HORTENSIA CORPUS ORTIZ y Otros.
Expediente 61/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 61/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 25/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- HORTENSIA CORPUS ORTIZ y Otros.
- Hortensia Corpus Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído.
- Principal
MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos se advierte que mediante proveído de veinte de enero del actual, se advirtió que expiró el plazo concedido a las partes, relativo a la vista con las constancias del cumplimiento dado al fallo protector; sin embargo, se reservó proveer lo relativo al análisis del cumplimiento del mismo hasta en tanto el suscrito juzgador se reincorporara a sus funciones; lo que en la especie ya aconteció. En razón de lo anterior, se procede a analizar las determinaciones adoptadas por la responsable sobre el cumplimiento efectuado a la ejecutoria de amparo. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el doce de marzo de dos mil veinte, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, realizara lo siguiente: Emitir los acuerdos necesarios para que las autoridades demandadas cumplan la sentencia de veinte de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de nulidad ********************, para ello, deberá hacer efectivos los medios de apremio. En vía de consecuencia, el Titular de la Delegación y el Subdelegado de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Cumplir la sentencia de veinte de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de nulidad ********************. Con motivo de ello, la precitada autoridad responsable Magistrada Presidenta y Secretario de Acuerdos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante oficio ******************** de uno de octubre de dos mil veinte, agregado en auto de ocho de octubre de dos mil veinte, remitió copia certificada del acuerdo de uno de octubre del año próximo pasado, dictado en el expediente ********************de su registro, por el hizo efectivo el apercibimiento formulado al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y requirió al Encargado de la Delegación Estatal Oaxaca, de dicho instituto, diera cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de veinte de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el aludido juicio. Posteriormente, por auto de once de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio ******************** de cinco de noviembre del año próximo pasado, signado por la Magistrada Presidenta y Secretario de Acuerdos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por el cual remitió diversas documentes exhibidas ante esa sala, por el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, consistentes en copia certificadas de: Oficio número SP/DPSHT/JN/0757/2020 de dieciocho de febrero de dos mil veinte, en la cual determinó que existía una diferencia a favor del quejoso por la cantidad de $1,104,077.68, misma que se pagaría mediante transferencia bancaria. Cédula de notificación de nueve de julio de dos mil veinte, firmada por Nadia Jazmín Sánchez Martínez, autorizada legal del quejoso. Cuenta por liquidar certificada seis de julio de dos mil veinte, número ******************** Contra recibo de cuenta por liquidar certificada de veinte de julio de dos mil veinte por la cantidad de $1,104,077.68. Ahora, del examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, realizó las gestiones necesarias para que la autoridad demandada cumpliera con la sentencia de veinte de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de nulidad ********************, asimismo el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, dio cabal cumplimiento a la sentencia de mérito, en virtud de que, determinó que existía una diferencia a favor del quejoso por la cantidad de $1,104,077.68, misma que fue pagada mediante transferencia bancaria. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos se advierte que mediante proveído de veinte de enero del actual, se advirtió que expiró el plazo concedido a las partes, relativo a la vista con las constancias del cumplimiento dado al fallo protector; sin embargo, se reservó proveer lo relativo al análisis del cumplimiento del mismo hasta en tanto el suscrito juzgador se reincorporara a sus funciones; lo que en la especie ya aconteció. En razón de lo anterior, se procede a analizar las determinaciones adoptadas por la responsable sobre el cumplimiento efectuado a la ejecutoria de amparo. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el doce de marzo de dos mil veinte, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, realizara lo siguiente: Emitir los acuerdos necesarios para que las autoridades demandadas cumplan la sentencia de veinte de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de nulidad ********************, para ello, deberá hacer efectivos los medios de apremio. En vía de consecuencia, el Titular de la Delegación y el Subdelegado de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Cumplir la sentencia de veinte de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de nulidad ********************. Con motivo de ello, la precitada autoridad responsable Magistrada Presidenta y Secretario de Acuerdos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante oficio ******************** de uno de octubre de dos mil veinte, agregado en auto de ocho de octubre de dos mil veinte, remitió copia certificada del acuerdo de uno de octubre del año próximo pasado, dictado en el expediente ********************de su registro, por el hizo efectivo el apercibimiento formulado al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y requirió al Encargado de la Delegación Estatal Oaxaca, de dicho instituto, diera cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de veinte de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el aludido juicio. Posteriormente, por auto de once de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio ******************** de cinco de noviembre del año próximo pasado, signado por la Magistrada Presidenta y Secretario de Acuerdos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por el cual remitió diversas documentes exhibidas ante esa sala, por el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, consistentes en copia certificadas de: Oficio número SP/DPSHT/JN/0757/2020 de dieciocho de febrero de dos mil veinte, en la cual determinó que existía una diferencia a favor del quejoso por la cantidad de $1,104,077.68, misma que se pagaría mediante transferencia bancaria. Cédula de notificación de nueve de julio de dos mil veinte, firmada por Nadia Jazmín Sánchez Martínez, autorizada legal del quejoso. Cuenta por liquidar certificada seis de julio de dos mil veinte, número ******************** Contra recibo de cuenta por liquidar certificada de veinte de julio de dos mil veinte por la cantidad de $1,104,077.68. Ahora, del examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, realizó las gestiones necesarias para que la autoridad demandada cumpliera con la sentencia de veinte de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de nulidad ********************, asimismo el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, dio cabal cumplimiento a la sentencia de mérito, en virtud de que, determinó que existía una diferencia a favor del quejoso por la cantidad de $1,104,077.68, misma que fue pagada mediante transferencia bancaria. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de enero de dos mil veintiuno. Visto el cómputo secretarial que antecede, del que se advierte que expiró el plazo concedido a la parte quejosa, relativo a la vista con las constancias del cumplimiento dado al fallo protector, sin que se hubiere hecho manifestación alguna. Al respecto, se reserva proveer lo relativo al análisis del cumplimiento del fallo protector. Es así, porque el titular del juzgado se encuentra de licencia autorizada por el Ministro Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio 172/2021 signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del referido Consejo, en el periodo comprendido del quince al veintinueve de enero del año en curso; motivo por el cual el suscrito Secretario está encargado del despacho del Juzgado en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, -facultado únicamente para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente-. Por lo que se estima que la declaratoria de cumplimiento o no que hubiere efectuado la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, no queda comprendida en las precitadas facultades. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. SECRETARIO DE JUZGADO ENCARGADO DEL DESPACHO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. AL NO SER LA DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO UNA DILIGENCIA, PROVIDENCIA DE MERO VIRGINIA REYES AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.fb 05/09/21 13:23:03 TRÁMITE, O RESOLUCIÓN DE CARÁCTER URGENTE, DICHO FUNCIONARIO CARECE DE ATRIBUCIONES LEGALES PARA DECIDIR SI LA SENTENCIA DE AMPARO SE ENCUENTRA O NO CUMPLIDA. En términos del precepto mencionado, en las ausencias del Juez de Distrito menores a quince días, el secretario se encargará de practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y las resoluciones de carácter urgente. Así, el cumplimiento o no de una ejecutoria de amparo importa una decisión que no se encuentra comprendida en ninguna de esas hipótesis; primeramente, porque no es una diligencia ni constituye una providencia de mero trámite, ya que requiere de un importante y trascendente juicio de valoración en torno a las actuaciones realizadas en acatamiento a un fallo protector que, en su regularidad, puede conducir a la imposición de una multa y, eventualmente, al inicio del procedimiento de inejecución que culmina con la separación del cargo del titular de la autoridad responsable y su consignación ante un Juez penal; además, porque no está comprendida en la connotación legal de urgente empleada en esa fase, tanto es así, que los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo autorizan la ampliación del plazo; de lo que se colige que la resolución de cumplimiento de una ejecutoria de amparo es una decisión exclusiva del titular del órgano de control constitucional. [Registro digital: 2020764, Materias(s): Común, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: null, Tesis: I.5o.P. J/4 (10a.), página 3393]. Tesis que es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 260/2020, pendiente de resolverse por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, una vez que el Titular del Juzgado se reincorpore, se proveerá lo conducente.
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