Homero Flores Hernández

Expediente 207/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
207/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
16/03/2023

Partes del expediente

  • Homero Flores Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Autoridad rinde informe justificado. Agréguese el oficio con anexo, signado por la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Prueba. Asimismo, se le tiene remitiendo el expediente ********************, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, documental que será relacionada en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Se ordena formar tomo de pruebas Se ordena integrar las constancias que remite la autoridad oficiante, consistente en el expediente ********************, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en un tomo de pruebas correspondiente, por separado el cual deberá elaborarse la carátula respectiva. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del contenido de las constancias del expediente ********************, que remite la autoridad oficiante, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como actos reclamados: La omisión del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, de dictar resolución en el incidente de cancelación de pensión alimenticia que deriva del expediente ********************, de su índice, relativo a las Diligencias de Alimentos Provisionales. La omisión de suspender los depósitos en favor de ********************, en virtud que la menor de iniciales ********************, vive con el quejoso. La omisión del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, de dictar en el expediente ********************, de su índice, relativo a las Diligencias de Alimentos Provisionales, de emitir alguna medida para garantizar que los descuentos por concepto de pensión alimenticia decretaros a favor de la menor de iniciales ********************, sean dilapidados por su progenitora. La negativa de la autoridad responsable de proteger en favor de la menor de iniciales ********************, los descuentos que se siguen efectuando contra el quejoso. Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al efecto, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera de derechos del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se citan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Ahora, la referida causa de improcedencia se actualiza, dado lo reclamado por la quejosa; ello, al tomar en cuenta que esta autoridad debe delimitarse en función de las omisiones reclamadas. Y, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia lo siguiente: El seis de marzo de dos mil de dos mil veintitrés, se dictó la resolución correspondiente al incidente de cancelación de pensión alimenticia, derivado del expediente ********************, en el que declaró la cancelación que por concepto de alimentos se había decretado en favor de la adolescente identificada con las iniciales ********************; a razón del veintidós por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el quejoso ********************. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias antes relacionadas se evidencia que la omisión de dictar sentencia en el incidente de cancelación de pensión alimenticia reclamada por el quejoso dejó de existir, pues la autoridad responsable al emitir la resolución ejecutó lo pretendido por el quejoso; así como las diversas omisiones reclamadas. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser una abstención, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la finalidad de la resolución del presente juicio constitucional sería obligar a la autoridad responsable a que actuara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en los términos apuntados. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Efectivo apercibimiento tercera interesada. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la tercera interesada ********************no dio cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en el sentido de señalar domicilio en la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, ante este Juzgado Federal, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término de tres días contados a partir de la fecha en que quedara notificada del proveído en comento, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harían por medio de lista. En consecuencia y toda vez que la tercera interesada de referencia no dio cumplimiento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo, practíquense la presente y subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, a la tercera interesada ********************por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    ÚNICO. Se NIEGA a Homero...

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, siete de marzo de dos mil veintitrés. Designa asesor jurídico Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado de manera electrónica, por el Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Tlaxcala; a través del cual, en cumplimiento al proveído de veintiocho de febrero del año en curso, designa como asesor jurídico del menor de iniciales ********************al licenciado ********************Asesor Jurídico adscrito al citado Instituto Federal. En consecuencia, a fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional del menor de iniciales ********************téngase a ********************como su asesor jurídico, sólo para efectos del presente juicio de amparo. Se cita por analogía, la tesis II.4º.P 49 P (10a), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima, con registro digital 2025133, de rubro y texto siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR ESTE DERECHO AL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE CERCIORARSE, POR CUALQUIER MEDIO, QUE EL DEFENSOR DESIGNADO ESTÉ EN POSIBILIDAD REAL DE ASISTIRLO JURÍDICAMENTE, SIN QUE SEA NECESARIO QUE DICHO PROFESIONISTA ACEPTE Y PROTESTE EL CARGO. Hechos: En un juicio de amparo en materia penal el Juez de Distrito requirió a la defensora pública federal designada para asistir jurídicamente a los quejosos privados de la libertad, para que aceptara y protestara el cargo, mediante comparecencia o por escrito. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva al quejoso privado de la libertad, el Juez de Distrito debe cerciorarse, por cualquier medio, que el defensor designado esté en posibilidad real de asistirlo jurídicamente, sin que sea necesario que dicho profesionista acepte y proteste el cargo formalmente. Justificación: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), estableció que con la finalidad de que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, cuando una persona privada de la libertad en virtud de un proceso penal promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional debe prevenirla para que nombre a un abogado que la represente y, en caso de que no quiera o no pueda hacerlo, deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etcétera-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución General. De lo que se advierte que la Primera Sala del Alto Tribunal solamente precisó la obligación del Juez de Distrito de garantizar el derecho del quejoso -privado de la libertad- a la asistencia de un abogado, como condición de efectividad del juicio de amparo, que le permita ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pero no formalidad, en específico, en la designación del defensor, como lo es la aceptación y protesta del cargo -mediante comparecencia o por escrito-. Aunado a que dicha formalidad tampoco está prevista en la Ley de Amparo, y es propia del proceso penal." Quejoso ofrece pruebas y formula alegatos En otro aspecto, agréguese el escrito de cuenta signado por el quejoso Homero Flores Hernández, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngasele ofreciendo como pruebas de su parte la documental que adjunta a su ocurso, misma que se admite y desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en la audiencia constitucional. Por otra parte, con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que a título de alegatos formula, los que serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. No pasa inadvertido que las manifestaciones que vierte en el escrito de mérito, se encuentren dirigidas al incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo; sin embargo, en el punto petitorio primero, aduce que son manifestaciones de su escrito inicial de demanda, de ahí que se tomen en consideración en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

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