Honorio Francisco León Cruz

Expediente 29/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
29/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
24/03/2021

Partes del expediente

  • Honorio Francisco León Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    PRAL. 29/2021-8* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. 1°. Estado de autos. Vistos los autos, particularmente la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso Honorio Francisco León Cruz, interpusiera recurso de revisión contra la sentencia autorizada el veintiséis de febrero del año en curso, en la que se negó el amparo y la protección constitucional al quejoso Honorio Francisco León Cruz; sin que lo hubiese hecho. 2°. Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3°. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4°. Archivo del expediente. En esas condiciones y no existiendo asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 18, fracción I, inciso b) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal invocado, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5°. Destino y archivo. Se comunica a las partes que al haber negado la protección constitucional a la parte quejosa, este expediente es depurable, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo general, en relación con las especificaciones previstas en el "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal"; una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha de este acuerdo, procédase a lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del acuerdo mencionado. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda depurable. 6°. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 7°. Devolución de disco. Devuélvase a la autoridad responsable Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca el toca familiar 29/2020, de su índice y el expediente familiar 835/2017, del control del Juzgado Segundo de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, remitidos en apoyo a su informe justificado. 8°. Anotaciones. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.29/2021-8*AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca siendo las nueve horas con veintiocho minutos del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 29/2021, como se ordenó en acuerdo de doce de febrero del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla sin asistencia de las partes. Relación de constancias. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la a) demanda de amparo promovida Honorio Francisco León Cruz, b) proveído de diez de noviembre de dos mil veinte, por el cual el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en este municipio, declinó competencia a este órgano jurisdiccional, c) auto de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, por el que este Juzgado aceptó la competencia declinada y el d) informe justificado rendido por la autoridad responsable. Finalmente, de autos aparece que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria, se hace constar las pruebas siguientes: La Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca remitió: a) El toca familiar 29/2020, de su índice y el expediente familiar 835/2017, del control del Juzgado Segundo de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca. Enseguida, se acuerda: en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, se admiten los citados medios de convicción, mismos que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, para ser consideradas al resolver este juicio. No existiendo más pruebas que desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. En la fase de alegatos, se hace constar que la tercera interesada Rosario Cuevas Torres formuló alegatos por escrito, en tanto que las demás partes no los formularon y tampoco la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado presentó pedimento; se cierra esta etapa, y se procede a dictar la sentencia respectiva. Doy fe. El titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Ponciano Velasco Velasco. La secretaria. Miriam Carolina Ramos León Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 29/2021; y, R E S U L T A N D O S: a) Actuaciones Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en este municipio. PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Honorio Francisco León Cruz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el siguiente acto: "la resolución definitiva dictada por la autoridad responsable dentro del toca familiar número 29/2020, de fecha doce de agosto del año dos mil veinte (.)" -sic-. Mismo que atribuyó a la autoridad siguiente: Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. La parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Demanda de amparo. Por auto de diez de noviembre de dos mil veinte, la magistrada presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, con sede en este municipio, por una parte, tuvo por recibido el oficio 631/2020 del magistrado presidente de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el cual rindió su informe justificado y remitió a) la demanda de amparo promovida por Honorio Francisco León Cruz, b) el toca familiar 29/2020 de su índice, c) el expediente familiar 835/2017 de la estadística del Juzgado Segundo de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca y d) copia certificada de la diligencia de emplazamiento realizada a la tercera interesada Rosario Cuevas Torres; asimismo, registró la demanda promovida en el libro de gobierno con el número 241/2020; y, por otra, se declaró incompetente para seguir conociendo del asunto al considerar que la citada resolución corresponde conocer a un Juzgado de Distrito, porque no constituye una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, por lo que, no es materia del amparo en la vía uniinstancial, al encontrarse en el supuesto del numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ordenando, por ello, remitir la demanda de mérito al Juzgado de Distrito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en este municipio. b) Actuaciones Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con sede en este municipio. TERCERO. Se acepta competencia. En proveído de diecinueve de enero de dos mil veintiuno este órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada, convalidando todas las actuaciones realizadas por la titular del citado órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento del asunto. Asimismo, se otorgó la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado. CUARTO. Se apersona tercera interesada. Por auto de veintinueve de enero de dos mil veintiuno se tuvo a la tercera interesada Rosario Cuevas Torres apersonándose a este juicio de amparo. QUINTO. Audiencia constitucional. Previo diferimiento, se señaló hora y fecha para la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. Vistos para resolver el juicio de amparo 29/2021, del índice de este Juzgado y; CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza civil, y las autoridades responsables tienen su residencia dentro de la circunscripción territorial en la que este Juzgado de Distrito en materia mixta ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De la lectura de la demanda de amparo y de las constancias de autos se advierte que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, el acto reclamado por la parte quejosa es la (foja 10): Resolución dictada el doce de agosto de dos mil veinte, en autos del toca familiar 29/2020. Que atribuye a la: Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método, en principio, debe analizarse si el acto reclamado existe, habida cuenta que, de no resultar cierto, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no existiría materia para efectuarlo. Resulta verídico lo que se reclama a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cuyo contenido quedó descrito en el considerando segundo de esta sentencia, toda vez que así lo manifestó el magistrado presidente en su informe justificado (fojas 5 y 6). Existencia que se tiene por acreditada al tenor de la jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto" Además, con las constancias que anexó a su informe, consistentes en el original del toca familiar 29/2020, de las cuales se advierte la existencia de lo reprochado en esta sede de control constitucional. Documentales que gozan de plena eficacia con base en el precepto 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles (aplicado supletoriamente, de acuerdo con el dispositivo 2°, párrafo segundo, de la Ley de Amparo), por tratarse de reproducción de documentos públicos que ostentan certificación elaborada por funcionario en el ejercicio de su encomienda y con motivo de ella, que contienen la existencia regular de sellos y firmas que así lo demuestran, respecto de las cuales este juzgado, gozando de la más amplia libertad para su análisis, considera que hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados en ellos. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis cuyos rubros son: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUE DEBE ENTENDERSE POR" y "CERTIFICACIONES JUDICIALES". CUARTO. Consideraciones previas. En el caso, no existen causales de improcedencia hechas valer por las partes, ni se advierte en forma objetiva la existencia de alguna que deba analizarse de oficio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Incluso, no se actualiza la causal establecida en el numeral 61, fracción XXIII, relacionado a su vez con el 107, fracción V -este último interpretado a contrario sensu-, todos de la Ley de Amparo, consistente en que el acto reclamado tenga efectos que sean de imposible reparación. Lo anterior, pues de la lectura de la resolución reclamada se advierte que los efectos de la reposición del procedimiento ordenada por la responsable no solo implican recabar pruebas, sino también que no se decida sobre el monto de la pensión alimenticia definitiva que debe otorgarse a los acreedores alimentarios; situación que, necesariamente, repercute en el peculio del deudor alimentario que es, precisamente, el quejoso, en tanto que en la resolución que constituye el acto reclamado se precisó que, con motivo de la reposición ordenada, subsistía la pensión provisional fijada en el juicio natural del cual derivaron los actos. De manera que esos tópicos implican que se vean inmiscuidos derechos sustantivos del impetrante y eso hace viable el juicio biistancial; como así lo ilustra la tesis siguiente: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, AL SEGUIRSE REALIZANDO LOS DESCUENTOS POR EL MONTO DE AQUÉLLA, QUE ES MAYOR A LA DEFINITIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". QUINTO. Estudio de fondo. Se procede al estudio del acto reclamado, a la luz de los conceptos de violación expuestos, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. No obstante lo anterior, a efecto de cumplir con el principio de congruencia, deviene ilustrativo sintetizar los motivos de reproche, para proceder a su contestación. La parte quejosa refiere que se ubica en el supuesto establecido en las fracciones III y XII del artículo 172 de la Ley de Amparo, al haberse desechado las pruebas que obran en el expediente o indebidamente las ignora y no les da un valor probatorio, a pesar de que ya han sido desahogadas dentro del procedimiento, incurriendo en violaciones a los principios de congruencia, motivación y debido proceso (foja 11). Así también, porque la autoridad responsable evita resolver y, por ello, mantiene un desgaste tanto emocional como económico, por lo que se mantiene en una situación económica apremiante (foja 11). Agrega que la sala responsable no invocó ni tomó en cuenta las constancias que integran el expediente 835/2017, del índice del juzgado familiar, en el cual ya se desahogaron diversos medios de convicción -estudios socioeconómicos, informes rendidos por el jefe del departamento de relaciones laborales de los Servicios de Salud de Oaxaca, confesional a cargo de la actora, aquí tercera interesada- (foja 12). De igual forma, refiere que la responsable se extralimita al exigir más elementos para resolver, en tanto que no tiene fundamento para reponer un procedimiento cuando de forma ilegal ignora los medios de prueba que son harto suficientes para resolver y se han desahogado conforme a derecho y cuidando las formas del debido proceso (foja 13). Finalmente, expresa que la resolución que ordenó reponer el procedimiento en el juicio natural vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales de acceso a la justicia pronta y expedita, dado que aquélla ordena reponer pruebas que ya fueron desahogadas, lo que genera únicamente una dilación en el proceso, violando no solo sus derechos a la justicia pronta y expedita, sino también la de sus hijos al no dar una certeza jurídica ya necesaria (foja 17); en tanto que se está ordenando volver a un desahogo nuevamente de las mismas pruebas, por lo que no debe mantenerse vivo un proceso vivo por años. Antecedentes. A fin de determinar si le asiste razón o no al quejoso, resulta pertinente hacer una breve reseña de los antecedentes relevantes que se advierte de las constancias remitidas en apoyo al informe justificado rendido por la Sala responsable, consistentes en el original del toca familiar 29/2020 (tomo anexo I) y el expediente 835/2017 del sumario del Juzgado Segundo Familiar del distrito judicial del Centro (tomo anexo II); entre las cuales destacan las siguientes: Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil diecisiete Rosario Cuevas Torres, por propio derecho y a favor de sus menores hijos de iniciales I.Y.L.C. y F.A.L.C., demandó en la vía de controversias del orden familiar, a Honorio Francisco León Cruz (fojas 2 a 9 del tomo anexo II). En auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, la juez de primera instancia tuvo por recibida la citada demanda, la registró bajo el número 835/2017, y fijó por concepto de pensión alimenticia provisional para cada acreedor alimentario (tres), el quince por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado, aquí quejoso (fojas 1 y 145 a 154 y 156 del tomo anexo II). Seguido en sus etapas procesales, el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve el juez Segundo de lo Familiar del distrito judicial del Centro, con residencia en Oaxaca de Juárez, dictó sentencia en el expediente 835/2017, de su índice, en la que, por una parte, absolvió al demandado del pago de la pensión alimenticia a la actora Rosario Cuevas Torres, decretada el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete; y, por otra, condenó al demandado al pago de una pensión alimenticia definitiva a sus dos menores hijos de iniciales I.Y.L.C. y F.A.L.C., consistente en el treinta y seis por ciento, precisando que corresponde a cada acreedor el dieciocho por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe, con las excepciones ahí previstas; y que ese descuento será una vez que se declarara firme dicha resolución (fojas 354-365 del tomo anexo II). Inconforme con tal determinación, la actora Rosario Cuevas Torres, aquí tercera interesada, promovió recurso de apelación, del cual conoció la sala responsable, la que, al resolver tal medio de impugnación el doce de agosto de dos mil veinte, revocó la sentencia de primera instancia y ordenó la reposición del procedimiento para efecto de que el juez natural: "1. Recabe informes del Registro Público de la Propiedad, instituciones bancarias, Servicio de Administración Tributaria para determinar la capacidad económica real del demandado, asimismo recabe el informe actualizado del sueldo y demás prestaciones desglosando por prestaciones mensuales o anuales actual de HONORIO FRANCISCO LEÓN CRUZ y ROSARIO CUEVAS TORRES, incluidas sus deducciones, y cualquier otra prueba que considere necesaria para determinar la capacidad real del demandado y las necesidades de la actora. 2. Ordene la correcta realización del estudio socioeconómico a las partes por la Trabajadora Social adscrita o de Institución Oficial, en el domicilio en que cada uno de ellos actualmente habitan, para establecer las necesidades reales de la actora, y la capacidad económica de las partes, así como recabar cualquiera otra prueba que estime necesaria para ese efecto, debiendo agotar los medios legales para logar su desahogo. 3. Hecho que sea lo anterior cite a audiencia de alegatos y en su oportunidad dicte la sentencia que en derecho corresponda." Agregando que debería continuar vigente la pensión provisional decretada en el juicio principal (fojas 43 a 51 del tomo anexo II). La resolución dictada el doce de agosto de dos mil veinte, en el toca familiar 29/2020, del índice de la sala responsable, la cual revocó la sentencia pronunciada en el juicio 835/2017 del sumario del Juzgado Segundo Familiar del distrito judicial del Centro, y ordenó la reposición del procedimiento, desde la cita para alegatos, para el efecto de que la juez de primera instancia recabara diversos medios de convicción, es materia de reclamo en este juicio de amparo. Expuestos los antecedentes del acto reclamado, se estiman inoperantes los conceptos de violación que se hacen valer, porque no se controvierten las consideraciones torales que sustentan la resolución reclamada. Ello es así, pues los conceptos de violación reseñados no cuestionan los razonamientos de la sala, habida cuenta que no se sustenta en los aspectos cuestionados por el quejoso, pues el agraviado no indica a) qué pruebas le fueron desechadas, cuáles fueron ignoradas, cuáles no se desahogaron atendiendo a las formalidades del procedimiento o ya fueron desahogadas y no se les concedió valor probatorio; b) omite refutar por qué b.1) resulta innecesario recabar nuevamente los medios de convicción que, según refiere, ya obran en el expediente natural; b.2) la responsable se extralimitó al exigir más elementos para resolver y b.3) fue correcto o no el valor otorgado a las pruebas ya existentes. Por el contrario, los argumentos del quejoso implícitamente fortalecen la reposición del procedimiento, pues sostiene que con motivo de la reposición no se dilucida sobre la pensión alimenticia que, a su parecer, lo mantiene en una situación que pone en riesgo su salud física y emocional, así como en una situación económica apremiante; esto, porque, precisamente, el hecho de que se recaben nuevos elementos de convicción o se desahoguen la totalidad de medios de prueba ofrecidos, permitirán conocer a la juez familiar la capacidad económica de la madre y el padre para establecer sus obligaciones en cuanto a las cantidades y porcentajes que deben cubrir por concepto de alimentos. Tiene aplicación la jurisprudencia que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTA EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY. Si en un juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada." El diverso concepto de violación en el que aduce que se ubica en el supuesto establecido en las fracciones III y XII del artículo 172 de la Ley de Amparo, al haberse desechado las pruebas que obran en el expediente o indebidamente las ignora y no les da un valor probatorio, a pesar de que ya han sido desahogadas dentro del procedimiento, incurriendo en violaciones a los principios de congruencia, motivación y debido proceso; resulta ineficaz, en tanto que el quejoso no especifica cuáles fueron los medios de convicción que fueron desechados, ignorados o indebidamente valorados, y de las constancias que integran estos autos no se advierte acreditada dicha circunstancia, por tanto, este órgano jurisdiccional no se encuentra en aptitud de pronunciarse sobre ese particular; como así lo ilustra la tesis siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION. NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO TALES LOS EXPRESADOS EN EL SENTIDO DE QUE LA VALORACION DE LAS PRUEBAS NO SE AJUSTA A LA LEY NI A LA REALIDAD JURIDICA SIN INDICAR EL POR QUE. El argumento esgrimido en los conceptos de violación, en relación con la valoración de las pruebas, es insuficiente, atento a que no reúne las características de un concepto de violación, si de una manera general y abstracta expresa, sin precisar por qué, que la valoración de las pruebas no se ajusta a la ley (sin indicar a qué pruebas se refiere), ni a la realidad jurídica, porque rebasa las reglas basadas en los principios de la lógica, y sin manifestar por qué, que la responsable se excede en su arbitrio judicial; afirmaciones éstas que por resultar irrazonadas deben ser desestimadas, atento al principio de estricto derecho que por razón de la materia impera en la especie, pues de aceptarlas a guisa de conceptos de violación, se infringiría el artículo 79 de la Ley de Amparo; tanto más si el sentido de la sentencia reclamada se encuentra apoyado en consideraciones muy amplias a las cuales ni siquiera se aluda en los conceptos de violación, relacionadas con la confesional y declaración de parte de la demandada; con las contradicciones en que incurrieron los testigos, etc." Los diversos conceptos de violación, en los que el quejoso expresó que la responsable a) no invocó ni tomó en cuenta las constancias que integran el expediente 835/2017, del índice del juzgado familiar, en el cual ya se desahogaron diversos medios de convicción (estudios socioeconómicos, informes rendidos por el jefe del departamento de relaciones laborales de los Servicios de Salud de Oaxaca, confesional a cargo de la actora, aquí tercera interesada), y b) se extralimita al exigir más elementos para resolver, en tanto que no tiene fundamento para reponer un procedimiento cuando de forma ilegal ignora los medios de prueba que son harto suficientes para resolver y se han desahogado conforme a derecho y cuidando las formas del debido proceso; así como c) evita resolver, generándole un desgaste económico y emocional; resultan infundados, pues la sala responsable sobre ese particular se pronunció en los términos siguientes: "SEGUNDO. Los agravios expresados por ROSARIO CUEVAS TORRES son sustancialmente fundados, sin embargo, analizadas las constancias del expediente de primera instancia se advierte que de oficio no se recabaron pruebas para acreditar la necesidad de la parte actora y la capacidad económica real del demandado. Concretamente ROSARIO CUEVAS TORRES manifiesta que le causa agravios que no se haya tomado en consideración la prueba de informe signado por el Gerente Jurídico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que ofreció la parte demandada respecto del inmueble que habita con sus hijos, exhibiendo anexo a su escrito de agravios una hoja de supuesto requerimiento de pago, asimismo indica que no tomó en cuenta la capacidad económica de la quejosa, debido a que se encuentra a cargo de sus hijos, percibiendo un solo ingreso en tanto que el demandado tiene dos ingresos Al respecto debe advertirse lo siguiente: 1. La actora ROSARIO CUEVAS TORRES en su demanda datada el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete ofreció entre otras como pruebas de su parte (v.f. 11 a 19 c. pral.) la documental privada consistente en un recibo comprobante en copia al carbón de retiro por tarjeta de débito de la cuenta 56-68839608-1 de la institución bancaria Santander, de fecha dieciséis de marzo de dos diecisiete de un retiro en ventanilla por la cantidad de VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (marcada con el número 17) asimismo la documental privada consistente en la tarjeta de socio de demandado de la Caja Popular Mexicana con núemro (sic) de socio 0000653732, sucursal 290, (marcada con número 18) AMBAS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL DEMANDADO y relacionadas con los hechos de la demanda: consta asimismo, que ofreció el informe que debería rendir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto a la cuenta referida en la institución bancaria Santander (marcada con el número 24), y el informe que debería rendir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto a la cuenta en la referida Caja Popular Mexicana (marcada con el número 25); y el estudio socioeconómico relativo de la parte actora señalando expresamente el domicilio y que se determinara específicamente las necesidades de ella y sus hijos, el mantenimiento de la casa e instalaciones. 2. En auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete se admitieron y se ordenó el desahogo de las pruebas aportadas, el estudio socioeconómico y los informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficios 3326/2017 y 3327/2017 de fecha quince de diciembre (sic) de dos mil diecisiete, entregándose físicamente el primero y el segundo dio lugar a un requerimiento de datos por parte de la autoridad exhortada (v. f. 250 c. pral.) y la respuesta del Director General Adjunto de Atención a autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto a la imposibilidad de dar la información por no cumplirse con los requerimientos del sistema de Atención de Requerimientos de Autoridades (SIARA). Dándose vista a la actora en la audiencia de dos de abril de dos mil dieciocho, y en la misma auiencia (sic) se ordenó el desahogo del estudio socioeconómico solicitado por la actora y se ordenó realizar el estudio socioeconómico a la parte demandada. 3. El doce de junio de dos mil dieciocho (v. f. 304 c. pral.), la secretaria encargada del juzgado declaró desierta la prueba de informes solicitados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 4. El estudio socioeconómico realizado a la actora no refiere los gastos de mantenimiento del inmueble a los que se refirió la actora en su demanda, ni es congruente con el gasto de luz que refiere para un consumo de tres personas, la actora y sus dos hijos, por lo que se advierte que no fue revisado por la juzgadora al momento de recibirlo y en su caso requerir su aclaración. En este orden de análisis, de las constancias de autos que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 387 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, esta Sala advierte que el juzgador de primera instancia inobservó las formalidades del procedimiento previstas en las Controversias del Orden Familiar en los numerales 962, 963, 967 y 968 de Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, al no intervenir de oficio, ni dictó las medidas necesarias para determinar la capacidad económica real del demandado y omitió recabar prueba para determinar la necesidad de ROSARIO CUEVAS TORRES Y SUS HIJOS debido a que no fue recabado el estudio socioeconómico en el que se reflejara el gasto de mantenimiento del departamento que habitan, ni se advirtió que el gasto de luz de cincuenta pesos bimestrales no es congruente con el de una familia de tres integrantes, por lo que en este sentido resulta claro que no se visibilizaron sus necesidades, en consecuencia no se acreditan las necesidades de la parte actora. Siendo pertinente señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido diversos criterios donde lo que busca es proteger el interés sobre alimentos, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, facultando incluso al juzgador para recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias. Por ello, el juzgador con elementos de prueba eficaces debió analizar los ingresos reales de las partes, pero además con equidad, efectuar un análisis de las percepciones y deducciones del demandado. Debiendo considerar la situación real y actual de la parte actora, para ello, debe ordenarse la realización del estudio socioeconómico por la Trabajadora Social adscrita o de institución oficial, en el domicilio en que actualmente habita, para establecer sus necesidades reales, así como la proporcionalidad de la obligación de otorgarlos en términos del artículo 324 del Código Civil del Estado. De esta manera, agotando los medios legales para su desahogo, tener elementos suficientes para resolver sobre los hechos cuestionados y estar en condiciones de decretar a su favor una condena justa y equitativa. Al respecto debe precisarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2000-PS que dio lugar a la jurisprudencia 1ª/j 44/2001 entre otras consideraciones sostuvo: (.)" De donde se advierte que, contrario a lo expuesto por el quejoso, la Sala responsable sí expresa los fundamentos (artículos 962, 963, 967 y 968 de Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado) por los cuales ordenó a la juez familiar recabar los medios de convicción que sean necesarios y que le permitan efectuar un análisis de las percepciones y deducciones del demandado, debiendo considerar la situación real y actual de la parte actora. También, en vía de motivación, indicó por qué debía recabarse nuevamente el estudio socioeconómico de la parte actora, aquí tercera interesada, como se deduce de la imagen siguiente: "El estudio socioeconómico realizado a la actora no refiere los gastos de mantenimiento del inmueble a los que se refirió la actora en su demanda, ni es congruente con el gasto de luz que refiere para un consumo de tres personas, la actora y sus dos hijos, por lo que se advierte que no fue revisado por la juzgadora al momento de recibirlo y en su caso requerir su aclaración." ".no fue recabado el estudio socioeconómico en el que se reflejara el gasto de mantenimiento del departamento que habitan, ni se advirtió que el gasto de luz de cincuenta pesos bimestrales no es congruente con el de una familia de tres integrantes, por lo que en este sentido resulta claro que no se visibilizaron sus necesidades, en consecuencia no se acreditan las necesidades de la parte actora." Máxime que la reposición del procedimiento tiene como finalidad recabar mayores elementos probatorios y conocer el estado de los padres para determinar las obligaciones de alimentos. Distinto sería que el quejoso planteara razones para sostener que al dictarse la sentencia se beneficiaría a sus menores hijos en mayor medida que la reposición del procedimiento, aun ante la carencia de elementos preponderantes; no obstante debió sostenerlo con razones jurídicas y no solo expresar que la responsable debió reasumir jurisdicción, porque, como fue evidenciado, no podía resolver, precisamente, por la falta de medios. Así, por encima de afectarle la referida reposición del procedimiento, le podría, incluso, beneficiar, porque los estudios que se practiquen podrán tener efecto sobre el porcentaje que se le descuenta de su pensión, ya que se ordenó con el propósito de determinarse la capacidad real del demandado y las necesidades de la actora y, con ello, contar con los elementos necesarios para establecer el nivel de vida y capacidad económica tanto del deudor como de la acreedora alimentaria, a fin de establecerse de manera fundada y razonada el monto de la pensión alimenticia correspondiente. Apoyan lo anterior las tesis siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE A FAVOR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. AL APLICARLA EN UN LITIGIO DE GUARDA Y CUSTODIA, NO TIENE COMO FIN FAVORECER A ALGUNO DE LOS PROGENITORES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.",(1) consideró que siempre que esté de por medio, directa o indirectamente el bienestar de un menor de edad, los juzgadores y juzgadoras tienen el deber de suplir la deficiencia de la queja en toda su amplitud. Ahora bien, no puede de alguna manera afirmarse que se esté favoreciendo a uno de los progenitores en detrimento de los derechos de los niños y niñas involucrados, cuando se supla la queja en los casos en que éstos se vean involucrados directa o indirectamente y se otorgue su guarda y custodia a uno de los progenitores. En efecto, en los casos en que sea objeto de litigio la guarda y custodia de niños, niñas y adolescentes, necesariamente a uno de los progenitores le será otorgada ésta y se verá de algún modo colmada su pretensión, pero el sustento y el móvil de tal determinación es y debe ser siempre el interés superior del menor, pues es a la luz de este principio constitucional que se suple la deficiencia de la queja, con la finalidad de hacerlo operativo y lograr la protección efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los casos litigiosos que les afecten." "MENORES DE EDAD O INCAPACES. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PROCEDE EN TODO CASO, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. Los Jueces Federales tienen el deber de suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios respectivos, siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o el recurso de revisión, toda vez que el interés jurídico en las cuestiones que pueden afectar a la familia y principalmente en las concernientes a los menores y a los incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, ya que su voluntad no es suficiente para determinar la situación de los hijos menores; por el contrario, es la sociedad, en su conjunto, la que tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Lo anterior, debido a que el propósito del Constituyente y del legislador ordinario, plasmada en los artículos 107, fracción II, párrafo segundo, constitucional y 76 bis, fracción V y 91, fracción VI, de la Ley de Amparo, y de las interpretaciones realizadas por la Suprema Corte fue tutelar el interés de los menores de edad y de los incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, incluso hasta el grado de hacer valer todos aquellos conceptos o razones que permitan establecer la verdad y lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. Luego, no hay excusa tocante a la materia ni limitante alguna para la intervención oficiosa y obligada de las autoridades jurisdiccionales en esta clase de asuntos, pues la sociedad y el Estado tienen interés en que los derechos de los menores de edad y de los incapaces queden protegidos supliendo la deficiencia de la queja, independientemente de quienes promuevan en su nombre o, incluso, cuando sin ser parte pudieran resultar afectados por la resolución que se dicte. Finalmente, el diverso concepto de violación que el quejoso hizo consistir en que la reposición ordenada vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales de acceso a la justicia pronta y expedita, en tanto que genera únicamente una dilación en el proceso, violando no solo sus derechos a la justicia, sino también la de sus hijos al no dar una certeza jurídica; también resulta infundado. Ello es así, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas, si bien implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, ello no implica una violación al principio de justicia pronta, en tanto que no existe una abierta paralización al procedimiento, porque -precisamente- la finalidad de su reposición conlleva la ejecución de diversas actuaciones procedimentales que permitirán que el expediente se encuentre en el estado idóneo de aptitud legal para resolverse en definitiva. En consecuencia, al resultar infundados e ineficaces los conceptos de violación formulados por el quejoso Honorio Francisco León Cruz, sin que se advierta motivo para suplir, procede negar el amparo solicitado contra la resolución dictada el doce de agosto de dos mil veinte, en autos del toca familiar 29/2020, por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Criterios expuestos en apoyo a conceptos de violación. No se desatienden los criterios invocados por el quejoso en la demanda de amparo; no obstante, ninguno de ellos ilustra a este órgano jurisdiccional a adoptar una decisión diversa, en tanto que la tesis de rubro "ALIMENTOS. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR NO JUSTIFICA QUE EL JUZGADOR IMPONGA CARGAS DESMEDIDAS AL DEUDOR ALIMENTARIO", si bien se refiere a que al deudor alimentario, en este caso el quejoso, no debe imponerse una carga superior a su capacidad económica, lo cierto es que, precisamente, con los medios de prueba que, en su oportunidad, recabe la juez natural le permitirán adoptar una decisión atendiendo a la capacidad económica cierta del demandado y las necesidades de la actora y, con ello, fijar una pensión justa y equitativa. La diversa de rubro "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS", de ninguna forma se advierte que la sala responsable efectúe una interpretación de alguna norma en perjuicio del quejoso, o en una forma restrictiva o que le cause algún perjuicio; al menos, el quejoso, en vía de la causa de pedir, no refiere en qué se traduce esa transgresión. La de rubro "DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.", como se advierte de los párrafos precedentes, de autos no se advierte que se vulnerara en perjuicio de la parte quejosa alguna regla esencial del procedimiento, ni tampoco evidenció la parte quejosa dicha circunstancia. En tanto que la diversa "PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓN DE LAS SENTENCIAS. CONSTITUYE UNA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO", como del propio contenido de dicha tesis se advierte, las partes, en el caso, la actora en el juicio natural, hizo uso del derecho que tiene de impugnar la resolución que consideró vulneró derechos en su perjuicio y, con ello, se emitió la resolución motivo de reclamo en este juicio. Precisión en criterios invocados: Finalmente, se precisa que algunos de los criterios que fueron invocados en esta sentencia se citaron en atención a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, en razón de que lo estipulado en ellas no se contrapone a la actual legislación de la materia. SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1°, 76, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Honorio Francisco León Cruz, contra el acto reclamado a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistente en la resolución de doce de agosto de dos mil veinte, emitida en el toca familiar 29/2020; en términos del considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, fecha en la que se estuvo en condiciones de dictar la resolución correspondiente.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA, PREVIOS AVISOS. PRAL.29/2021-8*AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca siendo las nueve horas con veintiocho minutos del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 29/2021, como se ordenó en acuerdo de doce de febrero del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla sin asistencia de las partes. Relación de constancias. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la a) demanda de amparo promovida Honorio Francisco León Cruz, b) proveído de diez de noviembre de dos mil veinte, por el cual el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en este municipio, declinó competencia a este órgano jurisdiccional, c) auto de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, por el que este Juzgado aceptó la competencia declinada y el d) informe justificado rendido por la autoridad responsable. Finalmente, de autos aparece que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria, se hace constar las pruebas siguientes: La Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca remitió: a) El toca familiar 29/2020, de su índice y el expediente familiar 835/2017, del control del Juzgado Segundo de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca. Enseguida, se acuerda: en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, se admiten los citados medios de convicción, mismos que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, para ser consideradas al resolver este juicio. No existiendo más pruebas que desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. En la fase de alegatos, se hace constar que la tercera interesada Rosario Cuevas Torres formuló alegatos por escrito, en tanto que las demás partes no los formularon y tampoco la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado presentó pedimento; se cierra esta etapa, y se procede a dictar la sentencia respectiva. Doy fe. El titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Ponciano Velasco Velasco. La secretaria. Miriam Carolina Ramos León Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 29/2021; y, R E S U L T A N D O S: a) Actuaciones Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en este municipio. PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Honorio Francisco León Cruz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el siguiente acto: "la resolución definitiva dictada por la autoridad responsable dentro del toca familiar número 29/2020, de fecha doce de agosto del año dos mil veinte (.)" -sic-. Mismo que atribuyó a la autoridad siguiente: Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. La parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Demanda de amparo. Por auto de diez de noviembre de dos mil veinte, la magistrada presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, con sede en este municipio, por una parte, tuvo por recibido el oficio 631/2020 del magistrado presidente de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el cual rindió su informe justificado y remitió a) la demanda de amparo promovida por Honorio Francisco León Cruz, b) el toca familiar 29/2020 de su índice, c) el expediente familiar 835/2017 de la estadística del Juzgado Segundo de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca y d) copia certificada de la diligencia de emplazamiento realizada a la tercera interesada Rosario Cuevas Torres; asimismo, registró la demanda promovida en el libro de gobierno con el número 241/2020; y, por otra, se declaró incompetente para seguir conociendo del asunto al considerar que la citada resolución corresponde conocer a un Juzgado de Distrito, porque no constituye una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, por lo que, no es materia del amparo en la vía uniinstancial, al encontrarse en el supuesto del numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ordenando, por ello, remitir la demanda de mérito al Juzgado de Distrito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en este municipio. b) Actuaciones Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con sede en este municipio. TERCERO. Se acepta competencia. En proveído de diecinueve de enero de dos mil veintiuno este órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada, convalidando todas las actuaciones realizadas por la titular del citado órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento del asunto. Asimismo, se otorgó la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado. CUARTO. Se apersona tercera interesada. Por auto de veintinueve de enero de dos mil veintiuno se tuvo a la tercera interesada Rosario Cuevas Torres apersonándose a este juicio de amparo. QUINTO. Audiencia constitucional. Previo diferimiento, se señaló hora y fecha para la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. Vistos para resolver el juicio de amparo 29/2021, del índice de este Juzgado y; CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza civil, y las autoridades responsables tienen su residencia dentro de la circunscripción territorial en la que este Juzgado de Distrito en materia mixta ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De la lectura de la demanda de amparo y de las constancias de autos se advierte que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, el acto reclamado por la parte quejosa es la (foja 10): Resolución dictada el doce de agosto de dos mil veinte, en autos del toca familiar 29/2020. Que atribuye a la: Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método, en principio, debe analizarse si el acto reclamado existe, habida cuenta que, de no resultar cierto, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no existiría materia para efectuarlo. Resulta verídico lo que se reclama a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cuyo contenido quedó descrito en el considerando segundo de esta sentencia, toda vez que así lo manifestó el magistrado presidente en su informe justificado (fojas 5 y 6). Existencia que se tiene por acreditada al tenor de la jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto" Además, con las constancias que anexó a su informe, consistentes en el original del toca familiar 29/2020, de las cuales se advierte la existencia de lo reprochado en esta sede de control constitucional. Documentales que gozan de plena eficacia con base en el precepto 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles (aplicado supletoriamente, de acuerdo con el dispositivo 2°, párrafo segundo, de la Ley de Amparo), por tratarse de reproducción de documentos públicos que ostentan certificación elaborada por funcionario en el ejercicio de su encomienda y con motivo de ella, que contienen la existencia regular de sellos y firmas que así lo demuestran, respecto de las cuales este juzgado, gozando de la más amplia libertad para su análisis, considera que hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados en ellos. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis cuyos rubros son: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUE DEBE ENTENDERSE POR" y "CERTIFICACIONES JUDICIALES". CUARTO. Consideraciones previas. En el caso, no existen causales de improcedencia hechas valer por las partes, ni se advierte en forma objetiva la existencia de alguna que deba analizarse de oficio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Incluso, no se actualiza la causal establecida en el numeral 61, fracción XXIII, relacionado a su vez con el 107, fracción V -este último interpretado a contrario sensu-, todos de la Ley de Amparo, consistente en que el acto reclamado tenga efectos que sean de imposible reparación. Lo anterior, pues de la lectura de la resolución reclamada se advierte que los efectos de la reposición del procedimiento ordenada por la responsable no solo implican recabar pruebas, sino también que no se decida sobre el monto de la pensión alimenticia definitiva que debe otorgarse a los acreedores alimentarios; situación que, necesariamente, repercute en el peculio del deudor alimentario que es, precisamente, el quejoso, en tanto que en la resolución que constituye el acto reclamado se precisó que, con motivo de la reposición ordenada, subsistía la pensión provisional fijada en el juicio natural del cual derivaron los actos. De manera que esos tópicos implican que se vean inmiscuidos derechos sustantivos del impetrante y eso hace viable el juicio biistancial; como así lo ilustra la tesis siguiente: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, AL SEGUIRSE REALIZANDO LOS DESCUENTOS POR EL MONTO DE AQUÉLLA, QUE ES MAYOR A LA DEFINITIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". QUINTO. Estudio de fondo. Se procede al estudio del acto reclamado, a la luz de los conceptos de violación expuestos, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. No obstante lo anterior, a efecto de cumplir con el principio de congruencia, deviene ilustrativo sintetizar los motivos de reproche, para proceder a su contestación. La parte quejosa refiere que se ubica en el supuesto establecido en las fracciones III y XII del artículo 172 de la Ley de Amparo, al haberse desechado las pruebas que obran en el expediente o indebidamente las ignora y no les da un valor probatorio, a pesar de que ya han sido desahogadas dentro del procedimiento, incurriendo en violaciones a los principios de congruencia, motivación y debido proceso (foja 11). Así también, porque la autoridad responsable evita resolver y, por ello, mantiene un desgaste tanto emocional como económico, por lo que se mantiene en una situación económica apremiante (foja 11). Agrega que la sala responsable no invocó ni tomó en cuenta las constancias que integran el expediente 835/2017, del índice del juzgado familiar, en el cual ya se desahogaron diversos medios de convicción -estudios socioeconómicos, informes rendidos por el jefe del departamento de relaciones laborales de los Servicios de Salud de Oaxaca, confesional a cargo de la actora, aquí tercera interesada- (foja 12). De igual forma, refiere que la responsable se extralimita al exigir más elementos para resolver, en tanto que no tiene fundamento para reponer un procedimiento cuando de forma ilegal ignora los medios de prueba que son harto suficientes para resolver y se han desahogado conforme a derecho y cuidando las formas del debido proceso (foja 13). Finalmente, expresa que la resolución que ordenó reponer el procedimiento en el juicio natural vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales de acceso a la justicia pronta y expedita, dado que aquélla ordena reponer pruebas que ya fueron desahogadas, lo que genera únicamente una dilación en el proceso, violando no solo sus derechos a la justicia pronta y expedita, sino también la de sus hijos al no dar una certeza jurídica ya necesaria (foja 17); en tanto que se está ordenando volver a un desahogo nuevamente de las mismas pruebas, por lo que no debe mantenerse vivo un proceso vivo por años. Antecedentes. A fin de determinar si le asiste razón o no al quejoso, resulta pertinente hacer una breve reseña de los antecedentes relevantes que se advierte de las constancias remitidas en apoyo al informe justificado rendido por la Sala responsable, consistentes en el original del toca familiar 29/2020 (tomo anexo I) y el expediente 835/2017 del sumario del Juzgado Segundo Familiar del distrito judicial del Centro (tomo anexo II); entre las cuales destacan las siguientes: Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil diecisiete Rosario Cuevas Torres, por propio derecho y a favor de sus menores hijos de iniciales I.Y.L.C. y F.A.L.C., demandó en la vía de controversias del orden familiar, a Honorio Francisco León Cruz (fojas 2 a 9 del tomo anexo II). En auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, la juez de primera instancia tuvo por recibida la citada demanda, la registró bajo el número 835/2017, y fijó por concepto de pensión alimenticia provisional para cada acreedor alimentario (tres), el quince por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado, aquí quejoso (fojas 1 y 145 a 154 y 156 del tomo anexo II). Seguido en sus etapas procesales, el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve el juez Segundo de lo Familiar del distrito judicial del Centro, con residencia en Oaxaca de Juárez, dictó sentencia en el expediente 835/2017, de su índice, en la que, por una parte, absolvió al demandado del pago de la pensión alimenticia a la actora Rosario Cuevas Torres, decretada el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete; y, por otra, condenó al demandado al pago de una pensión alimenticia definitiva a sus dos menores hijos de iniciales I.Y.L.C. y F.A.L.C., consistente en el treinta y seis por ciento, precisando que corresponde a cada acreedor el dieciocho por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe, con las excepciones ahí previstas; y que ese descuento será una vez que se declarara firme dicha resolución (fojas 354-365 del tomo anexo II). Inconforme con tal determinación, la actora Rosario Cuevas Torres, aquí tercera interesada, promovió recurso de apelación, del cual conoció la sala responsable, la que, al resolver tal medio de impugnación el doce de agosto de dos mil veinte, revocó la sentencia de primera instancia y ordenó la reposición del procedimiento para efecto de que el juez natural: "1. Recabe informes del Registro Público de la Propiedad, instituciones bancarias, Servicio de Administración Tributaria para determinar la capacidad económica real del demandado, asimismo recabe el informe actualizado del sueldo y demás prestaciones desglosando por prestaciones mensuales o anuales actual de HONORIO FRANCISCO LEÓN CRUZ y ROSARIO CUEVAS TORRES, incluidas sus deducciones, y cualquier otra prueba que considere necesaria para determinar la capacidad real del demandado y las necesidades de la actora. 2. Ordene la correcta realización del estudio socioeconómico a las partes por la Trabajadora Social adscrita o de Institución Oficial, en el domicilio en que cada uno de ellos actualmente habitan, para establecer las necesidades reales de la actora, y la capacidad económica de las partes, así como recabar cualquiera otra prueba que estime necesaria para ese efecto, debiendo agotar los medios legales para logar su desahogo. 3. Hecho que sea lo anterior cite a audiencia de alegatos y en su oportunidad dicte la sentencia que en derecho corresponda." Agregando que debería continuar vigente la pensión provisional decretada en el juicio principal (fojas 43 a 51 del tomo anexo II). La resolución dictada el doce de agosto de dos mil veinte, en el toca familiar 29/2020, del índice de la sala responsable, la cual revocó la sentencia pronunciada en el juicio 835/2017 del sumario del Juzgado Segundo Familiar del distrito judicial del Centro, y ordenó la reposición del procedimiento, desde la cita para alegatos, para el efecto de que la juez de primera instancia recabara diversos medios de convicción, es materia de reclamo en este juicio de amparo. Expuestos los antecedentes del acto reclamado, se estiman inoperantes los conceptos de violación que se hacen valer, porque no se controvierten las consideraciones torales que sustentan la resolución reclamada. Ello es así, pues los conceptos de violación reseñados no cuestionan los razonamientos de la sala, habida cuenta que no se sustenta en los aspectos cuestionados por el quejoso, pues el agraviado no indica a) qué pruebas le fueron desechadas, cuáles fueron ignoradas, cuáles no se desahogaron atendiendo a las formalidades del procedimiento o ya fueron desahogadas y no se les concedió valor probatorio; b) omite refutar por qué b.1) resulta innecesario recabar nuevamente los medios de convicción que, según refiere, ya obran en el expediente natural; b.2) la responsable se extralimitó al exigir más elementos para resolver y b.3) fue correcto o no el valor otorgado a las pruebas ya existentes. Por el contrario, los argumentos del quejoso implícitamente fortalecen la reposición del procedimiento, pues sostiene que con motivo de la reposición no se dilucida sobre la pensión alimenticia que, a su parecer, lo mantiene en una situación que pone en riesgo su salud física y emocional, así como en una situación económica apremiante; esto, porque, precisamente, el hecho de que se recaben nuevos elementos de convicción o se desahoguen la totalidad de medios de prueba ofrecidos, permitirán conocer a la juez familiar la capacidad económica de la madre y el padre para establecer sus obligaciones en cuanto a las cantidades y porcentajes que deben cubrir por concepto de alimentos. Tiene aplicación la jurisprudencia que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTA EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY. Si en un juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada." El diverso concepto de violación en el que aduce que se ubica en el supuesto establecido en las fracciones III y XII del artículo 172 de la Ley de Amparo, al haberse desechado las pruebas que obran en el expediente o indebidamente las ignora y no les da un valor probatorio, a pesar de que ya han sido desahogadas dentro del procedimiento, incurriendo en violaciones a los principios de congruencia, motivación y debido proceso; resulta ineficaz, en tanto que el quejoso no especifica cuáles fueron los medios de convicción que fueron desechados, ignorados o indebidamente valorados, y de las constancias que integran estos autos no se advierte acreditada dicha circunstancia, por tanto, este órgano jurisdiccional no se encuentra en aptitud de pronunciarse sobre ese particular; como así lo ilustra la tesis siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION. NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO TALES LOS EXPRESADOS EN EL SENTIDO DE QUE LA VALORACION DE LAS PRUEBAS NO SE AJUSTA A LA LEY NI A LA REALIDAD JURIDICA SIN INDICAR EL POR QUE. El argumento esgrimido en los conceptos de violación, en relación con la valoración de las pruebas, es insuficiente, atento a que no reúne las características de un concepto de violación, si de una manera general y abstracta expresa, sin precisar por qué, que la valoración de las pruebas no se ajusta a la ley (sin indicar a qué pruebas se refiere), ni a la realidad jurídica, porque rebasa las reglas basadas en los principios de la lógica, y sin manifestar por qué, que la responsable se excede en su arbitrio judicial; afirmaciones éstas que por resultar irrazonadas deben ser desestimadas, atento al principio de estricto derecho que por razón de la materia impera en la especie, pues de aceptarlas a guisa de conceptos de violación, se infringiría el artículo 79 de la Ley de Amparo; tanto más si el sentido de la sentencia reclamada se encuentra apoyado en consideraciones muy amplias a las cuales ni siquiera se aluda en los conceptos de violación, relacionadas con la confesional y declaración de parte de la demandada; con las contradicciones en que incurrieron los testigos, etc." Los diversos conceptos de violación, en los que el quejoso expresó que la responsable a) no invocó ni tomó en cuenta las constancias que integran el expediente 835/2017, del índice del juzgado familiar, en el cual ya se desahogaron diversos medios de convicción (estudios socioeconómicos, informes rendidos por el jefe del departamento de relaciones laborales de los Servicios de Salud de Oaxaca, confesional a cargo de la actora, aquí tercera interesada), y b) se extralimita al exigir más elementos para resolver, en tanto que no tiene fundamento para reponer un procedimiento cuando de forma ilegal ignora los medios de prueba que son harto suficientes para resolver y se han desahogado conforme a derecho y cuidando las formas del debido proceso; así como c) evita resolver, generándole un desgaste económico y emocional; resultan infundados, pues la sala responsable sobre ese particular se pronunció en los términos siguientes: "SEGUNDO. Los agravios expresados por ROSARIO CUEVAS TORRES son sustancialmente fundados, sin embargo, analizadas las constancias del expediente de primera instancia se advierte que de oficio no se recabaron pruebas para acreditar la necesidad de la parte actora y la capacidad económica real del demandado. Concretamente ROSARIO CUEVAS TORRES manifiesta que le causa agravios que no se haya tomado en consideración la prueba de informe signado por el Gerente Jurídico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que ofreció la parte demandada respecto del inmueble que habita con sus hijos, exhibiendo anexo a su escrito de agravios una hoja de supuesto requerimiento de pago, asimismo indica que no tomó en cuenta la capacidad económica de la quejosa, debido a que se encuentra a cargo de sus hijos, percibiendo un solo ingreso en tanto que el demandado tiene dos ingresos Al respecto debe advertirse lo siguiente: 1. La actora ROSARIO CUEVAS TORRES en su demanda datada el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete ofreció entre otras como pruebas de su parte (v.f. 11 a 19 c. pral.) la documental privada consistente en un recibo comprobante en copia al carbón de retiro por tarjeta de débito de la cuenta 56-68839608-1 de la institución bancaria Santander, de fecha dieciséis de marzo de dos diecisiete de un retiro en ventanilla por la cantidad de VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (marcada con el número 17) asimismo la documental privada consistente en la tarjeta de socio de demandado de la Caja Popular Mexicana con núemro (sic) de socio 0000653732, sucursal 290, (marcada con número 18) AMBAS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL DEMANDADO y relacionadas con los hechos de la demanda: consta asimismo, que ofreció el informe que debería rendir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto a la cuenta referida en la institución bancaria Santander (marcada con el número 24), y el informe que debería rendir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto a la cuenta en la referida Caja Popular Mexicana (marcada con el número 25); y el estudio socioeconómico relativo de la parte actora señalando expresamente el domicilio y que se determinara específicamente las necesidades de ella y sus hijos, el mantenimiento de la casa e instalaciones. 2. En auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete se admitieron y se ordenó el desahogo de las pruebas aportadas, el estudio socioeconómico y los informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficios 3326/2017 y 3327/2017 de fecha quince de diciembre (sic) de dos mil diecisiete, entregándose físicamente el primero y el segundo dio lugar a un requerimiento de datos por parte de la autoridad exhortada (v. f. 250 c. pral.) y la respuesta del Director General Adjunto de Atención a autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto a la imposibilidad de dar la información por no cumplirse con los requerimientos del sistema de Atención de Requerimientos de Autoridades (SIARA). Dándose vista a la actora en la audiencia de dos de abril de dos mil dieciocho, y en la misma auiencia (sic) se ordenó el desahogo del estudio socioeconómico solicitado por la actora y se ordenó realizar el estudio socioeconómico a la parte demandada. 3. El doce de junio de dos mil dieciocho (v. f. 304 c. pral.), la secretaria encargada del juzgado declaró desierta la prueba de informes solicitados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 4. El estudio socioeconómico realizado a la actora no refiere los gastos de mantenimiento del inmueble a los que se refirió la actora en su demanda, ni es congruente con el gasto de luz que refiere para un consumo de tres personas, la actora y sus dos hijos, por lo que se advierte que no fue revisado por la juzgadora al momento de recibirlo y en su caso requerir su aclaración. En este orden de análisis, de las constancias de autos que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 387 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, esta Sala advierte que el juzgador de primera instancia inobservó las formalidades del procedimiento previstas en las Controversias del Orden Familiar en los numerales 962, 963, 967 y 968 de Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, al no intervenir de oficio, ni dictó las medidas necesarias para determinar la capacidad económica real del demandado y omitió recabar prueba para determinar la necesidad de ROSARIO CUEVAS TORRES Y SUS HIJOS debido a que no fue recabado el estudio socioeconómico en el que se reflejara el gasto de mantenimiento del departamento que habitan, ni se advirtió que el gasto de luz de cincuenta pesos bimestrales no es congruente con el de una familia de tres integrantes, por lo que en este sentido resulta claro que no se visibilizaron sus necesidades, en consecuencia no se acreditan las necesidades de la parte actora. Siendo pertinente señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido diversos criterios donde lo que busca es proteger el interés sobre alimentos, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, facultando incluso al juzgador para recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias. Por ello, el juzgador con elementos de prueba eficaces debió analizar los ingresos reales de las partes, pero además con equidad, efectuar un análisis de las percepciones y deducciones del demandado. Debiendo considerar la situación real y actual de la parte actora, para ello, debe ordenarse la realización del estudio socioeconómico por la Trabajadora Social adscrita o de institución oficial, en el domicilio en que actualmente habita, para establecer sus necesidades reales, así como la proporcionalidad de la obligación de otorgarlos en términos del artículo 324 del Código Civil del Estado. De esta manera, agotando los medios legales para su desahogo, tener elementos suficientes para resolver sobre los hechos cuestionados y estar en condiciones de decretar a su favor una condena justa y equitativa. Al respecto debe precisarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2000-PS que dio lugar a la jurisprudencia 1ª/j 44/2001 entre otras consideraciones sostuvo: (.)" De donde se advierte que, contrario a lo expuesto por el quejoso, la Sala responsable sí expresa los fundamentos (artículos 962, 963, 967 y 968 de Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado) por los cuales ordenó a la juez familiar recabar los medios de convicción que sean necesarios y que le permitan efectuar un análisis de las percepciones y deducciones del demandado, debiendo considerar la situación real y actual de la parte actora. También, en vía de motivación, indicó por qué debía recabarse nuevamente el estudio socioeconómico de la parte actora, aquí tercera interesada, como se deduce de la imagen siguiente: "El estudio socioeconómico realizado a la actora no refiere los gastos de mantenimiento del inmueble a los que se refirió la actora en su demanda, ni es congruente con el gasto de luz que refiere para un consumo de tres personas, la actora y sus dos hijos, por lo que se advierte que no fue revisado por la juzgadora al momento de recibirlo y en su caso requerir su aclaración." ".no fue recabado el estudio socioeconómico en el que se reflejara el gasto de mantenimiento del departamento que habitan, ni se advirtió que el gasto de luz de cincuenta pesos bimestrales no es congruente con el de una familia de tres integrantes, por lo que en este sentido resulta claro que no se visibilizaron sus necesidades, en consecuencia no se acreditan las necesidades de la parte actora." Máxime que la reposición del procedimiento tiene como finalidad recabar mayores elementos probatorios y conocer el estado de los padres para determinar las obligaciones de alimentos. Distinto sería que el quejoso planteara razones para sostener que al dictarse la sentencia se beneficiaría a sus menores hijos en mayor medida que la reposición del procedimiento, aun ante la carencia de elementos preponderantes; no obstante debió sostenerlo con razones jurídicas y no solo expresar que la responsable debió reasumir jurisdicción, porque, como fue evidenciado, no podía resolver, precisamente, por la falta de medios. Así, por encima de afectarle la referida reposición del procedimiento, le podría, incluso, beneficiar, porque los estudios que se practiquen podrán tener efecto sobre el porcentaje que se le descuenta de su pensión, ya que se ordenó con el propósito de determinarse la capacidad real del demandado y las necesidades de la actora y, con ello, contar con los elementos necesarios para establecer el nivel de vida y capacidad económica tanto del deudor como de la acreedora alimentaria, a fin de establecerse de manera fundada y razonada el monto de la pensión alimenticia correspondiente. Apoyan lo anterior las tesis siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE A FAVOR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. AL APLICARLA EN UN LITIGIO DE GUARDA Y CUSTODIA, NO TIENE COMO FIN FAVORECER A ALGUNO DE LOS PROGENITORES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.",(1) consideró que siempre que esté de por medio, directa o indirectamente el bienestar de un menor de edad, los juzgadores y juzgadoras tienen el deber de suplir la deficiencia de la queja en toda su amplitud. Ahora bien, no puede de alguna manera afirmarse que se esté favoreciendo a uno de los progenitores en detrimento de los derechos de los niños y niñas involucrados, cuando se supla la queja en los casos en que éstos se vean involucrados directa o indirectamente y se otorgue su guarda y custodia a uno de los progenitores. En efecto, en los casos en que sea objeto de litigio la guarda y custodia de niños, niñas y adolescentes, necesariamente a uno de los progenitores le será otorgada ésta y se verá de algún modo colmada su pretensión, pero el sustento y el móvil de tal determinación es y debe ser siempre el interés superior del menor, pues es a la luz de este principio constitucional que se suple la deficiencia de la queja, con la finalidad de hacerlo operativo y lograr la protección efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los casos litigiosos que les afecten." "MENORES DE EDAD O INCAPACES. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PROCEDE EN TODO CASO, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. Los Jueces Federales tienen el deber de suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios respectivos, siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o el recurso de revisión, toda vez que el interés jurídico en las cuestiones que pueden afectar a la familia y principalmente en las concernientes a los menores y a los incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, ya que su voluntad no es suficiente para determinar la situación de los hijos menores; por el contrario, es la sociedad, en su conjunto, la que tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Lo anterior, debido a que el propósito del Constituyente y del legislador ordinario, plasmada en los artículos 107, fracción II, párrafo segundo, constitucional y 76 bis, fracción V y 91, fracción VI, de la Ley de Amparo, y de las interpretaciones realizadas por la Suprema Corte fue tutelar el interés de los menores de edad y de los incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, incluso hasta el grado de hacer valer todos aquellos conceptos o razones que permitan establecer la verdad y lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. Luego, no hay excusa tocante a la materia ni limitante alguna para la intervención oficiosa y obligada de las autoridades jurisdiccionales en esta clase de asuntos, pues la sociedad y el Estado tienen interés en que los derechos de los menores de edad y de los incapaces queden protegidos supliendo la deficiencia de la queja, independientemente de quienes promuevan en su nombre o, incluso, cuando sin ser parte pudieran resultar afectados por la resolución que se dicte. Finalmente, el diverso concepto de violación que el quejoso hizo consistir en que la reposición ordenada vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales de acceso a la justicia pronta y expedita, en tanto que genera únicamente una dilación en el proceso, violando no solo sus derechos a la justicia, sino también la de sus hijos al no dar una certeza jurídica; también resulta infundado. Ello es así, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas, si bien implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, ello no implica una violación al principio de justicia pronta, en tanto que no existe una abierta paralización al procedimiento, porque -precisamente- la finalidad de su reposición conlleva la ejecución de diversas actuaciones procedimentales que permitirán que el expediente se encuentre en el estado idóneo de aptitud legal para resolverse en definitiva. En consecuencia, al resultar infundados e ineficaces los conceptos de violación formulados por el quejoso Honorio Francisco León Cruz, sin que se advierta motivo para suplir, procede negar el amparo solicitado contra la resolución dictada el doce de agosto de dos mil veinte, en autos del toca familiar 29/2020, por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Criterios expuestos en apoyo a conceptos de violación. No se desatienden los criterios invocados por el quejoso en la demanda de amparo; no obstante, ninguno de ellos ilustra a este órgano jurisdiccional a adoptar una decisión diversa, en tanto que la tesis de rubro "ALIMENTOS. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR NO JUSTIFICA QUE EL JUZGADOR IMPONGA CARGAS DESMEDIDAS AL DEUDOR ALIMENTARIO", si bien se refiere a que al deudor alimentario, en este caso el quejoso, no debe imponerse una carga superior a su capacidad económica, lo cierto es que, precisamente, con los medios de prueba que, en su oportunidad, recabe la juez natural le permitirán adoptar una decisión atendiendo a la capacidad económica cierta del demandado y las necesidades de la actora y, con ello, fijar una pensión justa y equitativa. La diversa de rubro "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS", de ninguna forma se advierte que la sala responsable efectúe una interpretación de alguna norma en perjuicio del quejoso, o en una forma restrictiva o que le cause algún perjuicio; al menos, el quejoso, en vía de la causa de pedir, no refiere en qué se traduce esa transgresión. La de rubro "DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.", como se advierte de los párrafos precedentes, de autos no se advierte que se vulnerara en perjuicio de la parte quejosa alguna regla esencial del procedimiento, ni tampoco evidenció la parte quejosa dicha circunstancia. En tanto que la diversa "PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓN DE LAS SENTENCIAS. CONSTITUYE UNA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO", como del propio contenido de dicha tesis se advierte, las partes, en el caso, la actora en el juicio natural, hizo uso del derecho que tiene de impugnar la resolución que consideró vulneró derechos en su perjuicio y, con ello, se emitió la resolución motivo de reclamo en este juicio. Precisión en criterios invocados: Finalmente, se precisa que algunos de los criterios que fueron invocados en esta sentencia se citaron en atención a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, en razón de que lo estipulado en ellas no se contrapone a la actual legislación de la materia. SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1°, 76, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Honorio Francisco León Cruz, contra el acto reclamado a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistente en la resolución de doce de agosto de dos mil veinte, emitida en el toca familiar 29/2020; en términos del considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, fecha en la que se estuvo en condiciones de dictar la resolución correspondiente.

  4. Principal

    PRAL. 29/2021 8-A [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de febrero de dos mil veintiuno. 1°. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veintinueve de enero del año en curso, se tuvo a ****, apersonándose a este juicio de amparo en su carácter de tercera interesada. 2°. Se difiere audiencia. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 117, segundo párrafo de la Ley de Amparo, a fin de que se imponga de las constancias que integran este expediente, la audiencia constitucional señalada para esta data se difiere y, en su lugar, se fijan las nueve horas con veintiocho minutos del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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