Hugo Amos Torres Pluma
Expediente 59/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 59/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Hugo Amos Torres Pluma
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 59/2022-IX. Puebla, Puebla, ocho de febrero de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la quejosa no interpusieron recurso de queja contra el proveído de veintiuno de enero de dos mil veintidós, por el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME).. se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Devolución de documentos. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Devolución de cuadernos auxiliares Toda vez que no existen constancias remitidas por la autoridad responsable que deban devolverse, se deja de proveer al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase
- Principal
JUICIO DE AMPARO 59/2022-IX. Puebla, Puebla, veintiuno de enero de dos mil veintidós. RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE. Se recibe el oficio 1067/2022 y anexos de cuenta, de cuyo contenido se aprecia (entre otras cuestiones) el proveído inserto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, dictado en el diverso juicio de amparo 1018/2021 del índice de este juzgado, con motivo de la separación de juicios respecto de la ampliación de demanda de amparo presentada por ***, por propio derecho. DESECHAMIENTO. El artículo 1131 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora, de la demanda de amparo se advierten como actos reclamados los siguientes: a) La omisión del Juez de Control de enviar o dar vista con el escrito de querella del quejoso al Fiscal General del Estado. b) Para el supuesto de enviarse la citada querella, la omisión de dar trámite a la misma. Ahora, respecto al acto señalado en el inciso a), a criterio de este operador jurídico, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el 134, fracciones I, IV y VII, y 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para justificar lo anterior, en principio, debe acotarse que, de los antecedentes narrados en la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se rige por las disposiciones constitucionales y legales en vigor a partir de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, esto es, por el actual sistema penal acusatorio. En ese tenor, debe decirse que los citados preceptos constitucionales y legales, establecen lo siguiente: Ley de amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.] ". Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 134. Deberes comunes de los jueces En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados, los siguientes: I. Resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el jercicio de la función jurisdiccional; [...] IV. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal; [...] VII. Los demás establecidos en la Ley Orgánica, en este Código y otras disposiciones aplicables." "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá al Órgano jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido". En ese orden, el numeral 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la obligación de los jueces de resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional, así como atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal. Asimismo, establece, en su numeral 135, el recurso de queja ante el Órgano jurisdiccional omiso, cuando se considere que un juzgador de primera instancia no realizó un acto procesal dentro del plazo señalado por dicho código, otorgando el derecho a cualquiera de las partes para interponerla. De lo anterior, se advierte que, el legislador contempló el derecho de las partes de dolerse ante el mismo Órgano jurisdiccional de las actuaciones omisivas o negligentes, como lo es la dilación reclamada; el cual tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. Además, dentro del nuevo esquema procesal, se prevé el referido recurso de queja, el cual, de acuerdo a lo establecido en el citado numeral 135, párrafo tercero, la autoridad jurisdiccional competente (entendiéndose, de acuerdo al numeral 3, fracción X, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Tribunal de enjuiciamiento o el Tribunal de alzada ya sea fuero federal o común), el cual tiene la atribución de conocer de las quejas interpuestas en contra de dichos juzgadores, y deberá tramitarse y resolverse si la omisión se ha verificado en un plazo de veinticuatro horas, en cuyo caso, ordenará la realización del acto omitido. En efecto, constituye un derecho fundamental de las partes en el proceso promover queja en contra de omisiones o negligencias en que el juzgador de primera instancia puede incurrir; dentro de ellas está precisamente la eventual omisión de remitir al Fiscal General del Estado la querella del quejoso o el oficio por el cual se le encomiende investigar los motivos por los cuales, a decir del peticionario de amparo, sus inferiores jerárquicos no cumplen con lo ordenado dentro del expedientillo de control judicial correspondiente. Dicha prerrogativa que se le otorga a las partes en el proceso no es opcional, sino que se les reconoce ese derecho para el efecto de que puedan conminar al juez de control para que se conduzca con apego a la ley, de estimar que esto no se ha llevado a cabo, mediante un recurso veloz e inmediato mediante el cual las partes pudieran defender los derechos que consideraran violentados por parte de la potestad ordinaria ante un órgano de control, el cual no se contemplaba con anterioridad, por lo que se acudía directamente al amparo, produciéndose incluso, su abuso. En efecto, robustece la determinación anterior el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que, al no encontrarse en dicho supuesto, es imperativo para el gobernado acudir a las instancias establecidas por la ley adjetiva que pueden producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente; ello, en tanto, de pronunciarse sobre la materia de la demanda que propone el quejoso, este Juzgado Federal de amparo sustituiría procesalmente a las autoridades a quienes el Código Nacional de Procedimientos Penales encomienda el pronunciamiento relativo al conflicto de que se trata. De ahí que, en contra del acto reclamado de referencia, es improcedente el juicio de amparo, pues el quejoso debió interponer el recurso de queja establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales. No se soslaya que la abstención de la autoridad judicial, puede ser susceptible de transgredir en perjuicio de la parte quejosa, los derechos que a su favor establece la Constitución Federal, toda vez que ante esa inactividad de la autoridad, el gobernado queda en completo estado de incertidumbre e inseguridad jurídica; no obstante, la existencia formal y material de un procedimiento de defensa que resulta idóneo para impugnar dicha omisión con la posibilidad de obtener un resultado eficaz, permite exigir que se haga uso de éste, pues se trata de un verdadero recurso o medio ordinario de defensa. Por las razones que la informan, se invoca la tesis : "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. ." Así como la tesis : "DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, TUTELADO POR EL ARTÍCULO 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. SU EFECTIVIDAD NO IMPLICA SOSLAYAR LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. ". En otro orden de ideas, respecto al acto reclamado en el inciso b), también resulta inviable su admisibilidad. Ello es así, en primer lugar porque es omiso en señalar la autoridad a la cual le atribuye la existencia del acto reclamado, ya que el peticionario de amparo se limita a hacer una manifestación genérica "de quien lo haya recibido". Además, con independencia de lo anterior, resulta evidente la causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la omisión reclamada tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación, que debe agotar la parte quejosa antes de solicitar el control de legalidad extraordinario -en el juicio de amparo-. Para demostrar la causal invocada, se presenta el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, .". Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizó una interpretación al citado artículo en la jurisprudencia3 siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. ." De lo anterior se obtuvo la regla siguiente: las víctimas u ofendidos que resientan un impacto a sus derechos fundamentales, por abstenciones, decisiones, (determinaciones) u omisiones imputables al Ministerio Público encargado de una carpeta de investigación, deben acudir con un juez de control para reclamar ese tipo de actos, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria (el juicio de amparo indirecto). Es más, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada que los preceptos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivan una ruta ordinaria para impugnar cualquier omisión u abstención del Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación. Esa ruta ordinaria corresponde a la impugnación que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea éste quien revise la legalidad de la actividad o inactividad en una carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad y en consecuencia, instruir al Ministerio Público la reanudación de las investigaciones en forma efectiva, hasta determinar lo procedente al ejercicio de la acción penal. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Por consiguiente, es válido afirmar en este juicio que el acto reclamado por la parte quejosa descrito en el inciso b), debe llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad, al tratarse de una decisión emitida por el Ministerio Público dentro de una carpeta de investigación. De hecho, la parte quejosa debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación, contra la determinación o decisión combatida en la demanda de protección, motivo por el cual tiene las condiciones necesarias para impugnar esas abstenciones en el procedimiento ordinario de impugnación. Además, si la resolución que pronunciara después el juez de control al examinar las actuaciones practicadas en la indagatoria, fuera adversa al propósito de investigar o darle continuidad a la indagatoria o el quejoso estimara que el análisis de la carpeta desatendió algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal, podrá acudir a la vía extraordinaria de impugnación que es el juicio de amparo indirecto, en particular contra la resolución del juez de control sobre el estado de la mencionada indagatoria. Por tanto, se afirma en el presente acuerdo que el reclamo planteado por el quejoso, se encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, pues las abstenciones combatidas en la demanda de protección debe impugnarla primero, en la ruta ordinaria de impugnación que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que se estime actualizada la causal de improcedencia relativa al principio de definitividad, dado que es notoria y manifiesta conforme al orden jurídico vigente (artículo 258 del código invocado) examinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias referidas en párrafos anteriores. Máxime que continuar la tramitación de este juicio, sólo implicaría un retardo para la situación que tiene la quejosa en su condición de víctima, pues el trámite de este juicio de amparo provocaría una desatención a la ruta ordinaria de impugnación y con ello un retraso al control judicial, el cual debe solicitar en la vía ordinaria si a su interés conviene, para conseguir que un juez de control examine la abstención del Ministerio Público frente a las actuaciones existentes en su denuncia. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada, pues se actualizó las referidas causales de improcedencia de manera manifiesta e indudablemente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones del quejoso el que señala en su escrito de demanda ubicado en la ciudad de Puebla. Se descarta tener por autorizado para recibir notificaciones a profesionista alguno, debido a que la parte quejosa omitió señalarlos. Notifíquese; de manera personal al quejoso; y cúmplase.
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