Hipolito Cumi Gongora
Expediente 1410/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1410/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Hipolito Cumi Gongora
Actuaciones
- Principal
MESA I. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 756/2019, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, lo anterior sin mayor pronunciamiento, toda vez que el veinticuatro de octubre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Lo anterior para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA I. Vistos los presentes autos y atendiendo a que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra del acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia, el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurrido los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cuanto al posible valor jurídico del presente expediente, se hace el señalamiento de que no lo tiene. Finalmente, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA I. Agréguense a estos autos el informe justificado rendido por el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente por Ministerio de Ley, en ausencia del titular del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esa ciudad y anexos que acompaña, los cuales remitió para acreditar la legalidad de su actuar. En el caso, el acto que Hipólito Cumi Góngora, reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión atribuida al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, pertenecientes al Poder Judicial del Estado, de acordar sus memoriales de tres y siete de noviembre de dos mil dieciséis, y ocho de marzo de dos mil diecinueve, en los que solicitó el requerimiento de pago y embargo por las cantidades ordenadas en el laudo dictado por la autoridad responsable en el juicio laboral 299/2010, en el que condenó al Ayuntamiento del Municipio de Chapab, Yucatán, al pago de diversas prestaciones, a efecto de que se dé cumplimiento a la ejecución del mismo. Ahora bien, en relación a los actos reclamados consistentes en la omisión del Tribunal responsable de acordar sus escritos de tres y siete de noviembre de dos mil dieciséis, en los que solicitó el requerimiento de pago y embargo por las cantidades por las cuales se condenó a la parte demandada Ayuntamiento del Municipio de Chapab, Yucatán, en el laudo dictado el diez de agosto de dos mil quince, en el expediente laboral 299/2010, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Se afirma lo anterior, toda vez que de las constancias que remitió como justificación a su informe de ley, el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, se advierte que el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, la citada responsable se pronunció respecto a los escritos de tres y siete de noviembre citado, esto es, en fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo; cuya omisión de dar respuesta se duele el quejoso en el presente asunto, dado que la responsable dictó el requerimiento de pago y embargo, por la cantidad que asciende a la condena decretada en laudo de mérito, por lo que comisionó al actuario de su adscripción, para que acompañado de la parte actora se constituya en el domicilio del demandado y requiera de pago al Ayuntamiento del Municipio de Chapab, Yucatán, con el apercibimiento a la parte aquí quejosa, que para el caso de no comparecer ante el Tribunal, no se podrá llevar a efecto su desahogo y a la parte demandada que para el caso de no realizar el pago solicitado, se le impondrá como medida de apremio. Acuerdo que fue notificado a las partes el catorce y quince de diciembre de dos mil dieciséis y el Actuario del Tribunal responsable, levantó el acta correspondiente al requerimiento de pago. Documental que, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tiene valor probatorio pleno al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Por tanto, se concluye que la denegación de justicia de la autoridad responsable, se subsanó al haber dictado el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, el acuerdo de requerimiento de pago y embargo, que solicitó el quejoso, el cual exhibió en copia certificada junto con su informe de ley; mismo que se advierte que fue dictado anterior a la presentación de la demanda; en consecuencia, se considera inexistente y debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que del precepto 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que la existencia del acto reclamado en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. La razón de ello es porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional al agraviado es para invalidar el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de la garantías conculcadas y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable; por tanto, si la existencia del acto no se acredita durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir a la imperante de garantías en el goce de la garantía violada. En efecto, la inexistencia del acto reclamado radicó en que al momento de que el quejoso promovió la demanda de amparo, no existía la negativa reclamada a la responsable, consistente en la falta de acuerdo de los escritos de tres y siete de noviembre de dos mil dieciséis, ya que con anterioridad a la presentación de la demanda, se había dictado el auto de requerimiento de pago y embargo, por la cantidad condenada en el laudo dictado en autos del expediente laboral 299/2010; de ahí que se considere que se acreditó la inexistencia del acto reclamado, lo que impide que este juzgado pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle del goce de garantías respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por la responsable actualizan indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, con la que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 63, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, Por otra parte, se trae a colación que el diverso acto que Hipolito Cumi Góngora reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios pertenecientes al Poder Judicial, con sede en esta ciudad, de acordar su escrito de ocho de marzo del año en curso, en el que realizó diversas peticiones, a efecto de que se dé cumplimiento a la ejecución del laudo dictado en el expediente laboral 299/2010 de su índice. En el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión del Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, de acordar su memorial de ocho de marzo de dos mil diecinueve, en el expediente laboral 299/2010 de su índice, en el que realizó diversas manifestaciones y solicitó: "A) Que atendiendo la gravedad de la falta contumaz y no acceder cumplir lo ordenado por este Tribunal, se le interponga una MULTA; acorde a la falta señalada, girando atento oficio a la Secretaría de Hacienda, para que sea esta la que se encargue de hacerla efectiva. B) Es procedente se haga del conocimiento del Honorable Congreso del Estado de Yucatán, en su calidad de Superior Jerárquico del Cabildo del Ayuntamiento de CHAPAB, Yucatán; mediante atento oficio, para que por su conducto, se requiera al referido Cabildo para que sesione y cumpla con lo ordenado por este Tribunal en el citado proveído continuándose con la secuela del procedimiento de Ejecución". Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios adjuntó a su informe con justificación, se desprende que en proveído de cinco de agosto del año en curso, la autoridad responsable dio contestación al escrito del quejoso de ocho de marzo de dos mil diecinueve, esto es, acordó que habiendo transcurrido el término de la vista que se le dio a la parte demandada para que dé total cumplimiento al laudo dictado en el juicio de origen, sin que lo hubiere hecho, actualizó los salarios generados, y respecto del inciso a) acordó que en virtud de que se han dictado diversas medidas de apremio, para que la demandada cumpla con el pago de la cantidad laudada y toda vez que no ha cumplido, se le hacen efectivos los apercibimientos decretados imponiéndole al Ayuntamiento de Chapab, Yucatán, una multa por no haber dado cumplimiento al acuerdo de ocho de abril de dos mil dieciséis y una multa, por no haber dado cumplimiento al acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, girando el oficio correspondiente a la Agencia de Administración Fiscal, para hacer efectiva dichas multas; y respecto al inciso b), no se accedió a lo solicitado, toda vez que no se ha requerido al Cabildo del Ayuntamiento de Chapab, Yucatán, el cumplimiento del laudo de mérito; y atento el estado que guarda el laudo de diez de agosto de dos mil quince, y tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, el Cabildo es la máxima autoridad en los Ayuntamientos, y aunado a lo establecido en el artículo 34 de ese propio precepto legal, que establece que el Cabildo podrá celebrar sesiones extraordinarias, las que extraordinarias, las que deberán ser convocadas con veinticuatro horas de anticipación, requirió al Cabildo del Ayuntamiento de Chapab, Yucatán, para que dentro del término de cinco días hábiles, señale fecha y hora para que se celebre una sesión extraordinaria y provea el pago liso y llano a los actores hasta por la cantidad de ciento ochenta y seis mil quinientos veintiséis pesos con treinta y siete centavos moneda nacional, que comprende las cantidades laudadas más los salarios caídos y que una vez celebrada la sesión de cabildo, se le concedió a dicho órgano con fundamento en el artículo 735 de la Ley Federal de Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, el término de tres días hábiles, para que por conducto de su Presidente Municipal, informe a esa autoridad responsable, sobre las medidas que tomó para el cumplimiento del pago inmediato a los actores, apercibiéndolo para que cumpla con lo anterior. Acuerdo que fue debidamente notificado al aquí quejoso, el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, mediante estrados y por cédula al Ayuntamiento del Municipio de Chapab, Yucatán, por conducto de su representante legal. En virtud de lo anterior, mediante acuerdo de dieciocho de octubre del año en curso, la autoridad responsable, tuvo por recibido el escrito de fecha veintidós de agosto del presente año, de la apoderada del Ayuntamiento del Municipio de Chapab, Yucatán, mediante el cual manifestó dar cumplimiento al acurdo de cinco de agosto de dos mil diecinueve y exhibió la sesión extraordinaria de cabildo realizada por los integrantes del H. Ayuntamiento de Chapab, Yucatán, en fecha veinte de agosto de dos mil diecinueve, en que se sometió a consideración y aprobación de dicho Cabildo el pago al aquí quejoso, en el que informó al Tribunal responsable que por el momento su representado no cuenta con los recursos financieros para dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio de origen, pero que en el momento en que su representado cuente con los recursos suficientes para cumplir con dicho laudo se le informará; por lo que dio vista a la parte actora del juicio laboral, de dicha sesión celebrada, para que dentro del término de tres días comparezca ante ese Tribunal, a manifestar lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho plazo, provea lo que corresponda conforme a derecho. Acuerdo que fue notificado personalmente a la parte quejosa, el veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Dichas documentales, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, dio contestación al escrito del quejoso, de ocho de marzo de dos mil diecinueve, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, ya que es evidente que al haberse emitido la respuesta en relación a la solicitud planteada por la quejosa en el escrito de mérito, han cesado los efectos de la aludida omisión. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, en virtud del sobreseimiento fuera de audiencia decretado en estos autos, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora fijada para la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. No obsta a lo anterior que le recaiga el carácter de tercero interesado al AYUNTAMIENTO DE CHAPAB, YUCATÁN, y que no obre en autos el acuse de recibo derivado del oficio 36176/2019, con el que se le emplazó al presente juicio, toda vez que la determinación anterior no le depara perjuicio alguno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
VII. Visto el estado que guardan los presentes, de los que se advierte que en proveído de nueve de enero de dos mil diecisiete, se ordenó el archivo del presente asunto como asunto totalmente concluido, por lo que ya no existe razón legal para que continúe en este órgano jurisdiccional, las constancias que integran el expediente laboral 53/2004, que remitió a este órgano judicial el Presidente de la junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con su informe de ley; por tanto, devuélvanse dichas constancias a su lugar de procedencia y solicítese al acuse de estilo. Cúmplase. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de José Nerio Ojeda Echeverría, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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