Holda Laura Garma Montes de Oca

Expediente 2339/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2339/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Holda Laura Garma Montes de Oca
  • R. H. G.
  • HOLDA LAURA GARMA MONTES DE OCA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio suscrito electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria dictada en autos del amparo en revisión (incidente) ******************** de su índice, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso ********************, en contra de la resolución interlocutoria de quince de febrero de dos mil veintitrés dictada autos del presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ******************** del índice de este órgano jurisdiccional). Ejecutoria de la que se advierte que el Tribunal de Alzada resolvió lo siguiente: (.) Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y acúsese recibo a la Superioridad. Ahora bien, en estricto acatamiento a lo ordenado por el Tribunal de Alzada en la resolución emitida en el citado recurso de revisión, se concede la suspensión definitiva solicitada para el efecto de que las autoridades responsables o aquellas que estén vinculadas a su cumplimiento, realicen lo siguiente: (.) Finalmente, córrase traslado a las autoridades responsables con la resolución emitida en el citado toca ********************, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    Visto, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 2339/2023, promovido por********************, por sí y en representación de sus hijos de iniciales ********************y********************, contra actos de la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y, (...) CUARTO. Estudio de la suspensión definitiva Al respecto, procede analizar los requisitos para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo, conforme a lo que establecen los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 y 138 de la Ley de Amparo, son: I. LA MEDIDA CAUTELAR SE SOLICITA A PETICIÓN DE PARTE. Este requisito se tiene por cumplido, pues de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados. II. EXISTENCIA DE LOS ACTOS CUYA SUSPENSIÓN SOLICITA. El requisito se encuentra colmado, atendiendo a lo establecido en el considerando tercero de la presente resolución. III. NO SE SIGA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Al respecto, el artículo 129 de la Ley de Amparo, establece una serie de supuestos en los que, por regla general, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. En el caso particular, el suscrito considera que de ser procedente la suspensión del acto reclamado, no se contravendrían disposiciones de orden público ni se causaría una afectación en la colectividad, esto, porque el presente asunto deriva de un juicio familiar que incumbe únicamente a las partes. IV. ANÁLISIS PONDERADO DEL CASO CONCRETO ENTRE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL. Conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, esto con el propósito de determinar la procedencia de la suspensión, se debe ponderar la estimación que se obtenga del análisis de la apariencia del buen derecho, contra el interés social que se pudiera ver afectado de otorgar la medida cautelar. En el presente caso el suscrito considera que en caso de negar la medida cautelar se transgredirían derechos fundamentales de la parte quejosa, no obstante que le asiste la apariencia del buen derecho, en atención a la naturaleza de los derechos afectados, lo que de forma alguna afecta el interés social o el orden público. Al respecto, cabe señalar que conforme a los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Norma Suprema y 147 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado tiene un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en respetar, garantizar y preservar los derechos humanos de la parte quejosa que se encuentren en peligro mientras se resuelve sobre la suspensión definitiva. Esto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios provisionales), las cuales deben concederse en la especie, toda vez que en apego a la apariencia del buen derecho, se toman en consideración las manifestaciones bajo protesta de decir verdad realizó la parte quejosa respecto a sus circunstancias particulares, atendiendo al principio de máxima protección que debe prevalecer en beneficio de aquellos. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la parte quejosa se duele del auto de ocho de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, dictado en autos del procedimiento de origen, por medio del cual la autoridad responsable, entre otras cosas, no admitió el incidente de cambio de vía solicitado por la aquí quejosa, y a su vez, le requirió para realizar lo conducente a fin de que se siguieran llevando a cabo las convivencias entre los menores de edad quejosos de iniciales ********************y********************, y su padre ********************, así como, para que los directos quejosos continuaran acudiendo a las terapias psicológicas decretadas en dicho procedimiento. Asimismo, solicita la suspensión definitiva en este asunto, para el efecto de que no se lleven a cabo las terapias psicológicas decretadas en el procedimiento de origen, toda vez que dichos acontecimientos aportan a una conducta de revictimización en perjuicio de los directos quejosos. Por tanto, ponderando los elementos y circunstancias particulares del caso, es decir, el contexto en el que se desenvuelven la parte quejosa y sus hijos menores de edad, según las manifestaciones señaladas en la demanda de amparo y el informe previo rendido por la autoridad responsable y constancias que remitió, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 136 y 139 de la Ley de Amparo, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por la parte quejosa. La anterior medida cautelar tiene el efecto de que, no se lleven a cabo las terapias psicológicas determinadas en el procedimiento de origen, y por tanto, no se hagan efectivos los apercibimientos de multa emitidos por la autoridad responsable; esto, a fin de salvaguardar la integridad de los quejosos, a la luz de los elementos que obren en autos. Esto es así, ya que, en atención a la apariencia del buen derecho, la peticionaria del amparo adujo que se encuentra en estado de vulnerabilidad con motivo de hechos que entrañan violencia familiar, los cuales ponen en peligro su integridad física y emocional de la quejosa y de sus hijos menores de edad, en apego al deber constitucional de velar por el interés superior del menor, así como, de juzgar con perspectiva de género. En ese sentido, la concesión de la medida cautelar es viable en atención a lo dispuesto por la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Yucatán en su artículo 42, que establece que el objetivo de las medidas de protección prevenir, impedir o interrumpir los actos de violencia contra las mujeres establecidos en esta ley. Aunado a que el derecho a la salud mental de los menores quejosos, se encuentra protegido por el artículo 4 Constitucional, y por la Convención sobre los Derechos del Niño, al ser cuestionados sobre aspectos relacionados con violencia intrafamiliar, maltrato, etcétera, situación que como ya se indicó, pudiese causarles un daño que no podría desaparecer ni restituírseles. De acuerdo al mencionado precepto constitucional, se encuentra establecido como un derecho fundamental el derecho a la salud (tanto física como mental) de los menores de edad, el cual es oponible al Estado en cuanto que éste tiene la obligación de garantizarlo, no sólo en sus leyes, sino en todos los actos que realice, por lo que en aras de procurar dichos derechos así como, a fin de evitar acciones tendientes a revictimizar a la parte promovente, es que este Juzgador estima procedente conceder la medida cautelar solicitada. Sustenta lo anterior, por analogía en su razonamiento, la tesis 1a. CCCLXXXII/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Cortede Justicia de la Nación, con número de registro digital 2010608, del rubro y texto siguientes: "MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. EL DEBER DE PROTECCIÓN DE LOS JUZGADORES IMPLICA SALVAGUARDARLO DE TODO TIPO DE REVICTIMIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN. La victimización secundaria o revictimización es el conjunto de consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas de carácter negativo que derivan de la experiencia de la víctima en su contacto con el sistema de procuración de justicia, y suponen un choque entre las legítimas expectativas de la víctima y la inadecuada atención institucional recibida. Ahora bien, en el caso de las víctimas menores de edad, la revictimización implica una amenaza contra su seguridad y conlleva consecuencias negativas en su persona a largo plazo, como la presencia de sentimientos nocivos (miedo, autocompasión y/o culpabilidad), sensación de impotencia personal e, incluso, efectos traumáticos que le impidan lograr un sano y pleno desarrollo a lo largo de su vida, lo cual es más evidente en los casos de quienes fueron víctimas de una agresión sexual o malos tratos y no recibieron la atención adecuada. Así, la debida protección de sus intereses y derechos exige que todas las autoridades -en el área de sus competencias- identifiquen, diseñen y empleen las acciones que más los beneficien, para disminuir los efectos negativos de los actos criminales sobre su persona y asistirlos en todos los aspectos de su reintegración en la comunidad, en su hogar o en su lugar de esparcimiento. De ahí que en el ámbito de la función jurisdiccional, los juzgadores deben guiarse por el criterio de más beneficio al menor para atender sus necesidades en el contexto y la naturaleza del acto criminal sufrido; es decir, el deber de protección de los juzgadores implica salvaguardarlo de todo tipo de revictimización y discriminación y, consecuentemente, garantizarle el acceso a un proceso de justicia sin discriminación alguna basada en la raza, color, sexo, idioma, religión o cualquier otra condición personal, de sus padres o tutores; así, las únicas distinciones de trato admitidas, serán aquellas que se funden en el propio interés del menor y deriven de sus necesidades concretas.". Lo que además tiene sustento en los artículos 1 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Para", los cuales orientan a los Estados Parte de dicha Convención a establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. En suma, apoya el criterio emitido por este Juzgador, la jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2011430, del rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género." Así como la tesis: I.4o.C.252 C, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se comparte, visible en la página 2236, del Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; y con registro digital número 165382, cuya literalidad es la siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA TRATÁNDOSE DE CUSTODIA DE MENORES. PARA CONCEDERLA O NEGARLA DEBE ATENDERSE AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. De lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con los párrafos sexto a noveno del artículo 4o. constitucional, se obtiene que para valorar si se satisfacen los requisitos para conceder la suspensión definitiva, consistentes en no seguir perjuicio al interés social ni contravenir disposiciones de orden público, o no causar daños y perjuicios de imposible reparación, en casos de custodia de menores de edad, el Juez de Distrito debe inclinarse por el mayor beneficio para el interés superior del menor. De esta manera, concederá la medida cautelar, si la situación de los menores sin la ejecución de los actos reclamados representa mayores garantías para sus intereses y, el surtimiento de los efectos del acto reclamado genera mayores riesgos para su bienestar y desarrollo; y debe negarla, si con el mantenimiento de las cosas en el estado en que se encuentran, se produce algún grado de riesgo para tal bienestar y desarrollo. Lo anterior, considerando que la sociedad ha manifestado su permanente interés en que se proporcionen a los niños los satisfactores, los cuidados y la asistencia necesarios para lograr su crecimiento y desarrollo pleno, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, el cual se ha erigido en interés superior de la Nación, en la legislación mexicana y en la normatividad del orden internacional, por lo que, si el interés superior tutelado por distintas normas jurídicas de orden público radica en dirigir todas las acciones, programas y decisiones de las autoridades, y de los gobernados inclusive, en pro del bienestar y mejor desarrollo familiar y social de la niñez, es inconcuso que los tribunales competentes para conocer y decidir sobre la suspensión de los actos reclamados en el juicio de garantías, deben obrar en igual sentido, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Lo anterior surte efectos hasta en tanto cause ejecutoria la resolución que ponga fin al juicio principal del que derivan estos autos incidentales. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se establece el siguiente punto resolutivo y se R e s u e l v e: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a********************, por sí y en representación de sus hijos de iniciales ********************y********************, contra el acto atribuido a la autoridad responsable y por el motivo expuesto en el último considerando de esta resolución interlocutoria. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Titular de la Delegación Yucatán del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que le fuera realizado mediante proveído de dieciséis de noviembre del año en curso, y al efecto informa que designó al Asesor Jurídico Federal ********************, a fin de que sea éste quien funja como representante especial de los infantes de identidad reservada de iniciales ******************** En ese mismo sentido, agréguese el escrito recibido vía electrónica signado por el Asesor Jurídico Federal ********************, y en atención a su contenido, se le discierne el cargo de representante especial de los infantes de identidad reservada de iniciales ********************, en el presente asunto, facultándolo ampliamente para el buen desempeño de su cometido a fin de que inmediato entre en funciones con tal carácter en autos del presente juicio de amparo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones del citado representante el que señala en su escrito de cuenta, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** ********************, y en términos restringidos del aludido numeral a ********************por así solicitarlo. De igual forma, como solicita el citado representante, y toda vez que los usuarios "******************** ********************", se encuentran registrados en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 21, 34 y 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a los citados usuarios para consultar el presente expediente en línea. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento de la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que proceda a efectuar las gestiones pertinentes para el permiso y acceso a la consulta en comento. Finalmente, hágase del conocimiento de la representante especial que la audiencia constitucional se encuentra señalada para tener verificativo a las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida físicamente por ********************, por sí y en representación de sus hijos de iniciales ********************y******************** contra actos del Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, al respecto se provee: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 2339/2023. PERSONALIDAD. Se tiene por reconocida a ********************, la personalidad que detente como representante de sus hijos de iniciales ********************y********************, al tenor de las copias de las actas de nacimiento que exhibe. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente reclama del Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, lo siguiente: El auto de ocho de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, dictado en autos del procedimiento especial de divorcio incausado con número de expediente ******************** de su índice, por medio del cual la autoridad responsable, entre otras cosas, no admitió el incidente de cambio de vía solicitado por la aquí quejosa, y a su vez, le requirió para realizar lo conducente a fin de que se siguieran llevando a cabo las convivencias entre los menores de edad quejosos de iniciales ********************y********************, y su padre ********************, así como, para que los directos quejosos en este asunto continuaran acudiendo a las terapias psicológicas decretadas en dicho procedimiento. HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. Conforme a la precisión del acto reclamado, la hipótesis de procedencia se ubica en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, al tratarse de actos dentro de juicio, cuya ejecución es de imposible reparació. ADMISIÓN. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 33, fracción IV, 37, 108, 112, 115, 116, 117 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; se admite la demanda. REPRESENTANTE ESPECIAL. En este orden, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa interpuso la demanda de amparo por sí, y en representación de los de sus hijos de iniciales ********************y********************, sin embargo, se advierte que es necesario que sean representados en el asunto que nos ocupa, no solo formal, sino también materialmente. Es decir, en forma efectiva, por un tutor especial, como lo dispone el artículo 8° de la Ley de Amparo, pues de una interpretación extensiva del citado precepto, de su texto subyace la intención del legislador de que se provea al menor una representación efectiva, obliga a este Juzgador a obrar en consecuencia a un representante especial que represente efectivamente a la niña quejosa. Por tanto, es inconcuso que en este asunto, en el que están involucrados derechos de los indicados menores de edad, existe un conflicto de intereses entre quienes pudieran ser sus legítimos representantes, por lo que resulta conveniente que se nombre un representante especial. En efecto, si bien de conformidad con la legislación civil, los padres, tutores o quienes ejercen la patria potestad sobre los menores de edad son sus representantes legítimos; lo cierto es que de la lectura íntegra de la demanda se advierte que los actos que reclama la directa quejosa por sí y en representación de sus hijos de iniciales ********************y********************, se emitieron en el expediente ********************, promovido por la quejosa contra el tercero interesado, por lo que se advierte un conflicto de intereses respecto de dichas personas menores de edad. Por tanto, para no dejarlos en indefensión y en atención a su interés superior, se considera necesario designar como representante especial de estos, para que intervenga en este juicio, a un asesor jurídico de la Defensoría Pública Federal, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, a efecto de que el derecho de los indicados menores de edad se encuentren legalmente representados, con apoyo en el artículo 8° de la Ley de Amparo, gírese atento oficio a la Titular de la Delegación Regional del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Yucatán, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la citada ley, de conformidad con el artículo 2º de la misma, para que en el término de tres días hábiles, siguientes a la notificación que se le haga de este proveído, proponga a un asesor jurídico federal a su digno cargo, que pueda fungir como representante especial en este juicio de los indicados menores de edad de iniciales ********************y********************, a efecto de que se les designe, haciéndole saber su nombramiento y de esa forma intervenga en el presente juicio de amparo; debiendo adjuntarle copia del escrito de demanda. Apoya lo anterior, la tesis aislada II.3o.P.5 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que se localiza en la página 2450, del Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materias Constitucional y Común, con número de registro 2007385, bajo el rubro siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y CONFLICTO DE INTERESES. PRINCIPIO-NORMA QUE DEBE OBSERVARSE AL DESIGNAR AL REPRESENTANTE DE MENORES QUE PARTICIPAN DENTRO DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE PUEDA AFECTAR SU ESFERA JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el "interés superior del niño" implica que su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos deben considerarse como criterios rectores para la elaboración y aplicación de normas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Luego, la participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues, al reconocerlos como sujetos de derecho, se logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, se permite que el juzgador se allegue de los elementos necesarios para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que es fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia, evitando un conflicto de intereses. Circunstancia que ocurre cuando, por ejemplo, uno de los progenitores de un menor que es parte en un procedimiento penal denuncia el hecho que lo origina, mientras que el otro, solicita la representación del infante siendo este último, familiar del inculpado, evidenciándose que quien pretende ostentar la representación del menor, reviste un doble carácter -progenitor del representado y familiar del acusado-, suponiendo un actuar tendencioso. Así, cuando un menor sea parte dentro de un juicio, es necesario que sea debidamente representado; en ese sentido, de acuerdo con la legislación civil, los progenitores, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre los menores de edad son sus legítimos representantes; empero, si la persona que lo representa con cualquiera de las calidades mencionadas tiene intereses contrarios al menor representado, se evidencia un conflicto de intereses, entendido como aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él y la integridad de sus acciones, tiendan a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario, el cual puede ser económico o personal; es decir, cuando en vez de cumplir con lo debido, guíen sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero. Por lo que, el principio de "interés superior del niño", concatenado con el "conflicto de intereses", al tener reconocimiento internacional universal, adquiere la condición de principio-norma a nivel del ordenamiento jurídico interno del país; considerado eje rector en materia de niños y adolescentes ostentando la categoría de un principio general de derecho, lo que le otorga una importancia legal y fáctica, justificando su aplicabilidad y validez en la resolución de controversias. Por tanto, uno de los lineamientos que debe observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica, atento a la protección de su interés superior, es designar a una persona que los represente, siempre que ello no genere un conflicto de intereses, con la finalidad de garantizar una representación imparcial, dirigida absolutamente a la defensa eficaz de los derechos del menor en la litis planteada." SOLICITUD DE INFORME CON JUSTIFICACIÓN. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, la responsable, deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe. APERCIBIMIENTO. De no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en la fracción ll, del dispositivo 260, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por la cantidad de $3,112.2 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional), que equivale a treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con artículo 251 de la ley de la materia. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las once horas con veinticinco minutos del quince de diciembre de dos mil veintitrés; ello, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo. Sin que haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del incidente de suspensión solicitado, para lo cual, dese nueva cuenta con la demanda de amparo que se recibe. VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO. Dese la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. TERCERO INTERESADO. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le recae el carácter de tercero interesado a ********************. Por ende, se comisiona a la persona Actuaria adscrita a este juzgado, para que se constituya en el predio señalado por la parte quejosa en su escrito aclaratorio y lo emplace a juicio, entregándole copia simple de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y copia autorizada del presente acuerdo, haciéndole saber que puede apersonarse a este juicio con tal carácter, si así conviniere a sus intereses. Asimismo, le prevenga para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de la notificación de este auto, señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, sin previo acuerdo, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia se tiene por ofrecida las pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, para ser relacionadas al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. No así la instrumental de actuaciones del toca del toca ******************** del índice de la autoridad responsable, toda vez que no fue exhibido por el quejoso, sin perjuicio de que sea ofrecido posteriormente, aunado al hecho de que esta propia fecha se le solicitó a la citada autoridad que remita las constancias que estime legalmente conducentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en su demanda de amparo, y como su autorizado en los términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, hasta en tanto acredite el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se tiene por señalado el correo electrónico que refiere en la boleta adjunta a su escrito inicial de demanda, únicamente para entablar comunicaciones no procesales. JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este. Asimismo, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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