Holda Yolanda Salas Brito

Expediente 672/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
672/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
25/05/2021

Partes del expediente

  • Holda Yolanda Salas Brito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a estos autos el alegato ministerial 210/2021, signado por el Agente del Ministerio Público Federal en auxilio de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, sin hacer pronunciamiento al respecto, toda vez que el veintisiete de abril del año en curso, causó estado el desechamiento dictado en el presente juicio, y se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. Asimismo, como solicita la Fiscal Federal, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, así como lo estipula el numeral 2 de la ley de la materia, entréguesele copia certificada de la resolución pronunciada en este juicio, en el momento procesal oportuno.

  2. Principal

    Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 679/2021, signado por la Magistrada Tercera y Presidenta de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el cual acusa recibo del toca 76/2019 de su índice. Ahora bien, visto el estado de los autos se advierte que en proveído de veinte de abril del año en curso, se tuvo por recibido el oficio 3340/2021, firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, por medio del cual remitió el original y copias del escrito de demanda de amparo directo promovido por Holda Yolanda Salas Brito y Baltazar Concepción Alejandre Canul, los autos del toca 76/2019 del índice de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado y la causa penal 35/2018 del índice del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado; asimismo, comunicó que mediante acuerdo dictado el quince de abril del año en curso, en el juicio de amparo directo 101/2021, declaró la incompetencia legal por parte de dicho órgano jurisdiccional para resolver el citado juicio de amparo; por tanto, este Juzgado aceptó la competencia declinada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para conocer el juicio de amparo hecho valer; sin embargo, se omitió acusar el recibo correspondiente. En tal virtud, y para evitar dilaciones procesales, comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para los fines legales conducentes, con trascripción del acuerdo de veinte de abril del año en curso. Asimismo, hágase lo anterior del conocimiento de la Magistrada Tercera y Presidenta de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, se transcribe el acuerdo dictado el veinte de abril de dos mil veintiuno cuyo tenor es el siguiente: ".Mérida, Yucatán; veinte de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 3340/2021, firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, por medio del cual remite el original y copias del escrito de demanda de amparo directo promovida Holda Yolanda Salas Brito y Baltazar Concepción Alejandre Canul, los autos del toca 76/2019 del índice de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado y la causa penal 35/2018 del índice del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado. Ahora bien, toda vez que dicho cuerpo colegiado, mediante resolución dictada el quince de abril del presente año, estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata y ordenó su remisión a un Jugado de Distrito; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo, 45 y 107 de la Ley de Amparo y el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta juzgadora se avoca al conocimiento del asunto en comento; comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para los fines conducentes. Acúsese el recibo correspondiente, vía interconexión. Ahora, vista la demanda de amparo de cuenta, promovida por Holda Yolanda Salas Brito y Baltazar Concepción Alejandre Canul, contra un acto de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese con el número 672/2021-I y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Al efecto, del estudio integral de la demanda de amparo y de las constancias enviadas por la autoridad responsable, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, dictada por la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatoria, con sede en esta Ciudad de Mérida en el toca 76/2019, que declaró infundado el recurso de revocación contra el auto de nueve de febrero del presente año, en el que se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por el querellante José Encarnación Muñoz Gasca, en contra de la resolución pronunciada en audiencia de cinco de septiembre de dos mil diecinueve por el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado, en la que se dictó el sobreseimiento total de la causa penal 35/2018, a favor de Baltazar Concepción Alejandre Canul y Holda Yolanda Salas Brito. Sentado lo anterior, se advierte que los quejosos son parte formal y material el procedimiento de origen, pues tienen el carácter de imputados; asimismo, tampoco existe incertidumbre en cuanto a que el juicio natural, se encuentra en trámite. En ese tenor, se estima que respecto de los actos reclamados se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, ya que la resolución combatida no le causan un menoscabo a su esfera jurídica que incidan directamente en sus derechos sustantivos. En efecto, los preceptos citados establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - [.] - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: - - - [.] - - - V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; - - - [.] - - -" Del análisis de las citadas porciones normativas, en la parte y sentido citados, se advierte que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, ciertamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Además, deben producir en los gobernados efectos materiales inmediatos sobre tales derechos. En oposición a lo antes mencionado, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación y que no lesionan de manera directa e inmediata derechos sustantivos, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquéllas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna en la esfera del gobernado. Cabe precisar que en la actual Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio biinstancial contra actos dentro de juicio, ya que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir como ya se dijo, una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, a página 39, de rubro y texto siguientes: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.[El énfasis es añadido]. En este orden de ideas, la resolución de diecinueve de febrero de la presente anualidad -descrita en párrafos que anteceden- no afecta los derechos sustantivos de los inconformes, dado que la sola admisión del recurso de apelación, interpuesto por el querellante José Encarnación Muñoz Gasca, en contra de la resolución pronunciada en audiencia de cinco de septiembre de dos mil diecinueve por el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado, en la que se dictó el sobreseimiento total de la causa penal 35/2018, a favor de los aquí quejosos Baltazar Concepción Alejandre Canul y Holda Yolanda Salas Brito, son aspectos meramente procesales, que por sí mismos no les generan en forma directa un perjuicio de imposible reparación, pues en él, la Sala responsable no resuelve ni ordena cuestión alguna, sino que únicamente tiene como efecto dar trámite al medio de defensa interpuesto por la contraparte de los inconformes. De lo anterior, se evidencia que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, por lo siguiente: Con dicho acto solo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues, la resolución que constituye el acto reclamado declaró infundado el recurso de revocación contra el auto en el que se admitió el recurso de apelación contra el proveído en el que dictó el sobreseimiento total de la causa penal 35/2018; ya que el único efecto que produce dicho acuerdo es el de darle trámite al recurso de apelación y brindar la oportunidad a la aquí parte quejosa para que exprese lo que a su derecho legal convenga respecto a la interposición de dicho recurso, pero no afecta algún derecho de carácter sustantivo de la parte inconforme, pues simplemente se limita a declarar aspectos de carácter adjetivo o procesal, cuyos efectos netamente formales o intraprocesales trascienden y actualizan sus consecuencias, favorables o desfavorables, hasta que se dicte el fallo definitivo en el relatado recurso. A mayor abundamiento, en el supuesto de que el trámite de aquél estuviera afectado de ilegalidad, dada la naturaleza procesal del acto, únicamente afectaría garantías en perjuicio de los impetrantes de amparo, imputados en el juicio de origen, si esa ilegalidad trascendiera al resultado del fallo definitivo del multicitado recurso de apelación. Por tanto, de ahí que dicho acto no pueda ser considerado como de imposible reparación, pues, como se dijo, sólo trae como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, la cuál puede ser subsanable en caso de obtener una sentencia favorable a sus intereses dentro del procedimiento ordinario, en el caso, en la resolución del multicitado recurso de apelación. Resulta aplicable, por los argumentos que expone la tesis aislada, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, julio de 1994, página 791, registro digital 211916, de rubro y texto siguientes: "REVOCACIÓN. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE. Cuando en la demanda de garantías se aprecia que una resolución se impugna en cuanto decreta la admisión de los recursos de revocación, interpuestos por los señalados como terceros perjudicados, no se está en el supuesto de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto impugnado, por sí mismo, no trae consigo una ejecución que sea de imposible reparación, pues no lesiona de una manera real o efectiva los derechos y las personas de los quejosos, como tampoco los deja sin defensa en razón de que, al contestar los agravios que se planteen en el recurso de revocación, pueden ser oídos en defensa de sus intereses, y además de que la resolución que llegare a dictarse con motivo de dicho recurso, puede serles favorable; de ahí que se surta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la citada fracción IV del artículo 114 a contrario sensu de la ley de la materia. Así también, la tesis aislada III.2º.P.5K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 717, registro digital 196518, cuyo rubro y texto dicen: ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO CONSTITUYE EL ACUERDO QUE CONFIRMA LA ADMISIÓN DEL RECURSO Y LA CALIFICACIÓN DE ÉSTE. La resolución del Juez de Distrito se ajusta a derecho al determinar que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías, que prevé el artículo 73, fracción XVIII, relacionado con el 114, fracción IV, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, en atención a que el acuerdo emitido por la Sala responsable, en el que confirma la admisión del recurso y la calificación del efecto hecho por el Juez, y concede a las partes el término de diez días para expresar agravios, no es un acto de imposible reparación, ya que el único efecto que produce es el de darle trámite al recurso y brindar la oportunidad al recurrente para que exprese los agravios que considere que le cause la resolución apelada, pero no afecta algún derecho de carácter sustantivo de la parte inconforme, pues simplemente se limita a declarar aspectos de carácter adjetivo o procesal, cuyos efectos netamente formales o intraprocesales trascienden y actualizan sus consecuencias, favorables o desfavorables, hasta que se dicte el fallo definitivo; ahora bien, en el supuesto de que el trámite de aquél estuviera afectado de ilegalidad, dada la naturaleza procesal del acto, únicamente afectaría garantías en perjuicio del acusado si esa ilegalidad trascendiera al resultado del fallo definitivo, en cuyo caso, el inculpado estará en posibilidad de reclamarla a través del amparo directo, en términos de los numerales 158, primer párrafo y 161 de la Ley de Amparo. Luego entonces, al no actualizarse los supuestos del artículo 114, fracción IV, de la ley en comento, y que el acto que se reclama no tiene el carácter de definitivo ni causa un perjuicio irreparable al demandante de garantías, es inconcuso que procede el desechamiento de la demanda de garantías por notoriamente improcedente. De igual forma, apoya lo anterior por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia P./J.131/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, página 20, cuyo texto es: APELACIÓN EN EL EFECTO DEVOLUTIVO. LA RESOLUCIÓN QUE ADMITE EL RECURSO, NO ES ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DEL AMPARO.- La resolución que admite el recurso de apelación en efecto devolutivo es un acto dentro de juicio que no tiene ejecución de imposible reparación, en virtud de que, de acuerdo con su contenido y alcances legales, no es una resolución constitutiva de derechos, ni de condena, sino que es simplemente declarativa, al haber admitido a trámite el recurso de que se trata, pero el juicio continúa porque no es una resolución con la que culmina; por tanto, el amparo promovido en su contra resulta improcedente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, en relación con los diversos 114, fracción IV, 158, último párrafo, y 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo". Asimismo, sirve de apoyo por analogía la tesis que dice: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA EL AUTO QUE ADMITE LA APELACIÓN. Es improcedente el amparo que se endereza contra la resolución que admite una apelación, puesto que no trae consigo ejecución que pueda lesionar de una manera real y efectiva los derechos y la persona del quejoso ni lo deja sin defensa. Así pues, la vulneración de derechos adjetivos que se pudo haber cometido no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de una prerrogativa; por tanto, la resolución de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno -acto reclamado-, no puede clasificarse como aquellos de imposible reparación. Por tanto, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte materialmente derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo para poder ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, en la especie, se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicada en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, por lo que, como se anticipó, con apoyo en el numeral 113 transcrito, se desecha la demanda de amparo en estudio. Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, como lo señala la quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el mencionado para tal efecto en su escrito de demanda. Por otra parte, en cuanto a la solicitud de que se autorice al nombre de usuario "baltazar.alejandre", el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo que nos ocupa. Al respecto, dígasele a los promoventes que se accede su petición, para el efecto de que con dichos nombre de usuario "baltazar.alejandre", puedan consultar y acceder al expediente electrónico de este juicio de amparo a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, así como para promover en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, toda vez que existe solicitud expresa de la parte quejosa para recibir notificaciones vía electrónica a través del citado nombre de usuario, "baltazar.alejandre", por medio del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación; en tal virtud, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y los artículos 39 y 55 del citado Acuerdo General 12/2020, se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones personales inherentes a este asunto, por medio de la cuenta electrónica antes mencionada. Por tanto, comuníquese lo anterior, al oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente. Asimismo, la parte quejosa señala para oír y recibir notificaciones el correo electrónico alejandrebaltazar@hotmail.com; en consecuencia, aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico y telefónica, sin embargo, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), se ordena notificar a la parte quejosa los acuerdos que se estimen personales durante la contingencia sanitaria, mediante correo electrónico que proporciona la nombrada parte quejosa; ello, siempre y cuando fuera imposible realizar las notificaciones personales vía electrónica, lo anterior, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de los propios promoventes, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía, y en el entendido de que de no ser factible contactar a la parte quejosa mediante el correo electrónico antes indicado, las notificaciones personales se realizarán en el domicilio señalado para tal efecto. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de veinte de abril del presente año, pronunciado en este juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó de plano la presente demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, en cumplimiento a los dispuesto por el artículo 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. De igual forma, atendiendo al estado que guardan los presentes autos, devuélvase los autos del toca 76/2019 del índice de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que remitió el veinte de abril de dos mil veintiuno.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito signado por los quejosos Holda Yolanda Salas Brito y Baltazar Concepción Alejandre Canul, mediante el cual manifiestan que comparecen a darse por notificados del acuerdo de veinte de abril del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, dado que están conformes con dicha determinación y solicitan que se declare que ha causado estado dicho acuerdo. Al respecto, dígaseles que una vez que transcurra el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que cause estado dicha determinación se acordará al respecto. Por otra parte, toda vez que los quejosos en su ocurso de cuentan señalan como medio de notificación electrónica al usuario y correo electrónico que mencionan, asimismo, solicitan el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo que nos ocupa; en tal virtud, dígaseles que en proveído de veinte de los cursantes, ya se acordó lo conducente.

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