Holanda Ramírez Alvarado

Expediente 342/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
342/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Holanda Ramírez Alvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 24 del multicitado Acuerdo, se procederá a su destrucción. Luego, de conformidad con el referido Acuerdo General, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 20, fracción I, del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. d) El cuaderno del incidente de suspensión, es destruible, de conformidad con el artículo 20, fracción III, toda vez que se negó la suspensión definitiva. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 20 del Acuerdo en comento, el presente expediente y el Incidente de suspensión permanecerán en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años. Además, de conformidad, con el artículo 34 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ténganse por recibidos los escritos de cuenta, suscritos por Holanda Ramírez Alvarado, a través del cual, con el primero de ellos revoca a su autorizado, nombra nuevos autorizados, solicita notificaciones vía electrónica y acceso al expediente electrónico. Atento a lo anterior, se tiene por revocada la autorización con anterioridad, y en atención a la certificación de cuenta téngase por autorizado en términos del artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo a Patricia Elizabeth García Sevilla, ya que cuenta con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico; y por lo que hace al resto de las personas que señala en su escrito se tiene por autorizados en términos del artículo 24, párrafo segundo de la citada ley, por no contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente, limitación que persiste hasta en tanto registre su cédula profesional, lo cual se deberá informar a este órgano federal. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Asimismo, se revoca el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones en su escrito inicial de demanda y, toda vez que de la certificación de cuenta se evidencia que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro del usuario "HolandaA"; en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico que deriva de este asunto; asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, la práctica de notificaciones a través de dicho medio; circunstancia de la que deberán tomar en cuenta los actuarios para el correcto ejercicio de sus funciones. Por otro lado, visto el estado de autos se advierte que no obran las constancias de notificación de la sentencia de veintinueve de agosto del dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el presente juicio de amparo; por tanto, se deja sin efectos el proveído de diecinueve de septiembre del año en curso; en consecuencia, se comisiónese a cualesquiera de los actuarios judiciales adscritos a este Juzgado de Distrito, para que notifiquen personalmente lo referido. Finalmente, por lo que respecta al segundo ocurso presentado, indíquesele al promovente que deberá estarse a lo acordado en el párrafo precedente. R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado, el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se mencionan a continuación: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. 3.1 C. JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANGO DEL VALLE, CON RESIDENCIA EN SANTIAGO TIANGUISTENCO, quien tiene la calidad de autoridad de Origen y Ordenadora. IV. ACTOS U OMISIONES QUE SE RECLAMAN DE CADA AUTORIDAD. 4.1 De las autoridad señalada en el numeral que antecede se reclama LAOMISIÓN de llamar a juicio a la suscrita Quejosa en el procedimiento ORDINARIO CIVIL bajo el número de expediente 179/2021, quien tiene el carácter de TERCERO EXTRAÑO A JUICIO, lo anterior debido a que dentro del procedimiento judicial llevado ante la Responsable, deriva que la suscrita posee INTERÉS JURÍDICO en atención a que el fallo de dicho Juicio pudiere afectar la esfera jurídica de la infrascrita como quedará precisado en los Conceptos de Violación que más adelante se detallarán. 4.2 La Sentencia Definitiva dictada dentro del procedimiento ORDINARIO CIVIL bajo el número de expediente 179/2021 de fecha OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS emitida por la autoridad responsable, misma de la cual se desconoce su sentido, atento a que como ha quedado de manifiesto, la suscrita no fue llamada a juicio para expresar lo que en derecho correspondiere." (sic). Actos reclamados que la promovente del amparo señaló violaba los derechos protegidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Desechamiento y recurso de queja. Por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, previa prevención, se desechó la demanda; inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso el recurso de queja contra la resolución emitida por este Juzgado de Distrito, y posteriormente, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, declaró fundado el mismo. 3. Admisión. Por auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. 4. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede y que forma parte de esta determinación; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, ya que el acto se reclama de una autoridad jurisdiccional en materia civil, con ejecución material en el territorio donde este Juzgado de Distrito tiene competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, los actos reclamados se hacen consistir en: La falta de llamamiento o falta de emplazamiento al juicio ordinario civil con el número de expediente 179/2021, radicado ante el Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Distrito Judicial de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguitenco. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, con residencia en Tianguistenco, México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, debe tenerse por cierto el acto que se reclama a dichas autoridades; siendo aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 305, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Quinta Época, página 206, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se corrobora con las constancias que, como complemento a su informe justificado, remitió el Juez responsable, consistentes en copia certificada de todo lo actuado en el juicio 179/2021 de su índice. Constancias a la que, dada su naturaleza de documentales públicas, por ser emitidas por servidor público en uso de sus facultades, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por tratarse de una actuación judicial. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, Quinta Época, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. El estudio de las causales de improcedencia es de orden público y deben ser analizadas de manera preferente, sea que las partes lo aleguen o se adviertan de oficio, atento lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Determinación que, además, encuentra sustento en la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, identificada con el número 814, visible en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Y en ese sentido, del análisis de las constancias de autos, se estima que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Los artículos 61, fracción XII, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resienta una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" Establecen que es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la justificación del interés jurídico de quien promueve el amparo, es decir, la demostración plena de que existe un derecho legítimamente tutelado que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del juicio de amparo, pues para que tal situación acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. El interés jurídico del gobernado sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones que le asisten; razón por la cual, si los actos reclamados no se refieren a algún derecho perteneciente a esa esfera jurídica, entonces al acudir a la vía de amparo carece de interés jurídico para impugnarlos y, de ser así, debe declararse la improcedencia del juicio de amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis, ha sostenido que el interés jurídico es aquél reconocido por la ley y que no es otra cosa, sino lo que la doctrina llama derecho subjetivo, es decir, aquella facultad o potestad de exigencia, establecida en una norma del derecho objetivo, que supone la existencia de dos elementos inseparables, una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Sobre el particular, por las razones que informa, se inserta la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXX, página 568, que establece: "INTERÉS JURÍDICO, NATURALEZA DEL. Aunque manifieste el quejoso que el acto reclamado afecta a su interés económico, éste es diverso del interés jurídico y si bien es cierto que toda situación favorable a la satisfacción de una necesidad resulta un interés, éste no siempre puede calificarse de jurídico, pues para que tenga este carácter es menester que el derecho objetivo lo tutele a través de alguna de sus normas y si no lo hace así, el puro interés material no puede ser protegido por el juicio de garantías." Con lo cual, es válido extraer los siguientes elementos del interés jurídico, a saber: a) la existencia de un derecho establecido en una norma jurídica (derecho objetivo); b) la titularidad de ese derecho por parte de una persona; c) la facultad de exigencia para el respeto de ese derecho; y d) la obligación correlativa a esa facultad de exigencia. De ahí que, el interés jurídico, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, es decir, el interés y legitimación procesal, están íntimamente ligados con el elemento perjuicio, como se desprende de lo establecido por el artículo 5, inciso I, de la ley de la materia, que regula que son partes en el juicio amparo, entre otros, el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados, violan los derechos previstos en el artículo 1 de la citada legislación y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; asimismo, que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que un acto de autoridad que se reclama a través de la vía constitucional, causa perjuicio a una persona cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos, sea en su persona, patrimonio o derechos, y es entonces cuando nace la acción anulatoria de la violación reclamada, a través del juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 72, Séptima Época, página 55, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: 'El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona'. Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, 'no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados' (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Sentado lo anterior, debe ahora decirse que la ahora quejosa acude a ejercer la acción constitucional, ostentándose como tercera extraña al juicio de origen, reclamando la falta de llamamiento o emplazamiento juicio ya que dicha sentencia afecta sus intereses, ya que ella indica que celebró únicamente contrato de compraventa con Elpidio Roberto Ríos Garduño, refiriendo el temor de que se usen su nombre y supuesta firma en documentos apócrifos y carentes de validez legal para generar un lucro indebido, por el inmueble que dice refirieron haberle comprado, por lo cual pudieran existir consecuencias jurídicas futuras en su contra. Sin embargo, en el presente caso, del análisis de las constancias que integran el juicio 179/2021, se advierte que Daniel Eutimio Vega Mares demandó a Elpidio Roberto Ríos Garduño, en la vía Ordinaria Civil la acción Plenaria de Posesión, del inmueble ubicado en Calle Cuauhtémoc, número veintidós, Barrio de San Juan, Municipio de Xalatlaco, Estado de México. Siendo que ello no afecta algún derecho subjetivo de la quejosa, en razón de que actualmente ya no es de su propiedad, como se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable, y de las constancias de origen no se advierte que, con motivo de lo anterior, se haya emitido acto alguno que mine sus derechos fundamentales. Y es que el demandado en el procedimiento de origen, y por lo tanto el obligado al cumplimiento de la sentencia es Elpidio Roberto Ríos Garduño; ya que lo que se dilucido es quien tiene mejor derecho de posesión sobre el bien inmueble ahí reclamado. Es decir, de lo antes relatado, se aprecia que la ahora quejosa no es parte en el procedimiento de origen, esto es, que es tercera extraña al juicio natural, y que la determinación reclamada se dictó en contra de Elpidio Roberto Ríos Garduño. Luego, la ahora quejosa tiene la carga de demostrar su interés jurídico para promover el juicio de amparo; sin embargo, del material probatorio que obra en autos, no se acredita que, tuviera un derecho preconstituido a la emisión del acto reclamado, que pudiera defender en la vía constitucional. Ello es así, pues se insiste que lo que se controvirtió en el juicio 179/2021, del índice de la autoridad responsable es quien tiene mejor derecho de posesión sobre el bien inmueble ubicado en Calle Cuauhtémoc, número veintidós, Barrio de San Juan, Municipio de Xalatlaco, Estado de México. Sin que pase desapercibido que la parte quejosa refiera el temor de que se usen su nombre y supuesta firma en documentos apócrifos y carentes de validez legal para generar un lucro indebido, por el inmueble que dice; sin embargo, en primer término, no es materia del procedimiento de origen tal situación, pues no se advierte determinación en ese sentido, y en segundo lugar, en todo caso, lo referido se pudiera resolver en un juicio penal, y no en el juicio civil 179/2021, del índice de la autoridad responsable, con lo cual, se hace patente la falta de interés jurídico de la ahora quejosa en el presente juicio de amparo, pues era menester acreditar fehacientemente el acto reclamado, que afecta los derechos subjetivos públicos que le son otorgados por la ley; lo cual no acontece en la especie, pues si se reclama la falta de llamamiento o falta de emplazamiento al juicio ordinario civil con el número de expediente 179/2021, radicado ante el Juez del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, con residencia en Tianguistenco, México y no se prueba ese derecho medular respecto del bien inmueble que fue materia de la litis en el juicio natural, o bien se vea afectada su esfera jurídica con los actos remitidos, tampoco se acredita la afectación al interés jurídico de la promovente del amparo. Al respecto, se cita el criterio jurisprudencial 848, publicado en la página 578, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse de forma fehaciente y no inferirse solamente a base de presunciones." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de la ley invocada, procede sobreseer en el presente juicio de amparo por los actos y autoridad de que se trata. Cabe señalar que lo anterior no implica una denegación de la justicia o una afectación a los derechos fundamentales del solicitante del amparo, pues no es la obligación de este tribunal de amparo tramitar y resolver en el fondo el asunto sometido a su consideración en forma favorable a sus intereses, sino que se circunscribe a que a su demanda debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento, a las cuales debe apegarse la accionante de amparo, y entre las que se encuentra la causa de improcedencia advertida en el presente fallo. Es aplicable sobre el tema, la jurisprudencia VII.2o.C.J/23, publicada en la página 921, Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2006, Novena Época, con número de registro 174737, que establece: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Y en lo conducente la jurisprudencia III.2o.C.3 K (10ª), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Enero de 2013, Libro XVI, Tomo 3, Décima Época, que establece: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Finalmente, dado el sentido de la presente resolución, este juzgador se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo; lo que encuentra apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia 509, publicada en la página 335 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Vigencia jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. SEXTO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior en atención al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos y autoridades precisados en los Considerandos Segundo y Tercero de esta sentencia, por lo motivos expuestos en el diverso Cuarto de la misma.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual, la quejosa Holanda Ramírez Alvarado, solicita copias certificadas del contrato de compraventa remitido por la autoridad responsable. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídase en un tanto, las copias que solicita; lo anterior es así, pues la expedición de más de un juego de copias certificadas está condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante, es decir, la petición debe acompañarse de las razones por las cuales quien las requiere ocupa más de un tanto para ser acordada favorable; lo que en el caso no acontece, razón por la cual se provee en los términos precisados. N

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, en lo que interesa, en alcance a las constancias que anexó a su informe justificado, remite copia certificada del contrato de compraventa exhibido por el tercero interesado ********************, mediante promoción 2224. Luego, con las constancias que se reciben, dese vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. Finalmente, a efecto de integrar correctamente el juicio en el que se actúa, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional fijada para el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, y a su vez, se fijan las diez horas con quince minutos del veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, para su verificativo.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 5,602 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano