Hiram Humberto Alarid Felix
Expediente 648/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 22 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 648/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 03/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Hiram Humberto Alarid Felix
- Yunuen Daniela Cazares Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Incidental
En Mérida, Yucatán, a las nueve horas con treinta y tres minutos del tres de abril de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la celebración de la audiencia en este incidente de modificación a la suspensión definitiva otorgada en este incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo 648/2022, interpuesto por la tercero interesada Muebles e Inmuebles del Sureste, sociedad anónima de capital variable a través de su apoderado Javier Armando Alonzo Peña. Estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, y como está ordenado en auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, se procede a celebrar la referida diligencia, sin la asistencia de las partes. Abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con las documentales a que hizo alusión la parte tercero interesada en su ocurso modificatorio relativo. A lo que la Jueza acuerda: Se tienen por relacionadas las pruebas de marras, las cuales se tienen por desahogadas en este momento, dada su propia naturaleza. Acto seguido, se abre el período de alegatos, y se da cuenta con que las partes no hicieron uso de ese derecho, por lo que se declara cerrada esta etapa y se procede a dictar la resolución correspondiente. Vistos, para resolver el incidente de modificación a la suspensión definitiva, previsto en el artículo 154 de la Ley de Amparo, relativo al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 648/2022; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito recibido por este órgano de control constitucional, el cuatro de marzo de dos mil veintitrés, Yunuen Daniela Cazares Soto e Hiram Humberto Alarid Félix solicitaron el amparo contra los actos que atribuyeron al Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida y a otras autoridades. SEGUNDO. Atento a lo anterior, se admitió a trámite el juicio de marras; siendo que, en estos autos incidentales, por interlocutoria de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, en lo que aquí interesa, se otorgó la suspensión definitiva de los actos reclamados por la parte quejosa del Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial y Actuario de su adscripción, que se hicieron consistir en las consecuencias derivadas del acuerdo de once de enero de dos mil veintidós, dictado en el procedimiento de Jurisdicción Voluntaria para la ejecución del convenio transaccional 365/2020, a través del cual se les ordena desocupar los locales comerciales marcados con los números 1 y 10.1, ubicados en el predio cuatrocientos diecinueve de la calle treinta y cinco, del fraccionamiento Polígono Itzimna Ciento Ocho, de esta ciudad de Mérida, en el término de veinte días. TERCERO. El diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se dio trámite al incidente de modificación a la suspensión definitiva planteado por la parte tercero interesada; por lo que se señaló día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, la que se desarrolló al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es competente para conocer y resolver el presente incidente de modificación a la suspensión definitiva, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 154 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Antecedentes de la incidencia planteada. En principio, conviene destacar que el numeral 154 de la Ley de Amparo, dispone expresamente que la resolución que niegue o conceda la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Así, la parte tercero interesada, en su escrito de incidencia, indica que el monto de la garantía que fue establecido en la interlocutoria que concedió la medida cautelar debe modificarse, pues en este momento ya se cuenta con elementos suficientes para determinar un monto distinto al que fue señalado en ese momento. Además, refiere que al momento de valorar discrecionalmente la cantidad para tal efecto, se tomó en consideración que el trámite del procedimiento de amparo tendría una duración aproximada de seis meses hasta su conclusión y, a la fecha, ha trascurrido más de un año sin que ello ocurra, por lo cual el monto señalado en su momento ha quedado superado a efecto de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran generar con motivo de la conexión de la suspensión. TERCERO. Análisis de la incidencia planteada. A efecto de estar en posibilidad de resolver la incidencia que nos atañe, es menester indicar que en interlocutoria de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, este órgano de control constitucional resolvió respecto de la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, concediéndola en cuanto a las consecuencias de los actos reclamados, para el efecto de que de que la parte quejosa no sea desalojada de los locales comerciales marcados con los números 1 y 10.1, ubicados en el predio cuatrocientos diecinueve de la calle treinta y cinco, del fraccionamiento Polígono Itzimna Ciento Ocho, de esta ciudad de Mérida; lo anterior, hasta que se dictare sentencia definitiva firme en el juicio de amparo del donde derivaba el incidente. Fijando como garantía para que surtiera efectos la cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), de manera discrecional, por los posibles daños y perjuicios que se pudiera ocasionar a la parte tercero interesada. En esa virtud, con motivo de la información proporcionada en el informe justificado rendidos por el Juez responsable, la parte tercero interesada planteó la presente modificación de la suspensión definitiva, indicando que en el convenio cuya ejecución dio origen procedimiento de ejecución 365/2020, se pactaron diversas prestaciones como consecuencia de no hacer entrega de los locales objeto del multicitado convenio. Así, la incidentista plantea que los posibles daños y perjuicios deben modificarse en atención a esos hechos que denomina supervenientes y refiere que su cuantificación debe establecerse tomando en consideración que la parte quejosa se comprometió a realizar pagos mensuales a su favor por la cantidad de doce mil setecientos cincuenta pesos y cuatro mil doscientos setenta y cuatro pesos, más el correspondiente impuesto al valor agregado. Por lo que señala que, a la fecha, han trascurrido once meses desde que se concedió la suspensión respetiva y por tanto, la cantidad aproximada para sufragar dichos incumplimientos asciende a los doscientos diecisiete mil doscientos veintes pesos con veinticuatro centavos. Cantidad a la que deben adicionarse seiscientos ochenta y nueve mil trescientos cuarenta pesos con sesenta y siete centavos, en concepto de la sanción establecida en la cláusula quinta del convenio de origen, por cada día que dure la ocupación una vez reclamada la devolución de los inmuebles. Ahora bien, en principio, en relación a los argumentos antes expresados; debe decirse que devienen infundados, como se verá a continuación. De la revisión de las copias certificadas del procedimiento de ejecución de convenio 365/2020 que se ofrecieron como prueba en este incidente de modificación, se advierte, como ha señalado la parte tercera interesada, que la empresa Muebles e Inmuebles del Sureste, sociedad anónima de capital variable, demandó la ejecución del convenio celebrado entre ella y Yunuen Daniela Cazares Soto y Hiram Humberto Alarid Félix el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, en donde se pactó una transacción para la desocupación y entrega de un inmueble. Así, en dicho contrato, tal y como ha referido la tercera interesada en sus argumentos de modificación, se establecieron las cláusulas que regirían esa transacción y las sanciones que derivarían de su incumplimiento. Luego, ante el aducido incumplimiento a las cláusulas pactadas la tercero interesada demandó la ejecución de dicho convenio ante el Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, quien admitió a trámite dicha solicitud y requirió a los aquí demandados para que en el término de tres días dieran cumplimiento al citado convenio. Seguido el trámite del procediendo de origen, el once de enero de dos mil veintidós, una vez notificada la parte demandada, se les concedió el término de veinte días para dar cumplimiento al convenio trasnacional ya descrito y entreguen desocupados los locales comerciales en el pactados; lo anterior, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, serían desalojados con el auxilio de la fuerza pública. De todo lo anterior, se advierte que en el procedimiento de origen no existe cuantificada una cantidad líquida a ejecutar con motivo del incumplimiento del convenio aducido por la aquí tercera interesada. Así, es importante destacar que conforme a los artículos 407 y 408 del Código de Procedimientos Civiles del Estado establecen que si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte demandada. Transcurrido dicho plazo, si la contraparte no expusiere nada dentro del término señalado, se decretará la ejecución por la cantidad que importe la liquidación; mas si expresare su disconformidad, con lo que exponga, fallará el tribunal dentro de tres días lo que estime justo. Luego de esto, la ejecución continuará su curso en la forma prevenida en el capítulo relativo a las sentencias dictadas por tribunales del Estado. Por tanto, lo infundado de los argumentos de la parte tercera interesada deriva de que pretende que a través de esta incidencia se cuantifique y reconozca la cantidad líquida que la parte demandada en el procedimiento de ejecución, aquí quejosa, deberá amparar como parte del convenio ejecutado y que se pretende recaudar. Lo que no constituye un hecho superveniente como precisa en sus argumentos ya que las condiciones en que nos encontrábamos al momento de conceder la medida cautelar y cuantificar discrecionalmente la cantidad que como garantía a los posibles daños y perjuicios debería otorgarse por la parte quejosa no han variado, pues hasta la fecha no existe cantidad líquida de condena cuantificada por el Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y que permita a esta juzgadora suponer un nuevo análisis al respecto. Esto es así, pues si bien existe prueba de la existencia del convenio celebrado entre las partes y las cantidades pactadas como contraprestaciones y sanciones en caso de incumplimiento, esta potestad no puede sustituir al Juez de origen y tomarlas como cantidades ciertas y ejecutables de forma unilateral, pues en todo caso esto corresponde a la autoridad de primera instancia. Atento a todo lo expuesto es que se considera improcedente modificar la cantidad establecida en la suspensión definitiva de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, a efecto de garantizar los posibles daños y perjuicios que con la medida cautelar pudieran generarse a la parte tercera interesada. No obstante lo anterior, en cuanto a la temporalidad que han tenido los efectos de la medida cautelar concedida a la parte quejosa, los cuales se han extendido a un año desde su concesión, esta juzgadora considera que resulta procedente la actualización del concepto referido puesto que, en su momento, para calcular el tiempo de la duración del juicio, se tomó en cuenta la dificultad jurídica del asunto, la complejidad de los temas involucrados, el número de partes interesadas, el lugar donde se decretó la suspensión y, en general, las cargas de trabajo del Tribunal Colegiado del Circuito en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito , lo que arrojó un plazo probable de seis meses para la culminación de este juicio a través de sentencia firme. Sin embargo, a la fecha es claro que esa percepción inicial ha sido superada y por tal razón e actualiza un supuesto para su modificación a fin de garantizar el derecho de una indemnización efectiva para la parte tercero interesada en caso de que la parte quejosa no obtenga una sentencia favotable. Así, en atención a que la resolución de los juicios de amparo directo no siempre ocurre durante los plazos legales, pues en la práctica pueden existir distintas cuestiones que generarán un aumento en el lapso para su resolución, se considera válido que la autoridad facultada para decidir sobre la suspensión pueda, fundada y motivadamente, aumentarlo, siempre y cuando advierta razones que en el caso concreto justifiquen que la duración del juicio se prolongará más allá de la regla general apuntada. Lo anterior, para que se restaure eficazmente el equilibrio perdido entre las partes ante la concesión de la suspensión del acto reclamado. En esa virtud, atento a lo expuesto por la parte quejosa en su escrito de modificación y tomando en cuenta que la única variable entre las condiciones que existían al momento de dictar la suspensión definitiva de dieciséis de marzo de dos mil veintidós ha sido el trascurso del tiempo y la expectativa de cuánto margen más sucederá antes de que el Tribunal Colegiado resuelva el asunto, resulta dable modificar la garantía fijada para que surta efectos la suspensión definitiva. En ese sentido, se reitera, respecto a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a modificar la cantidad fijada para que surta efectos la suspensión definitiva otorgada en interlocutoria de dieciséis de marzo de dos mil veintidós; en el entendido que dicha medida cautelar surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa, no constituye depósito dentro del término de cinco días siguientes a aquél en que quede legalmente notificado de este proveído, a su nombre, y a disposición de este Juzgado de Distrito, en la Sucursal del Banco del Bienestar, sita en esta ciudad, por la cantidad de $30,000 (Treinta mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas autorizadas por la ley, que se fija para garantizar posibles daños y perjuicios a terceros, que con la medida cautelar concedida podrían causarse, si la parte quejosa no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo respectivo; decisión que encuentra fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el monto establecido en el párrafo anterior, se fija tomando en consideración los seis meses adicionales que han transcurrido hasta la presente fecha y un plazo probable de tres meses más para la conclusión del asunto, lo que a criterio de este órgano de control constitucional, resulta suficiente para garantizar los daños y perjuicios que la parte tercero interesada podría resentir con el otorgamiento de la medida suspensional de carácter definitivo concedida en esta incidencia. Debiendo tomarse en consideración que si la garantía fijada se exhibe en billete de depósito, éste debe ser constituido ante el Banco del Bienestar, antes Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Instituto de Banca de Desarrollo (BANSEFI), esto de conformidad con el artículo 52, fracción I, del mencionado Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; con la aclaración de que este órgano jurisdiccional, no adquiere obligación alguna con relación a la obtención de intereses, rendimientos o contraprestaciones, pues dicho depósito no los genera, lo que deberá asentarse en el documento que se exhiba; igualmente, la parte que exhiba el depósito respectivo, en términos del artículo 32 del acuerdo antes aludido, deberá manifestar expresamente si en tal supuesto otorga su autorización expresa al Secretaria Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la Institución crediticia depositaria, información que le permita el control de dichos depósitos; por lo que en su caso, dicho billete debe ser exhibido con la leyenda que contenga la autorización expresa. Sirve de apoyo a lo expuesto en esta interlocutoria la tesis I.4o.C.11 K (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, con registro digital 2018424, que a la letra dice: TIEMPO PROBABLE DE DURACIÓN DE UN JUICIO DE AMPARO. ES HECHO SUPERVENIENTE, PARA INCREMENTAR LA GARANTÍA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La interpretación funcional del artículo 154 de la Ley de Amparo, relativo a que si la resolución que concede o niega la suspensión definitiva puede modificarse o revocarse, de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión, hace patente que el concepto hecho superveniente se refiere a las circunstancias posteriores a la concesión de la medida cautelar, distintas a las tomadas en cuenta para asumir la decisión. En ese supuesto se encuentra la prolongación del tiempo tenido en consideración por el Juez Federal, como probable para la resolución del juicio de amparo, si este factor sirvió de base para establecer el monto de la garantía, de manera que si, verbigracia, al otorgar la medida precautoria se aduce que el tiempo probable de duración del juicio es de seis meses, comprendidas las dos instancias, pero pasa este tiempo sin que se dicte sentencia, se actualiza un supuesto para la modificación de la interlocutoria, por un hecho superveniente, para que la garantía se extienda al tiempo adicional que tardará en resolverse totalmente el proceso constitucional. Así como, en analogía, la tesis P./J. 35/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2018983, que a la letra indica: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. FORMA DE CALCULAR EL PLAZO QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA A EFECTO DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 136 de la Ley de Amparo, la suspensión surte efectos desde el momento en que se pronuncia el acuerdo relativo y deja de surtirlos si dentro del plazo de 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Sin embargo, la ley citada no señala de manera específica el plazo para que se resuelva el juicio constitucional en la vía directa, a efecto de fijar el monto de la garantía respectiva; de ahí que, para determinarlo, debe atenderse al tiempo probable de su duración, pues precisamente durante ese lapso estará suspendida la ejecución del acto reclamado. Al respecto, la ley mencionada establece los siguientes plazos para tramitar y resolver el juicio de amparo directo: el artículo 178 prevé el de 5 días para que la autoridad responsable certifique las fechas de notificación y presentación, corra traslado al tercero interesado y rinda informe justificado; el artículo 179, el de 3 días para que el Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito provea sobre la admisión de la demanda; el artículo 181, el de 15 días para alegar o promover amparo adhesivo; el artículo 183, el de 3 días para turnar el expediente y el de 90 días posteriores para pronunciar la sentencia; y el artículo 184, el de 10 días siguientes a su aprobación para la firma del engrose. La suma de los plazos aludidos es de 126 días hábiles, que divididos entre los días hábiles del mes calendario (en general 22 por mes), dan un total de 5.7 meses, plazo al que deben agregarse los días para realizar las notificaciones de cada una de las actuaciones necesarias, relevantes e indispensables para poder tramitarlo; de ahí que se considere que, por lo general, el juicio de amparo puede durar 6 meses, siendo este último parámetro el que debe observarse para fijar el monto de la garantía correspondiente cuando la suspensión se solicita al promover el juicio de amparo; no obstante, en atención a que la resolución de los juicios de amparo directo no siempre ocurre durante los plazos legales, pues en la práctica pueden existir distintas cuestiones que generarán un aumento en el lapso para su resolución, se considera válido que la autoridad facultada para decidir sobre la suspensión pueda, fundada y motivadamente, aumentarlo, siempre y cuando advierta razones que en el caso concreto justifiquen que la duración del juicio se prolongará más allá de la regla general apuntada, sin perjuicio de que el tercero interesado pueda solicitar por hecho superveniente el aumento de la garantía por la demora en la solución del juicio. Asimismo, el plazo precisado puede disminuirse cuando la suspensión se solicite con posterioridad a la presentación de la demanda, para lo cual, habrá de atenderse al momento en el cual se solicita, pues el plazo de duración del juicio será menor. Lo anterior, para que se restaure eficazmente el equilibrio perdido entre las partes ante la concesión de la suspensión del acto reclamado. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Es parcialmente fundado el incidente de modificación de la suspensión definitiva planteado por la tercero interesada Muebles e Inmuebles del Sureste, sociedad anónima de capital variable a través de su apoderado Javier Armando Alonzo Peña; por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando de esta interlocutoria. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Alejandro Patrón Ballote, con quien actúa y da fe. Doy fe
- Incidental
MESA VI. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Javier Armando Alonzo Peña, apoderado legal de la moral tercero interesada "Muebles e Inmuebles del Sureste", Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual interpone incidente de revocación o modificación a la suspensión definitiva. Ahora bien, con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Amparo, se ordena la tramitación del INCIDENTE DE MODIFICACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, promovido por la tercero interesada en cita, por conducto de su apoderado legal, contra la interlocutoria de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictada en estos autos incidentales. Por lo tanto, según lo dispuesto por citado artículo que a la letra dice: "Artículo 154. La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión." Ahora, en términos del artículo 138, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, entréguese copia simple del escrito de cuenta a la parte quejosa, así como a las autoridades responsables. Por ende, con fundamento en el artículo 138 fracción II, de la Ley de Amparo, se fija como fecha para la celebración de la audiencia incidental de modificación, las NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Igualmente, con fundamento en el numeral 143 de le Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas a que hace referencia a la tercero interesada de marras, mismas que deberán relacionarse en la audiencia incidental relativa que nos ocupa. Por otra parte, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que el tercero interesado de mérito acompañó a su escrito de cuenta, consistente en copias certificadas del juicio de amparo del cual deriva el presente incidente, del presente incidente y del cuadernillo auxiliar formado con constancias del procedimiento de ejecución de convenio 365/2020, del índice de la autoridad responsable; fórmese tres cuadernos auxiliares con las referidas constancias, las que no estarán escaneadas ni formarán parte del expediente electrónico, pero estarán a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este Juzgado; lo anterior, de conformidad con el artículo 22 último párrafo y el diverso 23 ambos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado el siete de noviembre de dos mil veintidós, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el escrito de Javier Armando Alonzo Peña, apoderado de la persona moral tercera interesada "Muebles e Inmuebles del Sureste", Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual solicita copia certificada de todas las constancias que integran el presente incidente de suspensión; al respecto al no haber ningún inconveniente para esta Juzgadora, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágasele entrega por el conducto que indica las copias que solicita, previa identificación y recibo que se otorgue en autos. En relación con lo anterior, se hace del conocimiento de la parte solicitante que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico. Sin perjuicio de ello, se hace notar que, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 las partes se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico e imprimir las constancias que requieran, mismas que tendrán el mismo valor probatorio que el de una copia certificada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el escrito de Javier Armando Alonzo Peña, apoderado de la persona moral tercera interesada "Muebles e Inmuebles del Sureste", Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual solicita copia certificada de todas las constancias que integran el presente juicio de amparo; al efecto, infórmese al ocursante que el original del expediente relativo al presente juicio de amparo, fue remitido al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia definitiva de veintidós de abril de dos mil veintidós; por lo que no es posible acceder a su petición en los términos en que fue planteada. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, se ordena expedir copias certificadas de las constancias que integran este cuaderno de antecedentes y entregarlas previa identificación y razón de recibo que se otorgue en autos. En relación con lo anterior, se hace del conocimiento de la parte solicitante que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico. Sin perjuicio de ello, se hace notar que, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 las partes se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico e imprimir las constancias que requieran, mismas que tendrán el mismo valor probatorio que el de una copia certificada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
Quedan 18 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Hilda Ivette Salazar Lopez1661/2022
- Hipolito Cumi Gongora1292/2020
- Hipolito Cumi Gongora1410/2019
- Hipolito Galaz Isai1209/2019
- Hipolito Perez Rosado1388/2017
- Hiram Ezequiel Marin Lopez1512/2023
- Hirma Yolanda Contreras Chel1108/2017
- Hola Yolanda Salas Brito1529/2018
- Hola Yolanda Salas Brito348/2018
- Holda Yolanda Salas Brito672/2021
- Holga Esther Hernandez Garcia1772/2012
- Horacio Galmiche Ligonio1048/2023