Hipólito Muñoz Barradas
Expediente 651/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 18 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 651/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 03/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Hipólito Muñoz Barradas
- Juez Tercero de lo Penal de Primera Instancia, Pacho Viejo, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el aquí quejoso Hipólito Muñoz Barradas, en contra del auto de veintidós de agosto del año en curso, en el que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, informa que dicho medio de impugnación quedó radicado en ese tribunal bajo el expediente número 297/2019.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de diecisiete de septiembre de la presente anualidad, se ordenó notificar por lista de acuerdos a la parte tercera interesada el diverso proveído de veintidós de agosto del año en curso, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, sin que de autos se advierta que se haya realizado dicha notificación; en consecuencia, túrnense los autos a cualquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado, para que realicen la notificación de mérito con la finalidad de que el presente asunto se encuentre debidamente integrado y remitirlo a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa. Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el acto reclamado por el impetrante de amparo **************, se hizo consistir en la orden de reaprehensión dictada en su contra, deducida de la causa penal ***********, así como su ejecución, destacando el quejoso en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, lo siguiente: ********** Por otra parte, mediante proveído de veinticinco de julio de la presente anualidad, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, quien aceptó la existencia del acto aquí combatido, refiriendo que en el órgano jurisdiccional a su cargo se encuentra radicada la causa penal ************, instruida en contra del aquí quejoso ************, por el delito de pederastía cometido en agravio de una menor de edad representada por **************, manifestando al efecto, que inicialmente el acto reclamado en esta vía, es decir, la orden de reaprehensión, fue emitida por el Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Misantla, Veracruz, en los autos de la causa penal ***********, sin embargo, con motivo de la extinción de dicha autoridad, se radico en el Juzgado a su cargo la causa penal **********, antes referida. Para mayor referencia de lo expuesto, es preciso destacar los antecedentes del acto reclamado, con la finalidad de establecer un panorama que, de forma sencilla, permita a las partes conocer los acontecimientos que dieron motivo a la resolución reclamada: 1. El ********** de febrero de dos mil dieciséis, ************, Fiscal de la Agencia Especializada en Delitos Contra la Libertad, la Seguridad Sexual y Contra la Familia, con sede en Misantla, Veracruz, consignó las diligencias de la investigación ministerial número ************, de su índice al Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, iniciada con motivo de la denuncia presentada por **************, en contra del aquí quejoso *************, como probable responsable del delito de pederastia cometido en agravio de una menor de edad, solicitando al afecto se girara la correspondiente orden de aprehensión en contra del aquí impetrante de amparo. 2. El *********** de febrero de dos mil dieciséis, el Juez Interino del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, giró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso *************, como probable responsable del delito de pederastía cometido en agravio de la entonces menor de edad *************, previsto y sancionado por el numeral 182 del Código Penal para el Estado de Veracruz, vigente en la fecha en que se cometió el delito, por lo que, una vez cumplida dicha orden se le internara en el Centro de Reinserción Social de ese municipio y quedara a disposición de dicho juzgado. 3. Hecho lo anterior y al vencimiento del término constitucional de las setenta y dos horas ampliado, el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, la Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar, a favor del aquí quejoso **************, al no haberse acreditado su probable responsabilidad en la comisión del delito de pederastia, que se dijo cometido en agravio de la entonces menor de edad **********. 4. Inconforme con la resolución dictada por la juez responsable, la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, apeló el auto de plazo constitucional de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, por lo que mediante oficio 1558, de veintinueve de mayo de esa misma anualidad, remitió copia certificada de las actuaciones que integran la causa penal **********, instruida en contra del aquí quejoso, al Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, correspondiéndole conocer dicho asunto a la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 5. Por resolución de once de agosto de dos mil diecisiete, los Magistrados que integran la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, determinaron revocar el auto de libertad por falta de elementos para procesar dictado por la juez responsable, para en su lugar emitir un auto de formal prisión en contra del aquí quejoso *************, por la comisión del delito de pederastia en agravio de la entonces menor de edad **********. 6. Finalmente, por auto de ******* de agosto de dos mil diecisiete, en atención a la resolución dictada por los Magistrados que integran la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en el toca **********, de su índice, la Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, libró la correspondiente orden de reaprehensión en contra del aquí impetrante de amparo ********, la cual constituye el acto reclamado. Ahora bien, del informe justificado rendido por la Secretaria encargada de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de este Distrito Judicial con sede en Pacho Viejo, Veracruz, así como de las constancias que anexo al mismo, se advierte que fue radicada la causa penal *********, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, instruida en contra del aquí quejoso *************, como probable responsable del delito de pederastia, cometido en agravio de una menor de identidad resguardada representada por ************; misma que posteriormente fue radicada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, con el número ***********, por la desaparición del Juzgado de Misantla; y posterior a ello, fue radicada con el número ***********, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, ante la desaparición del Juzgado Tercero señalado. Por otro lado, a fin de resolver el presente asunto, conviene destacar que en este órgano jurisdiccional se encuentra radicado el juicio de amparo **********, promovido por el aquí quejoso ************, en contra del mismo acto reclamado, y del que se advierte que por auto de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el informe justificado por el otrora Juez Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, quien aceptó el acto reclamado, manifestado al efecto la existencia de la causa penal *********, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Misantla, Veracruz, instruida en contra del citado ************, por el delito de pederastía cometido en agravio de una menor de edad representada por ***********, indicando que el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, se libró una orden de reaprehensión en contra del aquí quejoso. Documentales a las que se otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°, datos que son de invocar como hecho notorio, ordenándose glosar éstas para debida constancia, en términos de los dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sobre el hecho notorio, se cita la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Con motivo de lo anterior, el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, se notificó por lista de acuerdos al aquí quejoso la recepción del informe justificado citado en el párrafo anterior, y se le dio vista con las constancias que anexó la responsable en justificación de sus actos; incluso, el directo quejoso ********, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el ******* de diciembre de dos mil diecisiete, desahogó la vista otorgada en dicho informe; por tanto, se colige que el directo agraviado tiene conocimiento completo de la resolución aquí combatida, al menos desde el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, fecha en la que signó el referido escrito. Lo anterior, en virtud de que del escrito señalado se desprende que narró los antecedentes del acto reclamado en los mismos términos que los que se expusieron con antelación, además de que pretendió ampliar su escrito de demanda en contra del Juez Tercero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, al que después de la extinción del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, le tocó conocer de la orden de reaprehensión que éste último emitiera en cumplimiento a la determinación de la alzada, vertiendo al efecto los conceptos de violación por los cuales a su consideración la orden de reaprehensión reclamada era ilegal; datos que a juicio de quien esto resuelve, son suficientes para colegir que al menos desde el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, tenía conocimiento exacto y completo del acto reclamado que pretende combatir de nueva cuenta en esta vía constitucional. En ese tenor, a criterio del suscrito, se considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XIV de la Ley de Amparo y los diversos 17 y 18 del propio ordenamiento, como se explica a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos transcritos se desprende en primer término, que un acto está consentido tácitamente porque contra ellos no se promovió el juicio de amparo dentro de los términos que señala la ley de la materia; asimismo, se obtiene que el término general para la interposición del juicio de amparo es de quince días, por lo que el cómputo de dicho término depende básicamente de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado; lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; o bien, b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 17 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 17 de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso, máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Establecido lo anterior, es preciso indicar que, atendiendo a la naturaleza del auto reclamado, el plazo para la promoción del juicio de amparo es de quince días, pues no se ubica dentro de los supuestos anotados en párrafos que anteceden (norma autoaplicativa; extradición; sentencia definitiva condenatoria penal que imponga pena de prisión; privativos de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; o incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales). Sirve de apoyo a lo antes expuesto, por sus consideraciones, la jurisprudencia P.7J.12/2015 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro y texto dice: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Tiene aplicación por analogía al caso, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que a la letra dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SI SE PROMUEVE EN SU CONTRA JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN LA DEMANDA EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE LA CONOCIÓ, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTE CUÁNDO TUVO CONOCIMIENTO DE AQUÉLLA [APLICACIÓN DE LA TESIS 2a./J. 161/2013 (10a.)]. En la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo II, febrero de 2014, página 1079, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si en la demanda de amparo el quejoso omite señalar la fecha en que conoció el acto reclamado, el Juez debe prevenirlo para que subsane tal deficiencia. Ahora bien, tal criterio es aplicable a la demanda de amparo en que se reclama la orden de aprehensión, porque como dicho acto se encuentra dentro del procedimiento judicial, le es aplicable el plazo de quince días para la presentación de la demanda, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si dicho juicio constitucional se promueve contra esa orden de captura y el quejoso omite señalar la fecha en que la conoció, el Juez de Distrito debe prevenirlo para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste cuándo tuvo conocimiento de aquélla." (Lo subrayado es propio) En ese tenor, como quedó expuesto en párrafos que anteceden, el quejoso ***********, promovió el juicio de amparo ********, del índice de este juzgado, del que se advierte que combatió la orden de reaprehensión de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, girada en su contra en los autos de la causa penal *******, del ahora extinto Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Misantla, Veracruz, y que con motivo de dicha extinción actualmente se encuentra radicada bajo el número ********, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz. Bajo ese orden de ideas, se colige que el directo agraviado tiene pleno conocimiento de la resolución aquí combatida, al menos desde el ******** de diciembre de dos mil diecisiete, pues en esa data, en los autos del juicio de amparo **********antes citado, el quejoso desahogó la vista otorgada respecto del informe justificado rendido por el Juez Tercero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, el cual le fue notificado por lista de acuerdos el ******* de diciembre de dos mil diecisiete; por ende, debe tomarse en cuenta como data para el cómputo de la presentación de la demanda de amparo, el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Por tanto, si el promovente del amparo esperó hasta el quince de julio de dos mil diecinueve, para presentar la demanda de amparo indirecto que dio origen al presente asunto, según se aprecia del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, es inconcuso que lo hizo fuera del plazo de quince días hábiles con que contaba para hacerlo. Así las cosas, el plazo de quince días hábiles con que contaba la parte quejosa para instaurar el juicio de amparo en contra de la orden de reaprehensión de **********de agosto de dos mil diecisiete, emitida dentro de la causa penal ********, del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Misantla, Veracruz (actualmente causa penal **********, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz), transcurrió del veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete al dieciocho de enero de dos mil dieciocho; sin incluir en ese cómputo los días treinta y treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, uno, seis, siete, trece y catorce de enero de dos mil dieciocho, por ser inhábiles en términos de lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo anterior, es indudable que la presentación de la demanda de amparo se realizó de manera extemporánea, lo cual se tradujo, como se dijo, en el consentimiento tácito de la resolución impugnada, configurándose así el motivo de improcedencia contenido en la fracción XIV del artículo 61, en vinculación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento legal, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Es orientadora, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Asimismo, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." No pasa inadvertido el planteamiento del quejoso en el que sostiene que no tuvo conocimiento de las actuaciones subsecuentes al auto de libertad por falta de elementos para procesar que refiere, pues contrariamente a tal afirmación, el veintidós de diciembre de dos mil dieciocho, se impuso de las constancias del informe justificado rendido por el Juez Tercero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, en los autos del juicio de amparo 1179/2017, del índice de este Juzgado, donde obra el acto reclamado relativo a la reaprehensión de veintiocho de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, ya que incluso, desahogó la vista otorgada con el aludido informe. Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso Hipólito Muñoz Barradas, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución de veintidós de agosto del año en curso, dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, con copia de las constancias necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes y agréguese a éste una copia del escrito de agravios; asimismo, notifíquese a las partes la interposición del presente recurso. En su oportunidad, una vez que se encuentren debidamente recabadas las constancias de notificación relativas al citado medio de impugnación, remítanse los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Rio, Veracruz, junto con el escrito original de agravios para la substanciación del recurso en comento. Por otra parte, tomando en consideración que al momento de emitir el acto reclamado se tuvo a la vista los autos del juicio de amparo 1179/2017, del índice de este Juzgado, por ende, remítase junto con el presente juicio de amparo a la superioridad, para que se tenga a la vista al momento de resolver el recurso de revisión. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintidós de agosto del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya ordenado la notificación correspondiente del referido auto a la parte tercera interesada en el presente asunto; en consecuencia, túrnense los presentes autos a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos, a efecto de que notifiquen la determinación de veintidós de agosto de la presente anualidad, a la parte tercero interesada, a fin de integrar el recurso de revisión que se provee.
- Principal
Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso Hipólito Muñoz Barradas, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución de veintidós de agosto del año en curso, dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, con copia de las constancias necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes y agréguese a éste una copia del escrito de agravios; asimismo, notifíquese a las partes la interposición del presente recurso. En su oportunidad, una vez que se encuentren debidamente recabadas las constancias de notificación relativas al citado medio de impugnación, remítanse los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Rio, Veracruz, junto con el escrito original de agravios para la substanciación del recurso en comento. Por otra parte, tomando en consideración que al momento de emitir el acto reclamado se tuvo a la vista los autos del juicio de amparo 1179/2017, del índice de este Juzgado, por ende, remítase junto con el presente juicio de amparo a la superioridad, para que se tenga a la vista al momento de resolver el recurso de revisión. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintidós de agosto del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya ordenado la notificación correspondiente del referido auto a la parte tercera interesada en el presente asunto; en consecuencia, túrnense los presentes autos a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos, a efecto de que notifiquen la determinación de veintidós de agosto de la presente anualidad, a la parte tercero interesada, a fin de integrar el recurso de revisión que se provee.
- Principal
Con fundamento en lo establecido por los artículos 27, fracción I, inciso c) y el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo Vigente, se notifica por lista de acuerdo a la parte quejosa el proveído siguiente: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el acto reclamado por el impetrante de amparo **************, se hizo consistir en la orden de reaprehensión dictada en su contra, deducida de la causa penal ***********, así como su ejecución, destacando el quejoso en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, lo siguiente: ********** Por otra parte, mediante proveído de veinticinco de julio de la presente anualidad, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, quien aceptó la existencia del acto aquí combatido, refiriendo que en el órgano jurisdiccional a su cargo se encuentra radicada la causa penal ************, instruida en contra del aquí quejoso ************, por el delito de pederastía cometido en agravio de una menor de edad representada por **************, manifestando al efecto, que inicialmente el acto reclamado en esta vía, es decir, la orden de reaprehensión, fue emitida por el Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Misantla, Veracruz, en los autos de la causa penal ***********, sin embargo, con motivo de la extinción de dicha autoridad, se radico en el Juzgado a su cargo la causa penal **********, antes referida. Para mayor referencia de lo expuesto, es preciso destacar los antecedentes del acto reclamado, con la finalidad de establecer un panorama que, de forma sencilla, permita a las partes conocer los acontecimientos que dieron motivo a la resolución reclamada: 1. El ********** de febrero de dos mil dieciséis, ************, Fiscal de la Agencia Especializada en Delitos Contra la Libertad, la Seguridad Sexual y Contra la Familia, con sede en Misantla, Veracruz, consignó las diligencias de la investigación ministerial número ************, de su índice al Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, iniciada con motivo de la denuncia presentada por **************, en contra del aquí quejoso *************, como probable responsable del delito de pederastia cometido en agravio de una menor de edad, solicitando al afecto se girara la correspondiente orden de aprehensión en contra del aquí impetrante de amparo. 2. El *********** de febrero de dos mil dieciséis, el Juez Interino del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, giró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso *************, como probable responsable del delito de pederastía cometido en agravio de la entonces menor de edad *************, previsto y sancionado por el numeral 182 del Código Penal para el Estado de Veracruz, vigente en la fecha en que se cometió el delito, por lo que, una vez cumplida dicha orden se le internara en el Centro de Reinserción Social de ese municipio y quedara a disposición de dicho juzgado. 3. Hecho lo anterior y al vencimiento del término constitucional de las setenta y dos horas ampliado, el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, la Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar, a favor del aquí quejoso **************, al no haberse acreditado su probable responsabilidad en la comisión del delito de pederastia, que se dijo cometido en agravio de la entonces menor de edad **********. 4. Inconforme con la resolución dictada por la juez responsable, la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, apeló el auto de plazo constitucional de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, por lo que mediante oficio 1558, de veintinueve de mayo de esa misma anualidad, remitió copia certificada de las actuaciones que integran la causa penal **********, instruida en contra del aquí quejoso, al Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, correspondiéndole conocer dicho asunto a la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 5. Por resolución de once de agosto de dos mil diecisiete, los Magistrados que integran la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, determinaron revocar el auto de libertad por falta de elementos para procesar dictado por la juez responsable, para en su lugar emitir un auto de formal prisión en contra del aquí quejoso *************, por la comisión del delito de pederastia en agravio de la entonces menor de edad **********. 6. Finalmente, por auto de ******* de agosto de dos mil diecisiete, en atención a la resolución dictada por los Magistrados que integran la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en el toca **********, de su índice, la Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, libró la correspondiente orden de reaprehensión en contra del aquí impetrante de amparo ********, la cual constituye el acto reclamado. Ahora bien, del informe justificado rendido por la Secretaria encargada de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de este Distrito Judicial con sede en Pacho Viejo, Veracruz, así como de las constancias que anexo al mismo, se advierte que fue radicada la causa penal *********, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, instruida en contra del aquí quejoso *************, como probable responsable del delito de pederastia, cometido en agravio de una menor de identidad resguardada representada por ************; misma que posteriormente fue radicada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, con el número ***********, por la desaparición del Juzgado de Misantla; y posterior a ello, fue radicada con el número ***********, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, ante la desaparición del Juzgado Tercero señalado. Por otro lado, a fin de resolver el presente asunto, conviene destacar que en este órgano jurisdiccional se encuentra radicado el juicio de amparo **********, promovido por el aquí quejoso ************, en contra del mismo acto reclamado, y del que se advierte que por auto de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el informe justificado por el otrora Juez Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, quien aceptó el acto reclamado, manifestado al efecto la existencia de la causa penal *********, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Misantla, Veracruz, instruida en contra del citado ************, por el delito de pederastía cometido en agravio de una menor de edad representada por ***********, indicando que el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, se libró una orden de reaprehensión en contra del aquí quejoso. Documentales a las que se otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°, datos que son de invocar como hecho notorio, ordenándose glosar éstas para debida constancia, en términos de los dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sobre el hecho notorio, se cita la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Con motivo de lo anterior, el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, se notificó por lista de acuerdos al aquí quejoso la recepción del informe justificado citado en el párrafo anterior, y se le dio vista con las constancias que anexó la responsable en justificación de sus actos; incluso, el directo quejoso ********, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el ******* de diciembre de dos mil diecisiete, desahogó la vista otorgada en dicho informe; por tanto, se colige que el directo agraviado tiene conocimiento completo de la resolución aquí combatida, al menos desde el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, fecha en la que signó el referido escrito. Lo anterior, en virtud de que del escrito señalado se desprende que narró los antecedentes del acto reclamado en los mismos términos que los que se expusieron con antelación, además de que pretendió ampliar su escrito de demanda en contra del Juez Tercero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, al que después de la extinción del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, le tocó conocer de la orden de reaprehensión que éste último emitiera en cumplimiento a la determinación de la alzada, vertiendo al efecto los conceptos de violación por los cuales a su consideración la orden de reaprehensión reclamada era ilegal; datos que a juicio de quien esto resuelve, son suficientes para colegir que al menos desde el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, tenía conocimiento exacto y completo del acto reclamado que pretende combatir de nueva cuenta en esta vía constitucional. En ese tenor, a criterio del suscrito, se considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XIV de la Ley de Amparo y los diversos 17 y 18 del propio ordenamiento, como se explica a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos transcritos se desprende en primer término, que un acto está consentido tácitamente porque contra ellos no se promovió el juicio de amparo dentro de los términos que señala la ley de la materia; asimismo, se obtiene que el término general para la interposición del juicio de amparo es de quince días, por lo que el cómputo de dicho término depende básicamente de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado; lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; o bien, b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 17 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 17 de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso, máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Establecido lo anterior, es preciso indicar que, atendiendo a la naturaleza del auto reclamado, el plazo para la promoción del juicio de amparo es de quince días, pues no se ubica dentro de los supuestos anotados en párrafos que anteceden (norma autoaplicativa; extradición; sentencia definitiva condenatoria penal que imponga pena de prisión; privativos de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; o incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales). Sirve de apoyo a lo antes expuesto, por sus consideraciones, la jurisprudencia P.7J.12/2015 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro y texto dice: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Tiene aplicación por analogía al caso, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que a la letra dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SI SE PROMUEVE EN SU CONTRA JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN LA DEMANDA EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE LA CONOCIÓ, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTE CUÁNDO TUVO CONOCIMIENTO DE AQUÉLLA [APLICACIÓN DE LA TESIS 2a./J. 161/2013 (10a.)]. En la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo II, febrero de 2014, página 1079, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si en la demanda de amparo el quejoso omite señalar la fecha en que conoció el acto reclamado, el Juez debe prevenirlo para que subsane tal deficiencia. Ahora bien, tal criterio es aplicable a la demanda de amparo en que se reclama la orden de aprehensión, porque como dicho acto se encuentra dentro del procedimiento judicial, le es aplicable el plazo de quince días para la presentación de la demanda, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si dicho juicio constitucional se promueve contra esa orden de captura y el quejoso omite señalar la fecha en que la conoció, el Juez de Distrito debe prevenirlo para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste cuándo tuvo conocimiento de aquélla." (Lo subrayado es propio) En ese tenor, como quedó expuesto en párrafos que anteceden, el quejoso ***********, promovió el juicio de amparo ********, del índice de este juzgado, del que se advierte que combatió la orden de reaprehensión de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, girada en su contra en los autos de la causa penal *******, del ahora extinto Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Misantla, Veracruz, y que con motivo de dicha extinción actualmente se encuentra radicada bajo el número ********, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz. Bajo ese orden de ideas, se colige que el directo agraviado tiene pleno conocimiento de la resolución aquí combatida, al menos desde el ******** de diciembre de dos mil diecisiete, pues en esa data, en los autos del juicio de amparo **********antes citado, el quejoso desahogó la vista otorgada respecto del informe justificado rendido por el Juez Tercero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, el cual le fue notificado por lista de acuerdos el ******* de diciembre de dos mil diecisiete; por ende, debe tomarse en cuenta como data para el cómputo de la presentación de la demanda de amparo, el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Por tanto, si el promovente del amparo esperó hasta el quince de julio de dos mil diecinueve, para presentar la demanda de amparo indirecto que dio origen al presente asunto, según se aprecia del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, es inconcuso que lo hizo fuera del plazo de quince días hábiles con que contaba para hacerlo. Así las cosas, el plazo de quince días hábiles con que contaba la parte quejosa para instaurar el juicio de amparo en contra de la orden de reaprehensión de **********de agosto de dos mil diecisiete, emitida dentro de la causa penal ********, del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Misantla, Veracruz (actualmente causa penal **********, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz), transcurrió del veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete al dieciocho de enero de dos mil dieciocho; sin incluir en ese cómputo los días treinta y treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, uno, seis, siete, trece y catorce de enero de dos mil dieciocho, por ser inhábiles en términos de lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo anterior, es indudable que la presentación de la demanda de amparo se realizó de manera extemporánea, lo cual se tradujo, como se dijo, en el consentimiento tácito de la resolución impugnada, configurándose así el motivo de improcedencia contenido en la fracción XIV del artículo 61, en vinculación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento legal, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Es orientadora, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Asimismo, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." No pasa inadvertido el planteamiento del quejoso en el que sostiene que no tuvo conocimiento de las actuaciones subsecuentes al auto de libertad por falta de elementos para procesar que refiere, pues contrariamente a tal afirmación, el veintidós de diciembre de dos mil dieciocho, se impuso de las constancias del informe justificado rendido por el Juez Tercero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, en los autos del juicio de amparo 1179/2017, del índice de este Juzgado, donde obra el acto reclamado relativo a la reaprehensión de veintiocho de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, ya que incluso, desahogó la vista otorgada con el aludido informe. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.
Quedan 14 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · 5,534 expedientes
- Hilda Daissy Loyo Hernández642/2020
- Hilda Mendoza Hernández312/2023
- Hilda Montes Gonzalez1102/2015
- Hilda Rosaura Cabrera Perez Perez477/2021
- Hindira Acosta Herrera431/2023
- Hipólito Cervantes Baizabal15/2021
- Hipolito Muñoz Barradas1179/2017
- Hipolito Pareja Sosa903/2022
- Homar Espinoza Rivera585/2017
- Homar Hernández Juarez1251/2017
- Homero Antonio De Anda Andrade280/2022
- Homero de Jesus Azamar Espejel386/2021