Honorio Ramirez Tepox

Expediente 853/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
853/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
10/11/2017

Partes del expediente

  • Honorio Ramirez Tepox
  • Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Tlaxcala.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Titular de la Delegación Regional del Instituto Federal de Defensoría Pública, a través del cual informa que la defensora pública designada Rebeca Orta del Villar, mediante oficio recibido el veintisiete de octubre del año en curso en la oficialía de partes de este juzgado federal, únicamente hace del conocimiento que solicitó apoyo de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Gobierno de Tlaxcala, a efecto que se designara un defensor que apoyara al aquí quejoso en la causa penal que se le instruye; empero dicha solicitud únicamente es para la causa penal de origen y no así para el juicio de amparo en que se actúa, por lo que manifiesta que, quien sigue representando en esta instancia constitucional al que quejoso Honorio Ramírez Tepox es Rebeca Orta del Villar, de lo que se toma conocimiento. Ahora bien, vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, en el cual se decretó el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento , pues en el presente asunto decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere dicho Acuerdo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General en comento , deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero . De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Finalmente, dado que las partes nada manifestaron con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles de dicha resolución y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio remitido como copia de conocimiento, signado por la Directora de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Gobierno del Estado, a través del cual informa que giró instrucciones para el efecto de que el Defensor Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, se entreviste con el interno Honorio Ramírez Tepox -quejoso- y le brinde el patrocinio legal que corresponda; sin embargo, debe decirse que la Defensora Pública Federal Rebeca Orta del Villar aceptó y protestó el cargo a ella conferido, en diligencia de diez de octubre de dos mil diecisiete, es por tanto, que es ella quien legalmente se encuentra facultada para asesorar a los peticionarios del amparo en el presente juicio. Ahora bien, de lo anterior, se desprende que la profesionista en comento, sin tener autorización alguna y desatendiendo al cargo que le compete, delegó facultades a la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Gobierno del Estado de Tlaxcala, para que fuera ésta quien asesore a los aquí quejosos; en consecuencia, hágase del conocimiento al Titular de la Delegación Regional Puebla, del Instituto de la Defensoría Pública, las decisiones tomadas por la Defensora Pública Federal Rebeca Orta del Villar, para que manifieste lo que a su representación corresponda.

  3. Principal

    Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Defensora Pública Federal del quejoso Honorio Ramírez Tepox adscrita al Instituto Federal de Defensoría Pública, por medio del cual informa que solicitó a la Titular de la Dirección de la Defensoría Pública del Estado de Tlaxcala, para que designe un defensor público que le asista al quejoso de referencia, toda vez que la que suscribe no tiene acceso al proceso penal 85/2010 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, de lo que este juzgado queda enterado para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio de cuenta y anexos que acompaña, signado por la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendido el informe justificado por la autoridad oficiante. De igual forma, se tiene por ofrecida la documental que anexa la autoridad responsable, consistentes en diversas copias certificadas que integran la causa penal 85/2010 de su índice, documental a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia Ahora bien, del informe justificado que se recibe, se advierte que la responsable, manifiesta que con fecha diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, expidió de forma gratuita al aquí quejoso las copias certificadas de la causa penal 85/2010 de su índice, instruida en su contra, por la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Leandro Vásquez Serrano; circunstancia que queda plenamente acreditada con la constancia de la data en cita que anexa al informe de mérito, en la que consta la firma autógrafa del peticionario de amparo, como signo de conformidad de la entrega y recepción de las citadas constancias. Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al expedirse y entregarse las copias certificadas de la causa penal instruida en contra del ahora quejoso, se pone de manifiesto que la omisión reclamada en el presente juicio de amparo ha cesado en sus efectos. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. ... Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: ... De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. ... Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." ... Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso reclama: la omisión de la autoridad responsable de darle contestación a su escrito de ocho de agosto de dos mil diecisiete, en el que solicita se le expida copia gratuita de la causa penal 85/2010 del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Lo que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: ... Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en el citado informe justificado, manifestó que no es cierto el acto reclamado; precisando al efecto que con fecha nueve de agosto del año en curso acordó el escrito a través del cual solicitó las copias respectivas y el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, expidió de forma gratuita al aquí quejoso las copias certificadas de la causa penal 85/2010 de su índice, instruida en su contra, por la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Leandro Vásquez Serrano; circunstancia que queda plenamente acreditada con la constancia de la data en cita que anexa al informe de mérito, en la que consta la firma autógrafa del peticionario de amparo, como signo de conformidad de la entrega y recepción de las citadas constancias. De lo anterior se desprende la cesación de efectos del acto reclamado, toda vez que si bien las copias que había solicitado y cuya omisión de expedición y entrega le atribuía a la responsable, aconteció el diecisiete de octubre del año en curso, tal y como se acredita con la copia certificada de la constancia levantada en la data en cita que la responsable anexa a su informe justificado, a través de la cual se evidencia la entrega y recepción de las copias certificadas solicitadas por el hoy quejoso, lo que pone de manifiesto que han cesado los efectos del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Por ende, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por tanto, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Finalmente, glósese el escrito de cuenta signado por el quejoso Honorio Ramírez Tepox, mediante el cual solicita que se sobresea el presente juicio de amparo, en virtud que han cesado los efectos del acto reclamado; al respecto dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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