Horacio Servín Martinez

Expediente 548/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 22 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
548/2023
Año
2023
Actuaciones
22
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Horacio Servín Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible, pues se sobreseyó en el presente juicio; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción I. INCIDENTE ORIGINAL. Es conservable conforme el artículo 17, fracción III, inciso b), toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado; por lo que deberá transferirse una vez transcurridos tres años. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente principal, así como del cuaderno incidental. DEVOLUCIÓN DE LEGAJO. Ya que no existe objeto alguno para que siga permaneciendo en este Juzgado el legajo formado con las constancias conducentes al juicio laboral ******************** remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, durante el trámite del presente juicio de amparo; en consecuencia, devuélvanse a la referida autoridad sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que se recibió dichas constancias. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    (...) V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 548/2023-III, promovido por ********************, por conducto de su apoderado ***, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad; y, (...) SEXTO. Causa de improcedencia. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Respecto de la omisión de notificar personalmente a la audiencia de remate-****************************************En ese contexto, respecto de la omisión de notificar, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. La fracción indicada establece lo siguiente: (.) Del citado precepto se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado subsiste, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo.****************************************En el caso, como se desprende de antecedentes, la audiencia de remate no se ha llevado a cabo y, en concreto, al rendir el informe justificado respecto de la ampliación de la demanda, el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, la Presidenta de la Junta responsable informó:****************************************1) Que no existía notificación al aquí quejoso respecto de la audiencia de veinti********************de febrero de dos mil veintitrés; y,****************************************2) Que no se llevó a cabo la audiencia de remate en esa fecha y estaba a la espera de que la parte actora solicite nueva audiencia de remate.****************************************En tal sentido, es claro que aun cuando se reconoció la inexistencia de la notificación a la última audiencia fijada, a ningún fin llevaría conceder un amparo, en virtud que la audiencia de veinti********************de febrero pasado quedó sin efectos y hasta antes de la presentación de la demanda de amparo (********************de febrero de dos mil veintitrés), no se había señalado ninguna fecha nueva para remate ni tampoco se advierte que se hubiere hecho con posterioridad.****************************************Por ende, al ya no existir fijada una audiencia de remate es inconcuso que la omisión de notificar a la última audiencia fijada para el veinti********************de febrero de dos mil veintitrés, no puede surtir efecto legal o material alguno sobre la esfera jurídica del aquí quejoso, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo al inexistir actualmente una audiencia de remate en curso.****************************************Apoya lo anterior, por no oponerse al texto vigente de la Ley de Amparo y por sus razones esenciales, la jurisprudencia con registro 173858, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente:********************«ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad».********************Con base en lo expuesto, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo.****************************************-De la falta de emplazamiento al procedimiento de ejecución por tener la calidad de acreedor-****************************************Respecto de la falta de emplazamiento al procedimiento de ejecución, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia que surge de la interpretación sistemática del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, estos últimos aplicados en sentido contrario; es decir, la parte quejosa no tiene el carácter de tercero extraño.****************************************Para mejor comprensión de lo anterior, resulta oportuno traer a colación el contenido de las normas en las que se sustenta la causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, prevé que el juicio es improcedente: "En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley".****************************************Al matizar el alance de esta norma, en la jurisprudencia 2a./J. 175/2013 (10a.), la Segunda Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que su contenido debe ser interpretado en el sentido de que la improcedencia puede surgir no sólo de una disposición de la ley, sino también de alguna disposición de la Constitución, ya que ésta fija las bases para la procedencia y tramitación del juicio de amparo; ello en atención a que, los otros supuestos contenidos en las restantes fracción sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente. ****************************************Interpretación que, a pesar de haber sido emitida conforme a la anterior Ley de Amparo, resulta conforme a la normativa vigente de ahí que deba ser entendida en igual sentido.****************************************Ahora, el artículo 107, fracción VII, de la Ley Fundamental, y 107 fracción VI, de la Ley de Amparo, prevén la posibilidad de ejercer la acción constitucional a las personas extrañas a los procedimientos jurisdiccionales siempre que los actos afectan algún derecho legalmente constituido. ****************************************Sobre el concepto de persona extraña, la doctrina y la jurisprudencia utilizan indistintamente esa expresión para referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en las normas invocadas; sin embargo, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño comúnmente definido en los tratados de derecho procesal, ya que acorde con las interpretaciones sustentadas por el Alto Tribunal se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse, conocido como tercero extraño equiparado.****************************************En ese contexto, para los efectos del juicio de amparo persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; también lo es la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente.****************************************La razón de la existencia de ese concepto radica en salvaguardar los derechos de una persona que se vean afectados con motivo de un juicio, sin haber tenido oportunidad de defenderse en él, derivado del desconocimiento de la contienda, por lo que se permite la promoción del juicio de amparo a fin de que la persona cuente con la oportunidad de ofrecer pruebas en relación con el emplazamiento defectuoso o de su omisión.****************************************Sin embargo, si la persona se hizo sabedora del procedimiento de ejecución y que fue integrado a la litis como acreedor, deja de tener el carácter de tercero extraño, pues se integra al procedimiento de ejecución, por lo que estará en posibilidad de defenderse del proceso ordinario. ****************************************Razón que subyace debido a que, la finalidad del amparo indirecto promovido por personas extrañas a juicio es tutelar el derecho de audiencia ante el desconocimiento del conflicto en que resultaron afectados sus intereses, por lo que la circunstancia de que la persona haya sido integrado como acreedor dentro del procedimiento de ejecución laboral en curso, por sí o por conducto de quien legalmente la represente, provoca la actualización de una causa de improcedencia, al no encontrarse en la hipótesis de tercero extraño.****************************************Ello, con base en lo resuelto en el amparo en revisión 97/2023, por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, en sesión de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, en donde se determinó lo siguiente:********************« [.]********************Determinación que es ajustada a derecho, pues en el caso basta que se le haya reconocido a la quejosa el carácter de acreedora en la etapa de ejecución del laudo, para quedar de esa manera incorporada a la relación procesal con todos los efectos jurídicos inherentes durante esa etapa y tener el derecho de interponer recursos al respecto de los actos que involucren la defensa de sus intereses en esa etapa de ejecución, en concreto, el incidente de nulidad en contra de la notificación que reclama ahora vía amparo.********************En efecto, el remate en la materia laboral, se desarrolla conforme a los siguientes artículos de la Ley Federal del Trabajo aplicable al caso, esto es, antes de la reforma de esa norma de treinta de noviembre de dos mil doce:********************[.]********************Conforme a lo anterior los acreedores que aparezcan del certificado de gravámenes del bien inmueble a rematar, tienen derecho a intervenir en el remate para hacer valer sus derechos, de donde se desprende que éstos son parte en ese acto, tan es así, que se estipuló que debe citárseles para que hagan uso de sus derechos, notificándoles legalmente el auto que señale día para la almoneda, de modo que son también partes agraviadas cuando las notificaciones que les correspondan no se les hacen debidamente, por lo que para ello tienen el derecho de promover el incidente de nulidad respectivo previsto en la misma norma laboral.********************Por tanto, como en el caso la quejosa fue reconocida como acreedora al procedimiento de ejecución de remate de origen e incluso logró comparecer en algunas de esas diligencias, aun cuando hubieran sido suspendidas, es por lo que al ser parte en dicha etapa tenía que agotar el incidente de nulidad de notificaciones en contra de la notificación que señaló como acto reclamado, pues quedó incorporada en la relación procesal con todos los efectos jurídicos inherentes, desde que se le reconoció dicho carácter.********************Esto es, dado que la quejosa es acreedora en el procedimiento de remate de origen, no tiene el carácter de persona extraña y contra la notificación que reclama procedía el incidente de nulidad, pero no agotó ese recurso previo al presente juicio de amparo. Es aplicable, por analogía, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 280189 de rubro y tesis siguientes: ********************"REMATES. Los acreedores que aparezcan del certificado de gravámenes, tienen derecho a intervenir en el remate, y a apelar del auto de aprobación, de donde se desprende que son partes en ese acto, y que debe citárseles para que hagan uso de sus derechos, notificándoles legalmente el auto que señale día para la almoneda, y que son también partes agraviadas, cuando las notificaciones que les correspondan no se les hacen debidamente, y que tienen el derecho de promover el incidente de nulidad respectivo." ********************Asimismo, es aplicable por analogía, la tesis aislada de la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocada en la sentencia recurrida, de rubro y texto siguientes: ********************"REMATE, ACREEDORES QUE NO TIENEN EL CARACTER DE EXTRAÑOS A LOS PROCEDIMIENTOS DE. Si bien es cierto que la jurisprudencia relativa a que tratándose de remates, el amparo sólo procede contra la resolución final, dictada en el procedimiento respectivo, se refiere a las partes en el juicio y no tiene aplicación tratándose de terceros, también lo es que cuando los acreedores que aparecen en el certificado de gravámenes, son citados al procedimiento de ejecución, ya no se les puede considerar como terceros extraños a ese procedimiento, porque dentro de él pueden ejercitar sus derechos e interponer recursos." [..]».****************************************De lo anterior, se tiene que la Superioridad siguiendo los precedentes fijados por la Corte, ha determinado que la persona a la que se le reconoce el carácter de acreedor durante la etapa de ejecución laboral, no tiene el carácter de tercero extraño, porque dentro de él pueden ejercitar sus derechos e interponer recursos.****************************************En ese orden de ideas, en seguimiento a esa línea interpretativa, en el asunto que se atiende, contrario a lo afirmado por el quejoso, no tiene el carácter de tercero extraño al procedimiento de ejecución, ya que en el caso específico al no haberse concluido el procedimiento de ejecución ni rematado el bien inmueble respecto del que aduce es acreedor registral, basta que se le reconozca con la calidad de acreedor, para que con ello quede integrado al procedimiento de ejecución y pueda comparecer a defender sus intereses.****************************************Es así, dado que el catorce de marzo de dos mil veintidós, la Presidenta de la Junta responsable le reconoció la calidad de acreedor al aquí quejoso y ordenó su emplazamiento en el domicilio que señaló la parte actora (foja 105 del LEGAJO UNO). ****************************************En cumplimiento a ello, se le notificó en al menos dos ocasiones para que acudiera a las audiencias de remates, el cinco de abril y el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, por conducto de una tercera que afirmó ser su empleada de nombre ********************; ello, en el domicilio ubicado en calle ********************número ********************por ********************y ********************, del fraccionamiento ********************, de esta ciudad (fojas 111, 112 119 y 120 del LEGAJO UNO).****************************************Sin que hasta la fecha se advierta que se haya llevado la audiencia de remate, pues así se informó por la responsable y no fue refutado ni objetado por la parte quejosa.****************************************Lo descrito pone a la vista que la parte quejosa no desconoce que la ejecución en curso.****************************************Así, con base en lo expuesto, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia que surge de interpretar el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, estos últimos a contrario sensu, pues no el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al procedimiento, ya que es conocedor del procedimiento de ejecución en curso y puede comparecer en su calidad de acreedor; en consecuencia, debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo.****************************************Sin que obste que señale que no se le notificó en forma personal, pues contrario a ello, sí existen notificaciones de esa naturaleza y, en todo caso, para poder analizar tal aspecto - a pesar de no haberse reclamado en forma expresa- , previo a presentar su demanda de amparo, debió plantear el incidente de nulidad de notificaciones pero en la vía ordinaria, a fin de observar el principio de definitividad.****************************************Esto último, con base en lo resuelto en el amparo en revisión 228/2020, del índice del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de este circuito, que en sesión de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, al analizar una resolución de sobreseimiento en un juicio de amparo en el que se reclamó una notificación dentro del procedimiento de ejecución laboral, lo confirmó al considerar que no se observó el principio de definitividad, al no haberse planteado el incidente de nulidad.****************************************Por lo anterior, resulta innecesario estudiar los conceptos de violación formulados por la accionante del amparo, conforme la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: «SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO».Por lo expuesto fundado; S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos que reclamó del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, consistentes en: A. Falta de emplazamiento al procedimiento de ejecución del juicio laboral tramitado bajo el número de expediente ***, en el que se pretende rematar el inmueble identificado con el folio electrónico ********************, del que aduce ser acreedor registral; y, B. La omisión de notificarle de manera personal, por ser acreedor registral, la audiencia de remate en autos del juicio laboral en comento, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de la cuenta que antecede, se advierte que en auto de diecinueve de abril de los presentes, se remitió al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el recurso de queja interpuesto por el apoderado de la parte quejosa contra el proveído de diecisiete de marzo pasado. Por lo anterior, se envió al Tribunal de Alzada el legajo formado con motivo de las constancias que adjuntó el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su correspondiente informe de ley, consistente en copia certificada del juicio laboral ******************** de su índice. En consecuencia, toda vez que las referidas constancias resultan necesarias para resolver el presente juicio de amparo, y las mismas se encuentran en estudio por el Tribunal de Alzada, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija para su desahogo las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de la cuenta que antecede, se advierte que en auto de diecinueve de abril de los presentes, se remitió al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el recurso de queja interpuesto por el apoderado de la parte quejosa contra el proveído de diecisiete de marzo pasado. Por lo anterior, se envió al Tribunal de Alzada el legajo formado con motivo de las constancias que adjuntó el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su correspondiente informe de ley, consistente en copia certificada del juicio laboral 134/2011 de su índice. En consecuencia, toda vez que las referidas constancias resultan necesarias para resolver el presente juicio de amparo, y las mismas se encuentran en estudio por el Tribunal de Alzada, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija para su desahogo las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.

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