HILDA PATRICIA CANO REYES y Otros.
Expediente 961/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 961/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- HILDA PATRICIA CANO REYES y Otros.
- Darlin Gabriela Toledano Tzab
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
(..:) V i s t o s, para resolver los autos del juicio de amparo 961/2023-I del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por********************, contra el acto del Director del Registro Civil del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. (...) QUINTO. Causales de improcedencia. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Respecto al acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la determinación contenida en el oficio ********************, de ocho de marzo de dos mil veintitrés, ha cesado los efectos, ya que al rendir su informe justificado el juez responsable adjuntó copia certificada del acta de nacimiento ********************, de la cual se advierte que el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se llevó a cabo el registro de la niña de iniciales ********************de identidad reservada, en la que aparecen como datos de filiación los de las aquí quejosas. Por lo que conforme al artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto a los actos reclamados a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 61, 62 y 63, 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por********************, respecto al acto reclamado atribuido a la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por las razones expresadas en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
V. Mérida, Yucatán, tres de abril de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad y del Actuario adscrito a dicha Junta y anexo que acompaña; en consecuencia, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con dichos informes y hágase relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE. [...]
- Incidental
Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 961/2023-I, promovido por *** e ****, contra actos del Director del Registro Civil del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. (...) CUARTO. Análisis de la procedencia de la suspensión definitiva. (...) Siguiendo esa metodología, se estudiará si en el caso se reúnen los mencionados requisitos para conceder la suspensión a la parte quejosa. I. La medida cautelar se solicita a petición de parte. Este requisito se tiene por cumplido, pues de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, solicita expresamente la suspensión del acto reclamado. II. Existencia de los actos cuya suspensión solicita. El requisito se encuentra colmado, ya que para decidir sobre la suspensión definitiva debe atenderse a las manifestaciones contenidas en la demanda de amparo, por lo que el Juez debe partir del supuesto de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. III. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Al respecto, el artículo 129 de la Ley de Amparo establece una serie de supuestos en los que, por regla general, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. En el caso particular, el suscrito considera que de ser procedente la suspensión del acto reclamado, no se contravendrían disposiciones de orden público ni se causaría una afectación en la colectividad. IV. Análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Sobre la apariencia del buen derecho, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en jurisprudencia P./J.15/96 que se trata de un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, esto es, en tratándose de la suspensión del acto reclamado, dicho requisito implica que para la concesión de la medida basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en el fondo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. De este modo, para determinar la procedencia de la suspensión, el juzgador debe ponderar la estimación que obtenga del análisis de la apariencia del buen derecho, contra el interés social que se pudiera ver afectado de otorgar la medida cautelar. Ahora bien, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. En ese sentido, el acto reclamado consiste en el oficio *** de ocho de marzo de dos mil veintitrés, en el cual se dio contestación a la solicitud de las quejosas presentada el tres de marzo del actual y se negó la inscripción en el Registro Civil con sus apellidos a su hija menor, por estimar improcedente dicha solicitud al no actualizarse el supuesto contemplado en el artículo 250 del Código de Familia para el Estado de Yucatán; pues una de dos personas solicitantes (aquí quejosa) no es progenitora de la menor. Junto con su demanda de amparo las quejosas presentaron la siguiente documentación: Original del escrito de tres de marzo del año en curso, suscrito por las quejosas, en el que solicitaron el registro de su hija. Original del oficio *** de ocho de marzo de dos mil veintitrés, suscrito por el Director del Registro Civil del Estado. Copia certificada del certificado de nacimiento de *** con número de folio *** expedido por la Secretaría de Salud. De los que se advierte que efectivamente, las quejosas solicitaron el registro de su hija menor de edad, y que dicha solicitud les fue negada. Ahora bien, el artículo 8, apartado 2, de la Convención Sobre los Derechos del Niño, ordena que cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad, el Estado debe prestar asistencia y protección apropiadas a efecto de restablecer su identidad, aún y cuando esa privación no pueda considerarse estrictamente ilegal, atendiendo al interés superior del menor, el cual se encuentra reconocido en los artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 3 de la Ley para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el Estado a través de sus diversas autoridades y en el ámbito de sus respectivas competencias, sigue teniendo la inalienable obligación de prestar asistencia y protección adecuadas al menor, a efecto de restablecer su identidad. Es por lo anterior que con fundamento en el artículo 128 y 138 de la Ley de Amparo, procede CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA para el efecto de que se expida de forma provisional a la menor *** el acta de nacimiento correspondiente, esto con el fin de que cuente con un documento idóneo a efecto de que se reconozca su identidad. Medida cautelar que surtirá efectos hasta que quede firme la sentencia que se emita en el juicio principal. Sirve de apoyo la tesis I.7o.C.3 K (11a.) emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, con el registro digital: 2026135, de rubro y texto [.] Así como la diversa tesis XVIII2o.P.A.12 A del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con registro digital 2024219, de rubro y texto: [.] Por lo expuesto y considerado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se establece el siguiente punto resolutivo y este Juez, R E S U E L V E: ÚNICO. SE CONCEDE a Darlin Gabriela Toledano Tzab e Hilda Patricia Cano Reyes, la suspensión definitiva que solicitó respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, por los motivos expuestos en el último considerando de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y atendiendo que ha transcurrido el término al que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, con relación a los numerales 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, para los efectos legales conducentes. En el entendido que el fallo protector se emitió para los efectos de que la responsable realizara lo siguiente: "a) De inmediato ordene la devolución del vehículo marca **************, tipo ***************, modelo *********, con número de serie ****************** y placa ******************* del Estado de Campeche, sin la necesidad de que se realice el pago de la estancia del vehículo en el depósito vehicular al que fue trasladado y siempre y cuando no exista alguna orden judicial o disposición ministerial diversa al acto reclamado en este juicio de amparo, en cuyo caso, no podrá ser devuelto. b) Para la entrega de dicho vehículo, bastará con que el interesado o sus representantes exhiban los documentos con que se acredite la propiedad del vehículo e identificación oficial, el cual deberá cumplir con las formalidades señaladas para ello en la ley de la materia." En tal virtud, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la sentencia de amparo. Se le apercibe que, en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo señalado se le impondrá multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. Asimismo, se hace saber a la autoridad responsable del cumplimiento de la sentencia, que conforme a la Ley de Amparo, cuando la ejecutoria no queda cumplida tras el primer requerimiento, se procederá hacer efectiva la multa y remitir los autos al Tribunal Colegiado por inejecución, otorgando una prórroga de plazo por una sola y única ocasión. Por ello, se le conmina a cumplir la ejecutoria del presente juicio de manera completa y oportuna, pues la Ley Amparo no autoriza la elaboración de múltiples requerimientos para el cumplimiento de las sentencias. NOTIFÍQUESE.
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