Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
Expediente 341/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 341/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 24/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
- Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y Otros.
- Araceli Rosalva Sánchez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Notifíquese.
- Principal
JA 341/2023 MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. Análisis sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y que de conformidad con los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 214, de la Ley de Amparo, "No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional", este órgano de control constitucional, con las constancias que obran en autos, procede a resolver si ha quedado cumplido el fallo protector. Alcances de la sentencia de amparo De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especia Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, realizara lo siguiente: (.) 7.1 Efectos del fallo protector. En las narradas consideraciones, lo procedente es conceder el amparo y protección que de la justicia federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad laboral responsable: I. Deje insubsistente la resolución incidental de diez de marzo de dos mil veintitrés emitida en el expediente laboral ********************, y II. En su lugar, dicte una nueva resolución y resuelva con plenitud de jurisdicción de manera congruente así como fundada y motivada, atendiendo a los argumentos que la parte recurrente le hizo valer en sus agravios, con base en lo que ha sido expuesto en el presente fallo. (.) Actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo Con motivo de ello, la precitada autoridad responsable mediante oficio número 1185/2023 de veintiuno de junio del presente año, remitió copia certificada de la determinación emitida el veintiuno de junio del año en curso, dictada en el expediente ********************de su estadística, en el que dejó insubsistente la interlocutoria de diez de marzo del año en curso y en uso de la libertad de jurisdicción que le fue otorgada, resolvió procedente el recurso de revisión interpuesto contra el auto de catorce de junio de dos mil veintidós. Además por diverso oficio número *****/2023 de diez de julio del presente año, dicha autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias de notificación realizadas a las partes respecto de la resolución de veintiuno de junio del año en curso, dictada en el expediente ********************de su estadística. Análisis del acto emitido en cumplimiento Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que dejó insubsistente la resolución incidental de diez de marzo de dos mil veintitrés emitida en el expediente laboral ********************, y en reposición del procedimiento esa Junta pronunció una nueva resolución con plenitud de jurisdicción atendiendo a los argumentos que la parte recurrente le hizo valer en sus agravios, con base en lo que le fue expuesto en el fallo respectivo. Conclusión sobre el análisis del cumplimiento En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Determinación sobre exceso o defecto en el cumplimiento Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." Manifestaciones de la parte quejosa No es óbice a lo anterior, las manifestaciones esgrimidas por el apoderado de la parte quejosa en escrito agregado en auto de dieciocho de julio actual, en el que en esencia indicó lo siguiente: (..) La resolución interlocutoria de fecha 21 de junio de 2023, la autoridad responsable realiza el cumplimiento de manera defectuosa a la ejecutoria de amparo, ya que si bien es cierto que deja sin efectos la diversa interlocutoria de fecha 10 de marzo de 2023, también lo es que al momento de pronunciarse sobre la legalidad del acuerdo recurrido de fecha 14 de junio de 2022, lo hace incurriendo en los mismos yerros respecto de los cuales se solicitó el amparo que fue concedido, configurándose así el defecto en el cumplimiento por parte de la responsable. En efecto lo anterior, es así, porque no respeto el principio de congruencia ni fundo ni motivo debidamente su determinación pues primeramente analizó contenido del acuerdo de 13 de mayo de 2022 que es diverso al recurrido de fecha 14 de junio de 2022 y por otro lado se apartó de los argumentos que la recurrente hizo en sus agravios, sin explicar debidamente los motivos por los cuales decidió en el sentido que lo hizo. Como podrá observarse del texto reproducido con anterioridad, en el acuerdo de fecha 14 de junio de 2022, recurrido en el recurso de revisión, la autoridad responsable se limitó a hacer efectivo el apercibimiento a la trabajadora, dada su inasistencia a la diligencia de reinstalación, por tanto dicho acuerdo es que la responsable se debió enfocar en analizar en la resolución interlocutoria de fecha 21 de junio de 2023, dado que así le fue ordenado en la ejecutoria de 29 de mayo de 2023, y no el diverso de fecha 13 de junio de 2022, pues ese no fue el acuerdo recurrido y del que se dolió la trabajadora en su recurso de revisión, de tal suerte que es evidente que la responsable al momento de emitir el acto de fecha 21 de junio de 2023, con el que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no respeto el principio de congruencia ni fundo ni motivo debidamente su determinación y por otro lado se apartó de los argumentos que la recurrente hizo valer en sus agravios, sin explicar debidamente los motivos por los cuales decidió en el sentido que lo hizo. (.) Respecto a dichas manifestaciones, este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para analizar la legalidad de la determinación de veintiuno de junio del presente año, por el que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, por ser una cuestión que escapa la materia de análisis para decidir sobre el cumplimiento del fallo protector, que impone realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, así como verificar que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto. Máxime que en la sentencia se otorgó a la responsable plenitud de jurisdicción para determinar conforme a derecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 76/2014 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha doce de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 605, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así como la diversa tesis de jurisprudencia 2a./J. 1/2001, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha doce de enero de dos mil uno, publicada en la página 203, Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia. Por las razones que preceden, no es procedente lo pretendido por la parte quejosa, respecto a declarar que existió incumplimiento a la ejecutoria de amparo. Archivo del expediente como concluido En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 12, 14, 17, fracción III, inciso a) y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en vigor, al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Relevancia documental Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Destino del expediente Toda vez que en este juicio se concedió la protección constitucional, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será CONSERVABLE en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, contado a partir de la fecha en que se dictó este acuerdo, previo trámite correspondiente, se transferirá al depósito documental designado para tal efecto, conforme a lo establecido en el artículo 26, del Acuerdo invocado. Anotaciones en carátula y libro En términos del artículo 34 del citado Acuerdo, indíquese en la carátula la referida valoración, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico. Se pone a disposición de quejosa documento original Toda vez que la parte quejosa, junto con su demanda de amparo, exhibió las siguientes documentales: 1.- Escrito de doce de junio de dos mil trece. 2.- Un escrito de veinticuatro de septiembre de dos mil trece, signado por ******************** 3.- Acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil trece. 4.- Escrito de quince de abril de dos mil trece, signado por ******************** 5.- Escrito de veinticuatro de septiembre de dos mil trece. 6.- Acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil catorce. 7.- Laudo de veintisiete de enero de dos mil diecisiete. 8.- Resolución de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. 9.- Escrito de veinte de abril de dos mil veintidós. 10.- Auto de trece de mayo de dos mil veintidós. 11.- Diligencia de seis de junio de dos mil veintidós. 12.- Escrito de ocho de junio de dos mil veintidós. 13.- Acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós. 14.- Escrito de veintinueve de agosto de dos mil veintidós. 15.- Auto de quince de noviembre de dos mil veintidós. 16.- Auto de diez de enero de dos mil veintitrés. 17.- Resolución de diez de marzo de este año. Por consiguiente, hágase del conocimiento de dicha parte que dicha documental queda a su disposición a fin de que si lo considera comparezca a recogerlo, en un horario de atención al público de 9:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes, en días hábiles. Notifíquese personalmente.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Número de expediente: 341/2023 Acuerdo: JA 341/2023 MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. Análisis sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y que de conformidad con los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 214, de la Ley de Amparo, "No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional", este órgano de control constitucional, con las constancias que obran en autos, procede a resolver si ha quedado cumplido el fallo protector. Alcances de la sentencia de amparo De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especia Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, realizara lo siguiente: (.) 7.1 Efectos del fallo protector. En las narradas consideraciones, lo procedente es conceder el amparo y protección que de la justicia federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad laboral responsable: I. Deje insubsistente la resolución incidental de diez de marzo de dos mil veintitrés emitida en el expediente laboral ********************, y II. En su lugar, dicte una nueva resolución y resuelva con plenitud de jurisdicción de manera congruente así como fundada y motivada, atendiendo a los argumentos que la parte recurrente le hizo valer en sus agravios, con base en lo que ha sido expuesto en el presente fallo. (.) Actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo Con motivo de ello, la precitada autoridad responsable mediante oficio número 1185/2023 de veintiuno de junio del presente año, remitió copia certificada de la determinación emitida el veintiuno de junio del año en curso, dictada en el expediente ********************de su estadística, en el que dejó insubsistente la interlocutoria de diez de marzo del año en curso y en uso de la libertad de jurisdicción que le fue otorgada, resolvió procedente el recurso de revisión interpuesto contra el auto de catorce de junio de dos mil veintidós. Además por diverso oficio número *****/2023 de diez de julio del presente año, dicha autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias de notificación realizadas a las partes respecto de la resolución de veintiuno de junio del año en curso, dictada en el expediente ********************de su estadística. Análisis del acto emitido en cumplimiento Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que dejó insubsistente la resolución incidental de diez de marzo de dos mil veintitrés emitida en el expediente laboral ********************, y en reposición del procedimiento esa Junta pronunció una nueva resolución con plenitud de jurisdicción atendiendo a los argumentos que la parte recurrente le hizo valer en sus agravios, con base en lo que le fue expuesto en el fallo respectivo. Conclusión sobre el análisis del cumplimiento En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Determinación sobre exceso o defecto en el cumplimiento Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." Manifestaciones de la parte quejosa No es óbice a lo anterior, las manifestaciones esgrimidas por el apoderado de la parte quejosa en escrito agregado en auto de dieciocho de julio actual, en el que en esencia indicó lo siguiente: (..) La resolución interlocutoria de fecha 21 de junio de 2023, la autoridad responsable realiza el cumplimiento de manera defectuosa a la ejecutoria de amparo, ya que si bien es cierto que deja sin efectos la diversa interlocutoria de fecha 10 de marzo de 2023, también lo es que al momento de pronunciarse sobre la legalidad del acuerdo recurrido de fecha 14 de junio de 2022, lo hace incurriendo en los mismos yerros respecto de los cuales se solicitó el amparo que fue concedido, configurándose así el defecto en el cumplimiento por parte de la responsable. En efecto lo anterior, es así, porque no respeto el principio de congruencia ni fundo ni motivo debidamente su determinación pues primeramente analizó contenido del acuerdo de 13 de mayo de 2022 que es diverso al recurrido de fecha 14 de junio de 2022 y por otro lado se apartó de los argumentos que la recurrente hizo en sus agravios, sin explicar debidamente los motivos por los cuales decidió en el sentido que lo hizo. Como podrá observarse del texto reproducido con anterioridad, en el acuerdo de fecha 14 de junio de 2022, recurrido en el recurso de revisión, la autoridad responsable se limitó a hacer efectivo el apercibimiento a la trabajadora, dada su inasistencia a la diligencia de reinstalación, por tanto dicho acuerdo es que la responsable se debió enfocar en analizar en la resolución interlocutoria de fecha 21 de junio de 2023, dado que así le fue ordenado en la ejecutoria de 29 de mayo de 2023, y no el diverso de fecha 13 de junio de 2022, pues ese no fue el acuerdo recurrido y del que se dolió la trabajadora en su recurso de revisión, de tal suerte que es evidente que la responsable al momento de emitir el acto de fecha 21 de junio de 2023, con el que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no respeto el principio de congruencia ni fundo ni motivo debidamente su determinación y por otro lado se apartó de los argumentos que la recurrente hizo valer en sus agravios, sin explicar debidamente los motivos por los cuales decidió en el sentido que lo hizo. (.) Respecto a dichas manifestaciones, este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para analizar la legalidad de la determinación de veintiuno de junio del presente año, por el que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, por ser una cuestión que escapa la materia de análisis para decidir sobre el cumplimiento del fallo protector, que impone realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, así como verificar que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto. Máxime que en la sentencia se otorgó a la responsable plenitud de jurisdicción para determinar conforme a derecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 76/2014 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha doce de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 605, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así como la diversa tesis de jurisprudencia 2a./J. 1/2001, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha doce de enero de dos mil uno, publicada en la página 203, Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia. Por las razones que preceden, no es procedente lo pretendido por la parte quejosa, respecto a declarar que existió incumplimiento a la ejecutoria de amparo. Archivo del expediente como concluido En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 12, 14, 17, fracción III, inciso a) y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en vigor, al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Relevancia documental Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Destino del expediente Toda vez que en este juicio se concedió la protección constitucional, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será CONSERVABLE en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, contado a partir de la fecha en que se dictó este acuerdo, previo trámite correspondiente, se transferirá al depósito documental designado para tal efecto, conforme a lo establecido en el artículo 26, del Acuerdo invocado. Anotaciones en carátula y libro En términos del artículo 34 del citado Acuerdo, indíquese en la carátula la referida valoración, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico. Se pone a disposición de quejosa documento original Toda vez que la parte quejosa, junto con su demanda de amparo, exhibió las siguientes documentales: 1.- Escrito de doce de junio de dos mil trece. 2.- Un escrito de veinticuatro de septiembre de dos mil trece, signado por ******************** 3.- Acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil trece. 4.- Escrito de quince de abril de dos mil trece, signado por ******************** 5.- Escrito de veinticuatro de septiembre de dos mil trece. 6.- Acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil catorce. 7.- Laudo de veintisiete de enero de dos mil diecisiete. 8.- Resolución de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. 9.- Escrito de veinte de abril de dos mil veintidós. 10.- Auto de trece de mayo de dos mil veintidós. 11.- Diligencia de seis de junio de dos mil veintidós. 12.- Escrito de ocho de junio de dos mil veintidós. 13.- Acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós. 14.- Escrito de veintinueve de agosto de dos mil veintidós. 15.- Auto de quince de noviembre de dos mil veintidós. 16.- Auto de diez de enero de dos mil veintitrés. 17.- Resolución de diez de marzo de este año. Por consiguiente, hágase del conocimiento de dicha parte que dicha documental queda a su disposición a fin de que si lo considera comparezca a recogerlo, en un horario de atención al público de 9:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes, en días hábiles. Notifíquese personalmente.
- Principal
SECCIÓN II. MESA III B. PRAL. 341/2023 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Intégrese a los autos el escrito signado por Nahúm Ruiz Mendoza apoderado legal de la quejosa HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA, mediante el cual, se le tiene haciendo manifestaciones en torno a la vista que le fue otorgada en auto de doce de julio del presente año, relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; al respecto, se reserva proveer lo conducente hasta que fenezca el plazo otorgado a las partes en dicha actuación, esto es el diecinueve de julio actual, como se advierte de la certificación de cuenta. Notifíquese.
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