Hipolito Rivas Contreras
Expediente 348/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 348/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Hipolito Rivas Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de cumplimiento de trece de junio de dos mil diecisiete, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de junio de dos mil diecisiete. VISTO para dictar la resolución de cumplimiento en el expediente de amparo indirecto *******, promovido por *******. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El tres de abril de dos mil diecisiete, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por *******. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a quien le reclamó: IV. ACTO RECLAMADO. Lo configura la Omisión de la H. Junta Especial Uno designada corresponsable, de actuar en apego a lo dispuesto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, pues con fecha 22 de marzo del 2017, inicié acción laboral en contra de las tercero interesadas ya reseñadas, por razón del despido injustificado del que fui objeto, y se señaló como fecha de audiencia inicial de Conciliación, Demanda y Excepciones el día 14 de junio del 2017 a las 10:10 horas, violando así el precepto legal anteriormente citado. [.] SEGUNDO. Concesión de amparo. En proveído de cuatro de abril de dos mil diecisiete, se admitió a juicio el amparo *******; se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; asimismo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; e integrado que fue el juicio, en lo que interesa a este cumplimiento se celebró la audiencia constitucional el nueve de mayo del año en curso, en la cual se determinó conceder el amparo, para que la Junta responsable efectuara lo siguiente: 1. Deje insubsistente el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio laboral *******, de su índice, únicamente la parte relativa al señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 2. Señale nueva fecha para la celebración de la audiencia bifásica, la cual deberá hacer del conocimiento a las partes, con diez días de anticipación a la celebración de la audiencia, cuando menos. 3. Al fijar la nueva fecha, en estricto acatamiento a lo establecido en el artículo 873, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, tome en consideración que la audiencia bifásica deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes al en que dicte el acuerdo con el que se dé cumplimiento a esta sentencia. TERCERO. Firmeza de la sentencia de amparo. En proveído de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, se declaró que la sentencia de amparo había causado ejecutoria, para todos los efectos legales y, como consecuencia de ello, se requirió el cumplimiento respectivo. CUARTO. Determinación emitida por la Autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria. Mediante oficio recibido en este juzgado el dos de junio de dos mil diecisiete, la Presidente, Representante Obrero y Representante Patronal de la Junta Especial Número Uno, de la Local de Conciliación y Arbitraje, remitieron impresión con sellos y firmas autógrafas del proveído de treinta de mayo del mismo año, en el cual dejaron sin efectos el acuerdo de veintidós de marzo de la presente anualidad, únicamente en lo referente al señalamiento de la fecha para la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, y en su lugar fijaron las nueve horas con veinte minutos del veinte de junio de dos mil diecisiete, para que tuviera verificativo la referida audiencia en el juicio laboral *******. Igualmente, remitieron copia certificada de las constancias de notificación a la parte actora del proveído de treinta de mayo del año en curso, en el que se fijó la fecha y hora para la celebración de la audiencia bifásica, así como las de emplazamiento al juicio laboral ******* realizadas a la parte demandada aquí tercera interesada *******. Documentales a las que se les reconoce valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. QUINTO. Vista a las partes. En proveído de cinco de junio de la presente anualidad, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa personalmente, con el oficio y documentales remitidas por la responsable, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento. SEXTO. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. El que suscribe procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Del análisis comparativo entre los efectos para los que se concedió el amparo a *******, y lo resuelto por la autoridad responsable, se colige que esta última dio cumplimiento a la ejecutoria federal, pues dictó un acuerdo el treinta de mayo de este año, en el que: 1. Dejó insubsistente el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio laboral ******* de su índice, únicamente la parte relativa al señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 2. Señaló nueva fecha para la celebración de la audiencia bifásica, la cual hizo del conocimiento a las partes, con diez días de anticipación a la celebración de la audiencia, cuando menos. 3. Al fijar la nueva fecha, en estricto acatamiento a lo establecido en el artículo 873, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, tomó en consideración que la audiencia bifásica debía celebrarse dentro de los quince días siguientes al en que dictó el acuerdo con el que se dio cumplimiento a esta sentencia, la cual se señaló para las nueve horas con veinte minutos del veinte de junio del año en curso. Conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, este Juzgador advierte que al realizar lo anterior, la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia Por lo expuesto, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable restituyó a la impetrante el goce de los derechos que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto *******, ha quedado cumplida. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa de este proveído, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; y por oficio a la Autoridad responsable. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 8******************** de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y del conocimiento de la autoridad responsable la circunstancia anterior. En la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto se otorgó la protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa, para efecto de que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en el expediente laboral ********************/********************7/********************209, realice lo siguiente: [.] ********************. Deje insubsistente el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio laboral ********************/********************7/********************209, de su índice, únicamente la parte relativa al señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 2. Señale nueva fecha para la celebración de la audiencia bifásica, la cual deberá hacer del conocimiento a las partes, con diez días de anticipación a la celebración de la audiencia, cuando menos. 3. Al fijar la nueva fecha, en estricto acatamiento a lo establecido en el artículo 873, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, tome en consideración que la audiencia bifásica deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes al en que dicte el acuerdo con el que se dé cumplimiento a esta sentencia. [.] En ese sentido, con fundamento en los artículos ********************92 y ********************93 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, remita las constancias con las que acredite el cumplimiento de la sentencia de amparo. Apercibida que de no hacerlo así dentro del término que se señala: a) Con fundamento en el artículo 238, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo actual, se le impondrá una multa que equivale a cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; y b) Se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en esta ciudad, para seguir el trámite de la inejecución de sentencia que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante los Tribunales de la Federación por la desobediencia cometida. Asimismo, según lo dispuesto por los arábigos ********************92, párrafo tercero y ********************94 de la Ley de Amparo vigente, debería de requerirse al superior jerárquico de la autoridad responsable para que ordene a la referida autoridad el cumplimiento de la ejecutoria; sin embargo, para efectos de dicho cumplimiento la citada autoridad no tiene superior jerárquico. Resulta aplicable la tesis 2ª./J.36/20****************************************(********************0ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 35********************5, del Libro IV, Tomo 4, Enero de 20********************2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 6********************2, 6********************7, fracción IV, 62******************** a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo ********************05 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. En razón de lo anterior, se conmina a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del término concedido, dé cumplimiento a la sentencia emitida en este amparo, lo cual deberá acreditarlo con las constancias respectivas. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria que autoriza y da fe, licenciada *************. Doy fe.
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SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de mayo de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El tres de abril de dos mil diecisiete, se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y turnada en la propia fecha a este juzgado, la demanda promovida por *******. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a quien le reclamó: IV. ACTO RECLAMADO. Lo configura la Omisión de la H. Junta Especial Uno designada corresponsable, de actuar en apego a lo dispuesto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, pues con fecha 22 de marzo del 2017, inicié acción laboral en contra de las tercero interesadas ya reseñadas, por razón del despido injustificado del que fui objeto, y se señaló como fecha de audiencia inicial de Conciliación, Demanda y Excepciones el día 14 de junio del 2017 a las 10:10 horas, violando así el precepto legal anteriormente citado. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de cuatro de abril de dos mil diecisiete, la demanda de amparo se registró con el número ******* y se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la quejosa reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, de Ciudad Juárez, Chihuahua: El retardo en la administración de justicia por parte de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, por la omisión de celebrar la audiencia de conciliación demanda y excepciones, dentro del término fijado por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo en el juicio laboral *******. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación en representación de la autoridad responsable, la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, aceptó la existencia de la omisión atribuida, lo que se corrobora con la copia certificada del acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, en el que se señalaron las diez horas con diez minutos del catorce de junio de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; documental a la que se le reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fue expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie, este Juzgado advierte que, en el caso, no se actualiza la existencia de alguna causa de improcedencia, ni que las partes la hubieran alegado, lo cual impone el análisis del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se contienen en la demanda de amparo, los cuales se dan por reproducidos en este apartado, en obvio de repeticiones, pues la Ley de Amparo no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, se estudian y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis, lo cual no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del contenido: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. El estudio de los conceptos de violación conduce a este Juzgado Federal a determinar lo siguiente: En la esencia de los motivos de disentimiento, el quejoso arguye la transgresión al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la Responsable no ha respetado los términos establecidos en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Antes de analizar el anterior motivo de desacuerdo, en principio es necesario referir que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una nueva reflexión en lo relativo a las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, determinó abandonar el criterio contenido en la jurisprudencia 2ª/J.45/2007, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 528 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, correspondiente al mes de abril de 2007, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES"; en el sentido de que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Apoya lo anterior, la tesis CV/2013 (10ª.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 732, Libro 1, Tomo I, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre de 2013, de rubro y texto siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J.45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Por lo anterior, el presente juicio de amparo debe delimitarse al análisis del acto reclamado y en consideración de la etapa en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, sin que se proyecte a etapas posteriores, ya que de persistir el retraso u omisión en el trámite del procedimiento laboral, ello deberá ser materia de un nuevo juicio de amparo. Ahora, también es necesario precisar que el presente asunto se estudiará y resolverá conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, toda vez que de las constancias que remitió la autoridad responsable junto con su informe justificado, se advierte que la demanda laboral se radicó el veintidós de marzo de dos mil diecisiete (foja 24). Dicho lo anterior, debe decirse que el concepto de violación sintetizado en párrafos precedentes resulta fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional solicitada. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordena: Artículo 17. [...] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial [...] Del precepto reproducido se desprenden los principios que rigen el derecho fundamental del individuo a la impartición de justicia en nuestro país, siendo estos: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Es decir, dicho mandato constitucional está encaminado a asegurar administración de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, por lo que es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que lo integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Sirve de sustento, a lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XV, mayo de 2002, página 299, con registro 922523, del rubro siguiente: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. Atento a lo anterior, el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, indica: (.) 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor. (.) Del análisis del dispositivo antes transcrito queda de manifiesto que los Tribunales del Trabajo están regidos estrictamente por la ley de la materia, la cual los constriñe a actuar y pronunciarse dentro de los términos y plazos que establece. Ahora bien, en el caso, de las constancias que obran en el presente asunto se desprende que mediante el proveído de radicación de demanda, dictado por la responsable, en el expediente número *******, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se señalaron las diez horas con diez minutos del catorce de junio de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones. Atento a ello, resulta evidente que la citada autoridad no tomó en consideración lo dispuesto por el mencionado artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que la fecha señalada para la celebración de la referida audiencia bifásica, excede notoriamente del plazo establecido por el dispositivo legal antes invocado, que prevé un máximo de quince días. En las relatadas circunstancias, se estima que la autoridad responsable, ha incurrido en la omisión que le atribuye la parte quejosa, vulnerando con tal proceder lo dispuesto en el citado numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, y por ende, conculcado los derechos contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Hipólito Rivas Contreras, para el efecto de que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el expediente laboral *******, emita un proveído en el cual realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio laboral *******, de su índice, únicamente la parte relativa al señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 2. Señale nueva fecha para la celebración de la audiencia bifásica, la cual deberá hacer del conocimiento a las partes, con diez días de anticipación a la celebración de la audiencia, cuando menos. 3. Al fijar la nueva fecha, en estricto acatamiento a lo establecido en el artículo 873, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, tome en consideración que la audiencia bifásica deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes al en que dicte el acuerdo con el que se dé cumplimiento a esta sentencia. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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