Hilda González Martínez y Otros.

Expediente 1124/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 86 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1124/2021
Año
2021
Actuaciones
86
Última actuación
24/04/2023

Partes del expediente

  • Hilda González Martínez y Otros.
  • Hilda González Martínez
  • Presidente Municipal del Municipio de Temascalcingo, Estado de México
  • Felipe Sánchez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 86.

  1. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, en esencia, acusa recibo de las constancias que se le remitieron a fin de sustanciar el recurso de revisión que hizo valer la quejosa ********************, contra la sentencia terminada de engrosar en diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, mismo que quedó registrado como recurso de revisión ********************de su estadística; circunstancia de la cual este juzgado de Distrito toma conocimiento. Cúmplase.

  2. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, once de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de siete de marzo de la presente anualidad, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión que hizo valer ** representante común de los quejosos, contra la sentencia terminada de engrosar el diecisiete de febrero del año en curso; asimismo, en dicho auto se ordenó que una vez que se integrara debidamente el expediente, se remitiera al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, para su substanciación. En consecuencia, toda vez que ya obran en autos las constancias de notificación practicadas a las partes del recurso en comento, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, los autos originales del expediente en que se actúa, escrito original de interposición del recurso y expresión de agravios, así como copia de éstos para el agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, a fin de substanciar el medio de impugnación en comento. Además, se reitera a la Oficial Judicial A adscrita, para que vincule el expediente electrónico a efecto de que el Tribunal Colegiado que conozca del recurso, esté en posibilidad de consultar las constancias que requiera. Cúmplase.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual, la Consejera Jurídica y Apoderada Legal del Ayuntamiento de Temascalcingo, Estado de México, en relación al diverso 6398/2023 de este índice, realiza diversas manifestaciones en relación al recurso de revisión interpuesto por Hilda González Martínez, representante común de los quejosos, contra la sentencia terminada de engrosar el diecisiete de febrero del año en curso. Atento a lo anterior, una vez que se remitan los autos originales de este expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, remítase dicho ocurso para los efectos legales a que haya lugar, previa copia del mismo que se agregue a los autos. Por otro lado, téngase como domicilio de la autoridad responsable para oír y recibir notificaciones, el correo electrónico que proporciona, ello de conformidad con citado el artículo 251, incisos a, g y h del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Además, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas que menciona; y se toma conocimiento del domicilio físico que refiere. Luego, visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de trece de marzo de la presente anualidad, se ordenó remitir el oficio 4601/2023 de este índice, dirigido al Titular del Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Temascalcingo, mediante correo electrónico, a fin de notificarle a esa autoridad responsable la sentencia dictada en este juicio de amparo. Sin embargo, al día de la fecha no obra constancia que acredite dicha circunstancia; por tanto, comisiónese de nueva cuenta al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional a fin de que remita el comunicado referido en el párrafo precedente mediante el correo electrónico proporcionado por la autoridad responsable referida, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1124/2021-VII, promovido por ***, en contra de actos del Presidente Municipal del Municipio de Temascalcingo, Estado de México, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado, el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ***, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que se mencionan a continuación: "III. La autoridad responsable tanto ORDENADORA como EJECUTORA.- a) El Presidente Municipal del Municipio de Temascalcingo, Estado de México, quien tiene su domicilio el ubicado en Benito Juárez 1, Colonia Centro, Temascalcingo, Estado de México, precisamente en el Interior del Palacio Municipal, Código Postal 50400. b) El Titular del Organismo Público Descentralizado Municipal para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Temascalcingo, con domicilio en Avenida de la Paz, esquina Miguel Hidalgo sin número, Interior del Ex Seminario, Colonia Centro, Temascalcingo, Estado de México. c) Comité del Agua Potable de la Comunidad de Santa Ana Yensu, La Mesa, Municipio de Temascalcingo, Estado de México, con domicilio en la Comunidad de Santa Ana Yensu, La Mesa, Municipio de Temascalcingo, Estado de México." "IV. Actos reclamados.- En los términos del artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos y las omisiones que reclamo de todas y cada una de las autoridades son: a) La omisión de proporcionarnos los servicios de suministro de agua potable para dar seguimiento a las medidas de prevención establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Secretaría de Salud de Gobierno Federal y la Secretaría de Salud del Estado en atención a la pandemia de COVID-19, lo cual coloca en peligro nuestra salud, nuestra integridad y nuestra vida. b) La omisión de proporcionarnos los servicios suministro de agua potable de forma permanente por la red de agua potable. c) Se reclaman todos los efectos y consecuencia de actos reclamados que se señalaron anteriormente." Actos reclamados que los promoventes del amparo señalaron violaban los derechos protegidos por los artículos 1, 4 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Desechamiento de la demanda de amparo y recurso de queja. Por auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo, por los motivos expuestos en el propio proveído; por lo que inconforme con dicha determinación, los quejosos interpusieron recurso de queja, mismo que conoció y resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien por ejecutoria de veinte de enero de dos mil veintidós, lo declaró fundado. 3. Admisión. En cumplimiento a la ejecutoria citada, y previo desahogo de prevención formulada a los quejosos, por auto de ocho de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. 4. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional, previos diferimientos, tuvo verificativo el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en términos del acta correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, ya que los actos se reclaman de autoridades en materia administrativa distintas de las judiciales, con sede en el territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, los actos reclamados se hacen consistir en: La omisión por parte de las autoridades responsables de proporcionar el servicio de suministro de agua potable a los quejosos, así como sus efectos y consecuencias. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Consejera Jurídica y apoderada legal del Ayuntamiento de Temascalcingo, Estado de México, y del Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Temascalcingo, Estado de México, al rendir sus informes justificados, negó la existencia de los actos reclamados de sus representados. Negativa que encuentra sustento, en tanto que en el expediente en que se actúa, se encuentra plenamente acreditado que el servicio de agua potable de la comunidad de ***, la Mesa, Municipio de ***, **, no es de carácter municipal, sino que corresponde al Comité de Agua Potable de la Comunidad de ***, la Mesa, Municipio de Temascalcingo, Estado de México, es decir, se encuentra fuera de sus facultades el servicio de agua potable que corresponde a los aquí quejosos, y por ende no tienen incidencia en el corte o negativa de otorgar suministro de agua potable. Lo anterior, sin que la parte quejosa ofreciera medio de convicción idóneo y eficaz con el que se controvirtieran dichas negativas; por lo cual, se está en el supuesto que al efecto establece la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, y por ende lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo por lo que a dichos actos reclamados y autoridades se refiere. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Materia Común, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan dicha negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Delegado del Comité de Agua Potable ****, La Mesa, Asociación Civil, ***, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los actos a ésta reclamados en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, deben tenerse por ciertos los actos que se reclaman a dicha autoridad; siendo aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 305, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Quinta Época, página 206, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Causas de improcedencia. El estudio de las causales de improcedencia es de orden público y deben ser analizadas de manera preferente, sea que las partes lo aleguen o se adviertan de oficio, atento lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Determinación que, además, encuentra sustento en la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, identificada con el número 814, visible en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." 1. Y en ese sentido, en el presente caso, como bien lo hizo valer la responsable, por lo que hace a los quejosos *****, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I (a contrario sensu), de la Ley de Amparo. Los artículos 61, fracción XII, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" Establecen, como presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la justificación del interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo; es decir, la demostración plena de que existe un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del juicio de amparo, pues para que tal situación acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. El interés jurídico del gobernado sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones que le asisten; razón por la cual, si los actos reclamados no se refieren a algún derecho perteneciente a esa esfera jurídica, entonces al acudir a la vía de amparo carece de interés jurídico para impugnarlos y, de ser así, debe declararse la improcedencia del juicio de amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis, ha sostenido que el interés jurídico es aquél reconocido por la ley y que no es otra cosa, sino lo que la doctrina llama derecho subjetivo, es decir, aquella facultad o potestad de exigencia, establecida en una norma del derecho objetivo, que supone la existencia de dos elementos inseparables, una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Sobre el particular, por las razones que informa, se inserta la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXX, visible en la página 568, que establece: "INTERÉS JURÍDICO, NATURALEZA DEL. Aunque manifieste el quejoso que el acto reclamado afecta a su interés económico, éste es diverso del interés jurídico y si bien es cierto que toda situación favorable a la satisfacción de una necesidad resulta un interés, éste no siempre puede calificarse de jurídico, pues para que tenga este carácter es menester que el derecho objetivo lo tutele a través de alguna de sus normas y si no lo hace así, el puro interés material no puede ser protegido por el juicio de garantías." Conforme a lo anterior, es factible obtener los siguientes elementos del interés jurídico, a saber: a) La existencia de un derecho establecido en una norma jurídica (derecho objetivo). b) La titularidad de ese derecho por parte de una persona. c) La facultad de exigencia para el respeto de ese derecho; y, d) La obligación correlativa a esa facultad de exigencia. De ahí que, el interés jurídico, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo; pues, el interés y legitimación procesal están íntimamente ligados con el elemento perjuicio, como se desprende de lo establecido por el artículo 5, inciso I, de la ley de la materia, que regula que son partes en el juicio amparo, entre otros, el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados, violan los derechos previstos en el artículo 1 de la citada legislación, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; asimismo, que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que un acto de autoridad que se reclama a través de la vía constitucional causa perjuicio a una persona cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos, sea en su persona, patrimonio o derechos, y es entonces cuando nace la acción anulatoria de la violación reclamada, a través del juicio de amparo. Como se aprecia en la jurisprudencia emitida por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 72, Séptima Época, página 55, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: 'El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona'. Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, 'no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados' (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Sentado lo anterior, debe ahora destacarse que los aquí promoventes acuden a ejercer la acción constitucional, respecto de: La omisión por parte de las autoridades responsables de proporcionar el servicio de suministro de agua potable a los quejosos, así como sus efectos y consecuencias Sin embargo, de las constancias de autos se aprecia que los ahora quejosos no acreditaron plenamente ser beneficiarios de la sociedad civil responsable; y por ende, es evidente que carecen de interés jurídico para impugnar en vía de amparo los actos que de dicha responsable se reclaman, pues éstos, de suyo, no afectan los intereses y derechos de los solicitantes del amparo. Ello es así, pues los aquí quejosos no acreditaron que fuera beneficiarios o parte de la sociedad civil responsable y que por ello tuvieran derecho de acceder a los beneficios y servicios por ésta ofertados, dado que no ofrecieron medio de prueba alguno para acreditar la pertenencia a dicha asociación, o bien las contraprestaciones que con ésta se celebraran. Con lo cual, se hace patente la falta de interés jurídico de los ahora quejosos en el presente juicio de amparo, pues era menester acreditar fehacientemente que los actos aquí reclamados afectan los derechos subjetivos públicos que les son otorgados por la ley; lo cual no acontece en la especie. Al respecto, se cita el criterio jurisprudencial 848, publicado en la página 578, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse de forma fehaciente y no inferirse solamente a base de presunciones." De este modo, si se reclaman actos de privación de un servicio otorgado por una institución, el supuesto básico en que descansa tal motivo de inconformidad es el derecho relativo a recibir dicho servicio; y si no se prueba ese derecho medular respecto de la pertenencia a dicha institución, o bien el contrato de servicios, o la contraprestación otorgada para recibirlos, tampoco se acredita la afectación al interés jurídico de los promoventes del amparo. Causa de improcedencia que no se actualiza respecto del quejoso ***, pues éste sí acreditó su pertenencia a la asociación civil responsable, así como el pago de la contraprestación relativa; lo anterior con los recibos de pago originales que exhibió y de los que se aprecia el pago por el servicio de agua potable, y que se concatena con el padrón de usuarios remitido por la responsable del que se advierte que se encuentra registrado ****; de ahí que, aunque por interpretación, y concatenando dichos medios de prueba, es que se advierte la acreditación del interés jurídico del referido solicitante del amparo, y por ende debe desestimarse la referida causa de improcedencia únicamente por lo que a éste se refiere. 2. Con relación a los quejosos ****, ***, ***, ***, ***, ****, ****, Esperanza *****, ****, ****, ***, ****, **** y ***, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo; mismos que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" Pues, de tales preceptos legales, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos fundamentales o las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal; siendo que tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En cuanto a este tema, tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1089, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Novena Época, Septiembre de 2011, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así como la tesis aislada P. XXVII/97, localizable en la página 118, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo V, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Febrero de 1997, que indica: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Lo expuesto evidencia que los actos ahora reclamados, consistentes en la omisión por parte de la aquí responsable de proporcionar el servicio de suministro de agua potable a los quejosos, así como sus efectos y consecuencias, no son un acto de autoridad para efectos del juicio constitucional, pues, como se aprecia del informe con justificación rendido por la responsable, así como de las constancias remitidas como complemento a éste, dicha circunstancia obedeció a la falta de contraprestación por parte de los aquí solicitantes del amparo respecto de la asociación civil en cuestión, pues des<de el uno de junio de dos mil veinte, se les hizo de conocimiento el adeudo en que incurrieron, por los que se les restringió el servicio de agua potable a sus domicilios, como se acredita con los requerimientos de pago respectivos. De esta manera, si de conformidad con los artículos 1, último párrafo, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, no puede ser equiparable a la autoridad responsable que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; y tampoco consiste en un acto de particulares que tengan el carácter de actos de autoridad, para efectos del juicio de amparo, pues, para que esto acontezca, es necesario que los actos equivalentes a los de autoridad, afecten derechos de los gobernados y dichas funciones estén determinadas por una norma general; entonces, en el presente caso, la decisión de restringir el servicio de agua potable a los usuarios aquí quejosos, por falta de pago, tiene su origen en disposiciones de orden privado, toda vez que los usuarios y beneficiarios de los servicios de dicha asociación, son precisamente los miembros de la misma, de ahí que dicho actuar es en un mismo plano, en tanto se advierte que la determinación correspondiente fue emitida en asamblea general de los integrantes. Y es que, no obstante que la determinación de no prestar servicios se traduce en un acto unilateral, lo relevante es que esa decisión se presenta en ejercicio del margen discrecional con el que la asociación civil cuenta para establecer a quiénes presta sus servicios y goza de sus beneficios, siendo en el presente caso, la aportación económica correspondiente. Es decir, una asociación civil no está obligada a permitir la introducción de personas ni dar sus servicios a todas las personas que así lo requieran, pues la asociación está facultada para analizar cada caso concreto, y determinar la pertenencia a la misma, así como si presta o no los servicios y beneficios que otorga, siendo en el presente caso, el relativo al servicio de agua potable. De ahí que, en el presente caso, se tiene por debidamente acreditado que los actos reclamados únicamente derivan de la pertenencia de los solicitantes del amparo a la asociación civil en cuestión, y su exclusión al beneficio de agua potable que de ésta obtenían, no solo por así precisarlo la responsable en su informe justificado, sino además con respaldo en las constancias remitidas por con dicho informe, en especial las asambleas generales de veintitrés de mayo de dos mil veinte y trece de febrero de dos mil veintiuno, así como los requerimientos de pago correspondientes; con lo todo lo cual se pone de manifiesto que el origen de las restricciones al servicio de agua potable aquí reclamado únicamente tiene origen en la relación establecida entre la responsable y los aquí quejosos, pues no se advierte que ésta haya derivado de la orden de diversa autoridad o circunstancia ajena a lo acreditado por la responsable. Inclusive, se estima que no es dable analizar si el actuar de la aquí responsable se ciñe a la normativa propia de la asociación civil de que se trata, entre los solicitantes del amparo y la responsable, pues, en todo caso, en el supuesto de que la señalada como responsable haya incurrido en un incumplimiento o violación a los términos correspondientes, esa es una cuestión que se deberá dirimir en la instancia ordinaria correspondiente ante los tribunales del orden común, y no, como lo pretende la ahora quejosa, en un juicio de control constitucional en el que únicamente es factible el análisis de los actos de autoridad. Razones por las cuales, resulta inconcuso que la decisión de restringir el servicio de agua potable domiciliada a cargo de los accionantes del amparo, a pesar de ser un acto unilateral, no constituye ni es equiparable a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que dicho acto de acuerdo con su naturaleza, es una acción derivada de la pertenencia de los aquí quejosos a la asociación civil de que se trata; por lo que esta última está facultada para analizar cada caso concreto y determinar si presta o no los servicios que ofrece, y aun de resultar contrario a lo que contrataron, ello sería objeto de análisis ante la potestad común y no la de amparo. Orienta lo anterior, la tesis I.11o.C.38 K (10a.), del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, Décima Época, Materia Común, página 2747, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA ASOCIACIÓN CIVIL NO TIENE ESE CARÁCTER, CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, EN PERJUICIO DE UN PARTICULAR. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo establece que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad en los que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas del gobernado, en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría esas situaciones jurídicas, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por otro lado, los artículos 2670 al 2687 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que regulan las asociaciones civiles, las definen como un contrato constituido por varios individuos que convienen reunirse de manera no transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, el cual debe constar por escrito. Asimismo, se advierte que se rigen por sus estatutos y el poder reside en su asamblea general, lo que pone en evidencia que las partes contratantes celebran ese pacto de voluntades en un plano de igualdad, de manera voluntaria, y establecen los estatutos para su funcionamiento. Por ende, no se puede considerar a una asociación civil autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, cuando se reclama la violación de derechos fundamentales (impedirle el acceso a las instalaciones de la asociación) que produzca en perjuicio de un particular, lo pactado en un contrato celebrado en un plano de igualdad, pues actúa como ente particular y sus facultades derivan de la voluntad de sus contratantes, plasmada en sus estatutos, por lo que sus funciones no están determinadas en una norma general que le confiera atribuciones para actuar como una autoridad del Estado." Adicionalmente, debe destacarse que lo anterior únicamente atiende a la exclusión de los aquí quejosos del Comité de Agua Potable Santa Ana Yenshú, La Mesa, Asociación Civil, Temascalcingo, Estado de México, es decir, el servicio de agua potable domiciliada, pues, como se advierte de las asambleas correspondientes y de las constancias de requerimiento de pago, se aprecia que no se limitó el derecho de los quejosos de hacer uso de las tomas de agua públicas de la comunidad que se ubican en El Cárcamo, próximo a la malla ciclónica de la barda perimetral, y la diversa ubicada aproximadamente a treinta metros de la entrada principal a la escuela secundaria Emiliano Zapata, mismas que abastecen de agua a la comunidad. No se inadvierte que los ahora quejosos pretendieron argumentar que dichas tomas no contaban con agua potable; sin embargo, para tal efecto únicamente exhibieron videos y fotografías presuntamente de dicho lugar, sin que se encuentren concatenadas con diverso medio de prueba que dé certeza de que efectivamente se trate de tales tomas de agua, o bien que la falta de agua que denuncian sea la constante en ese lugar; esto último que de igual forma acontece respecto de la inspección judicial desahogada, pues ésta se llevó a cabo el doce de octubre dos mil veintidós, momento en el que no hubo flujo de agua, pero al tratarse de una cuestión que requiere de observación constante, es evidente que no es dable de ser advertida solamente en el instante en que se desahoga la prueba en trato, ya que únicamente se acredita la falta de agua en ese momento (doce de octubre de dos mil veintidós), y no en todo momento. Es ilustrativa, en cuanto a su contenido, la jurisprudencia VI.2O. J/272, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 77, Mayo de 1994, Octava Época, visible a página 71, que dice: "POSESION. LA INSPECCION OCULAR NO ES APTA PARA PROBARLA. La inspección ocular no es suficiente para acreditar el hecho de la posesión de un inmueble, puesto que su única finalidad es que el juez mismo compruebe por sus sentidos la existencia de determinados hechos o circunstancias que en momento alguno se dicen existen, pero como la posesión requiere de una observación permanente, que no puede realizarse en una diligencia dada su duración tan limitada, no puede ser justificada por una simple inspección transitoria." Lo anterior es así, pues incluso hay pruebas en contrario, como lo son los testimonios de diversos vecinos de la zona, que refieren obtener agua por ese medio continuamente, por lo que el hecho de que en una ocasión no se haya podido acreditar el flujo de agua no implica que efectivamente no se pueda obtener el vital líquido por ese medio. En las relatadas condiciones, conforme a lo establecido por el artículo 61, fracciones XII y XXIII, esta última en relación con los diverso 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, al actualizarse las causas de improcedencia antes invocadas, con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la ley referida, procede sobreseer en el presente sumario constitucional. Cabe señalar que lo anterior no implica una denegación de la justicia o una afectación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, pues no es la obligación de este tribunal de amparo tramitar y resolver en el fondo el asunto sometido a su consideración en forma favorable a sus intereses, sino que se circunscribe a que a su demanda debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento, a las cuales debe apegarse la parte quejosa, y entre las que se encuentran las causas de improcedencia advertidas en el presente fallo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia VII.2o.C.J/23, publicada en la página 921, Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2006, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Y, en lo conducente, la jurisprudencia III.2o.C.3 K (10ª), publicada en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Enero de 2013, Libro XVI, Tomo 3, Décima Época, que establece: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Finalmente, dado el sentido de la presente resolución, no se permite a este juzgador el estudio de los conceptos de violación planteados por los accionantes del amparo; lo que encuentra apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia 509, publicada en la página 335 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Vigencia jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. SÉPTIMO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior en atención al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****, respecto de los actos y autoridades precisados en los Considerandos Segundo, Tercero y Cuarto de esta sentencia, por los motivos señalados en el precitado Tercero y el diverso Quinto de la misma.

Quedan 82 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 5,602 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano