Horacio Hernández Sánchez
Expediente 325/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 325/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 13/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Horacio Hernández Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión en contra de la resolución de nueve de julio del año en curso, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de igual forma, el asunto no contiene información clasificada como reservada según el ordinal 110 del ordenamiento legal invocado; ni las partes entregaron información con carácter de confidencial, en términos del numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diez de julio de dos mil dieciocho, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de julio de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 325/2018-V. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnada el mismo día, la demanda promovida por ************. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Séptimo Civil del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, y otras autoridades, a quienes les reclamó todo lo actuado en el juicio en el que se ordenó desposeerlo del bien inmueble identificado como lote **, manzana **, ubicado sobre la calle *******************, así como su ejecución. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, la demanda de amparo se registró con el número 325/2018-V y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el quejoso reclama todo lo actuado en el juicio ****/2013, en el que el ****************, promovió juicio ordinario civil en contra de ******************, donde reclamó la rescisión del contrato de crédito respecto del bien inmueble identificado como lote **, manzana **, ubicado sobre la **********************; pues aduce la parte quejosa que no fue llamado a juicio a fin de dirimir sus derechos de posesión sobre dicho inmueble, por lo que se dictó acuerdo en el que se ordenó desposeerlo de dicho bien. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. I. Los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, el Director de Policía de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y el Secretario de Seguridad Pública Municipal, con residencia en esta ciudad (fojas 19, 20, 23 y 27), al rendir sus respectivos informes justificados negaron categóricamente los actos que les atribuye el accionante del amparo, sin que ésta haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. II. Por su parte, el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, manifestó que es parcialmente cierto el acto que se le reclama, pues asumió competencia para conocer del juicio de origen ****/2013, ello en atención al acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de veintisiete de septiembre del año dos mil diecisiete, publicado el once de octubre del citado año en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo, hace la aclaración que dicho expediente fue radicado inicialmente por el Juzgado Séptimo Civil del Distrito Judicial Bravos, promovido por el licenciado ************, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del *******************, en contra de ************, a quien reclamó la recisión del contrato de crédito celebrado entre ambos y la devolución material de la vivienda objeto del contrato de crédito ubicada en *******************, inscrita bajo el número ****, folio ***, del libro ****, de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad; asimismo, el dieciocho de febrero de dos mil catorce se celebró convenio judicial entre las partes, mismo que se aprobó y se elevó a categoría de cosa juzgada; sin que a la fecha se haya dictado orden relativa a la desposesión del mencionado inmueble. De este modo, por lo que se refiere al acto reclamado en la orden de desposesión o lanzamiento, es factible tenerlo por no cierto, dado que así se desprende de la copia certificada del expediente *****/2013 relativo al juicio ordinario civil, del índice del Juzgado a su cargo, promovido por ************** y **********, apoderados del *************, en contra de ********, que anexó a su informe justificado, del que se advierte lo siguiente: 1. La persona moral ********** , por conducto de sus representantes, por escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil trece, ante la autoridad responsable, demandó en la vía ordinaria civil a *********, el pago y cumplimiento de diversas prestaciones, entre ellas, la rescisión de contrato de crédito y como consecuencia de la acción de rescisión, la devolución material de la vivienda ubicada en la **********, así como que las amortizaciones realizadas por el demandado, respecto del crédito que se concedió, queden a favor de la institución de la vivienda, escrito que se radicó por acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil trece, en el Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos con el número *****/13 (fojas 32 a 86) 2. El seis de enero de dos mil catorce, el **************, por conducto de su apoderada legal y *************, presentaron ante el Juez responsable convenio modificatorio de contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, a efecto de que previa ratificación, le confiriera la categoría de cosa juzgada, de conformidad con los antecedentes, declaraciones y cláusulas, que ahí plasmaron (fojas 87 a 90). 3. En audiencia de dieciocho de febrero de dos mil catorce, el *************, por conducto de su apoderado legal y ************, comparecieron ante el Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, a ratificar en todas y cada una de sus partes el contenido y firma del convenio judicial, asimismo, solicitaron que fuera aprobado conforme a derecho en todos los términos y elevado a la categoría de cosa juzgada y se obligue a las partes a estar y pasar por él como si se tratara de sentencia ejecutoriada. En la misma audiencia, el Juez acordó que tenía a las partes ratificando en contenido y firma el convenio judicial celebrado, por lo que lo elevó a la categoría de cosa juzgada, debiendo pasar las partes por él en todo tiempo y lugar como si se tratara de sentencia ejecutoriada de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2837 y 2846 del Código Civil y 665 del Código de Procedimientos Civiles (fojas 95). Ahora, si lo que la parte quejosa reclama es la inminente ejecución del mandato judicial tendente a privarlo de la posesión que detenta sobre el inmueble ubicado en lote ** manzana ** del Fraccionamiento ***************, entonces, es evidente que no es el expediente ****/13 relativo al juicio ordinario civil promovido por el ****************, en contra de *******, del que emana el acto que reclama la parte quejosa. Ello, porque en ese juicio, no se dictó mandamiento judicial tendente a privarlo de la posesión que detenta sobre el inmueble ubicado en lote ** manzana ** del Fraccionamiento *********************, sino que las partes presentaron ante el Juez responsable convenio modificatorio de contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, el cual ratificaron en todas y cada una de sus partes y el Juez responsable lo aprobó en todos los términos y lo elevó a la categoría de cosa juzgada y obligó a las partes a estar y pasar por él como si se tratara de sentencia ejecutoriada. Al respecto, cabe citar la tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común, página 181, de la Sexta Época, registro 804176, que a la letra dice: INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el diverso acto reclamado al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, consistente en todo lo actuado dentro del expediente 1140/13 relativo al juicio ordinario civil promovido por Marisela Quiñones Hernández y Edgar Omar Ramírez López, apoderados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en contra de Heriberto Villalobos Caballero, ya que así lo manifestó. Para corroborar su dicho, el Juez Primero remitió, copias certificadas de todo lo actuado en el juicio ordinario civil ****/13, promovido por ********** y ************, apoderados del **************** en contra de *************. A tales probanzas se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°; por ende se tiene por cierto el acto que se reclama. La valoración asignada a esas documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. De manera que, se tiene como cierto el acto de que se duele la parte accionante para los efectos de este juicio de amparo. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Actualización de causa de improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso, el suscrito determina que respecto del acto consistente en todo lo actuado dentro del expediente 1140/13 relativo al juicio ordinario civil promovido por ************** y ***********, apoderados del **************** en contra de **********, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: **** XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; **** A partir de la reforma constitucional mencionada, se advierte que el artículo 107, fracción I, prevé que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada que aduzca: a) ser titular de un derecho, o; b) contar con un interés legítimo individual o colectivo, dichos supuestos fueron recogidos por la actual Ley de Amparo. Es necesario señalar que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 141/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, diciembre del dos mil dos, página doscientos cuarenta y uno, con registro 185377, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran accesar al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Precisado lo anterior, procede analizar si en el presente juicio la quejosa se ubica en alguna de las hipótesis señaladas para promover el presente juicio, es decir, si la conducta de la autoridad responsable es susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio al gobernado sea de manera directa o indirecta, generando así su interés jurídico (la afectación a un derecho subjetivo) o interés legítimo (la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico). El accionante del amparo aduce ser extraño al juicio de origen, en la medida que asegura ser el arrendatario del bien inmueble identificado como lote ** manzana ** del *************, cuya posesión ostenta *************(parte quejosa). Los actos que reclama son de aquellos que pueden engendrar una situación jurídica concreta en perjuicio de los gobernados, al ser de esos que con su emisión afectan a la persona o su patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, por ello, se estima que el juicio de amparo es procedente respecto de este tipo de actos, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte que acredita le perjudica el acto, en términos del artículo 5 de la ley de la materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 170500, publicada en la página doscientos veinticinco, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. También la jurisprudencia 854, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página quinientos ochenta y dos, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación a mil novecientos noventa y cinco, con registro 394810, que preceptúa: INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. Por las razones expuestas, se infiere que para la promoción del presente juicio, la parte solicitante debió demostrar la afectación a su interés jurídico durante el transcurso del presente asunto, pues en el caso, no aplica la promoción del juicio por interés legítimo. El interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente, no inferirse con base en presunciones y la carga de demostrarlo fehacientemente corresponde al quejoso; por ello, corresponde al tribunal de amparo analizar las probanzas con las que se pretenda demostrarlo por ser una cuestión de orden público la procedencia del juicio de amparo. El supuesto básico de procedencia del juicio de amparo es que se acredite un derecho legítimamente tutelado, y así la afectación a su esfera jurídica con la emisión del acto que se reclama y su ejecución. Cobra vigencia, la jurisprudencia 293, formulada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de País, publicada en la página doscientos cuarenta y dos, tomo VI, Octava Época, del citado apéndice, compilación al dos mil, con registro 917827, que señala: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Asimismo, la jurisprudencia diversa 1/2002, pronunciada por la aludida Primera Sala, visible en la página 15, tomo XV, Novena Época, febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 187777, que dispone: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Además, ilustra a lo sostenido la tesis 2a. LII/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos treinta y tres, tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 198744, que refiere: INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AUN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. No obstante que no sea el caso de pronunciarse sobre la validez, existencia o nulidad que pudiera resultar respecto del contrato de comodato, exhibido por la quejosa como instrumento demostrativo de su interés jurídico, sí se hace necesario el análisis de dicho contrato, sólo para los efectos de determinar la procedencia del juicio de garantías, lo cual es una cuestión de orden público. Ahora, la parte quejosa omite acreditar que se le afecta su esfera jurídica, debido a que únicamente ofreció y le fueron admitidos durante el transcurso del presente juicio los documentos siguientes: Contrato privado de arrendamiento de quince de enero de dos mil dieciséis, celebrado entre el quejoso ****** y ******, respecto del inmueble identificado como lote **, manzana **, ubicado sobre la ********************, por una duración de cinco años, por lo que su fecha de vencimiento es el quince de enero de dos mil veintiuno (fojas 6 a 8). Recibos de los servicios que proporciona la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y la Comisión Federal de Electricidad al domicilio descrito, en los cuales aparecen los nombres de ******** y *********, respectivamente (fojas 9). Los documentos que presenta son insuficientes para acreditar su interés jurídico para acudir al juicio de amparo a defender los derechos de posesión sobre el referido inmueble; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2º de la Ley de Amparo. En efecto, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional ostentándose como tercero extraño en sentido estricto al no haber sido señalado como parte formal en el juicio natural, manifestando, bajo protesta de decir verdad, que tiene la posesión del inmueble de referencia al amparo del contrato de arrendamiento ya precisado. Bajo esas premisas, del examen de los presentes autos se advierte que la parte quejosa no allegó al juicio prueba idónea para comprobar su derecho de posesión sobre el predio de manera previa a la emisión del acto reclamado. Así se sostiene, pues el original del contrato privado de arrendamiento que celebró en su carácter de arrendatario, respecto del inmueble ya identificado, no es apto para acreditar que contara con interés jurídico que se viera afectado previamente al inicio del juicio ordinario civil ****/13, del que reclama todo lo actuado, pues se trata de un escrito que carece de fecha cierta; además, no tiene el alcance probatorio pretendido por el quejoso al tratarse de un documento privado, cuya fecha de celebración sólo podría adquirir certeza hasta que un fedatario público lo certifique; o bien, cuando se presenta ante alguna autoridad. En efecto, el referido contrato de arrendamiento carece de eficacia demostrativa para acreditar el interés jurídico para instar la acción de amparo, porque la certeza de la fecha en que se suscribió la adquiere a partir del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, cuando fue presentado ante este Juzgado Federal, lo cual es una fecha posterior al inicio del juicio ordinario civil ****/13, pues es el veinticinco de octubre de dos mil trece, cuando el Juez responsable admite a trámite la demanda de donde derivan los actos que se reclaman; por lo que, es insuficiente para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, quien se ostenta con la calidad de tercero extraño al juicio. En este orden de ideas, el contrato de arrendamiento, sólo acredita la existencia de un acuerdo de voluntades entre dos particulares respecto de un inmueble, pero no que la suscripción del mismo haya sido con anterioridad al inicio del juicio ordinario civil ****/13, cuenta habida que -como se indicó- no fue presentado ante alguna autoridad en ejercicio de sus funciones o ante fedatario público que de diera certeza a la fecha de su suscripción, lo que sirve para garantizar la legalidad que debe imperar en este tipo de operaciones y evitar el abuso del juicio de amparo, para fines distintos a los de vigilar por el pleno respeto de los derechos humanos reconocidos por la Constitución o por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sirve de apoyo a esa consideración, por analogía, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página once, tomo XXVII, abril de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito. Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 1/2002, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XV, de Febrero de 2002, materia civil, página 5, del siguiente tenor: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Igual suerte de ineficaces corren las restantes pruebas que aportó la quejosa consistentes en los avisos de recibo del servicio eléctrico y el recibo de cobro del servicio de agua a nombre de ***********, para demostrar el interés jurídico que ostenta, porque tales constancias fueron expedidas a nombre diversa persona y con ellas no acredita la calidad de poseedor con la que se ostenta respecto del inmueble identificado como lote ** manzana ** del fraccionamiento *******************. Por lo que, al actualizarse la causa de improcedencia examinada en cuanto al juicio de *****/2013, del índice del Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos (ahora Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos), lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos del diverso numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 61, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se Resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 325/2018, promovido por ********, por los razonamientos esgrimidos en los considerandos tercero y quinto. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ******. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que el veinte del actual, se llevó a cabo el emplazamiento del tercero interesado *******, en los términos ordenados en auto de diecinueve de los actuales, razón por la cual, no tuvo la oportunidad de imponerse de los autos del presente juicio en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que no mediaron por lo menos ocho días entre el emplazamiento y el día fijado para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para el día de hoy. En consecuencia y a fin de no trastocar las reglas esenciales del procedimiento y evitar así una posible reposición del mismo, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las diez horas del nueve de julio de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo. Es aplicable en lo conducente, la tesis V.4º.1 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, Novena Época, a foja 1119, de rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL ADVIERTE QUE NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE VERIFICÓ Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADVIERTA QUE NO HABRÁ DE SOBRESEERSE O NEGARSE EL AMPARO SOLICITADO. A efecto de que el tercero perjudicado esté en aptitud de comparecer al juicio de garantías en defensa de sus derechos procesales, es menester que entre la fecha del emplazamiento y aquella en que se celebre la audiencia constitucional, medie por lo menos el plazo de ocho días, similar a aquel que exige el artículo 149, primer párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, como anticipación para que, con relación a la audiencia de ley, sean dados a conocer a las partes los informes justificados que rindan las autoridades responsables. Tal postura obedece, en principio, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento de amparo cuya observancia es obligatoria para los tribunales de control constitucional; y, en segundo término, a la oportunidad de defensa que debe darse al tercero al acudir al juicio de garantías. Así, si en el amparo indirecto se emplazó al tercero perjudicado sin la mencionada anticipación de al menos ocho días, a la fecha en que se desahogó la audiencia constitucional, es inconcuso que no se le concedió la oportunidad de acudir en defensa de sus derechos; por ende, el Tribunal Colegiado que conozca de la revisión debe mandar reponer el procedimiento a fin de que el Juez de Distrito le otorgue, al menos, el plazo enunciado para comparecer al juicio de amparo; siempre y cuando no advierta que habrá de sobreseerse o negarse el amparo solicitado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, del informe que remitió la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, en sustitución del Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, se desprende que en el juicio de origen 1140/2013, al **, le reviste el carácter de tercero interesado de conformidad con lo establecido por el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. Por tanto, se ordena emplazarlo por medio de oficio, haciéndole de su conocimiento que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **. Doy fe.*
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