Holanda Ramírez Alvarado

Expediente 1085/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1085/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
21/10/2022

Partes del expediente

  • Holanda Ramírez Alvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, la apoderada legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que el oficio de cuenta, no guarda relación con el presente sumario ni con algún juicio de amparo de este órgano jurisdiccional; devuélvase a su lugar de origen previa copia simple que se glose a los autos para que obre como constancia.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el ocurso de cuenta, a través del cual, la quejosa Holanda Ramírez Alvarado, desahoga la prevención realizada mediante proveído de siete de julio del año en curso. En ese sentido, se tiene por cumplido el requerimiento efectuado en autos, y se deja sin efectos el apercibimiento respectivo. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como actos reclamados: La integración de la carpeta de investigación NIC:CAJ/EOL/00/EXP/204/00425/21/11 NUC:LER/CAJ/EOL/054/327541/21/11. El citatorio de fecha ocho de junio del año en curso, suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de Tiaguistenco, de la Fiscalía Regional de Toluca, Estado de México, ordenado en la carpeta de investigación antes mencionada. Ahora bien, respecto de dichos actos, este juzgador advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento, pues este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en concordancia al diverso 6°, párrafo primero, de la legislación en cita y 107, fracción I, de la Constitución Federal. Para corroborar el anterior aserto, se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 6° de la Ley de Amparo, que en la parte conducente establece: "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Del precepto legal transcrito se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido y normas generales), que se sigue siempre a instancia de parte agraviada; es decir, el juicio constitucional puede promoverlo, únicamente, la parte a quien afecte el acto o la norma general reclamados. Por otra parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." La interpretación del precepto constitucional invocado permite establecer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, así como que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; por tanto, el requisito de procedencia del amparo consiste en que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo y que ese interés se vea agraviado. En relación con lo anterior, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." De la transcripción precedente se obtiene que para la procedencia del juicio amparo es requisito indispensable que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo y ese interés se vea afectado. En el caso particular, sólo se analizará el interés jurídico, pues al presentar la demanda de amparo, la parte quejosa no alegó la titularidad de un interés legítimo para accionar la vía constitucional. En ese sentido, es válido afirmar que el gobernado tendrá interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad o una norma general cuando demuestre la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, que el acto de autoridad afecta ese derecho; precisándose que tal afectación se materializa cuando se impone una obligación que antes no se tenía o si se elimina o restringe el derecho subjetivo de referencia. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de amparo no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le impone obligación, o bien, no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto. Sobre el particular, se cita por su aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, página 225, registro 170500, del contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." ...

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, -con anexos-; a través del cual, el secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, devuelve sin diligenciar, el exhorto 526/2022 de su lista, formado con motivo del diverso 246/2022-VIII (número de orden 246/2022) del índice de este órgano jurisdiccional, mismo que se remitió para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordenara a quien correspondiera, notificar personalmente a la quejosa Holanda Ramírez Alvarado el proveído de siete de julio del año en curso emitido en el presente sumario. Atento a lo anterior, téngase a la autoridad oficiante devolviendo la citada comunicación oficial por las razones ahí expuestas; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de comunicaciones oficiales y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la razón formulada por la actuaria judicial adscrita a ese Juzgado, se advierte la imposibilidad que tuvo de notificar personalmente a la quejosa Holanda Ramírez Alvarado, la determinación de siete de julio del año en curso, toda vez que, al constituirse en el domicilio que cita en la demanda de amparo, no pudo localizarla, por las consideraciones ahí vertidas. En ese sentido, toda vez que de autos no se advierte domicilio diverso de la quejosa, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), notifíquese el auto de fecha siete de julio pasado, así como las futuras determinaciones por medio de lista, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale diverso domicilio procesal. ... Toluca, Estado de México, siete de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo, promovida por Holanda Ramírez Alvarado, por derecho propio, contra actos de la Fiscalía General del Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1085/2022-VIII. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, previo a la admisión de la demanda, el Juez de Distrito debe examinar la misma y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. Por tanto, con fundamento en lo establecido en los artículos 114, fracción II, en relación con el diverso 108, fracción V, de la Ley de Amparo, dado que es requisito formal para la presentación de la demanda entre otros, que el promovente precise el acto que reclamado en la presente vía constitucional, se considera pertinente requerir a la parte quejosa para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, y sabedora de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo a los que declaran con falsedad para tener una ventaja procesal indebida, realice lo siguiente: a).- Señale con precisión el acto reclamado del cual se adolece, pues del apartado denominado "IV. ACTOS U OMISIONES QUE SE RECLAMAN DE CADA AUTORIDAD", se aprecia que reclama: ."los actos de integración de una investigación por parte de las autoridades responsables y en contra de la QUEJOSA". Asimismo; del apartado referente a los "VII LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN", la quejosa manifiesta: ."el Acto de Molestia materia del presente Juicio de Amparo, como ha quedado descrito en líneas anteriores, deriva del supuesto citatorio hecho Ilegar por policías de Investigación." Y en el apartado indicado como "SUSPENSIÓN", solicita lo siguiente: ."se suspenda cualquier acto de investigación en su contra." Lo anterior con la finalidad de obtener mayores elementos que permitan a este órgano jurisdiccional conocer con precisión lo reclamado y, estar en aptitud de pronunciarse sobre la procedencia del juicio que se intenta. Es aplicable al caso, la tesis del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." Y la jurisprudencia III.2o.C. J/3, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 84, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA. De la lectura del artículo 146 de la Ley de Amparo, se viene a conocimiento que para que proceda un requerimiento previo a la admisión de una demanda de garantías y se pueda, en su caso, tenerla por no interpuesta, es necesario que exista irregularidad en el escrito en que se formula; omisión de alguno de los requisitos que señala la ley de la materia; que no se indique con precisión el acto reclamado, o que no se exhiban las copias reglamentarias. En esas condiciones, si la prevención que manda hacer un juez de Distrito no encuadra en alguno de esos supuestos, resulta evidente que el auto ulterior que la tiene por no interpuesta causa agravio, porque las exigencias apuntadas son de tipo limitativo y no ejemplificativo." Es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el sexto transitorio de la Ley de Amparo, se continuarán aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada en tanto no se opongan a alguna disposición vigente. Apercibida que de no dar cumplimiento en los términos indicados, en el plazo establecido, se procederá conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En diverso contexto, dado que el quejoso señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en Calle Doctor Jiménez Número 210, Colonia Doctores, Ciudad De México, esto es, fuera del lugar de residencia de este Juzgado de Distrito; con fundamento en los artículos 124, 125 y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los diversos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, envíese exhorto electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a uno de los fedatarios de su adscripción, a efecto de notificar personalmente a la quejosa Holanda Ramírez Alvarado, el presente acuerdo, y lo requiera para que dentro del plazo tres días contado a partir de su legal notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este Juzgado de Distrito; apercibido que de no hacerlo así, las posteriores notificaciones, incluso las de carácter personal, se les realizarán por medio de lista en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual modo, se faculta al Juez exhortante para que desahogue todas aquellas diligencias que sean necesarias a efecto de dar cumplimiento a lo solicitado, incluso habilitar días y horas, en término del último párrafo del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, hecho lo anterior, se sirva devolverlo a este Juzgado Federal. Ahora, toda vez que se encontró registro del usuario "Zul_J05", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente electrónico que deriven de este asunto; asimismo, en relación al correo electrónico que proporciona, se tiene únicamente como contacto de la parte quejosa, esto para acordar previamente la realización de la notificación, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. En otro orden de ideas, se tiene por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Edgar Gustavo Rendón Escandón, ya que cuenta con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente; y en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo a las diversas personas que refiere; limitación que se establece hasta en tanto cuente con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberá hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Ahora bien, en atención a la solicitud expresa de la impetrante de garantías acerca de la autorización para el uso de medios electrónicos, a partir de esta fecha se le permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, empero se le informa que deberá conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Así también, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. También se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ténganse por recibido el escrito de cuenta; a través del cual, Jorge Luis Zul Blanco, autorizado de la quejosa, solicita se habilite la consulta del expediente electrónico del presente sumario constitucional. Atento a lo anterior, de conformidad con el artículo 24 de la Ley de amparo, no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado, en virtud de que el promovente únicamente se tuvo por autorizado para oír y recibir notificaciones dentro del presente sumario, mas no goza de las facultades previstas en el artículo 12 de la misma Ley.

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