HORTENSIA JEANETT VÁSQUEZ SANDOVAL y Otros.

Expediente 653/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
653/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
23/06/2022

Partes del expediente

  • HORTENSIA JEANETT VÁSQUEZ SANDOVAL y Otros.
  • Hortensia Jeanett Vásquez Sandoval

Actuaciones

  1. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Anotaciones caratula Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse por hecha la certificación de la Secretaria, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de junio de dos mil veintidós. Se glosa oficio Glósese a los autos el oficio signado por el Director General de Programación, Presupuesto y Tesorería de la Secretaria Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México; por el que hace del conocimiento que remitió a la Titular de la Unidad de Peritos Judiciales, el oficio ""....."" de la estadística de este Juzgado, mediante el cual se transcribió el proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, a fin de que se pronuncie sobre la propuesta de honorarios del perito ""....""", lo anterior, toda vez que dicha Dirección no tiene atribuciones para el análisis o aprobación de las cotizaciones de honorarios presentadas por los especialistas que auxilian a los órgano jurisdiccionales, por lo indica que se solicite a dicha unidad administrativa el estatus que guarda la petición realizada; lo anterior para los efectos legales correspondientes. Sin que haya lugar hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que por auto de once de enero de este año, se tuvo a la Secretaria Técnica de la Coordinación con Tribunales Laborales Federales, de la Unidad de Peritos Judiciales del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, señalando los requisitos con los que el citado perito debe cumplir a fin de que se autorice el pago solicitado, por lo que este órgano jurisdiccional se encuentra realizando los requerimientos necesarios al mencionado experto, a fin de que cumpla con los mismos. Devuelve exhorto Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, glósese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico oficial-, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto electrónico de numero de orden ""....."", y de origen ""....."", del índice de este órgano jurisdiccional, que se le giró para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordenara notificar personalmente el proveído de veinte de mayo del año en curso, al perito en materia de topografía a ******; y le hiciera entrega del código QR que se le envió; por tanto, dese de baja en el libro de gobierno. Sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento en virtud de que por diverso auto de treinta y uno de mayo del año en curso, se ordenó generar un nuevo QR para que el perito comparezca en este Juzgado a las doce horas del seis del actual, y se le remitió a su número celular y correo electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    POR LISTA: MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de junio de dos mil veintidós. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ""....."", en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 653/2022. Desechamiento Ahora, antes de admitir a trámite la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es pertinente examinar si existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito, establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal, no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultarán indudablemente improcedentes. Así, la norma transcrita impone al Juez de Distrito la obligación de estudiar el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia desecharla de plano, para lo cual en principio deben tomarse en consideración únicamente los hechos y las circunstancias narrados en el propio ocurso y en los anexos que se acompañen. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." El proceder anterior tiene como base lo previsto por el artículo 17 constitucional que consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre será improcedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse la improcedencia de una cuestión de orden público debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar qué supuestos legales que regulan a esa institución jurídica se actualizan en el presente sumario. Bajo la premisa contenida en el artículo anterior, es pertinente examinar si en la especie existe alguna causal de improcedencia, que por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento. En ese orden de ideas, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite determinar que el acto reclamado por la quejosa se hace consistir en el acuerdo de ocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ""....."" del índice de la Jueza Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, en el que se niega suspender el descuento de los pagos efectuados a su salario, por haber rebasado en demasía la deuda principal, así como negar la apertura del incidente de liquidación para determinar el monto a pagar con los respectivos intereses. Expuesto lo anterior, a consideración de quien aquí resuelve, se estima que respecto al acto reclamado marcado con el inciso a) se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso; Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" De la trascripción que antecede se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Es decir, el dispositivo transcrito establece que el juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad respecto de los actos provenientes de las autoridades jurisdiccionales. De aquí deriva el reconocimiento del citado principio de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene la parte quejosa de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. El agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ésta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que, previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto la modificación o revocación del mismo. Funda lo expuesto la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 350, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2005039, cuyo rubro y texto son: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Debe destacarse que la razón por la que el legislador restringió el acceso al juicio de protección de los derechos fundamentales mediante la causal de improcedencia en estudio atiende a la finalidad de preservar la supremacía de la acción de amparo como instrumento protector del orden constitucional, el cual impide ejercerlo contra cualquier acto de autoridad que aun cuando surja de un procedimiento pudiera válidamente enmendarse a través de los recursos ordinarios que se prevén por la ley común, por medio de los cuales la potestad ordinaria podría revocarlo, anularlo o modificarlo, ya que de lo contrario el juicio de amparo se convertiría en un recurso más que el gobernado podría hacer valer a su elección, lo que de suyo resulta inadmisible. El indicado motivo de improcedencia no es absoluto, toda vez que en el propio dispositivo se establece la salvedad de que no opera cuando se esté dentro de los supuestos de excepción enumerados, ya que en dicha eventualidad el quejoso estará en aptitud de elegir entre hacer valer la acción constitucional, o bien, el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija al acto reclamado sea procedente. En ese contexto, la quejosa previo a instar a la Justicia Federal sobre el tópico de constitucionalidad derivado de un acto emanado de un ente judicial o que ejerce facultades materialmente jurisdiccionales debe agotar todas las instancias procesales tendentes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate y una vez que con esos mecanismos ordinarios de defensa no se haya revertido los efectos del origen de la inconformidad procederá el ejercicio de la acción de amparo. Para los efectos del aludido principio se entiende que un recurso -horizontal o vertical- o medio ordinario de defensa debe agotarse únicamente cuando a través de ese mecanismo de impugnación el acto de autoridad pueda ser revocado -cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida-, modificado -hacer un cambio parcial de la resolución- o anulado -dejar insubsistente el acto de autoridad-; asimismo, debe precisarse que sólo se entenderá colmado este requisito de procedencia cuando el recurso o instancia legal que se haga valer se haya substanciado en todos sus términos hasta su resolución que lo dé por terminado. En esa línea, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto previamente deben agotarse los medios ordinarios de defensa que la ley prevea contra los actos acaecidos dentro del procedimiento, ya que de no hacerlo se actualizaría la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional a que se refiere el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Luego, la fracción en cita, establece además cuatro excepciones al principio de definitividad ahí consagrado, las cuales son las siguientes: La primera atañe a los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie no se actualizan esas hipótesis, dado que el acuerdo reclamado es de naturaleza mercantil, y en él no se tratan los actos que aquí se citan. La segunda se actualiza cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o de reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de la sentencia definitiva en el proceso penal. Lo que tampoco acontece en el caso. La tercera que consiste en la posibilidad de que las personas extrañas al juicio de donde deriva el acto reclamado puedan solicitar la protección federal sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, la cual sólo opera cuando al quejoso le revista el carácter de persona extraña al juicio -es decir, que es ajeno a la relación jurídica procesal porque no es parte, pero sufre una afectación en su universo jurídico-, o bien, que se ostente como tercero extraño por equiparación -esto es, que aun cuando es parte en sentido formal no fue emplazado legalmente-, por lo que no sería factible obligarlo a interponer los medios de defensa en un procedimiento del que no tiene conocimiento. Lo que tampoco sucede en la especie en razón de que la solicitante del amparo no se ubica en esos supuestos, dado que en el juicio ejecutivo mercantil de origen tiene la calidad de demandada y compareció a ese juicio a hacer valer sus derechos, lo que revela que tuvo conocimiento de las actuaciones que integran dicho asunto. La cuarta excepción se dirige al auto de vinculación a proceso. Supuesto en el que tampoco se ubica el acto reclamado. En ese sentido, es necesario destacar que la parte quejosa no se encuentra dentro de los casos de excepción descritos por la norma jurídica examinada que la faculten para promover en forma inmediata el juicio de amparo sin agotar los recursos o los medios ordinarios de defensa que la ley que rige al acto reclamado establece. Luego, si la ley que rige la materia del acto reclamado prevé medios de impugnación capaces de anular o modificar el acto de autoridad impugnado, las partes previamente a acudir a esta instancia constitucional se encuentran obligadas a agotar el principio de definitividad, pues, como se afirmó, de no hacerlo, el juicio de amparo resulta improcedente. Es aplicable la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Mayo de 2002, Novena Época, registro 187016, del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Ahora bien, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. En la especie, como se precisó, la quejosa reclama el acuerdo de ocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ""....."" del índice de la Jueza Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, en el que se niega suspender el descuento de los pagos efectuados a su salario, por haber rebasado en demasía la deuda principal, así como negar la apertura del incidente de liquidación para determinar el monto a pagar con los respectivos intereses. Establecido lo anterior, conviene destacar el contenido de los artículos 1334, 1335, 1339 y 1340 del Código de Comercio, establecen: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso. Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $""...."" por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código. Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $""....."" por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." Como se puede apreciar de la parte normativa transcrita, la citada legislación mercantil, contempla el recurso de revocación respecto de los autos que no fueren apelables; entonces ese recurso podrá presentarse dentro del plazo de tres días, siguiente al en que surta efectos la notificación. Luego, en este caso, si la quejosa estaba inconforme con dicha determinación, debe presumirse que se encontraban en aptitud de interponer el medio de defensa ordinario establecido en el artículo 1334 del Código de Comercio, a saber, el de revocación, ya que en contra de tal auto no procede el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1339 y 1340 de la citada codificación. Ello es así, porque de la demanda de amparo se desprende que la cuantía por suerte principal que se ventila en el juicio ejecutivo mercantil ""....."" del índice de la Jueza Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, es de $""....."". Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo la peticionaria de amparo tenía la obligación procesal de interponer el recurso de revocación de que se trata contra el acuerdo reclamado, pues con ese medio ordinario de defensa podría obtener resolución favorable a sus intereses. Por lo tanto, en el caso en estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al reunirse sus elementos, a saber: a) El acto reclamado es una determinación proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. En efecto, el acuerdo de ocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ""....."", fue dictado por la Jueza Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro. b) La ley concede contra el acto reclamado, un recurso ordinario. Ello es así, ya que los artículos 1334, 1335, 1339 y 1340 del Código de Comercio determinan que contra el acto aquí reclamado es procedente el recurso de revocación, toda vez que constituye un acuerdo que no es apelable, en virtud de que su cuantía, es inferior a $""....."" por concepto de suerte principal. c) El recurso que en contra del acto aquí reclamado resulta procedente se encuentra previsto dentro del procedimiento en el que se emitió la resolución reclamada. El recurso de revocación es procedente, pues como lo establece el artículo 1334 del Código de Comercio, los autos que no fueren apelables pueden ser revocados por el juez que los dictó, en ese sentido, se puede establecer que contra el auto que reclama la ahora quejosa, no procede el recurso de apelación, ya que cuantía, es inferior a $""....."" por concepto de suerte principal -tal como lo dispone el artículo 1340 del citado código- a saber $""....""., por lo tanto, al no ser apelable, resulta procedente el recurso de revocación. Resulta aplicable al caso concreto la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 401, con número de registro 2005047, de rubro y texto: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno). d) La resolución judicial reclamada puede ser modificada o revocada mediante el recurso ordinario. El recurso de revocación tiene por objeto que el Juez de Primera Instancia, confirme, revoque o modifique el acuerdo impugnado. En consecuencia, ya que conforme a lo previsto en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, antes de acudir al juicio de amparo se exige como requisito previo para su procedencia que se agoten todos los medios legales que prevean las legislaciones que rijan el acto, y la ahora inconforme no lo hizo así, es indudable que en el caso se actualiza la causa de improcedencia analizada. De igual manera acontece respecto del acto de ejecución, toda vez que si con el medio de impugnación antes descrito, puede revocar, modificar o anular la determinación en estudio, es claro que la ejecución corre la misma suerte. Sin que sea obstáculo a lo anterior que el acto reclamado se haya dictado en ejecución de sentencia, pues el artículo 1334 del Código de Comercio, no se establece excepción alguna, ni al tratar del recurso de revocación, ni en el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias, respecto de los autos que se dicten cuando se trate de la ejecución de una sentencia. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 83, Sexta Parte, página 65, Séptima Época, con registro 254157, de rubro y texto: "REVOCACION EN MATERIA MERCANTIL. RECURSO DE. Conforme al artículo 1334 del Código de Comercio, los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el Juez o tribunal que los dictó, y como no se establece excepción alguna, ni al tratar del recurso de revocación, ni en el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias, respecto de los autos que se dicten cuando se trate de la ejecución de una sentencia, debe entenderse que el legislador no creyó conveniente conservar en materia mercantil, la excepción que con relación a estos últimos estableció en el procedimiento civil. Por otra parte, existiendo en el Código de Comercio, el precepto anteriormente invocado, no hay razón para ocurrir, en este punto, a la legislación civil como supletoria." En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. A mayor abundamiento, debe decirse, que el acto reclamado fue dictado después de concluido el juicio, por lo que se ubica dentro de las hipótesis establecidas en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, donde se establece que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Además, el auto que se reclama, no afecta de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. En ese sentido, la irreparabilidad del acto atiende a las consecuencias jurídicas que origina y no a las manifestaciones que se hagan de que con ello se atenta contra ciertos derechos fundamentales y que se causa daño irreparable, como lo argumenta el recurrente, porque de permitirlo así, se dejaría al libre albedrío la promoción indiscriminada del juicio de amparo, basándose en la sola manifestación del gobernado de que se trata de actos de imposible reparación, lo que desde luego desnaturalizaría la acción constitucional. De lo que se concluye, que el acuerdo reclamado y sus consecuencias jurídicas, se tratan exclusivamente de un auto en el que se niega suspender el descuento de los pagos efectuados al salario de la quejosa, así como negar la apertura del incidente de liquidación para determinar el monto a pagar con los respectivos intereses -respecto del cual, procede recurso de revocación-, y por tal razón, no procede el juicio de amparo indirecto, porque no es una resolución con autonomía propia y destacada. Se destaca que no se actualiza alguna de las hipótesis bajo las cuales excepcionalmente el acto reclamado sería reclamable en amparo indirecto de forma inmediata, pues aun y cuando se estimara que el acto reclamado pudiera estimarse de imposible reparación, éste se encuentra plenamente vinculado con el procedimiento de ejecución y por ende, no es ajeno a la cosa juzgada en el juicio natural; ni se le puede considerar que tengan autonomía propia y que no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Es así, pues precisamente el acto reclamado y su ejecución (consecuencias jurídicas), deriva de un juicio ejecutivo mercantil concluido con una sentencia ejecutoria en la cual se condenó a la demandada -aquí quejosa-al pago de las prestaciones condenadas, y el auto reclamado está íntimamente vinculado con el procedimiento de ejecución de sentencia, porque en éste únicamente se determinó negar suspender el descuento de los pagos efectuados al salario de la quejosa, así como negar la apertura del incidente de liquidación para determinar el monto a pagar con los respectivos intereses; determinación y sus consecuencias jurídicas que están plenamente vinculadas al derivar y ser consecuencia directa e inmediata de la cosa juzgada en el juicio natural; lo que pone de manifiesto que por el momento no es procedente el juicio de amparo, al no actualizarse las excepciones a la regla general señalada. Lo anterior, conforme con la jurisprudencia 6/98, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, antes invocada, de rubro: "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.", conforme a la cual, la interlocutoria que se llegue a dictar en ese incidente es controvertible en el amparo indirecto, sin necesidad de esperar a que el procedimiento de ejecución o de remate concluyan y, por tanto, todas aquellas violaciones cometidas durante el trámite incidental podrán reclamarse al concluir el mismo. Además, cabe precisar que el cumplimiento de las sentencias no debe obstaculizarse, por ser de interés público; pues al ser el procedimiento de ejecución el cúmulo de medidas que la ley permite tomar a los órganos jurisdiccionales, con el fin de lograr que el actor obtenga lo condenado en la sentencia definitiva; la última resolución que se dicte, necesariamente, será aquélla que, por sí sola y con su ejecución, satisfaga el fin de dicho procedimiento y resuelva la principal cuestión que se suscita entre las partes en la vía de apremio, esto es, el cumplimiento de las obligaciones que se consignan en el título en que se funda la ejecución; que deberá ser de tal naturaleza que, al ejecutarse, desvincule a las partes, liberando al deudor de toda responsabilidad legal para con su acreedor, al extinguir el derecho del actor consignado en el título con el que fundó la ejecución; o bien, en última instancia, la resolución que declare la imposibilidad jurídica o material para ejecutar la sentencia, o declara el archivo del expediente respectivo. Tiene aplicación al particular, la tesis 2a. VIII/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 230, del Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 196894, que indica: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del período de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, asimismo se tiene por autorizada para recibir notificaciones, sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona, por no encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y ser el presente asunto de naturaleza civil. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19", prorrogado en cuanto a su vigencia por el diverso acuerdo General 1/2021, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Notifíquese personalmente.

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