Hugo Amos Torres Pluma
Expediente 588/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 588/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Hugo Amos Torres Pluma
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 588/2021-VIII. Puebla, Puebla, once de octubre de dos mil veintiuno. Recepción de ejecutoria. Se agrega al expediente el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, por los magistrados de ese tribunal, en el recurso de queja Q- 95/2021, cuyo punto resolutivo establece: ".ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por *, en contra del auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, dictado por la Jueza Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, dentro del juicio de amparo indirecto 588/2021." Además, la secretaria en mención devuelve un legajo con copias certificadas del presente asunto. En consecuencia, glósese a este juicio el testimonio recibido con el oficio de cuenta; y esta juzgadora queda enterada de que resultó infundado el recurso de queja interpuesto por el defensor particular del quejoso, contra el proveído inicial donde fue desechada su solicitud de tutela constitucional. También, se ordena acusar recibo al tribunal colegiado por el testimonio y copias mencionadas. Mientras el legajo de copias deberá destruirse en la trituradora de este juzgado, porque sólo tiene copias de actuaciones del presente juicio que ya obran de forma original. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el presente expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tienen por ejercer dado que ha quedado firme el proveído que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Aunado a que si el fiscal adscrito, el quejoso o la autoridad responsable desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales Por último, se deja establecido que en el presente asunto no se aperturó incidente de suspensión porque el quejoso no lo solicitó. Notifíquese.
- Principal
Puebla, Puebla, quince de julio de dos mil veintiuno. Tribunal colegiado comunica admisión del recurso de queja interpuesto. Se agrega al expediente un oficio signado por el actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. En ese oficio informa que el magistrado presidente del citado tribunal, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por ***, por sí y como representante común de los quejosos restantes, contra el proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, y acusa recibo de los anexos remitidos (copias certificadas derivadas del juicio de amparo indirecto en el que se actúa y dos cuadernos auxiliares). También comunica que el mencionado recurso, quedó radicado con el número de expediente ***, de su índice. De todo lo anterior se toma conocimiento, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Puebla, Puebla, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Recurso de queja. Se agrega al expediente el escrito signado Hugo Amós Torres Pluma, mediante el cual interpone recurso de queja y formula agravios contra el proveído de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda en la que se consideró se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, con relación al artículo 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, se tiene interpuesto ese recurso con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo. Envío de la queja al tribunal colegiado. La revisión efectuada tanto al recurso como al escrito de agravios, permitió detectar que el promovente señaló las constancias que desea se remitan en copia a la superioridad, para el trámite del recurso de queja. Entonces, se ordena enviar el recurso de queja y las copias necesarias para su resolución, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en turno, lo cual implicará que el envío se haga por medio de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito. Además, se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque el diecisiete de junio de dos mil veintiuno se emitió un proveído, en el que se desechó la demanda de amparo por las razones desarrolladas en ese acuerdo. Para justificar lo anterior, se instruye adjuntar copias de todo este juicio y el escrito de agravios, al oficio dirigido para el tribunal colegiado. Empero, se descarta suspender el procedimiento en este asunto, porque la demanda fue desechada. Indicaciones a la actuaria. Se hace saber a la actuaria que la notificación de este acuerdo deberá realizarla lista, mientras que el envío de la queja la deberá realizar por oficio de manera física. Ello, con plena observancia al "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", lo cual implica utilizar el Kit de seguridad proporcionado para tal efecto. Notifíquese y cúmplase (el envío de la queja).
- Principal
JUICIO DE AMPARO 588/2021-VIII. En diecisiete de junio de dos mil veintiuno, la secretaria da cuenta a la jueza con un escrito (y nueve copias para traslado); recibido físicamente el día hábil anterior a la fecha, y registrado con el número de control interno 8640. Conste. Puebla, Puebla, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Desahogo de prevención. Se agrega al expediente el escrito signado por el quejoso +++++++, por propio derecho, por el que da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de diez de junio de dos mil veintiuno. En el escrito de cuenta aclara la demanda de la forma que sigue: I. Reclama únicamente la inconstitucionalidad del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. II. Refiere que no hay acto de aplicación. III. Dice que el numeral que tilda de inconstitucionalidad transgrede su esfera jurídica ya que al no comparecer a la audiencia, el medio de impugnación quedaría sin materia, ya que en ese precepto no se contemplan circunstancias extraordinarias que deba considerar el juez para evitar esa consecuencia jurídica (con motivo de su inasistencia). IV. Únicamente reclama la expedición del decreto al Congreso de la Unión. V. Señala que no reclama acto alguno por vicios propios. En ese contexto, se tiene por cumplida la prevención formulada en el auto inicial de este juico. Materia del juicio. Los actos reclamados por el quejoso, en términos de la demanda y el escrito aclaratorio, comprenden: a). La inconstitucionalidad del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 En el presente caso, se observa que atendiendo tanto de la integridad de la demanda presentada por el quejoso, como de su escrito aclaratorio, reclama de las autoridades siguientes, la inconstitucionalidad del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales: a) Presidente de la República; b) Congreso de la Unión; c) Secretaría de Gobernación; d) Director del Diario Oficial de la Federación; y, e) Jueces de Control (en específico, el juez de control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución, de la Región Judicial Centro, a cargo de expediente +++++++). El quejoso se duele del mencionado numeral ya que -de acuerdo a su narrativa de hechos bajo protesta de decir verdad- , se obtiene que denuncio a través de querella (por el delito de despojo) ante la representación social, dicha denuncia quedo asentada en la carpeta de atención temprana ++++++. El impetrante, durante la integración de dicha carpeta propuso diversas diligencias sobre las cuales la agente del Ministerio Público no se pronunció, motivo por el cual aquél solicitó la intervención del juez de control interponiendo el medio de control judicial innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, por auto de once de marzo de dos mil veintiuno, emitido en el expediente +++++++, el juez de control otorgó vista al aquí quejoso para que en el término de diez días se pronunciara con relación a la contestación realizada por la fiscal a cargo de la fiscal responsable en la carpeta de atención temprana +++++++, con el apercibimiento de que de ser omiso en pronunciarse sobre la aludida contestación, se ordenaría el archivo del asunto sometido ante el juez de control. Ahora bien, resulta oportuno señalar que el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales (materia de este juicio de amparo), reza lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del numeral transcrito se advierte que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las determinaciones del Ministerio Público que se pronuncien sobre: a) La abstención de investigar; b) El archivo temporal; c) La aplicación de un criterio de oportunidad; y, e) El no ejercicio de la acción penal. El plazo para la interposición de dicho medio de impugnación es de diez días, los cuales comenzarán a transcurrir al día siguiente de la notificación de la determinación que se somete a dicho control. Una vez de conocimiento, el juez de control convocará a una audiencia en la que resolverá de forma definitiva, razón por la cual en ésta citará a la víctima u ofendido, al Ministerio Público, al imputado y su defensor. Además el referido numeral expresa que ante la inasistencia de la víctima u ofendido, pese a estar debidamente notificados, ocasionará como consecuencia declarar "sin materia", el medio de impugnación interpuesto. Esa última consecuencia es la razón por la cual el aquí quejoso acude a este juicio de amparo, ya que de la interpretación tanto de su escrito de demanda como del diverso aclaratorio, se obtiene que debido a la imposibilidad de asistir a la audiencia en la cual el juez de control se pronuncie en definitiva sobre el medio de impugnación interpuesto en contra de la aparente abstención de investigación de la fiscal responsable de la carpeta de atención temprana +++++++ (ya que refiere que es una persona mayor de edad que presenta patologías), el impetrante teme que se le aplique la consecuencia jurídica prevista en la hipótesis del artículo 258, del indicado código nacional, esto es, declarar sin materia el recurso interpuesto. Sobre el particular, ésta operadora jurídica estima que la demanda de amparo en adición a su escrito aclaratorio devienen de improcedentes ya que se actualiza de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el artículo 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Dichos numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" (el énfasis es añadido). "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)"(.)" (el énfasis es añadido). Del primero de los preceptos trascritos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente si se reclama una norma de carácter general que requiera un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia y no se acredite la existencia de éste. Sobre el particular, resulta útil destacar que la fracción I, del artículo 107, de la ley de amparo, señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; (.)" De dicho numeral se obtiene que el amparo indirecto procede contra normas generales por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, además refiere que dicho instrumento debe causar perjuicio al quejoso. Lo anterior implica que un ordenamiento legal es impugnable a través del juicio de amparo indirecto, de acuerdo a la naturaleza de la norma general, esto es, si causa perjuicio al quejoso por su sola entrada en vigor (autoaplicativas), o bien, si requiere de un acto de aplicación (heteroaplicativas). Para la actualización del primer caso enunciado, el quejoso solo necesita ubicarse en los supuestos que establece un ordenamiento legal que afecte su interés jurídico o legítimo, para que surja su derecho a solicitar el amparo, lo cual deberá realizar en el plazo de treinta días a partir de su entrada en vigor (ello, de conformidad con el la fracción I, del artículo 17 de la Ley de Amparo), o bien, esperar a que se le aplique dicho ordenamiento legal (en ese supuesto, el término con el que cuenta el quejoso para solicitar el juicio de amparo, será de quince días conforme al artículo 17 de la ley de la materia). En el caso de normas heteroaplicativas, no basta que se demuestre la existencia de una norma para establecer su aplicabilidad al quejoso, sino que para acudir al juicio de amparo es necesario un acto concreto de aplicación que actualice la hipótesis normativa y que éste le cause un perjuicio (no reparable) al quejoso (para la oportunidad de amparo, en este caso, el plazo es de quince días conforme al reiterado artículo 17). Para distinguir sobre el tipo de norma que acontece en el juicio de amparo (autoaplicativa o heteroaplicativa), es necesario acudir al criterio de individualización condicionada e incondicionada. Dicho concepto de individualización constituye un elemento de referencia para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada. La individualización incondicionada consiste en la realización del acto necesario para que la norma adquiera esa individualización, que bien puede ser de carácter administrativo o jurisdiccional, que lo sitúa dentro de una hipótesis normativa. De ahí que las obligaciones de la norma nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará ante una norma autoaplicativa o de individualización incondicionada. Por el contrario, si las obligaciones de hacer o de no hacer que impone una norma, no surgen de forma automática por su sola entrada en vigor, sino que requiere de que se actualice un perjuicio que condicione su aplicación, se estará ante una norma de carácter heteroaplicativa o de individualización condicionada. Ello es así ya que la norma jurídica requiere que acontezca un caso concreto para que se considere que ha sido aplicada. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia P. /J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En este caso, como se dijo en párrafos previos, el quejoso se duele, en específico, de la consecuencia jurídica prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que declara sin materia el recurso de control judicial ante la inasistencia de la víctima y ofendido a la audiencia en la que resuelva en definitiva el juez de control. Dicho artículo es de individualización condicionada. Lo anterior es así, ya que contrario a lo que refiere el quejoso en su escrito aclaratorio, para que se materialice el perjuicio generado en la esfera jurídica del quejoso con motivo de su acto de aplicación, es necesario que la audiencia a que hace referencia se lleve a cabo y que el juez de control determine que ante la inasistencia de la víctima y ofendido, en este caso, el quejoso (por los motivos que aquél expresa), pese haber sido debidamente notificado, esto es, que en la especie ya exista materialmente la declaración del juez de control en la que determine sin materia el recurso interpuesto. En efecto, el citado dispositivo legal no genera perjuicio alguno al gobernado por su sola entrada en vigor, ya que para ubicarse en ese supuesto, la norma debe actualizarse por una u otra circunstancia, por lo que su efecto ocurrirá una vez que se realice el acto de individualización, esto es, que la parte quejosa, por su inasistencia, orille al juez de control a emitir la declaratoria de dejar sin materia el recurso interpuesto por la inasistencia de la víctima u ofendido (aquí quejoso). De lo anterior surge la necesidad de que para la procedencia de este juicio de amparo, el quejoso necesariamente tuvo que haber interpuesto este medio de control constitucional, una vez emitida la resolución del juez de control de dejar sin materia el recurso interpuesto por la inasistencia del quejoso a la audiencia que prevé el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que hasta ese específico momento se generaría la consecuencia jurídica que afectaría la esfera jurídica del quejoso. Por lo que en el caso, al no evidenciarse un acto de aplicación tanto en su demanda como en su escrito aclaratorio, es indudable que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el artículo 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 67/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 104, tomo X, julio de 1999, de contenido siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE SOBRESEERSE POR LA LEY, SIN QUE ELLO IMPIDA AL PROMOVENTE IMPUGNARLA EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE APLIQUE EN SU PERJUICIO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de una disposición con motivo del primer acto de aplicación debe demostrar que lo perjudica; si éste no existe debe decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, pero el sobreseimiento en los términos indicados no le impide volver a impugnar la ley o reglamento cuando en realidad se le aplique en su perjuicio." Así como la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 235, del tomo XII, agosto de 200, de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Con base en lo expuesto, y acorde a lo establecido en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con los artículos 5, fracción I, 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo del quejoso ++++++, lo anterior, con motivo de la actualización de la causal de improcedencia de forma manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Notificación de este proveído. Este auto deberá notificarse personalmente en el domicilio proporcionado en la demanda de amparo. Para ello, la actuaria judicial a cargo de este asunto deberá atender el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y hacerse uso del Kit de seguridad proporcionado para tal efecto. Notifíquese; y de forma personal al quejoso (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias)
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