Hipolito Hernández Moreno
Expediente 1048/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1048/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Hipolito Hernández Moreno
Actuaciones
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, diez de agosto de dos mil veintitrés. Cumple prevención. Agréguese el escrito signado por Javier Herrera Veana, autorizado del quejoso Hipólito Hernández Moreno, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de veintiocho de julio de este año...Desechamiento. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligación del órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo efectuar un examen integral al escrito de demanda, a fin de determinar si la misma es procedente o no, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone:... Desechamiento por falta de firma electrónica de la parte quejosa. Precisado lo anterior y después de un estudio minucioso del escrito de demanda, con apoyo en lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3°, 6°, Décimo Primero Transitorio, y 113 de la ley de la materia, este órgano de control constitucional estima que debe desecharse el libelo de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Para demostrar la causa de improcedencia que se propone, este Juzgado de Distrito procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción de los artículos señalados que considera resultan aplicables al caso concreto. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...- Ley de Amparo... Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] DÉCIMO PRIMERO. El Consejo de la Judicatura Federal expedirá el Reglamento a que hace referencia el artículo 3o del presente ordenamiento para la implementación del Sistema Electrónico y la utilización de la firma electrónica. Asimismo el Consejo de la Judicatura Federal dictará los acuerdos generales a que refieren los artículos 41 Bis y Bis 1 del presente decreto, para la debida integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito. Las anteriores disposiciones deberán emitirse en un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto". El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, indica que el juicio de amparo es improcedente cuando se actualiza una causal que resulte de alguna otra disposición de la ley, que en el presente asunto es la derivada de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la ley de la materia, pues el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Lo anterior es así, en razón de que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anteriormente referido es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio el juicio de amparo, ni que se restablezca el orden constitucional, que deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales del quejoso. En ese orden de ideas, debe precisarse que la firma es el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital. Ahora bien, de conformidad con los artículos transcritos en párrafos que anteceden el juicio de amparo puede promoverse en forma electrónica mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, por lo cual el cuatro de julio de dos mil trece, se emitió el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico. En dicho ordenamiento se estableció la regulación de las bases de la firma y del expediente electrónico que se pongan a disposición de los justiciables por el Poder Judicial de la Federación, por lo que en su numeral 3°, se determinó que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) es el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, y se tendrán por presentadas siempre y cuando cuenten con el certificado digital respectivo y la firma mediante el uso de la FIREL, tal y como lo establece el artículo 4° de dicho ordenamiento que a la letra dispone: "Artículo 4°. Toda persona física, incluyendo a los servidores públicos, que pretenda tener acceso a la FIREL deberá obtener el certificado digital respectivo, conforme a lo siguiente: a) El certificado digital sólo podrá ser solicitado y autorizado a personas físicas, con independencia de que éstas sean representantes de personas morales públicas o privadas; b) Tendrá una vigencia de tres años contados a partir del momento en que es autorizado; c) La solicitud se realizará a través del portal del Sistema Electrónico; d) El solicitante llenará un formulario con datos para su identificación, al cual deberá anexar digitalizados y visibles, en archivo electrónico, su identificación oficial (credencial para votar, pasaporte, credencial expedida por la Suprema Corte, por el Tribunal Electoral o por el Consejo con resello autorizado, cédula profesional o cartilla del Servicio Militar), copia certificada del acta de nacimiento o, de la Carta de Naturalización o, del documento de identidad y viaje, así como su comprobante de domicilio; e) Enviada la solicitud para la obtención de un certificado digital de firma electrónica, previa revisión del formulario y la claridad de los anexos por el servidor público respectivo, el sistema de registro le entregará al solicitante un acuse de recibo que contenga el número de folio que le corresponda, así como fecha y hora para su presentación a la Unidad respectiva; f) Realizado lo anterior, el solicitante acudirá a las Unidades de atención establecidas por la Suprema Corte, el Tribunal Electoral o el Consejo, con el acuse de recibo señalado en el inciso anterior, así como con la documentación original que ingresó al sistema electrónico y proporcionará al servidor público designado por el área competente de los órganos del Poder Judicial de la Federación el número de folio del acuse mencionado y la dirección de correo electrónico proporcionada en la solicitud de la firma electrónica; g) El servidor público autorizado cotejará los archivos electrónicos de la documentación que obra en el sistema con la que le presenta físicamente el solicitante y, previo registro de los datos que requiera el lector biométrico con el que contará cada sitio de atención, en su caso, autorizará la emisión del respectivo certificado digital de firma electrónica; h) Otorgada la autorización mencionada en el inciso anterior, el sistema informático enviará un correo electrónico a la cuenta señalada por el solicitante, en el cual le indique que su firma electrónica certificada ha sido aprobada, así como las indicaciones a seguir para la obtención del certificado digital correspondiente; i) La renovación deberá efectuarse dentro de los treinta días anteriores a la conclusión de su vigencia. Si en ese lapso no se renueva el certificado digital de firma electrónica correspondiente, éste caducará y el interesado deberá formular una nueva solicitud; j) La Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, por conducto de la Unidad de Certificación que resulte competente en términos de lo señalado en el artículo 8 del presente Acuerdo General Conjunto, revocará un certificado digital de firma electrónica cuando así lo solicite el interesado a través del mismo medio por el que lo obtuvo, por causa de su muerte o por una causa que encuentre sustento en una disposición general; y, k) Una vez revocado no podrá ser utilizado, por lo que si el interesado requiere de otro certificado digital de firma electrónica tendrá que solicitarlo de nueva cuenta conforme al procedimiento establecido en el manual respectivo Artículo 5°. Todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL". Ahora bien, el uno de diciembre de dos mil quince, se emitió el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, el cual en su considerando Séptimo, se determinó lo siguiente: "[.] SÉPTIMO. De conformidad con lo previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, la Firma Electrónica que establezca el Poder Judicial de la Federación será el medio de ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para enviar y recibir demandas, promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, y producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, siendo conveniente que la regulación que rija la referida firma sea uniforme en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Consejo de la Judicatura Federal, lo que brindará mayor certeza a los justiciables y permitirá un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a esos órganos constitucionales;". En ese sentido, se determinó que el uso de la firma electrónica se validará mediante el Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), que es el Documento Electrónico expedido por las Autoridades Certificadoras Intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico remitido mediante el uso de la citada Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Lo expuesto se evidencia de la lectura del contenido de los artículos 72 y 76, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, que establecen: "[.] Artículo 72. Para la presentación de demandas de manera electrónica, con excepción de las promovidas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, los usuarios en la opción de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresarán su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 64 del presente Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad. Hecho lo anterior, señalarán en el botón de Demandas, el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, seleccionarán de un mapa la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, directamente a la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, utilizarán el formato o el texto en blanco que se encontrará a su disposición, agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y enviarán su demanda. Asimismo, podrán enviar junto con su demanda de amparo los archivos electrónicos que contengan los documentos anexos. [.] Artículo 76. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente". Así, el transcrito artículo 76 prevé que al presentar una demanda de amparo indirecto de forma electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción y que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica que corresponderá a la firma electrónica, en la que se mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, siempre que el certificado sea reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y esté vigente; a excepción de cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Se llega a lo anterior, toda vez que de acuerdo al escrito de demanda de cuenta recibido en línea y turnado a este Juzgado de Distrito por razón de turno, se advierte que la misma dice ser suscrita por el quejoso Hipólito Hernández Moreno; sin embargo, el escrito carece de firma electrónica del mismo, pues no obstante que en la parte final del mismo aparece un recuadro con evidencia criptográfica, la misma corresponde a diversa persona, esto es; a Javier Herrera Veana, autorizado de la quejosa, no obstante -se reitera-, la misma únicamente fue designada como autorizada en términos amplios y no es su carácter de apoderada legal del quejoso, en consecuencia, dicha evidencia criptográfica no autentifica la firma electrónica (FIREL), de quien la suscribe, como lo establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en su numeral 76. Resulta aplicable, la jurisprudencia Tesis: P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página: 79, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Época: Décima Época, Registro: 2019715, de texto y rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Ahora bien, no pasa inadvertido que dicho criterio de jurisprudencia, contiene una excepción para desechar las demandas presentadas en línea que carezcan de firma electrónica (FIREL), contenida en los supuestos que establece el artículo 109 de la ley de la materia; empero, en el presente asunto el acto reclamado lo constituye: En este sentido, toda vez que la parte promovente del amparo no agregó su firma electrónica, presentada en la vía electrónica, y al ser considerada la firma como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, su inexistencia implica el no ejercicio de la acción constitucional conforme a lo dispuesto por el artículo 6° de la ley de la materia, razón por la cual es procedente desechar la presente demanda de amparo. Puesto que la necesidad de que al intentarse el juicio de amparo, como en otras instancias, la identificación de la parte quejosa constituya un elemento esencial de la demanda pues de ello depende el objeto específico del juicio de amparo, en términos de lo ordenado en los artículos 73 y 77, del Acuerdo General Conjunto 1/2015. Esto, sin que pueda decirse que la falta de firma electrónica de la promovente del amparo constituya una irregularidad de la misma que deba mandarse subsanar en los términos señalados por el artículo 114 de la Ley de Amparo, porque un escrito sin la firma electrónica correspondiente no obliga a este órgano jurisdiccional a realizar acto alguno tendiente a darle curso pues al carecer de firma electrónica, debe considerarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna especie, tal como lo sostiene la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUBITABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA", misma que sirve de apoyo por sus consideraciones y aparece publicada en la página 70, del informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su Presidente al terminar el año de mil novecientos ochenta y ocho. Sirve de apoyo además, el contenido de la jurisprudencia VI.2o.C. J/5 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1594, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. AL SER LA FALSEDAD DE LA FIRMA DEL ESCRITO RELATIVO UN CASO ANÁLOGO AL DE LA AUSENCIA DE ÉSTA, LA ACCIÓN DE AMPARO ES IMPROCEDENTE. Si bien la falta de firma en el escrito de demanda de amparo torna improcedente la acción de tutela constitucional, ante la ausencia de voluntad para instar al órgano jurisdiccional, resulta un caso análogo al anterior el hecho de que durante la tramitación del juicio de garantías se sustancie la objeción de falsedad de la firma que calza el ocurso inicial de amparo, y éste resulte fundado, porque en ese supuesto no puede tenerse como válida la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional; por tanto, sobreviene la improcedencia del juicio en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 4o., ambos de la Ley de Amparo". Asimismo apoya la tesis visible en la página 542, del tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación; Octava Época, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA. NO SE CONVALIDA. La falta de firma de la demanda equivale a la ausencia total de manifestación de la voluntad, por lo cual, se trata de un acto inexistente, y el hecho de que, la recurrente haya exhibido la fianza para que surtiera efectos la suspensión de ninguna manera convalida la falta de firma dado que los actos inexistentes no son susceptibles de convalidación. El artículo 4o., de la ley de la materia preceptúa que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y sólo podrá seguirse por el agraviado, a través de su representante legal o de su defensor, por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3°, 6°, Décimo Primero Transitorio, y 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO promovida por Hipólito Hernández Moreno Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." ( Se desecha demanda de amparo por omisiones genéricas. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado en: La omisión de ejecutar el laudo de once de marzo de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente laboral C.D.T.785/2016-9 y acumulados, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala. En el caso concreto, de oficio este Juzgado de Distrito advierte que en relación al acto reclamado relativo a la omisión de ejecutar el laudo de once de marzo de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente laboral C.D.T.785/2016-9 y acumulados, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el 217, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte." De la interpretación armónica de las disposiciones transcritas, se colige que el juicio de amparo es improcedente por jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, como se puede advertir del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama una omisión genérica de ejecutar el laudo de once de marzo de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente laboral C.D.T.785/2016-9 y acumulados, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala; sin embargo, aun cuando ello ocurre, el acto reclamado debe estimarse de tal manera de que el mismo no es atribuible a la autoridad responsable, pues las actuaciones de ejecución en dicho procedimiento laboral del que deriva el acto reclamado están sujetas a la petición de las partes. Para corroborar lo anterior, resulta imperativo traer a colación las consideraciones esenciales que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación plasmó al resolver la contradicción de tesis 339/2011 en sesión del diecinueve de octubre de dos mil once, en donde señaló: La Ley Federal del Trabajo, en el título quince "Procedimientos de ejecución", capítulo I, sección primera, "Disposiciones generales", que comprende del artículo 939 al numeral 946, y en lo que aquí interesa, establecen: "Artículo 939. Las disposiciones de este título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación Permanentes y por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas." "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, corresponde a los presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación. "Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento." "Artículo 946. La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta, la cuantificada en el mismo." La sección segunda del mismo título regula el procedimiento de requerimiento de pago y embargo mediante las siguientes disposiciones: "Artículo 954. El actuario, tomando en consideración lo que expongan las partes, determinará los bienes que deban ser objeto del embargo, prefiriendo los que sean de más fácil realización." "Artículo 955. Cuando el embargo deba recaer en bienes que se encuentren fuera del lugar donde se practique la diligencia, el actuario se trasladará al local donde manifieste la parte que obtuvo que (sic) se encuentran y previa identificación de los bienes, practicará el embargo." "Artículo 957. Si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la persona, que bajo su responsabilidad designe la parte que obtuvo. El depositario debe informar al presidente ejecutor del lugar en que quedarán los bienes embargados bajo su custodia. La parte que obtuvo podrá solicitar el cambio de depositario." "Artículo 965. El actor puede pedir la ampliación del embargo: "I. Cuando no basten los bienes embargados para cubrir las cantidades por las que se despachó ejecución, después de rendido el avalúo de los mismos; y "II. Cuando se promueva una tercería. "El presidente ejecutor podrá decretar la ampliación si a su juicio concurren las circunstancias a que se refieren las fracciones anteriores, sin ponerlo en conocimiento del demandado." De la interpretación sistemática de las normas suprainsertas se obtiene, para lo que al caso interesa, que la ejecución de los laudos, lato sensu (artículo 939), corresponde al presidente de la Junta responsable, en dos momentos y modalidades diferentes. En primer término encontramos que el presidente, para el logro de tal fin y cumplimiento inmediato de la obligación que le impone la Ley Federal del Trabajo, debe dictar, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo, las medidas necesarias para que la ejecución de éste sea pronta y expedita, lo que debe hacer de manera oficiosa pues, en esta etapa, la indicada legislación no dispone que deba mediar previa petición, solicitud o impulso de la parte interesada en la ejecución. Ahora bien, esa primera etapa oficiosa se agota -con independencia de que el presidente haya efectuado actuación alguna tendente al cumplimiento del laudo o no- una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 precitado; así se infiere de la interpretación concatenada del indicado numeral, con el contenido del diverso 950, pues éste dispone tajantemente que transcurrido el término señalado en el artículo 945 (setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo a cumplir), el presidente, a petición del ejecutante, dictará auto de requerimiento y embargo, lo que significa que agotadas las medidas que hubiere adoptado el presidente de la Junta laboral para obtener el cumplimiento del laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación de éste, o bien simplemente una vez transcurrido ese término, si el laudo no se encuentra cumplido, debe mediar petición expresa del interesado para la continuación del procedimiento de ejecución En ese contexto, y ya propiamente dentro de la etapa de ejecución forzosa, tenemos que el artículo 954,(2) al regular el embargo, dispone que el actuario debe tomar en consideración lo que le expongan las partes, para determinar qué bienes deben ser objeto de la traba. El artículo 955(3) también prevé la intervención de quien obtuvo el laudo a su favor para el logro de tal fin y el diverso 957(4) dispone que si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la persona que bajo su responsabilidad designe el ejecutante, quien también tiene la facultad de solicitar el cambio de depositario, así como pedir ampliación de embargo (artículo 965). Las reseñadas disposiciones nos llevan a concluir que para llevar a cabo la segunda etapa del procedimiento de ejecución de un laudo (lato sensu), sí es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. (.) Ahora bien, dentro del contexto de la ejecución forzosa del laudo, no se debe perder de vista que los artículos 519 a 522(6) de la Ley Federal del Trabajo regulan la prescripción, y entre los derechos sujetos a esta figura jurídica, se encuentra en la fracción III del precepto citado en primer término, las acciones para solicitar la ejecución de laudos y convenios celebrados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Respecto de este último punto, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 91/97, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Tercero, Quinto y Sexto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, ambos en Materia de Trabajo, efectuó, entre otras, las siguientes consideraciones: (.) Dicha ejecutoria dio lugar a la tesis titulada: "LAUDOS. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE EJECUCIÓN." De los razonamientos expresados en la suprainserta ejecutoria, ha de retomarse para la contradicción de criterios que ahora se resuelve, la consideración medular de que la continuación de la ejecución del laudo es siempre a petición de la parte titular del derecho, y que dicha solicitud debe hacerse cada vez que sea necesario, so pena de que inicie o reinicie el término prescriptivo de dos años para ejecutar el laudo. Ahora bien, tal como lo señala el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 219/2006-SS, consideró, entre otras cuestiones, que: (lo transcribe) Partiendo de las premisas que se han establecido al inicio del presente apartado y considerando principalmente el hecho de que para la ejecución forzosa del laudo se requiere, en un segundo momento (inmediato posterior al transcurso de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación de aquél) la solicitud expresa de quien es titular del derecho a ejecutarlo, que la intervención de éste es necesaria para la traba del embargo, así como para el nombramiento o remoción del depositario judicial y aunado lo anterior a la circunstancia de que el derecho a la ejecución de la condena está sujeta al término prescriptivo que marca la propia Ley Federal del Trabajo, contrario a lo que resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, las jurisprudencias 2a./J. 44/2007 y 2a./J. 45/2007, que derivaron de la contradicción de tesis 216/2006-SS, tituladas: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS." y "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", no son aplicables a la etapa de ejecución forzosa del laudo. Lo anterior es así, pues como se ha demostrado, si bien es cierto que también en esa etapa el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción, de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba. Por esas razones es que no puede constreñirse al presidente de la Junta responsable para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, en los términos que indican los artículos 950, 954, 955, 957, 965 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, ni aun con la salvedad que apuntó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el sentido de que la autoridad estaría exenta de cumplir la sentencia de amparo en esos términos, cuando exista causa imputable a las partes o a otras autoridades, porque una protección federal con ese alcance generaría confusión y la posterior necesidad de dilucidar casuísticamente cuándo la dilación del cumplimiento de la sentencia de amparo se debe a "causa imputable a las partes" o bien el retraso obedece a la actuación u omisión de "otras autoridades", lo que a la larga se traduciría precisamente en lo que se quiere evitar, que es la dilación en el cumplimiento del derecho fundamental de justicia completa y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, debemos concluir que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión del presidente de la Junta laboral correspondiente, de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, el juicio de amparo sería improcedente, en términos de la fracción XVIII del artículo 73(8) de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74(9) del propio ordenamiento, porque estaríamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera al presidente ejecutor, transcurridas las setenta y dos horas posteriores a la en que surta efectos la notificación del laudo. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de garantías y en su caso del fondo del asunto, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debe constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Del precedente anterior derivó la jurisprudencia 15/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2771 del Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Los criterios trascritos, revelan que, tratándose del procedimiento de ejecución forzosa de laudos, pueden identificarse dos etapas; la primera, en donde el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje -o Tribunal, en este caso-, toma las medidas necesarias para lograr la ejecución del laudo, la cual tiene naturaleza oficiosa, y la segunda, que se sigue a instancia de parte, y en donde se exige la participación del ejecutante. Ahora, los criterios analizados son considerados por este juzgador como temáticos, de los que se puede desprender que siempre que se contemple la posibilidad de prescribir la ejecución de una resolución, se revela la carga procesal que recae sobre la parte que obtuvo una resolución favorable, por lo que el ejecutante está obligado a impulsar procesalmente la ejecución de la sentencia. Es por este motivo que en los casos en donde se reclame genéricamente la paralización del procedimiento de ejecución con motivo de la omisión de tomar las medidas necesarias para ejecutar resoluciones definitivas, y el ejecutante sea el obligado a impulsar procesalmente la ejecución de la sentencia, el acto deberá declararse inexistente, pues dada la naturaleza dispositiva del procedimiento de ejecución, la existencia de esos actos solo podrá responder a una petición previa. Apoya lo anterior, la tesis 1a. XVII/2018 (10a), publicada en el Semanario judicial de la Federación, Décima época, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." Por tanto, la omisión genérica de ejecutar el laudo de once de marzo de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente laboral C.D.T.785/2016-9 y acumulados, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, que reclama la parte quejosa, se requiere de una participación individualizada de la promovente para vincular a la citada autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo. Al respecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.), Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 1469, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda." Consecuentemente, se actualiza de manera notoria y manifiesta las causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Notifíquese; y, personalmente a la parte promovente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Hipólito Hernández Moreno por propio derecho, contra actos del Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1048/2023.II-A. Prevención Ahora, debe destacarse que el artículo 108, de la Ley de Amparo en vigor prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentran los establecidos en las fracciones II, IV y V, que a la letra señalan: ... Al respecto, de la revisión integral del escrito de demanda, se advierte que la quejosa reclama del Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala: De lo anterior, no se advierte con precisión la omisión y dilación que específicamente pretende combatir el quejoso, pues únicamente manifiesta de manera genérica la omisión y abierta dilación de ejecutar el laudo de once de marzo de dos mil veintiuno, emitido en el Juicio Laboral C.D.T.785/2016-9 y acumulados, sin especificar a qué acto procesal o impuso dado por la promovente se refiere. Asimismo, de los antecedentes plasmados en su escrito de demanda se advierte lo siguiente: De los antecedentes del acto reclamado, los cuales la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad se aprecia que el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, promovió demanda laboral en contra del Tecnosuelo Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitando la reinstalación en su trabajo, así como el pago de distintas prestaciones en virtud del despido injustificado del que fue objeto, misma que se radicó por la autoridad responsable Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, con número de expediente C.D.T. 785/2016-9 y se acumuló a los juicios C.D.T. 410/2017-9 Y C.D.T. 50/2019-9. Seguida la secuela procesal, el once de marzo de dos mil veintiuno, se dictó laudo en dicho expediente laboral, sin que se pueda advertir a qué fue condenada la demandada Tecnosuelo Sociedad Anónima de Capital Variable. Lo que evidencia que el quejoso no especifica el acto o actos que reclama, sino únicamente de manera genérica señala que la autoridad responsable no aplica todas las medidas necesarias que la ley le confiere, lo cual trae consigo consecuencias que de hecho y de derecho deriven de las omisiones; esto es, no precisa qué omisión en concreto reclama; o bien si se trata de una negativa o un acto positivo expresamente realizado por la autoridad responsable, lo que es necesario para para fijar la litis constitucional en el presente juicio de Amparo. De lo anterior, genera incertidumbre respecto al acto y/o actos que desea impugnar en la presente instancia constitucional. Por tanto, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108, fracciones II, IV y V y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: Señale de manera clara y específica el acto que reclama. Deberá señalar un acto u omisión en concreto, a fin de analizar la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada. Lo anterior, toda vez que es obligación de la parte quejosa referirse con exactitud respecto de las autoridades responsables y de los actos que a ellas se les reclaman, lo que debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que sólo así puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado; toda vez que resulta indispensable para este Juzgador Federal conocer los actos reclamados, para que, de ser procedente su demanda constitucional, las autoridades que señala como responsables, estén en aptitud de rendir sus informes justificados, además de que la parte quejosa señala ser parte actora en el expediente ******************** del índice de la junta responsable. Copias de escrito aclaratorio Con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, se le requiere para que al momento de desahogar la prevención anteriormente indicada exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: ... Apercibimiento Por tanto, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento antes formulado en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Comunicaciones no procesales. Con fundamento en lo establecido en el precepto 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se tiene a la parte recurrente proporcionando el correo electrónico que refiere, a través de los cuales se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************por contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales y, únicamente para oír y recibir notificaciones a ******************** por no contar con dicho registro. Consulta y notificación de expediente electrónico. Asimismo, con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 77 y 78, y considerando Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta y notificación del expediente electrónico a través del usuario ********************toda vez que se encuentra registrado, en la inteligencia de que el Actuario de la adscripción deberá realizar las notificaciones por la vía electrónica. Solicita uso de medios electrónicos. Finalmente, se autoriza el empleo de medios electrónicos, en términos de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Por su aplicación, se cita en apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada I.3o.C.725 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, con el rubro siguiente: ... Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. De las notificaciones a las autoridades responsable. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente a la parte promovente. ...
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