Hortencia Rueda Vargas
Expediente 422/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 422/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 26/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Hortencia Rueda Vargas
- Juez Quinto Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
PRAL 422/2019 MESA 6-B° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil diecinueve. ... Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de nueve de julio de dos mil diecinueve, comunicado por el secretario técnico de dicha Comisión mediante oficio número CCJ/ST/3555/2019, de la misma fecha; y firma ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACION A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil diecinueve. 1. Causa ejecutoria sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia de cinco de julio de dos mil diecinueve (fojas 65 a 76), en la que se sobreseyó en este juicio de amparo promovido por la quejosa Hortencia Rueda Vargas; sin que las partes lo hubieren hecho en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Sin que obste lo anterior, el hecho de que se encuentra transcurriendo el plazo establecido por el numeral 86 de la Ley de la Ley de Amparo, respecto de las autoridades responsables 1) juez y 2) actuaria de la Primera Secretaría, ambos del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado (foja 79) , toda vez, que en la sentencia dictada se sobreseyó en el juicio, por lo que ningún agravio genera a dichas responsables el sentido de la misma para poder inconformarse. 2. Publicación de datos personales. Por otra parte, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo del expediente. Ahora bien, como se advierte de la certificación que antecede, en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. 3.1. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 3.2. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. 3.3. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno impreso y electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) 4. Devolución de documentos. Por otro lado, como la parte quejosa acompañó a su demanda de amparo original del acuse del escrito de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 5 a 8); se ordena su devolución, previa identificación y razón de entrega que se dejen en este expediente, por el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, en el entendido que podrá comparecer en días y horas hábiles (lunes a viernes, de 9:00 am a 15:00 pm); apercibida que de no hacerlo en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, será destruido junto con este expediente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de nueve de julio de dos mil diecinueve, comunicado por el secretario técnico de dicha Comisión mediante oficio número CCJ/ST/3555/2019, de la misma fecha; y firma ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.422/2019-6B*AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ... Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por la quejosa Hortencia Rueda Vargas, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta resolución en términos de lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente; ...
- Principal
NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA HORTENCIA RUEDA VARGAS Y TERCERO INTERESADO JOSÉ DÍAZ MORALES. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, hora y fecha señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo (foja 34), estando presente el juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, Ponciano Velasco Velasco; ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia, sin asistencia de las partes. Apertura de la audiencia. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia, por lo que el secretario hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por la quejosa Hortencia Rueda Vargas, presentada el nueve de mayo del año en curso (fojas 1 bis a 4), en la oficina de correspondencia común a los juzgados de distrito con residencia en esta población y recibida en esa misma fecha en este juzgado; auto de veintisiete de mayo del año en curso (fojas 18 a 22); e informe justificado de la juez Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, residente en la Ciudad de Oaxaca (foja 36). Además, CERTIFICA: Que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto de diez de mayo del año en curso (fojas 11 a 13). A lo anterior se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, resuélvase lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria: Acto continuo, se abre el periodo probatorio, por lo que en este acto se reciben las documentales que la parte quejosa ofreció como pruebas de su parte, consistentes en: a) Acuse de recibo del escrito de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho y recibido al día siguiente, en la oficialía de partes de los Juzgados Civiles y Familiares (fojas 5 a 8); b) Copia simple del acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio 537/2018 (foja 9). De igual manera, se reciben las documentales que la autoridad responsable ofreció, consistentes en: a) Copia certificada de diversas constancias relativas al expediente 537/2018, de su índice (fojas 38 a 62). Documentales que, conforme a lo dispuesto en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se desahogan dada su propia y especial naturaleza y se tomarán en cuenta en la consideración respectiva; al no existir alguna otra probanza que desahogar, se cierra este periodo. Enseguida, se abre el periodo de alegatos, sin que alguna de las partes presentara escrito. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 422/2019; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de mayo del año en curso (fojas 1 bis a 4), en la oficina de correspondencia común a los juzgados de distrito con residencia en esta población y turnada a este órgano jurisdiccional en esa misma fecha, la quejosa Hortencia Rueda Vargas, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto de la juez Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, residente en la Ciudad de Oaxaca y otras autoridades, que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda. En proveído de diez de mayo del año en curso, se formó expediente y se previno a la parte quejosa para que entre otras cuestiones, aclarara el acto reclamado (fojas 11 a 13); en auto de veintisiete del citado mes y año (fojas 18 a 22), se admitió la demanda, únicamente por lo que respecta a la juez Quinto Familiar y al actuario judicial adscrito, ambos del Distrito Judicial del Centro, residente en la Ciudad de Oaxaca, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente corresponde y se le notificó de la presentación de la misma; de igual manera, se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; además, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; por lo que una vez integrado el expediente, se llevó a cabo la audiencia, en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, es legalmente competente para conocer, tramitar y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Federal; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 3/2013, en sus numerales SEGUNDO, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el CUARTO, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un asunto de naturaleza civil, además de que la autoridad responsable tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y exacta del acto reclamado por la parte quejosa, mismo que se hace consistir en la omisión de proseguir en tiempo con el trámite del juicio, que se traduce en dilación procesal. Es aplicable la Tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2014, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 181810, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado respecto a una autoridad. La autoridad responsable, actuario judicial adscrito al Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, residente en la Ciudad de Oaxaca, no rindió su informe justificado; sin embargo, la referida presunción de certeza, establecida en el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, no opera tratándose de actos probables o de realización incierta; es decir, no debe de inmediato declararse la presunción indicada, ya que, para ello, debe analizarse primeramente, si está o no desvirtuada con prueba alguna, pues sería contrario a las reglas de la lógica que, ante la falta de informe, se tenga por cierto un acto que no se tiene convicción de que lo sea. Al respecto, es aplicable la tesis I.7o.a.24 k (10a.), sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1780, Libro 41, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 2017, Décima Época, Registro 2014131, del rubro y texto siguientes: "PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO. NO OPERA RESPECTO DE ACTOS FUTUROS, PROBABLES, REMOTOS O DE REALIZACIÓN INCIERTA. La referida presunción, establecida en el artículo 117, cuarto párrafo, de la ley de la materia, no opera tratándose de actos futuros, probables o remotos, en virtud de que, en primer lugar, si se presume cierto el acto por falta del informe justificado, aquél se desnaturalizaría (futuro probable), convirtiéndolo, por esa presunción, en futuro inminente y haciendo procedente un juicio que, dada la naturaleza del acto reclamado, es improcedente y, en segundo lugar, porque esa misma naturaleza actúa como prueba en contrario de la presunción de certeza. Así, para determinar lo conducente, el juzgador de amparo debe realizar el siguiente ejercicio: cerciorarse de que no exista informe justificado; ante su inexistencia, no debe, ipso facto, declarar la presunción indicada, pues antes debe analizar si está o no destruida por prueba en contrario. Para este efecto, debe estudiar integralmente la demanda, sus anexos y demás constancias de autos y, si de ese estudio advierte la confesión del quejoso en el sentido de que el acto es futuro, probable, remoto o de realización incierta, entonces concluirá, y así deberá plasmarlo en la sentencia, que la presunción de certeza está desvirtuada por confesión del propio particular, pues sería contrario a las reglas de la lógica y al raciocinio que, ante la falta de informe, se tenga por cierto un acto que no se tiene convicción de que lo sea y luego analizar si es o no inconstitucional en sí mismo." Ahora, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.). IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Ese precepto establece que, en el supuesto que no existan los actos reclamados, sin que se probara su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. En el caso, la parte quejosa tiene la carga de la prueba; es decir, está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Máxime que dentro de las facultades del actuario adscrito al Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, residente en la Ciudad de Oaxaca, no está la de proseguir en tiempo con el trámite del juicio, sino únicamente ejecutar las determinaciones que se dicten en el mismo, por parte de la titular de dicho Juzgado. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Núm. 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia del acto atribuible al actuario adscrito al Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, residente en la Ciudad de Oaxaca, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La existencia del acto que la parte quejosa atribuyó a la juez Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, residente en la Ciudad de Oaxaca, quedó acreditado con el informe justificado que rindió al respecto (foja 36); además, con las propias constancias que adjuntó a su informe (fojas 38 a 62). Documentales con valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°. Es aplicable la Jurisprudencia 226, publicada en el Tomo VI, página 153, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, es necesario abordar el estudio de las causas de improcedencia hechas valer por las partes, o bien, que este tribunal llegara a advertir de manera oficiosa, ya que, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse de oficio y en forma preferente. En el caso, respecto al acto reclamado por la quejosa, consistente en la omisión de proseguir en tiempo con el trámite del juicio, que se traduce en dilación procesal, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque además de que se trata de un acto intraprocesal, no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, para que se actualice la excepción para la procedencia del juicio de amparo. En efecto, los referidos artículos prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.)" V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Antecedentes. A fin de dar claridad a esta determinación, conviene destacar los principales antecedentes del caso, que se advierten de las copias certificadas del expediente familiar 537/2018 (fojas 38 a 62). a) En escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en la Oficialía de partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares del Estado de Oaxaca, la ahora quejosa Hortencia Rueda Vargas demandó la nulidad del matrimonio celebrado con el demandado José Díaz Morales (fojas 40 a 43). b) En auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la jueza Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, residente en la Ciudad de Oaxaca, tuvo a Hortencia Rueda Vargas demandando en la vía ordinaria civil, a José Díaz Morales, por lo que admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 537/2018; asimismo, ordenó notificarle y correrle traslado, a fin de que dentro del plazo de nueve días contestara dicha demanda, apercibiéndolo que para el caso de no hacerlo, se declararía rebelde y presuntivamente confeso de los hechos de la demanda y por perdido su derecho para contestarla (foja 39). c) El veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la comparecencia de María del Carmen López Jiménez, apoderada legal del demandado José Díaz Morales, en la que se le corrió traslado y se le emplazó al juicio civil 537/2018, promovido por Hortencia Rueda Vargas (foja 53). d) En escrito presentado el seis de febrero de dos mil diecinueve, en la Oficialía de partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares del Estado de Oaxaca, se recibió el escrito del demandado José Díaz Morales, por medio del cual dio contestación a la demanda iniciada en su contra y se allanó a la misma (fojas 55 y 56). e) Por auto trece de junio de dos mil diecinueve, la jueza Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, residente en la Ciudad de Oaxaca, tuvo al demandado José Díaz Morales apersonándose al juicio y dio la intervención legal a la apoderada Hortencia Rueda Vargas; asimismo, requirió al demandado por el término de tres días, para que ratificara el contenido del escrito; asimismo, lo apercibió que para el caso de no hacerlo, se tendría por no contestada la demanda (fojas 54 vuelta y 59). Hechas estas precisiones, como quedó puntualizado con antelación, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, pues de los artículos y fracciones citadas, se advierte que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 189, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 154, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De lo anterior se deduce que el acto que reclama la parte quejosa, consistente en la omisión de proseguir en tiempo con el trámite del juicio, que se traduce en dilación procesal, no se trata de aquéllos que sean de imposible reparación, al no afectar derechos sustantivos, lo que de inicio hace improcedente el juicio. A fin de verificar si se está en el caso de excepción, por existir una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, se atiende lo siguiente: Entre otras cuestiones, la parte quejosa dice que se ha vulnerado lo establecido en el artículo 17 constitucional, mismo que establece lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." De la lectura del segundo párrafo del artículo transcrito, se advierte que prevé el siguiente derecho: b) Derecho a la tutela jurisdiccional (administración de justicia). Ese derecho, de acuerdo al criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se puede definir como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el cual se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Lo anterior, se encuentra establecido en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 124, Tomo XXV, Abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 172759, cuyo contenido dice: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." En ese orden, si bien el derecho de acceso a la justicia es un derecho del gobernado frente al poder público para que se le administre justicia dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, ello implica que ese derecho es correlativo de una obligación, consistente en que el gobernado se sujete a cumplir con los requisitos que exijan las leyes procesales, ya que la actividad jurisdiccional implica no sólo un quehacer del órgano judicial, sino también la obligación que tienen los gobernados de manifestar su voluntad de contribuir con el procedimiento, ya que la ley presume su falta de interés, cuando no se expresa esa voluntad. En el caso, se estima que no se está en el supuesto de excepción para la procedencia del juicio de amparo, pues no se advierte una abierta dilación del procedimiento o su paralización total por parte de la autoridad que haga notar que existe una denegación de justicia; por el contrario, de los propios antecedentes que fueron narrados con antelación, se puede advertir que el juicio ha proseguido el curso normal, ya que el último auto se dictó el trece de junio de dos mil diecinueve (fojas 54 vuelta y 59), donde requirió por tres días a la parte demandada para que ratificara el contenido del escrito; asimismo, lo apercibió que de no hacerlo, se tendría por no contestada la demanda (fojas 54 vuelta y 59); en cuyo caso, posterior al plazo otorgado, determinaría lo conducente (tener por no contestada la demanda), que es el fin pretendido por la parte actora en ese juicio. No es inadvertido que el escrito de seis de febrero de dos mil diecinueve, en el que José Díaz Morales dio contestación a la demanda iniciada en su contra y se allanó a la misma (fojas 55 y 56), se acordó en proveído de trece de junio del año en curso (fojas 54 vuelta y 59); sin embargo, fue con motivo de que la secretaria de acuerdos no dio cuenta en tiempo con los escritos a la juez Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, residente en la Ciudad de Oaxaca, ni la actuaria turnó el expediente; de modo que ello generó un apercibimiento interno para las funcionarias (foja 59). De lo anterior, se puede concluir que no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, ya que la autoridad responsable ha realizado los actos tendientes a dictar la resolución relativa, origen del juicio. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1086, Libro 30, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, Registro 2011580, cuyo rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Cabe precisar, que existe una excepción a la regla, cuando se advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, por lo que, en esos casos, se está en presencia de actos de imposible reparación. Sin embargo, al margen de ello, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, antes de acudir al juicio de amparo, debe agotarse el principio de definitividad contra los actos de imposible reparación. En el caso, el artículo 697 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca dispone que contra casos de denegación de justicia procede el recurso de queja; por lo que, de haberse actualizado el supuesto de excepción, debió agotarse el recurso respectivo. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), visible en la página 8, Libro 55, Junio de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2017117, del contenido siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por lo anterior, se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede sobreseer en este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, es importante mencionar que el sobreseimiento impide emprender el análisis de las cuestiones de fondo planteadas; atento a la tesis 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Registro 394465, del texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional al resolver el asunto, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por la quejosa Hortencia Rueda Vargas, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta resolución en términos de lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente; anótese en el registro y en la estadística; hágase la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este órgano jurisdiccional; remítase copia certificada de esta resolución a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes
- Honorio López Jiménez82/2021
- Horacio de Jesús Suárez Socorro195/2018
- Horacio Federico Cruz Vargas358/2019
- Hortencia Bolaños Carreño y Otros.1223/2018
- Hortencia Concha Cruz u Hortensia Concha Cruz578/2018
- Hortencia Martínez Pablo831/2018
- Hortensia Desales Echeverría744/2023
- Huberto Mucio López Gómez566/2022
- Hugo Alberto Rojas Pérez1279/2017
- Hugo Alejandro Sánchez Brachetti1242/2021
- Hugo Alonso Pacheco862/2022
- Hugo Alonzo Pacheco1016/2022