecto, previo a la emisión del auto de vinculación a proceso -que constituye el acto reclamado-, la fiscalía formuló imputación, es decir, le informó al aquí quejoso que desarrollaba una investigación en su contra, respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. Asimismo, el juez de origen le dio la oportunidad al imputado, que rindiera su declaración -previa advertencia de las consecuencias que ello generaba y que no estaba obligado a hacerlo-; lo cual no hizo por considerar que eso era lo que resultaba más conveniente para sus intereses. Además, el juzgador se cercioró que de los antecedentes de la investigación realizada, se desprendieran datos suficientes que establecieran que se había cometido un hecho determinado que la ley señaló como delito y que existía la probabilidad de que lo cometió o participó en su comisión; y, que no se actualizara una causa de exclusión del delito o extinción de la acción penal. Con lo que el juzgador cumplió con el debido proceso previsto en los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la debida defensa, ya que se le dio a conocer al quejoso la imputación de los hechos por los que la fiscalía ejercicio acción penal en su contra; se le dio oportunidad de alegar y de debatir respecto de los datos de prueba expuestos por la fiscalía, así como realizar actos de investigación durante el plazo constitucional o su ampliación, aunado que el juzgador primeramente pidió a la fiscalía que mencionara los datos de prueba que justificaban su solicitud de vinculación a proceso y luego cuestionó al imputado, respecto del momento en que quería que se resolviera su situación jurídica, a fin de que estuviera en aptitud de realizar los actos de investigación citados, conforme a su estrategia de defensa; luego, se le dio oportunidad de argumentar a los defensores del imputado y de debatir lo atinente a ello; para finalmente con base a lo expuesto por las partes conforme al principio de contradicción, emitir un auto de vinculación a proceso en contra del quejoso. De ahí, que resulte infundado lo aducido por el peticionario del amparo en torno a que no se le hubiera otorgado el derecho de audiencia, porque como ya se dijo, el quejoso estuvo presente durante las audiencias de trece y catorce de mayo de dos mil veinte; además, se le hizo participe en todo momento de lo sucedido durante el proceso, incluso, como ya se dijo, se le dio la oportunidad de declarar y él voluntariamente decidió no hacerlo, por considerar que no era pertinente hacer manifestación alguna; por ende, se insiste, en que en todo tiempo se ha salvaguardado su derecho de audiencia, al menos hasta el momento. En un aspecto diverso, el quejoso aduce que las autoridades del país, dentro del ámbito de sus respectivas competencia se encuentran obligadas a respetar, promover y garantizar no sólo los derechos humanos plasmados en la constitución federal sino también los que prevean los instrumentos internacionales firmados por el estado mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende como "principio pro persona". Sin embargo, del análisis integral de la demanda se desprende que, en realidad no formuló razonamiento alguno tendente a evidenciar cuál es la conducta de la autoridad que considera ilegal y si bien procede la suplencia de la queja, este tribunal se encuentra impedido para efectuar dicho análisis. Lo anterior, porque la Corte ha establecido que, como deber, se entiende que dicho principio es aplicable de oficio, cuando el Juez o tribunal considere necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los casos puestos a su consideración, pero también es factible que el quejoso en un juicio de amparo se inconforme con su falta de aplicación, o bien, solicite al órgano jurisdiccional llevar a cabo tal ejercicio interpretativo; empero, en la especie, no se advierte que se deba acudir a dicho criterio para resolver el presente juicio de amparo ni el quejoso lo solicitó expresamente, por lo menos no de manera frontal ni específica, se insiste, porque el señalamiento fue formulado en forma genérica. Por lo que ve al "control de convencionalidad ex officio", tampoco se advierte oficiosamente que alguna de las normas aplicadas al caso concreto vulnere los derechos humanos mencionados, y que por esa razón deba considerarse inaplicable, por lo que dicho control de convencionalidad no puede estimarse que llegue al extremo de que este juzgador deba oficiosamente comparar y analizar en abstracto en cada resolución, todos los derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, puesto que ello haría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, en detrimento del derecho humano de acceso a la justicia por parte de los gobernados, con la consecuente afectación que ello significa. ... Primeramente, es necesario precisar que el nuevo paradigma del sistema penal acusatorio genera que el estándar de prueba necesario para el dictado de un auto de vinculación a proceso sea de probabilidad; es decir, que basta que se tengan datos de prueba sobre la existencia de una conducta descrita por la ley como ilícita y respecto a que es posible que la persona imputada la haya cometido o haya participado en su realización. ... Ello implica que ya no se exige que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En suma, lo relevante para el dictado del auto de vinculación no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal; por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de prueba plena. Cabe enfatizar que, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 27, segundo párrafo, del Código Penal para el Estado de Michoacán. Ahora, en el caso el delito por el que se vinculó a proceso al peticionario del amparo fue el de violación agravada, previsto en el artículo 164, párrafo primero (segunda hipótesis), y 168, fracciones II y VII, del Código Penal para el Estado de Michoacán, cuyo contenido, en las partes que interesan, es del tenor siguiente: "Artículo 164. Violación A quien por medio de la violencia física o psicológica realice cópula, se le impondrá de cinco a quince años de prisión. Cuando el sujeto pasivo sea menor de dieciocho años se impondrá de diez a treinta años de prisión. [.]" " Artículo 168. Agravantes Las penas previstas para la violación y el abuso sexual se aumentarán en dos terceras partes cuando sean cometidos o tengan como resultado: [.] II. Por ascendiente contra su descendiente, éste contra aquél, el hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo, el padrastro o la madrastra contra su hijastro, éste contra cualquiera de ellos, amasio de la madre o del padre contra cualquiera de los hijos de éstos o los hijos contra aquellos. Además de la pena de prisión, a la persona responsable se le privarán los derechos relativos a la guarda, custodia, convivencia y tutela, en los casos en que la ejerciere sobre la víctima, así como los derechos sucesorios con respecto del ofendido; [.] VII. Un embarazo no deseado; y, [.]" Lo anterior, con base en los datos de prueba aportados por la fiscalía, consistentes en: Noticia criminal de siete de mayo de dos mil veinte, en la que un agente del Ministerio Público asentó que recibió una llamada telefónica de la licenciada en derecho Laura Anel Aguilar García orientadora jurídica, quien a su vez hace mención de que el Médico Subdirector Roberto Naranjo Robles, adscrito al Hospital de la Mujer le hizo del conocimiento de que ese día ingresó al área de urgencias la adolescente L.X.C.S. para ser atendida por un aborto incompleto (diez semanas de gestación); y, que la citada menor informó que dicho embarazo fue producto de la violación sufrida por parte de su abuelo paterno. Denuncia de ocho de mayo de dos mil veinte, realizada por Irma Salto Parra, contra su suegro Hugo Chávez Chihuaque, por hechos cometidos en perjuicio de su menor hija L.X.C.S., quien cuenta con trece años. Entrevista de la menor L.X.C.S., realizada el nueve de mayo siguiente. Entrevista de Hugo Vivan Chávez Sánchez, hijo de Hugo Chávez Chihuaque y padre de la menor víctima L.X.C.S.; realizada el ocho de mayo de dos mil veinte; a quien previamente se le hizo saber que podía abstenerse de declarar, por ser pariente del denunciado, no obstante, decidió hacerlo. Informe de la doctora Gabriela Beatriz Oropeza Miranda. Informe de la doctora Milagros Lizbeth Villaseñor Rangel, de nueve de mayo de dos mil veinte. Dictamen en psicología, de nueve de mayo de dos mil veinte, realizado a la menor L.X.C.S., por la perito Astrid Alejandra Suarez Valero, quien concluyó que la menor presenta daño psicológico derivado de los hechos denunciados, temor, tristeza, incomodidad, culpa, rechazo al propio cuerpo, enojo reprimido, tendencia suicida, entre otros aspectos; y, recomienda proceso terapéutico. Copia simple del expediente médico de la menor L.X.C.S.; del que se desprende los tratamientos médicos proporcionados con motivo del aborto incompleto sufrido por la adolescente indicada. Opinión médica de la doctora Milagros Lizbeth Villaseñor Rangel, de diez de mayo de dos mil veinte, sobre la posible edad gestacional, edad embrionaria y fecha de fecundación. Inspección pericial de ocho de mayo de dos mil veinte, realizada por la oficial Jessica Karina Vela Estrada. Tales datos de prueba, generaron la convicción en el juez de control de que los hechos, materia de la contienda punitiva, ocurrieron de la siguiente forma: ".que un día entre el veintinueve de febrero y el seis de marzo de dos mil veinte, cuando se encontraba en el domicilio ubicado en la calle Privada Mónaco, número 79, de la colonia Metropolis, del Municipio de Tarímbaro, Michoacán, siendo aproximadamente las ocho treinta horas, la adolescente L.X.C.S., se levantó al baño cuando escuchó que su abuelo Hugo Chávez Chihuaque se encontraba en la cocina, por lo que ella se acercó a ese lugar para preguntarle qué estaba haciendo, en ese momento el sujeto activo la tomó de la mano derecha, la jaló y la metió a la cocina para luego de eso empujarla y tirarla al piso, cayendo sentada; luego, el sujeto activo la acostó y se le subió encima; que Hugo Chávez Chihuaque empezó a bajar su pantalón y su ropa interior, mientras la menor intentó gritar, pero el sujeto activo le tapó la boca con la mano derecha para impedírselo, y comenzó a bajarle el pants y la pantaleta que vestía ella; hasta quitárselos por completo; que posteriormente con sus rodillas le abrió las piernas a la víctima y le introdujo el pene en la vagina de ésta realizando movimientos dentro, por aproximadamente cinco minutos, manteniéndola durante ese tiempo con la boca tapada para que no pudiera pedir ayuda. Que después, Hugo Chávez Chihuaque se quitó de encima de la menor y se subió la ropa interior y el pantalón, para luego ponerle la ropa a la víctima, realizando tocamientos con su mano derecha en la vagina de la adolescente; y, antes de que pudiera levantarse, nuevamente el activo se acercó a ella, se bajó el pantalón y su ropa interior y le indicó que lo haría de nuevo; que la víctima le pidió que la dejara, que ya había pasado y que le dolía mucho, no obstante ello el sujeto activo le quito nuevamente el pants y la pantaleta, subiéndose sobre ella e introduciéndole de nueva cuenta el pene en la vagina a la adolescente por un lapso mayor a cinco minutos, para posteriormente quitarse de encima de ella. Que como resultado de lo anterior, la menor resultó embarazada, aunque luego el siete de mayo de dos mil veinte, presentó un aborto incompleto siendo atendida medicamente." Como se observa, contrario a lo argumentado por el peticionario del amparo, la valoración de los datos de prueba aportados, realizada por el juzgador responsable fue correcta y se encuentra justificada, debido a que los elementos de convicción que integran la carpeta de investigación arrojan datos suficientes respecto a la posibilidad de que: Entre el veintinueve de febrero y el seis de marzo de dos mil veinte; aproximadamente a las ocho horas con treinta minutos, tanto la menor L.X.C.S., como su abuelo paterno Hugo Chávez Chihuaque, se encontraban en el domicilio ubicado en ubicado en la calle Privada Mónaco, número 79, de la colonia Metropolis, del Municipio de Tarímbaro, Michoacán; donde cohabitan, debido a que sus padres no cuentan con un domicilio propio; Que la menor se levantó al sanitario y que en ese momento escuchó que su abuelo Hugo Chávez Chihuaque se encontraba en la cocina; motivo por el cual se acercó a ese lugar; Que luego de indicarle que no podía tomar los productos de la despensa comprados por sus padres; Hugo Chávez Chihuaque sujetó a la menor L.X.C.S.; la sometió en el piso de la cocina; le quitó las prendas que vestía en la parte inferior y le introdujo el pene en la cavidad vaginal, realizando movimientos por alrededor de cinco minutos, todo esto mientras le tapaba la boca y la nariz, para que no pidiera ayuda; Que después de ocurrido, Hugo Chávez Chihuaque se vistió, vistió a la menor, quien se quejaba por el dolor provocado por ese hecho; y, que mientras se aseguraba de que nadie se acercara a la cocina, nuevamente se acercó a la menor L.X.C.S., le dijo que debía ocurrir otra vez, por lo que nuevamente la desvistió, se subió sobre ella, le introdujo el pene vaginalmente, por un lapso superior a cinco minutos, mientras le cubría la boca con la mano derecha; y, que luego de colocarle el pants y la pantaleta la dejó sentada en un sillón que se encuentra afuera del cuarto donde duermen sus padres y su hermana; Finalmente, que como resultado de lo anterior, la menor L.X.C.S resultó embarazada; empero, el siete de mayo de dos mil veinte, la adolescente tuvo un aborto inconcluso, lo cual provocó que la llevaran al hospital, para ser atendida medicamente, al no haberse logrado un aborto completo en su domicilio. Luego, resulta válido afirmar que los datos de prueba valorados por el juzgador natural, resultaban eficaces y suficientes para la emisión del auto de vinculación como el combatido, conforme a lo previsto por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es así, porque la información obtenida a través de los datos de prueba ofrecidos por la fiscalía resulta verosímil y permiten considerar que existe la posibilidad de que Hugo Chávez Chihuaque llevó a cabo el hecho previsto en los artículos 164, párrafo primero (segunda hipótesis), y 168, fracciones II y VII, del Código Penal para el Estado de Michoacán, en perjuicio de su menor nieta L.X.C.S.; habida cuenta que ambos habitaban en un mismo domicilio, la menor realizó un señalamiento directo en contra del imputado y existe evidencia de que ésta resultó embarazada. Además, conviene señalar que tratándose de hechos que constituyan violencia sexual contra la mujer, la narrativa realizada por la víctima merece un valor especial, debido a las barreras que, por regla general, enfrentan las víctimas de este tipo de delitos y a que normalmente no puede esperarse la existencia de pruebas gráficas o documentales; de ahí, que la declaración de la víctima constituya una prueba fundamental sobre el hecho. En ese tenor, si el juzgador consideró que la narrativa formulada por la víctima L.X.C.S., en la entrevista que se le practicó el nueve de mayo de dos mil veinte, fue congruente a su edad, que resultó verosímil, espontánea y creíble; y, que además los hechos narrados por ésta fueron robustecidos, al menos en forma indiciaria con el resto de los datos de prueba ofrecidos por la fiscalía; entonces, contrario a lo argumentado por el peticionario del amparo, resulta válido afirmar que el auto de vinculación de catorce de mayo de dos mil veinte, se encuentra debidamente fundado y motivado; precisamente porque, se insiste, existen datos que permiten considerar que es posible que Hugo Chávez Chihuaque cometió el hecho previsto y sancionado por los artículos 164, párrafo primero (segunda hipótesis), y 168, fracciones II y VII, del Código Penal para el Estado de Michoacán, en perjuicio de su menor nieta L.X.C.S. Lo anterior, porque, se reitera, la menor señaló a su abuelo paterno Hugo Chávez Chihuaque, como su posible agresor; además, como producto de los hechos, cometidos entre el veintinueve de febrero y seis de marzo de dos mil veinte, lamenor resultó embarazada; y, de los exámenes practicados a la menor se obtuvo que presenta sentimientos propios de las víctimas de agresión sexual como son temor, tristeza, incomodidad, culpa, rechazo al propio cuerpo, enojo reprimido, tendencia suicida, entre otros aspectos. No pasa inadvertido que, el quejoso señaló que lo declarado por Irma Salto Parra y Hugo Vivan Chávez Sánchez, padres de la menor, presenta contradicciones; empero, tal señalamiento se formuló de manera genérica, habida cuenta que fue omiso en indicar en qué aspectos se contradecían los deponentes. Tampoco pasa desapercibido que el imputado Hugo Chávez Chihuaque se abstuvo de declarar; sin embargo, ese aspecto nada abona a su situación, pues ese hecho por sí solo no resta de ninguna manera valor convictivo a los elementos aportados por la fiscalía. Finalmente, debe señalarse que, si bien ya se indicó que el hoy quejoso tiene el carácter de imputado en la causa penal de la que deriva el acto reclamado y que, por tanto, en términos de lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, debe suplirse la deficiencia de la queja en su perjuicio; lo cierto es que, quien esto resuelve no advierte la existencia de algún motivo por el cual deba considerarse que se ha violentado la esfera jurídica del amparista y que, por esa razón, deba otorgarse la protección constitucional solicitada. Máxime, porque no es posible advertir la existencia de alguna circunstancia atenuante o causa de exclusión del delito; al menos, hasta el momento. No se soslaya, que durante la audiencia inicial, la defensa manifestó que el peticionario del amparo padece alcoholismo consuetudinario; empero, al margen de que esa sola circunstancia de ningún modo generaría la convicción de que el auto de vinculación reclamado resulta inconstitucional; lo cierto es que, como lo señaló el Juzgador natural, no existe prueba de que, en efecto, el peticionario del amparo sea un ebrio consuetudinario; ni si quiera de que el día en que ocurrieron los hechos Hugo Chávez Chihuaque se encontrara tomado o impedido para realizar las conductas que se le atribuyeron. Así, ante lo ineficaz de los argumentos vertidos por el peticionario del amparo, con fundamento en los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, lo que se impone es NEGAR EL AMPARO, respecto del auto de vinculación a proceso reclamado. SEXTO. Supresión de datos personales. En otro aspecto, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Hugo Chávez Chihuaque, por propio derecho, contra el acto que reclamó del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente ejecutoria. SEGUNDO. Por lo indicado en el último considerando de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe, hoy veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Informa cumplimiento a requerimiento. Visto el primero de los oficios de cuenta remitido por el Delegado Regional de la Defensoría Pública Federal, con sede en esta ciudad, a través del cual hace del conocimiento de este juzgado que se comisionó a Santiago Orozco Valencia, asesor jurídico federal adscrito a dicha delegación, para que represente a la menor de iniciales L.X.C.S., en cuanto tercera interesada dentro del presente juicio; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Representante especial acepta cargo conferido. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el aludido asesor jurídico federal, a través del cual comparece a aceptar y protestar el cargo de representante especial de la menor en cita; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 8° de la Ley de Amparo, se tiene al ocursante apersonándose dentro de los presentes autos. Señalamiento de domicilio y autorizados. Por otra parte, se tiene al asesor jurídico señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta; asimismo, dado lo asentado en la certificación de cuenta, se le tiene autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos con las facultades amplias que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Olivia Benítez Reyes y a Alejandro León Cortés, y en términos del artículo 24 de la ley de la materia a las diversas personas que refiere en su ocurso. De manera adicional, conforme a lo establecido por el segundo párrafo del artículo 3, del Acuerdo General 17/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, este órgano jurisdiccional toma nota del número telefónico proporcionado, a fin de que el actuario de la adscripción esté en posibilidad de realizar una cita previa con tal parte en caso de ser necesario. Se autoriza consulta electrónica. Asimismo, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente en que se actúa vía electrónica, bajo los usuarios "SAN69" y "JURISTA33"; por tanto, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias. Alegatos. Finalmente, se tiene al asesor jurídico federal realizando manifestaciones a guisa de alegatos, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Dva

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