Hortencia Bolaños Carreño y Otros.

Expediente 1223/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 14 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1223/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
03/04/2019

Partes del expediente

  • Hortencia Bolaños Carreño y Otros.
  • Gemma Gisela Reyes Bolaños
  • Hortencia Bolaños Carreño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    PRAL.1223/2018-5A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de abril de dos mil diecinueve. Notificación por lista. Vista la razón de cuenta, se advierte que no fue posible para el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, notificar de manera personal a la parte quejosa el proveído de veinte de marzo del año en curso -fojas 71 a 73-, pues al constituirse en el domicilio señalado para tal fin, éste se encontraba desocupado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a los quejosos al auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve, por lista de acuerdos. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Moisés Martínez Castillo, secretario de Juzgado que autoriza y da fe. NOTIFICACIÓN DE PROVEÍDO DE VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de marzo de dos mil diecinueve. 1. Plazo para interponer recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo a las partes para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada quince de febrero de dos mil diecinueve, engrosada el veinticinco siguiente -fojas 51 a 64-, que sobreseyó el juicio de amparo, sin que lo hubiesen hecho. 1.1 Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida resolución. 2. Precisión. Al respecto, es oportuno destacar que resulta innecesario jurídicamente esperar a que transcurra el plazo establecido por el numeral 86 de la Ley de Amparo para las autoridades responsables con residencia en San Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca; dado que ningún perjuicio les ocasiona el sentido de la sentencia, lo anterior, con fundamento en el artículo 87 de la Ley de Amparo. De igual forma se invoca, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 676, del Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASO DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la sentencia, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 6. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. 7. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. 8. Devolución de documentos. Toda vez, que en este juicio de amparo obra copia certificada del instrumento notarial número tres mil doscientos setenta y cuatro, volumen treinta y dos, de cinco de marzo de do mil tres, pasado ante la fe del Notario Público número cincuenta y tres en el Estado de Oaxaca -fojas 6 a 13-. Con fundamento en el punto décimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009, se requiere a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esos documentos, para ello se le concede el plazo de noventa días, sino se presenta para tal fin en los tres primeros días, dichos documentos continuaran glosados en el expediente; así también, fenecido ese plazo de noventa días y para el caso de que no comparezca, serán destruidos junto con éste último. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miguel Ángel Ovando Jerónimo, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    INC.1223/2018-5A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. Del juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, se advierte que el veinte de este mes y año, causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo 1223/2018, por lo que se ordenó su archivo como asunto definitivamente concluido. Archivo del expediente. En esas condiciones, toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Destino. Se comunica a las partes que, por haberse concedido la medida cautelar provisional -fojas 13 a 18- y definitiva -fojas 47 a 51-, el original de este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de cinco años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido. Así también, que durante los primeros tres años estará en este órgano jurisdiccional y fenecido dicho término, de tres años, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto que, de conformidad con los puntos vigésimo, fracción III, vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dictó la interlocutoria respectiva, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miguel Ángel Ovando Jerónimo, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    +PRAL. 1223/2018 5-A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Plazo para interponer recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo a las partes para interponer el recurso de revisión contra la sentencia ... sin que lo hubiesen hecho. 1.1 Firmeza de la sentencia. ... se declara que ha causado ejecutoria la referida resolución. Precisión. Al respecto, es oportuno destacar que resulta innecesario jurídicamente esperar a que transcurra el plazo establecido por el numeral 86 de la Ley de Amparo para las autoridades responsables con residencia en San Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca; dado que ningún perjuicio les ocasiona el sentido de la sentencia, lo anterior, con fundamento en el artículo 87 de la Ley de Amparo. (...) Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la sentencia, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo del expediente. ..., archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Devolución de documentos. Toda vez, que en este juicio de amparo obra copia certificada del instrumento notarial número tres mil doscientos setenta y cuatro, volumen treinta y dos, de cinco de marzo de do mil tres, pasado ante la fe del Notario Público número cincuenta y tres en el Estado de Oaxaca -fojas 6 a 13-. ... se requiere a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esos documentos, para ello se le concede el plazo de noventa días, sino se presenta para tal fin en los tres primeros días, dichos documentos continuaran glosados en el expediente; así también, fenecido ese plazo de noventa días y para el caso de que no comparezca, serán destruidos junto con éste último. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. (...)

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA S E N T E N C I A Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1223/2018; y RESULTANDOS: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. a) Hortencia Bolaños Carreño, b) Gemma Gisela Reyes Bolaños y c) Javier Reyes Bolaños, mediante escrito recibido el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, turnado en la misma fecha a este Juzgado Décimo de Distrito, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1) Presidente Municipal del Municipio de San Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca. 2) Síndico Municipal del Municipio de San Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca. 3) Alcalde Municipal del Municipio de San Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca. 4) Regidor de Obras del Municipio de San Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca. 5) Jefe de la Policía del Municipio de San Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca. ACTOS RECLAMADOS: "a) De las autoridades señaladas con el carácter de ordenadoras reclamo: La ilegal e inconstitucional orden para la construcción de una barda perimetral que contiene un cancha de baby fut en los terrenos colindantes a nuestras viviendas, y con ello cerrar y obstaculizar el libre acceso al paso y tránsito y acceso para nuestras viviendas. b) De las autoridades señaladas con el carácter de ejecutoras, reclamamos: Reclamamos todas las consecuencias de hecho y de derecho ocasionados con su afán de construir una barda perimetral que contiene una cancha de baby fut en los terrenos colindantes a nuestras actuales viviendas y con ello arbitrariamente cerrar y obstaculizar el libre acceso al paso y tránsito hacia el interior de nuestras viviendas particulares." SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima vulnerados. Los promoventes de este juicio consideran que se vulneran en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. En acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho se radicó la demanda de amparo bajo el registro 1223/2018; se admitió a trámite; se solicitó a las responsables sus informes justificados, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la adscripción y seguido en su trámite el juicio se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede -fojas 17 a 21 y 45 a 47-. CUARTO. Denominación correcta e inexistencia de autoridad. En proveído de veinticinco de enero de dos mil diecinueve -fojas 45 a 47- se determinó que la denominación correcta de la autoridad responsable señalada como "jefe de la Policía del Municipio de San Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca" lo es "regidor de Seguridad Pública y Vialidad". Asimismo, se decretó la inexistencia de la autoridad responsable señalada como "regidor de Obras del Municipio de San Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca". CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y acorde con el Acuerdo General 59/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y porque el acto tiene ejecución en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: a) La orden para continuar la construcción de una barda perimetral frente a sus domicilios, para una cancha de "baby fut", que ocasiona el cierre y obstaculización del acceso y tránsito para sus hogares, con motivo de esa construcción. b) La orden de captura, arresto, intimidación, azotes o incomunicación que se hubiere dictado en su contra. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado, por cuanto a la orden de captura, arresto, intimidación, azotes o incomunicación que se hubiere dictado en contra de los quejosos. Las autoridades responsables a) presidente, b) síndico Procurador Hacendario, c) alcalde y d) regidor de Seguridad Pública y Vialidad, todos del Municipio de San Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca -fojas 29, 32, 35 y 38-, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los referidos actos que se les atribuyen. Sin que la parte quejosa exhibiera prueba idónea en contrario para desvirtuar dichas negativas; pues aquélla únicamente exhibió copia certificada del instrumento notarial tres mil doscientos setenta y cuatro, volumen treinta y dos del notario Público número cincuenta y tres del Estado de Oaxaca -fojas 6 a 14-. Lo anterior, porque con esa documental no se acredita la existencia de los actos reclamados, esto es, que las autoridades responsables hubieran emitido órdenes de captura, arresto, intimidación, azotes o incomunicación en contra de los quejosos. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, en cuanto a la orden de captura, arresto, intimidación, azotes o incomunicación que se hubiere dictado en contra de los quejosos. Apoya lo anterior la jurisprudencia número 284 , de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia de acto reclamado. Las autoridades responsables a) presidente, b) síndico Procurador Hacendario, c) alcalde y d) regidor de Seguridad Pública y Vialidad, todos del Municipio de San Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca -fojas 29, 32, 35 y 38-, al rendir sus respectivos informes justificados respecto a la construcción de una barda perimetral, manifestaron -fojas 29, 32, 35 y 38-: ".hago de su conocimiento que la construcción referida por la quejosa se realiza en un inmueble ajeno al defendido por la misma y, si bien es cierto que es un predio colindante sin que exista una calle de por medio, se ha respetado el acceso a la vivienda de la quejosa y de los demás vecinos colindantes. Se ha dejado un espacio de tres metros, mismo que resulta suficiente para permitir el libre acceso a las viviendas que colindan con el predio en el que se desarrolla la construcción del espacio deportivo de interés público en beneficio de la salud pública.". Aseveración que se corrobora con las fotografías que anexaron a sus respectivos informes justificados, en las que se aprecia una construcción realizada cerca del predio "al parecer" de la quejosa Hortencia Bolaños Carreño, a las cuales se les otorga valor probatorio de indicio. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto siguiente : "FOTOGRAFIAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las fotografías para acreditar el hecho de la posesión aducido en la demanda de amparo". Por tanto, existen los actos que se les reclaman a las autoridades responsables. En atención a la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible en la página 231, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Improcedencia. La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, del análisis de las constancias se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .. XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.." En relación con ese precepto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, y 5 fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio, análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". La improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto, como en el caso, o porque no queda demostrada, de manera fehaciente, tal afectación, ya que hay actos de autoridad de carácter general, abstracto e impersonal, que crean hipótesis o supuestos jurídicos en los que puede o no adecuarse una conducta específica o determinada situación ya sea de hecho o de derecho. En relación con el tema del interés jurídico en el juicio de amparo, existe la jurisprudencia 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Los artículos y jurisprudencia transcritos revelan que, en el caso en estudio, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente una afectación real y actual en su esfera jurídica, siempre que la norma, acto u omisión reclamados infrinjan derechos humanos. La noción de afectación jurídica, para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad o por un ordenamiento general, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa transgresión. Por ello, para que sea procedente el juicio de amparo, no basta que el quejoso funde sus pretensiones en un simple interés, sino se requiere que acredite la titularidad de un derecho subjetivo que se vea afectado con el acto que en la vía constitucional reclama. La afectación a dicho derecho subjetivo debe comprobarse de manera fehaciente y no inferirse solamente con base en presunciones; como así lo ilustra la jurisprudencia 321, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216 del Tomo VI Parte Octava Época, Apéndice de 1995 de que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico, debe acreditarse en forma fehaciente, y no inferirse con base en presunciones". Ahora bien, los quejosos a) Hortencia Bolaños Carreño, b) Gemma Gisela Reyes Bolaños y c) Javier Reyes Bolaños reclaman en esta instancia constitucional: a) la orden para continuar la construcción de una barda perimetral, frente a su domicilio, para una cancha de "baby fut" que ocasiona el cierre y obstaculización del acceso y tránsito para sus hogares, con motivo de esa construcción. Respecto a los quejosos b) Gemma Gisela Reyes Bolaños y c) Javier Reyes Bolaños, se precisa lo siguiente: El artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Federal establece: Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.] Dicho precepto constitucional protege, entre otros derechos fundamentales, la propiedad y posesión, la cual debe tener sustento en alguna figura jurídica prevista en la ley (compraventa, donación, permuta, arrendamiento, comodato, usufructo), es decir, aquella que tenga como base el derecho común. Lo anterior, implica la necesidad de que la parte quejosa acredite la existencia de un título, que constituye la causa generadora de la posesión, de manera que se tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho a la tenencia del bien, pues la simple detentación del mismo no es objeto de protección constitucional. Por las razones que contiene, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 1/2002 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Bajo ese panorama, para acreditar su interés jurídico, los promoventes del juicio constitucional deben probar el justo título que ampare el derecho respectivo (posesión); por tanto, el juez de Distrito debe determinar si el documento con el que se pretende demostrar tal extremo es suficiente para ello, sin que esto implique determinar la validez del acto jurídico, pues dicho estudio se realiza únicamente para determinar la procedencia del juicio constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis 2a. LII/97 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AUN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS." En el caso, del instrumento notarial número tres mil doscientos setenta y cuatro, volumen treinta y dos, de cinco de marzo de dos mil tres, pasada ante la fe del Notario Público número Cincuenta y Tres en el Estado de Oaxaca , se advierte que el inmueble marcado con el número veintiocho de la calle Vía, Central, San Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca, actualmente avenida Héroe de Nacozari número veintiocho, Vía Central, en jurisdicción del municipio de San Pablo Huitzo, Distrito de Etla, Oaxaca, se adjudicó únicamente a favor de Hortencia Bolaños Carreño, no así de los diversos quejosos Gemma Gisela Reyes Bolaños y Javier Reyes Bolaños. Por tanto, al no aportar prueba alguna los quejosos Gemma Gisela Reyes Bolaños y Javier Reyes Bolaños para acreditar que son propietarios o poseedores del inmueble que señalan en su demanda de amparo, y que resienten una afectación directa del acto de autoridad que señalan, lo cual es necesario para evidenciar la trasgresión al bien jurídico tutelado, se actualiza la causa de improcedencia analizada. Respecto a lo reclamado por la quejosa Hortencia Bolaños Carreño, consistente en la construcción de una barda perimetral que obstaculiza el libre acceso al paso, tránsito y acceso para su vivienda, no afecta el interés jurídico de la promovente del amparo, quien promovió este juicio en su carácter de propietaria del bien inmueble ubicado en la avenida Héroe de Nacozari número veinticinco, primera sección, San Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca, quien acreditó su carácter de albacea definitivo de la sucesión a bienes del extinto Ricardo Reyes Santiago o Ricardo Francisco Reyes Santiago -esposo- (fojas 6 a 19). En efecto, la quejosa defiende el bien inmueble amparado por una copia certificada del instrumento notarial de adjudicación por herencia a bienes del extinto Ricardo Reyes Santiago o Ricardo Francisco Reyes Santiago, de cinco de marzo de dos mil tres, respecto de un predio ubicado en la avenida Héroe de Nacozari número veinticinco, primera sección, San Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca; documental exhibida con su escrito de demanda de amparo, en el cual se desprende que el referido inmueble tiene las características siguientes -fojas 32 y 33-: "Al norte: 20.26 (veinte metros con veintiséis centímetros) y colinda con Tomás Bolaños Cruz, actualmente Javier Reyes Bolaños. Al sur: 24.91 (veinticuatro metros con noventa y un centímetros) y colinda con Alfredo López Avendaño, actualmente con Margarita Ricardez Aguilar. Al oriente: 39.31 (treinta y nueve metros, con treinta y un centímetros) y colinda con Crescencio Alonso Aguilar y Alfredo López Avendaño, actualmente con Rufina Aguilar López. Al poniente: 7.30 (siete metros, con treinta centímetros) y colinda, quebrando la línea de norte a sur, mide 25.07 (veinticinco metros, con siete centímetros), con inclinación hacia el oeste sur-oeste, colinda con el patio de la Estación de Ferrocarril Mexicano del Sur, luego quiebra la línea, midiendo 20.48 (veinte metros con cuarenta y ocho centímetros) con vértice oeste sur-oeste, hacia el sur, colinda con el derecho de vía del Ferrocarril Mexicano Sur". Al respecto, es de señalarse que no se acreditó la existencia de la identidad entre el bien inmueble que señala la quejosa y el diverso predio en el que se realizan los actos reclamados en este juicio -cerrar, obstaculizar el libre acceso, paso y tránsito a su vivienda-; lo anterior, debido a que la prueba ofrecida por la quejosa, consistente en el instrumento notarial que acompañó a su demanda, acredita únicamente que se le adjudicó por herencia la propiedad del bien de la sucesión intestamentaria del extinto Ricardo Reyes Santiago o Ricardo Francisco Reyes Santiago. Asimismo, de las fotografías que anexaron a sus informes justificados las autoridades responsables, solo se advierte que se está realizando una construcción de una barda con malla, alrededor de un terreno. Sin embargo, no se acredita que el inmueble que refiere la parte quejosa en su demanda de amparo sea el mismo bien inmueble que se hace mención en el instrumento notarial que exhibió; tampoco que sea el mismo que se observa en las citadas fotografías. Además, dichas fotografías únicamente tienen un valor indiciario, puesto que no reúnen los requisitos exigidos en el párrafo segundo del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, al no contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así de que corresponden a lo representado en ellas. Orienta lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, página 22, registro 266749, del texto siguiente: "FOTOGRAFIAS OFRECIDAS COMO PRUEBAS. Para que las fotografías ofrecidas como prueba sean apreciadas correctamente debe tomarse en cuenta el texto del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El mismo expresa: "El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial. Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquiera especie, deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo presentado en ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial". Esto quiere decir que las fotografías presentadas en un incidente de suspensión, al no estar certificadas, no hacen prueba plena." Con la precisión de que el interés jurídico no puede ser presuntivo sino debe acreditarse en forma indubitable mediante las pruebas idóneas; en el caso, la parte quejosa incumplió con su carga probatoria, pues en autos no existe alguna otra probanza con la que se haya demostrado la identidad del inmueble que defiende. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente : "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Máxime que no ofreció oportunamente la pericial en agrimensura, para acreditar la identidad del bien descrito en la demanda y que refieren las autoridades responsables en su informe que no se está afectando. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado". (Jurisprudencia número VI.1o.C. J/13, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, Enero de 2001, página 1606, Novena Época). Al no acreditar la parte quejosa con prueba alguna la identidad del bien afectado por el acto de la autoridad responsable; actualiza la causa de improcedencia en estudio. Sirven de apoyo a tal determinación, las tesis y jurisprudencias siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. NO PUEDE ESTABLECERSE A BASE DE PRESUNCIONES. La circunstancia de promover un juicio de amparo no establece la presunción juris tantum que acredite el interés jurídico del quejoso, pues ningún precepto de la ley de la materia dispone que la sola presentación de la demanda de amparo y la relación de los hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción, dado que la eficacia de los mismos está condicionada a su demostración". (Tesis aislada en materia común del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, marzo de 1993, página 297). "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. NO PUEDE SER PRESUNTIVO. En el juicio de amparo el interés jurídico para promoverlo no puede ser presuntivo, sino que debe acreditarse en forma indubitable. La Ley de Amparo dispone, a través del artículo 4o. el principio de "instancia de parte agraviada". El artículo 76 de la misma contiene el principio de particularidad que rige respecto de la sentencia que se dicte en el juicio, prohibiendo a la vez una declaración general de la constitucionalidad de la ley o el acto reclamado. El artículo 80 del propio ordenamiento citado determina los efectos que tiene la sentencia dictada en un juicio de garantías, que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el caso concreto. En razón de las disposiciones contenidas en los artículos aludidos; existe la necesidad de que el promovente de un juicio de garantías acredite plenamente su interés jurídico en promoverlo, para el efecto de que si así lo estima procedente la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en la posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal respecto de personas determinadas en forma particularizada por su interés, y a la vez se conceda la protección en el efecto procedente. Situaciones, las anteriores que no se podrían satisfacer si el interés del promovente del amparo tan sólo fuese presuntivo". (Tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 193-198 Primera Parte, Séptima Época, página 110). En esas condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo promovido por a) Hortencia Bolaños Carreño, b) Gemma Gisela Reyes Bolaños y c) Javier Reyes Bolaños, acorde con lo dispuesto en el diverso normativo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 y 74, de la Ley de Amparo, se R E S UE L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por a) Hortencia Bolaños Carreño, b) Gemma Gisela Reyes Bolaños y c) Javier Reyes Bolaños, contra las autoridades 1) presidente, 2) síndico Procurador Hacendario, 3) alcalde y 4) regidor de Seguridad Pública y Vialidad, todos del Municipio de San Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca y por los actos consistentes en las ordenes para I) continuar la construcción de una barda perimetral frente a sus domicilios, para una cancha de "baby fut", II) obstaculizar el libre acceso al paso, tránsito y acceso a sus viviendas; y III) de captura, arresto, intimidación, azotes o incomunicación dictadas en su contra; por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, hoy veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permiten, y firma ante Miguel Ángel Ovando Jerónimo, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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