Hiram Rogelio Martínez Martínez

Expediente 1160/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1160/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
20/12/2018

Partes del expediente

  • Hiram Rogelio Martínez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    +Pral. 1160/2018 6-A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de diciembre de dos mil dieciocho. ... se advierte que transcurrió el plazo ... sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra la determinación de ... en la que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por******************** en consecuencia ...se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, para todos los efectos legales. Publicación de datos personales. ... la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional,... Archivo del expediente. ... ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. 3.1. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental ... 3.2. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN ... 3.3. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno impreso y electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. (...)

  2. Principal

    PRAL. 1160/2018 6-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de diciembre de dos mil dieciocho...Notifíquese personalmente..."

  3. Principal

    NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA. PRAL. 1160/2017 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de diciembre de dos mil dieciocho. 1. Demanda de amparo y registro. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio, el cuatro del mes que transcurre y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, promovida por *****, contra un acto del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; por tanto, con la boleta de turno de amparos indirectos, con la demanda y con este proveído, fórmese el expediente, mismo que deberá quedar registrado con el número 1160/2018. 2. Desechamiento. En el caso, se estima que debe desecharse de plano la demanda, en estricta observancia a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, pues, conforme a la lectura integral de la misma, queda de manifiesto que el medio de control constitucional que intenta por la vía indirecta, es evidente e indudablemente improcedente, por actualizarse la causa prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el numeral 113 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" La anterior disposición legal es el fundamento con el cual este órgano de control constitucional estima que se debe desecharse la demanda de amparo; además, es ineludible precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho; esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; por lo que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta, es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Tiene aplicación la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 180663, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Hiram Rogelio Martínez Martínez demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que hizo consistir en la omisión del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, de dictar acuerdo inicial o de radicación relativo a su escrito de demanda para dirimir un conflicto laboral, presentado el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, al ser servidor público en el referido Tribunal. Ahora, a fin de verificar si se está en una omisión sobre la contestación a la petición de la parte quejosa y la vulneración al derecho de petición, o en su caso, una abierta dilación o paralización del procedimiento, se estima necesario transcribir lo dispuesto en el artículo 8° constitucional: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; (.) A toda petición deberá recaer en acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". De lo anterior, se establece que todo funcionario público tiene el deber de atender toda solicitud realizada por el gobernado, la cual: I. Debe contenerse en un acuerdo, dictado en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla. II. Tendrá que ser congruente con la petición. III. La autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. IV. La autoridad no está obligada a proveer necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente; sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales aplicables al caso. V. Y, como regla general, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejerció el derecho. Lo que es acorde a la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 2167, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 162603, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." En ese orden, si bien el derecho de petición es un derecho del gobernado frente al poder público para que se le emita una respuesta dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, en el caso, se estima que no se está en el supuesto de excepción para la procedencia del juicio de amparo, pues no se advierte una abierta dilación para emitir una respuesta por parte de la autoridad, ya que de los propios antecedentes que narra la parte quejosa, se puede advertir que el veinte de noviembre de dos mil dieciocho presentó ante el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca su escrito de demanda para dirimir el conflicto laboral por su injustificado despido. Lo anterior es así, porque de acuerdo a la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, debe sujetarse a los plazos y términos establecidos en esa norma. En efecto, los artículos 126 y 130 de la referida ley establecen: "CAPÍTULO ÚNICO Del Trámite, de la Sustanciación y de la Resolución Artículo 126. El servidor del Instituto que hubiese sido sancionado o destituido de su cargo o que considere haber sido afectado en sus derechos y prestaciones laborales, podrá inconformarse mediante escrito que presente directamente ante el Pleno del Tribunal, dentro de los quince días hábiles siguientes al que se le notifique la determinación correspondiente." "Artículo 130. La autoridad responsable deberá contestar dentro de los diez días hábiles siguientes al en que se le notifique la presentación del escrito del promovente." De los anteriores preceptos se deduce que el plazo para inconformarse por alguna sanción o destitución del cargo, deberá presentarse directamente ante el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; y que la autoridad debe contestar dentro de los diez días hábiles siguientes. En el caso, conforme a las manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad, realiza la parte quejosa se deduce: a) Que se desempeñaba como secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (foja 3). b) Que el veintinueve de octubre de esta anualidad se enteró que una persona ajena había presentado un escrito de renuncia con su supuesta firma y huellas dactilares (foja 3). c) Dado el injustificado despido del que fue objeto, el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, presentó en la Oficialía de Partes del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, un escrito de demanda para dirimir el conflicto laboral suscitado por su injustificado despido; sin que la autoridad hubiera dictado acuerdo de inicio o radicación (foja 4). En ese contexto, a estimación de este Juzgado, no se advierte en la omisión sobre la contestación a su inconformidad una abierta dilación o paralización del procedimiento para que la autoridad emita una respuesta; ya que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (cuatro de diciembre de este año), sólo habían transcurrido nueve días para que la autoridad responsable se pronunciara sobre su pretensión y estaba transcurriendo el último día; pues su escrito fue presentado el veinte de noviembre de dos mil dieciocho por la parte quejosa; incluso, ese día está declarado inhábil en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 74. Por tanto, no ha permitido que la autoridad analice su petición y con ello pueda dar, a la brevedad, una respuesta congruente. Máxime que el propio artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, también establece el término de diez días para dar respuesta a alguna petición que se realice. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1086, Libro 30, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, Registro 2011580, cuyo rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." También, sirve de apoyo a lo que antecede, la jurisprudencia VI.2o.T. J/4 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, publicada el 01 de diciembre de 2017, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2015780, de texto y rubro siguientes: "PROCEDIMIENTO LABORAL (ABIERTA DILACIÓN O SU PARALIZACIÓN TOTAL). PARÁMETROS QUE DEBEN CONSIDERARSE EN CADA CASO PARA DETERMINAR SU CONFIGURACIÓN. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", estableció que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, la autoridad que conozca del asunto debe sujetarse a los plazos y términos que los rigen, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones y que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente cuando se interponga contra actos de esta naturaleza, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, a menos de que del contenido de la propia demanda de amparo se advierta que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en tal caso, la demanda es procedente. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 445, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Novena Época, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Séptima Sección - Acceso a la Justicia, página 1497, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.", fijó el alcance del derecho fundamental garantizado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la obligación de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, debe atender a la naturaleza y carga de trabajo de los diferentes órganos jurisdiccionales, que implica un tiempo suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales, sin que los plazos y términos lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Así, partiendo de las anteriores premisas, para establecer cuándo se está en presencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, debe atenderse a las peculiaridades de cada caso concreto, como podrían ser: a) el plazo que prevé la ley respectiva para la emisión de la resolución de que se trate; b) la naturaleza de ésta; c) la complejidad del asunto; y, d) los antecedentes del caso, entre otros; sin que sea factible establecer un término fijo y genérico que aplique en todos los asuntos." Por lo anterior, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado contrario sensu, en relación con lo dispuesto en el numeral 113, todos de la Ley de Amparo; por evidente e indudablemente improcedente, se desecha de plano la demanda de amparo indirecto promovida por Hiram Rogelio Martínez Martínez. Por otro lado, conviene dejar en claro que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para la parte quejosa a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa; el quejoso debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición ocasionaría una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, la causa de improcedencia analizada constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por tanto, no configura una denegación de justicia. Sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables; máxime que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman. Es aplicable la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1587, Libro XIV, Noviembre de 2012, tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." 3. Domicilio y personas autorizadas. Por otro lado, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda; y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados 1) Rafael Roberto Sánchez Pérez y 2) Jesús Gerardo Martínez Mejía, por haberse encontrado registro de sus cédulas profesionales en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, mediante el acceso informático a la página ciber.cjf.gob.mx/RegProf. En tanto que a las restantes personas, únicamente por autorizados en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. Es aplicable al respecto, la tesis XXI.1o.P.A.50K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1384, del tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO". 4. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones y sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, desde ahora se habilita al actuario judicial adscrito, para que realice las notificaciones personales que se ordenen, en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano