Hugo Benitez Alvares
Expediente 1105/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1105/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 22/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Hugo Benitez Alvares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Se ordena agregar al expediente, el oficio de cuenta de la Jueza Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, por el que acusa recibo del duplicado de la causa penal ** . De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes.
- Principal
De la certificación de cuenta y el estado procesal del juicio, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días señalado por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusiera recurso de inconformidad contra el auto de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, el cual declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Por tanto, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME). Así mismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena archivar el presente asunto como concluido. Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo. Empero, se hace notar que el presente asunto, carece de relevancia documental. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, se deberá transferir el expediente al Centro Archivístico Judicial. Por otra parte, se ordena devolver el duplicado de la causa penal ** con el que se ordenó formar el tomo I, al Juez Municipal de lo Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla. Por tanto, se requiere a la aludida autoridad para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos el presente auto, acuse de recibo dado que se remite el duplicado de dicha causa penal. Se apercibe a la autoridad de mérito que de omitir dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en el artículo 237, fracción I y 238, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario) , de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Por último, se ordena glosar copia autorizada de este proveído al cuaderno único incidental, para los efectos legales conducentes.
- Incidental
Del estado procesal que guardan los presentes autos y la copia certificada de cuenta, se advierte que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio principal del cual deriva el incidente en que se actúa. Lo que constituye un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Asimismo, se advierte la inexistencia de billete de depósito o garantía alguna exhibida por el quejoso cuya devolución resulte necesaria. Por lo tanto en esta fecha se ordena el archivo del presente incidente de suspensión. En esas condiciones, con fundamento en los supuestos previstos en el capítulo quinto, puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se determina que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, pues se concedieron ambas medidas cautelares. Mientras que el duplicado es susceptible de destrucción; lo que acontecerá una vez que transcurran más de seis meses del dictado de la interlocutoria que resolvió sobre la suspensión definitiva. Por último, se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes, a fin de realizar alguna manifestación respecto de la vista otorgada en acuerdo de once de enero de dos mil dieciocho (foja 119) en relación con el acto efectuado por el juez responsable, para cumplir la ejecutoria de amparo del presente juicio. Por tanto, este juzgador procede de oficio a determinar si ha quedado cumplida la sentencia que otorgó la protección, a pesar de que las partes omitieron manifestarse en relación con el acuerdo emitido por la autoridad responsable. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." De entrada conviene decir que el quince de noviembre de dos mil diecisiete fue celebrada la audiencia constitucional, y en la sentencia dictada esa misma fecha (fojas 55 a 64); se concedió el amparo al quejoso para que el juez responsable efectuara lo siguiente: ".Por tanto, en reparación de ello y con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se decide conceder la protección constitucional solicitada, para que la autoridad judicial responsable haga lo siguiente: A. Deje insubsistente el acto reclamado sólo por cuanto hace al hoy quejoso *** ; B. En su lugar, emita una nueva resolución, de manera fundada y motivada en forma suficiente, en donde subsane las incongruencias expuestas a lo largo del apartado considerativo II.5., y sustente sus razonamientos en el relato que sea coincidente y congruente plenamente con el contenido de las declaraciones expuestas por los tres deponentes de cargo: el ofendido ** , y los atestes ** ; C. Enseguida, tanto al realizar el estudio del cuerpo del delito, como de la probable responsabilidad del ahora quejoso, deberá determinar, fundada y motivadamente, si en el caso se actualiza la figura jurídica de la responsabilidad correspectiva; para ello, será menester que explique: a. Si en el caso existió, o no, un desconocimiento del actuar específico de cada sujeto activo y, en concreto, del ahora quejoso. b. Lo anterior en la medida que dicho juzgador considere (y explique) si en dicho caso se logró acreditar, o no, conforme al estándar probatorio para la emisión de la formal prisión reclamada, cuál o cuáles de los actos múltiples, agresiones o lesiones específicas o causantes del resultado dañoso (previa comprobación de la intervención conjunta de los sujetos activos en la comisión de un hecho punible) fue o fueron el origen causal de su producción, sancionada en el marcado punitivo aplicable al caso. Esto, según se exponga por dicho juzgador penal natural si existe, o no, una imposibilidad jurídico-probatoria de determinar cuál o cuáles de los actos del cúmulo de agresiones lesivas atribuidas a los inculpados, fue o fueron causantes del resultado dañoso y el porqué de lo anterior. c. En caso de estimar que se actualiza la figura de la responsabilidad correspectiva, la juez natural no podrá encuadrar los hechos imputados en la calificativa prevista en el artículo 326, fracción II del código sustantivo penal, concerniente en la superioridad del número de sujetos activos furente al ofendido, ni tampoco en la coautoría. D. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción determine lo procedente en derecho. Cabe hacer la precisión de que los efectos sobre los cuales versa la decretada concesión de la protección constitucional solicitada, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable (ahora parte quejosa) ni el de anular actuaciones posteriores; por el contrario, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y conforme a los lineamientos expuestos en este fallo, así como con libertad de jurisdicción dicte una determinación. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESAS RESOLUCIONES". La concesión decretada en la presente resolución, se hace extensiva al Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Huejotzingo, Puebla, dado el carácter de autoridad ejecutora con el que fue señalado, máxime que de este último no se reclaman actos por vicios propios, sino que se hacen depender de la inconstitucionalidad de la resolución combatida." Ninguna de las partes interpuso recurso de revisión, motivo por el cual la mencionada sentencia alcanzó el rango de ejecutoria el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 82 a 84) y se requirió el cumplimiento de la protección con los apercibimientos respectivos. Luego, por oficio 24/2018, recibido en este juzgado el diez de enero de dos mil dieciocho (foja 92), el juez responsable envió copia certificada de la resolución de ocho de enero de dos mil dieciocho, dictada dentro del proceso penal *** , a través de la cual dejó sin efectos la resolución de uno de septiembre de dos mil diecisiete, y en su lugar dictó una diversa conforme a los parámetros establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Así las cosas, mediante acuerdo de once de enero de dos mil dieciocho (foja 119) se dio vista al quejoso y parte tercera interesada, para que en el plazo de tres días manifestaran su parecer respecto del cumplimiento realizado por el director responsable (sin que hubieran desahogado esa vista). Se les apercibió que de omitir expresarse en el plazo concedido, se resolvería de oficio sobre el cumplimiento dado al fallo protector a partir de los elementos agregados al presente sumario constitucional. Ahora, es importante señalar que las constancias remitidas por la autoridad responsable, para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. De las referidas constancias, se advierte en primer término que la autoridad judicial responsable dejó insubsistente la resolución declara inconstitucional en el presente juicio de amparo (la de uno de septiembre de dos mil diecisiete) y en su lugar emitió una diversa conforme los parámetros que se le establecieron en la ejecutoria que se dictó en el presente juicio de amparo. Ello, pues al llevar a cabo el análisis de los parámetros constitucionales y legales para el dictado de un auto de formal prisión el juez responsable determinó la falta de probanzas para establecer el encuadramiento de la conducta típica prevista para el delito de lesiones calificadas; previsto en los artículos 311, 323, y 326 fracción II, del Código Penal del Estado de Puebla. Es así, pues la autoridad responsable determinó que al ignorarse el sujeto que produjo el resultado lesivo para identificar en lo particular la acción atribuida a cada uno de los sujetos activos, se estimó la operación de la figura jurídica de responsabilidad correspectiva, al determinar la imposibilidad de establecer la relación entre el nexo causal y el resultado. Por ende, estimó improcedente encuadrar la conducta del quejoso *** con el tipo penal de lesiones calificadas, establecido en los artículos 311, 323 y 326, fracción II del Código Penal del Estado de Puebla. De ahí que la resolución de auto de formal prisión se resolviera (en cumplimiento al fallo protector emitido en este juicio de amparo) con base al estudio de lesiones dolosas, previsto y sancionado por los artículos 305 y 306, fracción II del Código Penal del Estado de Puebla en contra del hoy quejoso. Ello, al estimar acreditado la existencia material de las lesiones que sufrió el agraviado *** , conforme a las pruebas recabadas dentro de la averiguación previa; entre ellas para determinar la gravedad de las mismas, el dictamen médico *** emitido por la médico legista adscrita al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Además, la autoridad responsable llevó a cabo el estudio congruente de las declaraciones de *** , así como del ofendido ** . De ellas determinó la imposibilidad material de establecer la relación causal entre el resultado y el presunto responsable, al desconocerse el actuar específico de cada implicado en la conducta, lo que estimó dio lugar a la responsabilidad correspectiva, y por ende, a la atenuante prevista por esa figura jurídica; en consecuencia dictó auto de formal prisión contra el aquí quejoso por el delito de lesiones dolosas en agravio de *** . Todo lo cual se ajusta a las obligaciones jurídicas impuestas al juez responsable, y que constituyen el núcleo esencial de la sentencia protectora; lo cual se materializó el ocho de enero de dos mil dieciocho. En tales condiciones, se determina con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, que la ejecutoria pronunciada en este juicio ha quedado cumplida por la autoridad responsable obligada -sin excesos ni defectos en la actuación realizada-. Entonces, se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito para manifestarse en términos de sus obligaciones legales; y hágase del conocimiento este proveído tanto al quejoso, tercero interesado y fiscal actuante en el proceso generador, en su carácter de tercero interesado, para los efectos del primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo vigente. Por último, a fin de registrar la presente determinación de cumplimiento en los libros de gobierno como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), se puntualizan las siguientes fechas: a) El veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio de amparo (fojas 82 a 84). b) La autoridad responsable cumplió con la sentencia de amparo el ocho de enero de dos mil dieciocho (fojas 94 a 118). c) Mediante oficio 24/2018 la autoridad responsable informó el cumplimiento dado a la ejecutoria, que se recibió en este juzgado el diez de enero de dos mil dieciocho (foja 92). d) En esta fecha, veintinueve de enero de dos mil dieciocho, se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio.
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