Hortensia Islas Castillo

Expediente 224/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
224/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
06/09/2023

Partes del expediente

  • Hortensia Islas Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de septiembre de dos mil veintitrés. Se agrega escrito Visto el escrito que remite el tercero interesado Esteban Ramírez Ramírez, por medio del cual solicita se notifique la sentencia dictada el veinticuatro de julio del año en curso al Juez Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. No ha lugar En atención a lo solicitado por el oficiante, dígasele que el Juez Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos no tiene carácter de autoridad responsable en este juicio de amparo, razón por la cual no se le notificó la sentencia dictada el veinticuatro de julio del año en curso, por lo tanto no ha lugar a proveer de conformidad su petición. Copias En atención a las copias que solicita, deberá estarse a lo acordado en el auto de admisión en el que se autorizó la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con la excepción de las que tengan el carácter de reservadas o confidenciales. Notifíquese en lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.MARC/LRV

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de agosto de dos mil veintitrés. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se negó el amparo y protección de la justifica federal, en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 17 fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés. Valoración del expediente El expediente principal es conservable dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 17, fracción III, inciso a) , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese en lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 224/2023-IV, promovido por **********. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, turnado y recibido el mismo día en este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, **********, promovió juicio de amparo contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisados en el considerando segundo. Segundo. Admisión de demanda. En auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda a trámite, la cual se registró con el número de expediente 224/2023-IV, se ordenó notificar a las autoridades responsables, dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Celebración de audiencia constitucional. Una vez debidamente integrado el presente asunto, incluido el emplazamiento a la parte tercera interesada, se celebró la audiencia constitucional conforme al acta que antecede, la cual concluye con la sentencia que ahora se dicta. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se precisa que la quejosa reclamó de la Magistrada de la Tercera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, la resolución dictada el treinta de enero de dos mil veintitrés, en el toca 277/22, mediante la cual revocó el acuerdo relativo al desechamiento de la reconvención planteada por la aquí quejosa, demandada en lo principal en el juicio natural, para que se diera trámite a la acción reconvencional por ella interpuesta. Tercero. Existencia de los actos reclamados. En su informe justificado, la Magistrada de la Tercera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, manifestó que es cierto que dentro del Toca 277/2022, dictó la resolución reclamada de treinta de enero de dos mil veintitrés. Asimismo, remitió copia certificada de todo lo actuado en dicho Toca, de donde se advierte la existencia de la resolución reclamada; además, este Juzgado requirió copia certificada de todo lo actuado en el expediente 97/2022, del índice del Juzgado Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, de donde también se advierte la existencia del juicio natural y de dicha resolución de segunda instancia. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Así pues, se tiene fehacientemente demostrada la existencia del acto reclamado a que se refiere este considerando. Cuarto. Procedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, esto conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no se advierte actualización de causa de improcedencia alguna, por lo que se procede a dictar la sentencia correspondiente, a la luz de los conceptos de violación que hizo valer la quejosa, sin que sea necesaria su transcripción y sin que dicha omisión la deje en estado de indefensión, pues se insiste, precisamente tomando en cuenta sus argumentos es que se realizará el análisis de la resolución reclamada. No obstante, se considera necesario precisar, que conforme a la jurisprudencia 87/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar si la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento, vulnera derechos sustantivos, o no, y en consecuencia, si el juicio de amparo es procedente, o no, se deben ponderar los efectos concretos y específicos que produce en el procedimiento natural, así como en las cosas y en las personas. En efecto, dicho criterio es del rubro y texto siguientes: RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva. En el caso, ya que la quejosa aduce, medularmente, que la Magistrada responsable no fue exhaustiva al emitir su resolución de alzada, reclamada, lo que afecta la integración de la litis, se procede a analizar el fondo de dicha resolución. Sexto. Estudio de fondo. Como se indicó en el considerando segundo, la quejosa reclamó de la Magistrada de la Tercera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, la resolución dictada el treinta de enero de dos mil veintitrés, en el toca 277/22, mediante la cual revocó el acuerdo relativo al desechamiento de la reconvención planteada por la aquí quejosa, demandada en lo principal en el juicio natural, para que se diera trámite a la acción reconvencional por ella interpuesta. Ahora bien, para una mejor comprensión de esta sentencia, en principio, se relatan los antecedentes de tal acto reclamado: 1.- Mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veintidós, en la Oficialía de Turnos del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, **********, presentó demanda ordinaria civil, en contra de **********, de quien reclamó las siguientes prestaciones: a) DEMANDO A LA SEÑORA HORTENCIA ISLAS CASTILLO LA CANCELACIÓN DEL COMODATO de mi propiedad ubicada en Calle ********** en esta Ciudad, así como cualquier familiar que cohabite con la demandada, ya que la demandada ha incumplido la cláusula SEXTA y SÉPTIMO del convenio judicial que celebramos las partes y del cual se dictó sentencia con fecha 08 de febrero de 2016, el cual se exhibe a la presente demanda como ANEXO 1. b) DEMANDO A LA SEÑORA HORTENCIA ISLAS CASTILLO LA DESOCUPACIÓN Y ENTREGA del inmueble de mi propiedad ubicado en Calle Puerto Palenque número 1139 del Fraccionamiento Praderas del Sauzal I y II Etapas en esta Ciudad, así como cualquier familiar que cohabite con la demandada, ya que la demandada ha incumplido la cláusula SEXTA y SÉPTIMA del convenio judicial que celebramos las partes y del cual se dictó sentencia con fecha 08 de febrero de 2016. c) DEMANDO EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS que la señora HORTENCIA ISLAS CASTILLO haya contratado para su beneficio o para los 8 habitantes que se encuentran en mi propiedad, los cuales se adeuden desde que entró en posesión siendo esto desde el día 8 de febrero del año 2016, hasta la desocupación y entrega del inmueble. d) DEMANDO A LA SEÑORA HORTENCIA ISLAS CASTILLO EL PAGO DE GASTOS Y COSTAS del juicio de cada una de las instancias, con fundamento en el artículo 2001 del Código Civil del Estado. Dicha demanda fue turnada al Juzgado Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, donde se recibió el treinta y uno de enero de dos mil veintidós. 2.- En auto de dos de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite dicha demanda y se ordenó emplazar a la demandada, lo que ocurrió el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, previo citatorio. 3.- Mediante escrito presentado en el Juzgado natural, el siete de abril de dos mil veintidós, la aquí quejosa contestó la demanda promovida en su contra y reconvino al actor, de quien demandó las siguientes prestaciones: 1. El reconocimiento del 50% del derecho de propiedad que tiene la C. HORTENCIA ISLAS CASTILLO, respecto del inmueble ubicado en Calle Puerto Palenque No. 1139 del Fraccionamiento Praderas del Sauzal Etapa I y II, identificado con Lote 19 y Manzana 8 E-I, de esta ciudad, por a verse (sic) adquirido dicho inmueble dentro del matrimonio con el C. **********. 2. La permanencia de la C. **********, en el inmueble motivo del presente juicio, por ser dueña del 50% de los derechos de propiedad del inmueble ubicado en Calle Puerto Palenque No. 1139 del Fraccionamiento Praderas del Sauzal Etapa I y II, identificado con Lote 19 y Manzana 8 E-I, de esta ciudad, por a ver (sic) sido adquirido dentro del matrimonio con el C.**********. 3. La nulidad de las Cláusulas Quinta y Sexta del Convenio Celebrado con fecha 25 de noviembre del 2015, por el C. ********** y **********, dentro del expediente No. 2094/15 del Juzgado en ese entonces Tercero de lo Familiar Tradicional, en su cláusula quinto y sexto, esto con fundamento en el artículo 2112 del Código Civil de nuestro Estado, por a ver (sic) existido vicio del consentimiento y en el objeto en perjuicio de la C. **********. Ordenado mediante sentencia firme al Ahora Juez Familiar tradicional, quien es quien ahora conoce del presente asunto, por desaparición del Juzgado Tercero de lo Familiar, la nulidad de las cláusulas antes mencionadas. 4. El pago de gastos y costas que origine el presente juicio hasta su total terminación. Asimismo, promuevo la presente demanda en contra del C. ENCARGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, ubicado dentro de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado de Chihuahua, "**********", con dirección en la ********** en esta Ciudad, a quien se le reclama: La Rectificación y/o corrección del estado Civil del C. **********, de la Inscripción No. 3, Folio No. 3 libro No. 5122 de la Sección Primera, correspondiente al inmueble ubicado en Calle **********, identificado como Lote 19 de la Manzana 8 E-I, de esta ciudad, ya que dicho inmueble fue adquirido cuando el C. ********** se encontraba casado bajo el régimen de sociedad conyugal con la C. **********. 4.- En auto de doce de abril de dos mil veintidós, el Juez nautral tuvo a la demandada dando contestación a la demanda entablada en su contra y se dio vista a la parte actora, por el término de tres días, con el escrito de contestación de demanda; asimismo, le dio vista con el escrito de reconvención, para que en un término de nueve días, diera contestación al mismo. 5.- En auto de dos de mayo de dos mil veintidós, se determinó lo siguiente: (.) se le tiene por precluido a la parte actora el término de vista acordado por auto de doce de abril de dos mil veintidós, de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimientos Civiles, respecto de la contestación de la demanda. 6.- No obstante, el auto de doce de abril de dos mil veintidós, le fue notificado a la parte actora, demandada reconvencional, el doce de mayo de dos mil veintidós. 7.- Mediante escrito recibido en el Juzgado responsable el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, el actor en lo principal, dio contestación a la reconvención planteada por la demandada en lo principal. 8.- Al respecto, en auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte demandada, actora en la reconvención, con el escrito de contestación de dicha reconvención, por el término de tres días. 9.- Mediante escrito presentado en el Juzgado responsable, el siete de junio de dos mil veintidós, el actor en lo principal, dio contestación a la reconvención, lo que se acordó de conformidad en auto de nueve de junio de dos mil veintidós. 10.- Mediante auto de dieciséis de junio de dos mil veintidós, a petición del actor en lo principal, se señalaron las diez horas con treinta minutos del seis de julio de dos mil veintidós, para celebrar la audiencia preliminar. 11.- El seis de julio de dos mil veintidós, a la hora indicada, se celebró la audiencia preliminar, en la cual, en lo que interesa, el Juez natural emitió la siguiente determinación: A las diez horas con treinta y cinco minutos se apertura la etapa de depuración del procedimiento; se analizaron los presupuestos procesales, por lo que tenemos que el señor **********, compareció mediante sus propios derechos para ejercitar la acción de terminación de contrato de comodato, en contra de **********, en la cual pretende como consecuencia le sea devuelto con sus frutos mejoras y acdesorios, el pago de un alquiler, así como el pago de gastos y costas, el inmueble materia del contrato con su escrito inicial de demanda exhibió copia certificada de la sentencia de divorcio del expediente 2094/2015 del Índice del Juzgado Tercero Familiar Tradicional que contiene contrato de comodato materia de este juicio y con ello se encuentra legitimado para ejercitar el presente procedimiento oral ordinario ante este Tribunal. Ahora bien la demandada ********** al contestar la demanda, también reconviene la acción de nulidad en contra de **********, en la cual pretende como consecuencia la nulidad del contrato de comodato contenido en la sentencia del expediente 2094/2015, del Índice del Juzgado Tercero Familiar Tradicional, sin embargo este juzgador se considera incompetente por razón de materia para conocer de la acción reconvencional, por los siguientes fundamentos de hecho y derecho, y tomando en cuenta que la actora reconvencionista pretende el reconocimiento del derecho que dice tener sobre la propiedad materia de este juicio, por ser dueña del cincuenta por ciento de el, por lo tanto la nulidad de las cláusulas quinta y sexta del convenio celebrado y contenido en la sentencia que quedó firme en fecha ocho de febrero del dos mil dieciséis ante el entonces Juez Tercero Familiar para este Distrito Judicial. Asimismo solicita rectificación o corrección del estado civil del señor **********, sin duda de todas las prestaciones solicitadas, corresponde tener conocimiento de ellas al juez Familiar en turno conforme lo establece el artículo 93 de fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en lo que nos interesa establece corresponde a los jueces familiares conocer de aquellos asuntos que versen sobre el estado civil de las personas y lo que se refiere al patrimonio familiar. Por lo tanto se le dejan a salvo los derechos de la acción reconvencional, para que los trámites en la vía familiar ante el juez de esa materia, la cual es correcta para dilucidar en el caso existió o no simulación o engaño en la elaboración del acuerdo de voluntades cuya nulidad se reclama, lo anterior con fundamento en los artículo 161 y 163 del Código de Procedimientos Civiles y en la tesis con número digital 187240 cuyo rubro es Divorcio, el convenio Judicial aprobado por el juez no queda sometido a la teoría de las nulidades, por lo que no procede demandar su nulidad como contrato común. Fue cerrada a las diez horas con cuarenta y un minutos. Además, se proveyó sobre las pruebas ofrecidas por las partes y se señalaron las doce horas del uno de septiembre de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia de juicio. 12.- Mediante escrito presentado en el Juzgado responsable, el once de julio de dos mil veintidós, la parte demandada en lo principal, actora en la reconvención, interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido en efecto devolutivo y de tramitación inmediata, en auto de uno de agosto de dos mil veintidós, en el cual también se ordenó dar vista a la contraparte. 13.- Posteriormente, en auto de doce de agosto de dos mil veintidós, se ordenó integrar el testimonio de correspondiente y remitirlo al Tribunal de Alzada para la substanciación de dicho recurso de apelación. 14.- El uno de septiembre de dos mil veintidós, a las doce horas, tuvo lugar la audiencia de juicio, en la cual se desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes y se señalaron las trece horas del veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, para la continuación de la audiencia de juicio. 15.- El veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en la audiencia de continuación de juicio, se dictó sentencia, en la cual se determinó lo siguiente: PRIMERO: Ha procedido la Vía ordinaria Civil de Terminación de Contrato de Comodato en el presente Negocio. SEGUNDO: La actora [**********] probó los elementos de su acción, la demandada [**********] no acreditó la procedencia de sus excepciones, en consecuencia: TERCERO: Se declara la Rescisión del Contrato de Comodato, cuya vigencia inició el día ocho de febrero del año dos mil dieciséis, mismo que fuera celebrado por el señor [Esteban Ramírez Ramírez], en su carácter de comodante [**********], en su calidad de comodataria, gratuitamente, con relación a la casa habitación consistente en Calle [**********] **********] etapas con una superficie de [120.0500] metros cuadrados en esta ciudad. CUARTO: Se condena a la señora comodante [**********] a la entrega y desocupación del inmueble descrito en el resolutivo Tercero, de esta resolución, en caso de no hacerlo de manera voluntaria, se hará de manera forzosa, como lo determina la ley. Asimismo deberá de acreditar estar al corriente con el pago de los servicios con los que cuente el inmueble. QUINTO: Se concede al demandado un término de cinco días, para que dé cumplimiento a lo ordenado en la presente resolución apercibida de que en caso de no hacerlo se procederá en los términos de ley. SEXTO: Se condena al demandado al pago de gastos y costas originados con motivo del presente juicio. 16.- Mediante escrito recibido en el Juzgado responsable, el siete de octubre de dos mil veintidós, la parte demandada en lo principal, actora en la reconvención, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia dictada en el juicio natural, el cual se admitió en efecto suspensivo, en auto de trece de octubre de dos mil veintidós. 17.- Finalmente, en resolución dictada por la Magistrada de la Tercera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, en esta ciudad, en el toca 277/2022, se determinó lo siguiente: III. Estudio del Recurso. Primero. Como concepto de impugnación en primer término se combate la determinación emitida en primera instancia, relativa a la incompetencia para conocer de la acción reconvencional, bajo el argumento de que los numerales en que la autoridad jurisdiccional fundó la misma, son incorrectos, y en todo caso llevan a cabo previsiones que ni siquiera contemplan lo relativo a la competencia de una autoridad para conocer de un asunto en específico, motivo por el que solicita la revocación de la determinación emitida en la audiencia preliminar. Segundo. Como segundo agravio se hace valer por la parte recurrente la violación al principio de igualdad entre las partes, tomando en cuenta que por un lado el titular del órgano jurisdiccional sí toma en cuenta el contenido del convenio por los contendientes celebraron al momento de llevar a cabo el procedimiento de disolución del vínculo matrimonial, relativas al inmueble materia de la controversia, para el efecto de atender la acción principal, pero no así el contenido de lo expuesto en la reconvención planteada por la parte demandada del juicio principal; es decir, por un lado se considera factible por el juzgador en la acción principal, conocer de las cláusulas contenidas en el acuerdo volitivo por ellos expresado en su divorcio, pero por otro lado considera que las prestaciones reconvencionales, al ser de materia familiar, y estar contenidas en el divorcio, deben ser planteadas ante el juzgador de la materia en comento. Analizados los conceptos de impugnación, se advierte que el marcado como segundo resulta fundado y operante para obtener la variación en el contenido de la determinación emitida durante la celebración de la audiencia preliminar, y por la que el juzgador estimó que era incompetente. Para lo reseñado se atiende en forma primordial que el ejercicio de la acción reconvencional descansa sobre el hecho de que la demandada en lo principal, alega una copropiedad sobre el inmueble materia de la controversia, por haberse adquirido el bien mismo, durante la vigencia del matrimonio; por sí misma invalidada, en el supuesto de que sea demostrada dicha copropiedad. Asimismo se sostiene lo operante del agravio señalado, pues el juzgador primario atiende el contenido de las cláusulas relativas a la utilización del inmueble por la demandada, para el efecto de declarar en todo caso la terminación del comodato, por no así el contenido de la reconvención planteada para el efecto de decretar la nulidad de las cláusulas contenidas en el acuerdo de voluntades -relativas a la utilización del inmueble-, debiendo destacar a este respecto, que lo relativo a las cláusulas en que fue pactado el comodato del inmueble materia de la controversia, es atinente al uso y disfrute de un inmueble, siendo en este apartado específico intrascendente el hecho de que dicha porción se haya pactado en un acuerdo de disolución del vínculo matrimonial, o uno cuyo objeto primordial sea el inmueble propio. Así resulta rebatible que por una parte el juzgador se asuma competente para conocer de la acción principal relativa a las cláusulas en que se constituyó el comodato, y por otro lado se asuma incompetente para decretar la nulidad de las mismas cláusulas, en que descansa la acción principal, por razón de la materia, lo que en forma directa conculca el principio de igualdad, aunado a que la autoridad jurisdiccional considera su incompetencia en razón de que fue ejercitada vía acción reconvencional, una del Estado Civil; cuestión que resulta errónea, en tanto que si se atiende al contenido de lo peticionado vía de reconvención, lo solicitado es la modificación del estado civil del accionante en lo principal, pero para el efecto de que se establezca en la escritura del inmueble, que éste fue adquirido vía de reconvención, lo solicitado es la modificación del estado civil del accionante en lo principal, pero para el efecto de que se establezca en la escritura del inmueble, que éste fue adquirido estando el accionante casado bajo el régimen de sociedad conyugal con la demandada en lo principal, de ahí que la acción reconvencional planteada no resulta de naturaleza familiar, atendiendo la propia causa de pedir, sino la modificación de la escritura, en lo relativo a que cuando se adquirió el inmueble, el accionante se encontraba unido en matrimonio. Lo que en forma directa acarrea que el sustento jurídico en que lo apoya no sea aplicable, dado que, como se señaló no se plantea cuestión alguna relativa al estado civil del actor, lo que acarrea la procedencia del concepto de impugnación analizado. Aunado a lo reseñado, reiteramos que con independencia de que se haya llevado a cabo la celebración del comodato dentro de las cláusulas del convenio necesario para llevar a cabo la disolución del vínculo matrimonial por mutuo consentimiento ante la existencia de descendiente; el propio clausulado de dicho acuerdo, y relativo al inmueble materia de la controversia, se encuentra regulado en su naturaleza por el ordenamiento sustantivo de la materia, en lo atinente a la utilización de un inmueble por el acuerdo de los contratantes, dentro del numeral 2396 del código sustantivo civil, de lo que claramente podemos advertir que la naturaleza de las cláusulas del comodato, con independencia de que se hayan pactado en un convenio de divorcio, son de naturaleza civil, de ahí que le surta competencia al juzgador primigenio para el conocimiento del asunto tanto en lo principal como en lo pretendido vía de reconvención. Tercero. Ahora, tomando en cuenta la procedencia del agravio expresado por la recurrente; habrán de determinarse los efectos de la misma. Así tomando en cuenta que el motivo de disenso hecho valer, busca la revocación de la determinación emitida en primera instancia, relativa a dejar de admitir el ejercicio de una acción reconvencional, el efecto que habrá de darse a la procedencia del agravio, es la de decretar la reposición del procedimiento, hasta la celebración de la audiencia preliminar, dentro de su etapa de depuración del procedimiento, misma en que se decretó la incompetencia del juzgador para conocer de la acción reconvencional, y deberá decretarse por el juzgador primario el análisis de la acción reconvencional hecha valer en la contestación, con la finalidad de que se provea lo conducente en el trámite de la reconvención, y conforme a ello, lleve a cabo de nueva cuenta la totalidad del proceso y el dictado de la sentencia conforme a derecho proceda. IV.- Conclusión. Con base en las anteriores consideraciones deberá revocarse la determinación tomada por el Juez octavo civil por audiencias del distrito judicial Bravos, para el efecto de que se atienda a la acción reconvencional hecha valer por la demandada en el principal, debiendo retrotraerse el procedimiento, hasta la etapa en que se decretó la determinación combatida, es decir el desahogo de la audiencia preliminar. V. Costas. No se realiza condena al pago de costas, al no encontrarnos dentro de los supuestos contemplados por el artículo 159 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. VI. Resolutivos. PRIMERO.- Se revoca la determinación emitida por el titular del Juzgado octavo civil por audiencias del distrito judicial Bravos, dentro de la celebración de la audiencia preliminar, debiéndose dar trámite a la acción reconvencional interpuesta por la demandada del principal. SEGUNDO.- Con motivo de la procedencia del concepto de impugnación, deberá el juzgador dejar sin efectos todo lo actuado con posterioridad a esta etapa. TERCERO.- Envíese testimonio de la presente resolución al juzgado de origen, y una vez transcurrido el término correspondiente, archívese el toca como asunto totalmente concluido, previas las notaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en sus conceptos de violación, la quejosa aduce esencialmente que la reconvención no solo versa sobre el contrato de comodato y la modificación de la escritura pública en cuanto al estado civil de los contratantes; sino que además, se refiere a la nulidad de las cláusulas quinta y sexta del convenio del que deriva el comodato, así como a todas y cada una de las prestaciones señaladas en el escrito de reconvención, sin que la Magistrada responsable se hubiere pronunciado exhaustivamente sobre todo lo anterior. Sin embargo, dicho concepto de violación resulta infundado, pues de la sola lectura de la resolución reclamada, se advierte que la Magistrada responsable, ordenó dejar sin efectos todo lo actuado (lo que incluye desde luego la sentencia dictada posteriormente) hasta la celebración de la audiencia preliminar, etapa de depuración del procedimiento, en la cual se emitió el acuerdo apelado, para que acto seguido el Juez natural decrete el análisis de la acción reconvencional hecha valer en el escrito de contestación de demanda principal, lo anterior, con la finalidad de que se provea lo conducente en el trámite de la reconvención y lleve a cabo de nueva cuenta la totalidad del proceso, dictando sentencia, en su oportunidad, conforme a Derecho. Esto es, la Magistrada responsable ordenó tramitar, en su totalidad, la reconvención planteada por la aquí quejosa, demandada en lo principal en el juicio natural y actora reconvencionista, sin hacer distinción alguna en cuando a cuáles prestaciones demandadas en la reconvención se debían admitir a trámite y cuáles no, sino que, se insiste, de forma general, ordenó dejar insubsistente todo lo actuado hasta el dictado del acuerdo apelado, para admitir a trámite la reconvención planteada. Por lo tanto, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, a la quejosa **********, contra el acto reclamado a la Magistrada de la Tercera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, consistente en la resolución dictada el treinta de enero de dos mil veintitrés, en el toca 277/22, mediante la cual revocó el acuerdo relativo al desechamiento de la reconvención planteada por la aquí quejosa, demandada en lo principal en el juicio natural, para que se diera trámite a la acción reconvencional por ella interpuesta. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejosa Hortensia Islas Castillo, en relación con el acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo, para los efectos precisados en la última parte del considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese en lista electrónica; personalmente a las partes quejosa, tercera interesada y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA Y PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 224/2023-IV, promovido por **********. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, turnado y recibido el mismo día en este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, **********, promovió juicio de amparo contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisados en el considerando segundo. Segundo. Admisión de demanda. En auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda a trámite, la cual se registró con el número de expediente 224/2023-IV, se ordenó notificar a las autoridades responsables, dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Celebración de audiencia constitucional. Una vez debidamente integrado el presente asunto, incluido el emplazamiento a la parte tercera interesada, se celebró la audiencia constitucional conforme al acta que antecede, la cual concluye con la sentencia que ahora se dicta. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se precisa que la quejosa reclamó de la Magistrada de la Tercera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, la resolución dictada el treinta de enero de dos mil veintitrés, en el toca 277/22, mediante la cual revocó el acuerdo relativo al desechamiento de la reconvención planteada por la aquí quejosa, demandada en lo principal en el juicio natural, para que se diera trámite a la acción reconvencional por ella interpuesta. Tercero. Existencia de los actos reclamados. En su informe justificado, la Magistrada de la Tercera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, manifestó que es cierto que dentro del Toca 277/2022, dictó la resolución reclamada de treinta de enero de dos mil veintitrés. Asimismo, remitió copia certificada de todo lo actuado en dicho Toca, de donde se advierte la existencia de la resolución reclamada; además, este Juzgado requirió copia certificada de todo lo actuado en el expediente 97/2022, del índice del Juzgado Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, de donde también se advierte la existencia del juicio natural y de dicha resolución de segunda instancia. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Así pues, se tiene fehacientemente demostrada la existencia del acto reclamado a que se refiere este considerando. Cuarto. Procedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, esto conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no se advierte actualización de causa de improcedencia alguna, por lo que se procede a dictar la sentencia correspondiente, a la luz de los conceptos de violación que hizo valer la quejosa, sin que sea necesaria su transcripción y sin que dicha omisión la deje en estado de indefensión, pues se insiste, precisamente tomando en cuenta sus argumentos es que se realizará el análisis de la resolución reclamada. No obstante, se considera necesario precisar, que conforme a la jurisprudencia 87/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar si la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento, vulnera derechos sustantivos, o no, y en consecuencia, si el juicio de amparo es procedente, o no, se deben ponderar los efectos concretos y específicos que produce en el procedimiento natural, así como en las cosas y en las personas. En efecto, dicho criterio es del rubro y texto siguientes: RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva. En el caso, ya que la quejosa aduce, medularmente, que la Magistrada responsable no fue exhaustiva al emitir su resolución de alzada, reclamada, lo que afecta la integración de la litis, se procede a analizar el fondo de dicha resolución. Sexto. Estudio de fondo. Como se indicó en el considerando segundo, la quejosa reclamó de la Magistrada de la Tercera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, la resolución dictada el treinta de enero de dos mil veintitrés, en el toca 277/22, mediante la cual revocó el acuerdo relativo al desechamiento de la reconvención planteada por la aquí quejosa, demandada en lo principal en el juicio natural, para que se diera trámite a la acción reconvencional por ella interpuesta. Ahora bien, para una mejor comprensión de esta sentencia, en principio, se relatan los antecedentes de tal acto reclamado: 1.- Mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veintidós, en la Oficialía de Turnos del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, **********, presentó demanda ordinaria civil, en contra de **********, de quien reclamó las siguientes prestaciones: a) DEMANDO A LA SEÑORA HORTENCIA ISLAS CASTILLO LA CANCELACIÓN DEL COMODATO de mi propiedad ubicada en Calle ********** en esta Ciudad, así como cualquier familiar que cohabite con la demandada, ya que la demandada ha incumplido la cláusula SEXTA y SÉPTIMO del convenio judicial que celebramos las partes y del cual se dictó sentencia con fecha 08 de febrero de 2016, el cual se exhibe a la presente demanda como ANEXO 1. b) DEMANDO A LA SEÑORA HORTENCIA ISLAS CASTILLO LA DESOCUPACIÓN Y ENTREGA del inmueble de mi propiedad ubicado en Calle Puerto Palenque número 1139 del Fraccionamiento Praderas del Sauzal I y II Etapas en esta Ciudad, así como cualquier familiar que cohabite con la demandada, ya que la demandada ha incumplido la cláusula SEXTA y SÉPTIMA del convenio judicial que celebramos las partes y del cual se dictó sentencia con fecha 08 de febrero de 2016. c) DEMANDO EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS que la señora HORTENCIA ISLAS CASTILLO haya contratado para su beneficio o para los 8 habitantes que se encuentran en mi propiedad, los cuales se adeuden desde que entró en posesión siendo esto desde el día 8 de febrero del año 2016, hasta la desocupación y entrega del inmueble. d) DEMANDO A LA SEÑORA HORTENCIA ISLAS CASTILLO EL PAGO DE GASTOS Y COSTAS del juicio de cada una de las instancias, con fundamento en el artículo 2001 del Código Civil del Estado. Dicha demanda fue turnada al Juzgado Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, donde se recibió el treinta y uno de enero de dos mil veintidós. 2.- En auto de dos de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite dicha demanda y se ordenó emplazar a la demandada, lo que ocurrió el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, previo citatorio. 3.- Mediante escrito presentado en el Juzgado natural, el siete de abril de dos mil veintidós, la aquí quejosa contestó la demanda promovida en su contra y reconvino al actor, de quien demandó las siguientes prestaciones: 1. El reconocimiento del 50% del derecho de propiedad que tiene la C. HORTENCIA ISLAS CASTILLO, respecto del inmueble ubicado en Calle Puerto Palenque No. 1139 del Fraccionamiento Praderas del Sauzal Etapa I y II, identificado con Lote 19 y Manzana 8 E-I, de esta ciudad, por a verse (sic) adquirido dicho inmueble dentro del matrimonio con el C. **********. 2. La permanencia de la C. **********, en el inmueble motivo del presente juicio, por ser dueña del 50% de los derechos de propiedad del inmueble ubicado en Calle Puerto Palenque No. 1139 del Fraccionamiento Praderas del Sauzal Etapa I y II, identificado con Lote 19 y Manzana 8 E-I, de esta ciudad, por a ver (sic) sido adquirido dentro del matrimonio con el C.**********. 3. La nulidad de las Cláusulas Quinta y Sexta del Convenio Celebrado con fecha 25 de noviembre del 2015, por el C. ********** y **********, dentro del expediente No. 2094/15 del Juzgado en ese entonces Tercero de lo Familiar Tradicional, en su cláusula quinto y sexto, esto con fundamento en el artículo 2112 del Código Civil de nuestro Estado, por a ver (sic) existido vicio del consentimiento y en el objeto en perjuicio de la C. **********. Ordenado mediante sentencia firme al Ahora Juez Familiar tradicional, quien es quien ahora conoce del presente asunto, por desaparición del Juzgado Tercero de lo Familiar, la nulidad de las cláusulas antes mencionadas. 4. El pago de gastos y costas que origine el presente juicio hasta su total terminación. Asimismo, promuevo la presente demanda en contra del C. ENCARGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, ubicado dentro de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado de Chihuahua, "**********", con dirección en la ********** en esta Ciudad, a quien se le reclama: La Rectificación y/o corrección del estado Civil del C. **********, de la Inscripción No. 3, Folio No. 3 libro No. 5122 de la Sección Primera, correspondiente al inmueble ubicado en Calle **********, identificado como Lote 19 de la Manzana 8 E-I, de esta ciudad, ya que dicho inmueble fue adquirido cuando el C. ********** se encontraba casado bajo el régimen de sociedad conyugal con la C. **********. 4.- En auto de doce de abril de dos mil veintidós, el Juez nautral tuvo a la demandada dando contestación a la demanda entablada en su contra y se dio vista a la parte actora, por el término de tres días, con el escrito de contestación de demanda; asimismo, le dio vista con el escrito de reconvención, para que en un término de nueve días, diera contestación al mismo. 5.- En auto de dos de mayo de dos mil veintidós, se determinó lo siguiente: (.) se le tiene por precluido a la parte actora el término de vista acordado por auto de doce de abril de dos mil veintidós, de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimientos Civiles, respecto de la contestación de la demanda. 6.- No obstante, el auto de doce de abril de dos mil veintidós, le fue notificado a la parte actora, demandada reconvencional, el doce de mayo de dos mil veintidós. 7.- Mediante escrito recibido en el Juzgado responsable el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, el actor en lo principal, dio contestación a la reconvención planteada por la demandada en lo principal. 8.- Al respecto, en auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte demandada, actora en la reconvención, con el escrito de contestación de dicha reconvención, por el término de tres días. 9.- Mediante escrito presentado en el Juzgado responsable, el siete de junio de dos mil veintidós, el actor en lo principal, dio contestación a la reconvención, lo que se acordó de conformidad en auto de nueve de junio de dos mil veintidós. 10.- Mediante auto de dieciséis de junio de dos mil veintidós, a petición del actor en lo principal, se señalaron las diez horas con treinta minutos del seis de julio de dos mil veintidós, para celebrar la audiencia preliminar. 11.- El seis de julio de dos mil veintidós, a la hora indicada, se celebró la audiencia preliminar, en la cual, en lo que interesa, el Juez natural emitió la siguiente determinación: A las diez horas con treinta y cinco minutos se apertura la etapa de depuración del procedimiento; se analizaron los presupuestos procesales, por lo que tenemos que el señor **********, compareció mediante sus propios derechos para ejercitar la acción de terminación de contrato de comodato, en contra de **********, en la cual pretende como consecuencia le sea devuelto con sus frutos mejoras y acdesorios, el pago de un alquiler, así como el pago de gastos y costas, el inmueble materia del contrato con su escrito inicial de demanda exhibió copia certificada de la sentencia de divorcio del expediente 2094/2015 del Índice del Juzgado Tercero Familiar Tradicional que contiene contrato de comodato materia de este juicio y con ello se encuentra legitimado para ejercitar el presente procedimiento oral ordinario ante este Tribunal. Ahora bien la demandada ********** al contestar la demanda, también reconviene la acción de nulidad en contra de **********, en la cual pretende como consecuencia la nulidad del contrato de comodato contenido en la sentencia del expediente 2094/2015, del Índice del Juzgado Tercero Familiar Tradicional, sin embargo este juzgador se considera incompetente por razón de materia para conocer de la acción reconvencional, por los siguientes fundamentos de hecho y derecho, y tomando en cuenta que la actora reconvencionista pretende el reconocimiento del derecho que dice tener sobre la propiedad materia de este juicio, por ser dueña del cincuenta por ciento de el, por lo tanto la nulidad de las cláusulas quinta y sexta del convenio celebrado y contenido en la sentencia que quedó firme en fecha ocho de febrero del dos mil dieciséis ante el entonces Juez Tercero Familiar para este Distrito Judicial. Asimismo solicita rectificación o corrección del estado civil del señor **********, sin duda de todas las prestaciones solicitadas, corresponde tener conocimiento de ellas al juez Familiar en turno conforme lo establece el artículo 93 de fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en lo que nos interesa establece corresponde a los jueces familiares conocer de aquellos asuntos que versen sobre el estado civil de las personas y lo que se refiere al patrimonio familiar. Por lo tanto se le dejan a salvo los derechos de la acción reconvencional, para que los trámites en la vía familiar ante el juez de esa materia, la cual es correcta para dilucidar en el caso existió o no simulación o engaño en la elaboración del acuerdo de voluntades cuya nulidad se reclama, lo anterior con fundamento en los artículo 161 y 163 del Código de Procedimientos Civiles y en la tesis con número digital 187240 cuyo rubro es Divorcio, el convenio Judicial aprobado por el juez no queda sometido a la teoría de las nulidades, por lo que no procede demandar su nulidad como contrato común. Fue cerrada a las diez horas con cuarenta y un minutos. Además, se proveyó sobre las pruebas ofrecidas por las partes y se señalaron las doce horas del uno de septiembre de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia de juicio. 12.- Mediante escrito presentado en el Juzgado responsable, el once de julio de dos mil veintidós, la parte demandada en lo principal, actora en la reconvención, interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido en efecto devolutivo y de tramitación inmediata, en auto de uno de agosto de dos mil veintidós, en el cual también se ordenó dar vista a la contraparte. 13.- Posteriormente, en auto de doce de agosto de dos mil veintidós, se ordenó integrar el testimonio de correspondiente y remitirlo al Tribunal de Alzada para la substanciación de dicho recurso de apelación. 14.- El uno de septiembre de dos mil veintidós, a las doce horas, tuvo lugar la audiencia de juicio, en la cual se desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes y se señalaron las trece horas del veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, para la continuación de la audiencia de juicio. 15.- El veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en la audiencia de continuación de juicio, se dictó sentencia, en la cual se determinó lo siguiente: PRIMERO: Ha procedido la Vía ordinaria Civil de Terminación de Contrato de Comodato en el presente Negocio. SEGUNDO: La actora [**********] probó los elementos de su acción, la demandada [**********] no acreditó la procedencia de sus excepciones, en consecuencia: TERCERO: Se declara la Rescisión del Contrato de Comodato, cuya vigencia inició el día ocho de febrero del año dos mil dieciséis, mismo que fuera celebrado por el señor [Esteban Ramírez Ramírez], en su carácter de comodante [**********], en su calidad de comodataria, gratuitamente, con relación a la casa habitación consistente en Calle [**********] **********] etapas con una superficie de [120.0500] metros cuadrados en esta ciudad. CUARTO: Se condena a la señora comodante [**********] a la entrega y desocupación del inmueble descrito en el resolutivo Tercero, de esta resolución, en caso de no hacerlo de manera voluntaria, se hará de manera forzosa, como lo determina la ley. Asimismo deberá de acreditar estar al corriente con el pago de los servicios con los que cuente el inmueble. QUINTO: Se concede al demandado un término de cinco días, para que dé cumplimiento a lo ordenado en la presente resolución apercibida de que en caso de no hacerlo se procederá en los términos de ley. SEXTO: Se condena al demandado al pago de gastos y costas originados con motivo del presente juicio. 16.- Mediante escrito recibido en el Juzgado responsable, el siete de octubre de dos mil veintidós, la parte demandada en lo principal, actora en la reconvención, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia dictada en el juicio natural, el cual se admitió en efecto suspensivo, en auto de trece de octubre de dos mil veintidós. 17.- Finalmente, en resolución dictada por la Magistrada de la Tercera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, en esta ciudad, en el toca 277/2022, se determinó lo siguiente: III. Estudio del Recurso. Primero. Como concepto de impugnación en primer término se combate la determinación emitida en primera instancia, relativa a la incompetencia para conocer de la acción reconvencional, bajo el argumento de que los numerales en que la autoridad jurisdiccional fundó la misma, son incorrectos, y en todo caso llevan a cabo previsiones que ni siquiera contemplan lo relativo a la competencia de una autoridad para conocer de un asunto en específico, motivo por el que solicita la revocación de la determinación emitida en la audiencia preliminar. Segundo. Como segundo agravio se hace valer por la parte recurrente la violación al principio de igualdad entre las partes, tomando en cuenta que por un lado el titular del órgano jurisdiccional sí toma en cuenta el contenido del convenio por los contendientes celebraron al momento de llevar a cabo el procedimiento de disolución del vínculo matrimonial, relativas al inmueble materia de la controversia, para el efecto de atender la acción principal, pero no así el contenido de lo expuesto en la reconvención planteada por la parte demandada del juicio principal; es decir, por un lado se considera factible por el juzgador en la acción principal, conocer de las cláusulas contenidas en el acuerdo volitivo por ellos expresado en su divorcio, pero por otro lado considera que las prestaciones reconvencionales, al ser de materia familiar, y estar contenidas en el divorcio, deben ser planteadas ante el juzgador de la materia en comento. Analizados los conceptos de impugnación, se advierte que el marcado como segundo resulta fundado y operante para obtener la variación en el contenido de la determinación emitida durante la celebración de la audiencia preliminar, y por la que el juzgador estimó que era incompetente. Para lo reseñado se atiende en forma primordial que el ejercicio de la acción reconvencional descansa sobre el hecho de que la demandada en lo principal, alega una copropiedad sobre el inmueble materia de la controversia, por haberse adquirido el bien mismo, durante la vigencia del matrimonio; por sí misma invalidada, en el supuesto de que sea demostrada dicha copropiedad. Asimismo se sostiene lo operante del agravio señalado, pues el juzgador primario atiende el contenido de las cláusulas relativas a la utilización del inmueble por la demandada, para el efecto de declarar en todo caso la terminación del comodato, por no así el contenido de la reconvención planteada para el efecto de decretar la nulidad de las cláusulas contenidas en el acuerdo de voluntades -relativas a la utilización del inmueble-, debiendo destacar a este respecto, que lo relativo a las cláusulas en que fue pactado el comodato del inmueble materia de la controversia, es atinente al uso y disfrute de un inmueble, siendo en este apartado específico intrascendente el hecho de que dicha porción se haya pactado en un acuerdo de disolución del vínculo matrimonial, o uno cuyo objeto primordial sea el inmueble propio. Así resulta rebatible que por una parte el juzgador se asuma competente para conocer de la acción principal relativa a las cláusulas en que se constituyó el comodato, y por otro lado se asuma incompetente para decretar la nulidad de las mismas cláusulas, en que descansa la acción principal, por razón de la materia, lo que en forma directa conculca el principio de igualdad, aunado a que la autoridad jurisdiccional considera su incompetencia en razón de que fue ejercitada vía acción reconvencional, una del Estado Civil; cuestión que resulta errónea, en tanto que si se atiende al contenido de lo peticionado vía de reconvención, lo solicitado es la modificación del estado civil del accionante en lo principal, pero para el efecto de que se establezca en la escritura del inmueble, que éste fue adquirido vía de reconvención, lo solicitado es la modificación del estado civil del accionante en lo principal, pero para el efecto de que se establezca en la escritura del inmueble, que éste fue adquirido estando el accionante casado bajo el régimen de sociedad conyugal con la demandada en lo principal, de ahí que la acción reconvencional planteada no resulta de naturaleza familiar, atendiendo la propia causa de pedir, sino la modificación de la escritura, en lo relativo a que cuando se adquirió el inmueble, el accionante se encontraba unido en matrimonio. Lo que en forma directa acarrea que el sustento jurídico en que lo apoya no sea aplicable, dado que, como se señaló no se plantea cuestión alguna relativa al estado civil del actor, lo que acarrea la procedencia del concepto de impugnación analizado. Aunado a lo reseñado, reiteramos que con independencia de que se haya llevado a cabo la celebración del comodato dentro de las cláusulas del convenio necesario para llevar a cabo la disolución del vínculo matrimonial por mutuo consentimiento ante la existencia de descendiente; el propio clausulado de dicho acuerdo, y relativo al inmueble materia de la controversia, se encuentra regulado en su naturaleza por el ordenamiento sustantivo de la materia, en lo atinente a la utilización de un inmueble por el acuerdo de los contratantes, dentro del numeral 2396 del código sustantivo civil, de lo que claramente podemos advertir que la naturaleza de las cláusulas del comodato, con independencia de que se hayan pactado en un convenio de divorcio, son de naturaleza civil, de ahí que le surta competencia al juzgador primigenio para el conocimiento del asunto tanto en lo principal como en lo pretendido vía de reconvención. Tercero. Ahora, tomando en cuenta la procedencia del agravio expresado por la recurrente; habrán de determinarse los efectos de la misma. Así tomando en cuenta que el motivo de disenso hecho valer, busca la revocación de la determinación emitida en primera instancia, relativa a dejar de admitir el ejercicio de una acción reconvencional, el efecto que habrá de darse a la procedencia del agravio, es la de decretar la reposición del procedimiento, hasta la celebración de la audiencia preliminar, dentro de su etapa de depuración del procedimiento, misma en que se decretó la incompetencia del juzgador para conocer de la acción reconvencional, y deberá decretarse por el juzgador primario el análisis de la acción reconvencional hecha valer en la contestación, con la finalidad de que se provea lo conducente en el trámite de la reconvención, y conforme a ello, lleve a cabo de nueva cuenta la totalidad del proceso y el dictado de la sentencia conforme a derecho proceda. IV.- Conclusión. Con base en las anteriores consideraciones deberá revocarse la determinación tomada por el Juez octavo civil por audiencias del distrito judicial Bravos, para el efecto de que se atienda a la acción reconvencional hecha valer por la demandada en el principal, debiendo retrotraerse el procedimiento, hasta la etapa en que se decretó la determinación combatida, es decir el desahogo de la audiencia preliminar. V. Costas. No se realiza condena al pago de costas, al no encontrarnos dentro de los supuestos contemplados por el artículo 159 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. VI. Resolutivos. PRIMERO.- Se revoca la determinación emitida por el titular del Juzgado octavo civil por audiencias del distrito judicial Bravos, dentro de la celebración de la audiencia preliminar, debiéndose dar trámite a la acción reconvencional interpuesta por la demandada del principal. SEGUNDO.- Con motivo de la procedencia del concepto de impugnación, deberá el juzgador dejar sin efectos todo lo actuado con posterioridad a esta etapa. TERCERO.- Envíese testimonio de la presente resolución al juzgado de origen, y una vez transcurrido el término correspondiente, archívese el toca como asunto totalmente concluido, previas las notaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en sus conceptos de violación, la quejosa aduce esencialmente que la reconvención no solo versa sobre el contrato de comodato y la modificación de la escritura pública en cuanto al estado civil de los contratantes; sino que además, se refiere a la nulidad de las cláusulas quinta y sexta del convenio del que deriva el comodato, así como a todas y cada una de las prestaciones señaladas en el escrito de reconvención, sin que la Magistrada responsable se hubiere pronunciado exhaustivamente sobre todo lo anterior. Sin embargo, dicho concepto de violación resulta infundado, pues de la sola lectura de la resolución reclamada, se advierte que la Magistrada responsable, ordenó dejar sin efectos todo lo actuado (lo que incluye desde luego la sentencia dictada posteriormente) hasta la celebración de la audiencia preliminar, etapa de depuración del procedimiento, en la cual se emitió el acuerdo apelado, para que acto seguido el Juez natural decrete el análisis de la acción reconvencional hecha valer en el escrito de contestación de demanda principal, lo anterior, con la finalidad de que se provea lo conducente en el trámite de la reconvención y lleve a cabo de nueva cuenta la totalidad del proceso, dictando sentencia, en su oportunidad, conforme a Derecho. Esto es, la Magistrada responsable ordenó tramitar, en su totalidad, la reconvención planteada por la aquí quejosa, demandada en lo principal en el juicio natural y actora reconvencionista, sin hacer distinción alguna en cuando a cuáles prestaciones demandadas en la reconvención se debían admitir a trámite y cuáles no, sino que, se insiste, de forma general, ordenó dejar insubsistente todo lo actuado hasta el dictado del acuerdo apelado, para admitir a trámite la reconvención planteada. Por lo tanto, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, a la quejosa **********, contra el acto reclamado a la Magistrada de la Tercera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, consistente en la resolución dictada el treinta de enero de dos mil veintitrés, en el toca 277/22, mediante la cual revocó el acuerdo relativo al desechamiento de la reconvención planteada por la aquí quejosa, demandada en lo principal en el juicio natural, para que se diera trámite a la acción reconvencional por ella interpuesta. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejosa Hortensia Islas Castillo, en relación con el acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo, para los efectos precisados en la última parte del considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese en lista electrónica; personalmente a las partes quejosa, tercera interesada y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

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