Hilda Mendoza Hernández

Expediente 312/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
312/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/05/2023

Partes del expediente

  • Hilda Mendoza Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diez de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica de Hidalgo, mediante el cual informa que aceptó la competencia planteada por este juzgado, respecto de la demanda de amparo promovida por Hilda Mendoza Hernández, contra los actos reclamados del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla de Olarte, Veracruz y otra autoridad. En esas circunstancias, agréguese sin mayor proveer, toda vez que en proveído de ocho de mayo de dos mil veintitrés, se acordó lo conducente en relación al mismo. Cúmplase

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el oficio firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica de Hidalgo, mediante el cual acusa recibo del oficio 6810/2023 y remite el diverso oficio 5357/2023, por el cual informa que se aceptó la competencia planteada por este juzgado, respecto de la demanda de amparo promovida por ********************, contra los actos reclamados del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla de Olarte, Veracruz y otra autoridad. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 20, fracción I, inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un cuaderno auxiliar, por lo que una vez transcurridos más de seis meses, y pasados treinta días de este plazo, se procederá para tal efecto. De igual forma, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General precitado. Notifíquese por lista de acuerdos.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que, en el Juzgado Décimo Primero de Distrito del Séptimo Circuito, con sede en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, se encuentra radicado el juicio de amparo 196/2023, promovido por ..., sin poder visualizar mayores datos de dicho juicio en el referido sistema. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se solicita de la manera más atenta a la titular del referido órgano jurisdiccional que, de no haber inconveniente alguno, dentro del término de tres días se sirva informar, vía interconexión o bien al correo electrónico institucional 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx, si le correspondió conocer de la demanda promovida por Hilda Mendoza Hernández y que dio origen al juicio de amparo 312/2023-3-B, de este índice, de ser así, precise sí aceptó la competencia legal declinada por este juzgado; ello, a fin de estar en condiciones de acordar lo procedente. Cúmplase.

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. EXHORTACIÓN, CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMUNICACIONES CON EL PERSONAL JURISDICCIONAL. Conforme al artículo 257, fracción I, 261 y 263, fracciones II y IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a las partes a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. De igual forma, se les hace saber que respecto de comunicaciones no procesales, se les brindará la atención vía telefónica, a través del equipo telefónico con que cuenta este Juzgado de Distrito o a través del correo electrónico 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. De manera excepcional se podrá hacer uso de tales medios para comunicaciones procesales, únicamente en el caso de que no cuenten con acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia de que se conservará el registro respectivo de las comunicaciones realizadas hasta la conclusión del presente asunto. De igual manera, se hace de su conocimiento, que en caso de que alguna de las partes se presente físicamente a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, a consultar el presente expediente, dicha consulta se realizará de manera electrónica, a través del equipo de cómputo con que se cuenta en este órgano jurisdiccional, el cual también podrá ser utilizado para acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y para la participación en videoconferencias con el personal de éste órgano jurisdiccional. Se precisa que los equipos telefónicos y de cómputo a que se hace mención, se ubican en el área de recepción de este órgano jurisdiccional y su uso y atención al público será de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos en días hábiles. DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por ***********, contra los actos reclamados del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla de Olarte, Veracruz, y otra autoridad. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número *******-3-B. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se desprende que la promovente, reclama lo siguiente: ACTO RECLAMADO.- A).- DE LA AUTORIDAD ORDENADORA.- Lo constituye en su totalidad el Procedimiento tramitado y radicado en el Expediente número ********* relativo al Juicio, SUCESORIO INTESTAMENTARIO de los del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla de Olarte, Veracruz y donde consta y acredita que nunca me citan o mencionan en dicho escrito de demanda y por consiguiente, nunca, se emplaza a la suscrita, sin que la suscrita haya tenido conocimiento hasta el día 27 de marzo del año en curso (2023), fecha en que me enteró del trámite del Juicio antes señalado, razón por la cual nunca he comparecido al mismo; en razón de lo anterior soy un extraño a dicho juicio Sucesorio Intestamentario como se acreditara debidamente con las copias que remita la responsable junto a su informe justificado, pues no obstante mis familiares (actores) saben y les consta que soy hermana del autor de la Herencia, como lo acredito con mi respectiva acta de nacimiento que acompaño al presente escrito y con la cual acredito mi interés jurídico y personalidad para promover el presente Juicio de garantías. B).- DEL CIUDADANO JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DEL PAPANTLA DE OLARTE VERACRUZ, EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD ORDENADORA, CONCRETAMENTE LE RECLAMO: TODO EL PROCEDIMIENTO A PARTIR DEL PRIMER AUTO DICTADO PARA LA ADMISIÓN DE DEMANDA, DENTRO DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE MI FAMILIAR (HERMANO) **********, SIGNADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE ***********; POR SER ILEGAL EL PROCEDIMIENTO, ESTO ES, SE LLEVO A CABO TOTALMENTE A MIS ESPALDAS. 1).- DEL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO antes indicado, en su carácter de autoridad ejecutora, reclamo el ilegal procedimiento, como es la falta de emplazamiento, dentro del expediente número ************ relativo al Juicio, SUCESORIO INTESTAMENTARIO de los del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla de Olarte Veracruz, pues la suscrita, nunca fui llamada, citada emplazada, esto para comparecer a juicio y ejercitar O hacer valer mis Derechos sobre la herencia, por lo cual no intervine como parte, PUES SOY TERCERO EXTRAÑO A DICHO JUICIO es decir nunca fui oída y vencida premisa esencial para que dicho procedimiento ilegal me afecte. 2).- DEL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PAPANTLA DE OLARTE VERACRUZ, en su carácter de autoridad ejecutora le reclamo la falta de CITACIÓN NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO A dicho Juicio por lo que nunca he tenido conocimiento del procedimiento y ejecución esto, precisamente por no ser parte en el mismo y de hecho lo constituye las notificaciones tendientes al LLAMADO Y TRAMITE INTRAPROCESAL y ejecución de la sentencia emitida en dicho Juicio. (.) A-I).- LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO DENTRO DE DICHO JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, a efecto de que se invalide todo lo actuado a partir del primer auto y ordenar mi legal emplazamiento, PARA ASI ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, TODA VEZ QUE EN EL PRESENTE CASO, DICHO PROCEDIMIENTO FUE SEGUIDO A MIS ESPALDAS, YA QUE COMO SE PODRÁ VER EN AUTOS LA SUSCRITA SOY TERCERO EXTRAÑO A JUICIO Y AHORA PRETENDEN UNA EJECUCIÓN, EN EL PRESENTE JUICIO, pues al no señalarme mis familiares en el escrito inicial de demanda, EL C. ACTUARIO NUNCA PRACTICO DICHA DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO, sin que mi persona hubiese tenido conocimiento, siendo la suscrita un extraño al juicio, siendo; pues el procedimiento ilegal en razón de la serie de errores existentes en dicho juicio. DETERMINACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA PARA SUBSTANCIAR LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora, toda vez que ha quedado precisado el acto que en esta vía constitucional reclama el quejoso, lo procedente es analizar la demanda de amparo a fin de determinar la competencia de este juzgado para conocer de la misma. Es menester precisar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, la suscrita juzgadora procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40,4 emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En ese orden de ideas, es inconcuso que la parte quejosa reclama un acto cuya ejecución material se encuentra fuera del territorio en donde este órgano tiene jurisdicción; por lo tanto, la suscrita juzgadora advierte que carece de competencia para substanciar la demanda de amparo que nos ocupa. Para explicar lo anterior, resulta necesario profundizar en las reglas básicas que establece la Ley de Amparo para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo y, para tal efecto, se impone transcribir el contenido del artículo 37 del citado ordenamiento legal, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de u distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto legal transcrito contiene tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, a saber: I. Cuando el acto reclamado requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado II. Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, III. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así las cosas, de las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, se advierte que el acto que por esta vía constitucional combate tiene ejecución en el municipio de Tecolutla, Veracruz, puesto que en dicha demarcación se ubica el domicilio de la aquí quejosa ************. Ahora, el reclamo de la promovente se hace consistir en que no ha sido emplazada al juicio sucesorio intestamentario *********, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla de Olarte, Veracruz, en razón a que los denunciantes de la sucesión referida, nunca la señalaron como heredera, no obstante que también es hermana del de cujus, razón por la que no ha tenido intervención ni acceso al expediente de origen, y como consecuencia de la omisión señalada también reclama todo lo actuado en dicho asunto, de lo que es factible deducir que los actos que se reclaman tienen ejecución en el lugar donde vive la promovente así como en donde está radicado el juicio sucesorio citado. Por lo tanto, si en el caso la ejecución del acto reclamado será en Tecolutla, y Papantla, Veracruz, la competencia legal para conocer del juicio de amparo le recae precisamente al Juzgado de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado tendrá ejecución en Tecolutla, Veracruz. Por ende, se concluye que los actos reclamados en esta vía, no obstante ser de naturaleza omisiva, también conllevan efectos de ejecución material, lo que se materializan a través de actos positivos que provocan un cambio en el mundo exterior y que deben efectuarse en el lugar en donde se llevará a cabo el emplazamiento cuya omisión se reclama; por tanto, correspondería conocer de dichos actos al Juez de Distrito en el lugar donde se deben ejecutar los mismos. Aunado a lo anterior, es menester precisar que de la lectura de la demanda, se advierte que esos actos se reclaman en el contexto de un procedimiento civil, de manera que el principio de ejecución, se traslada directamente al proceso, porque es ahí donde tienen impacto preponderantemente; es decir, ante la potestad de Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla de Olarte, Veracruz. Es así, porque justamente el referido juez es quien conoce del juicio sucesorio **********, y por ende, es también en ese lugar donde se materializa la eventual violación a derechos fundamentales que se combate en el juicio constitucional que nos ocupa. Situaciones que se actualizan en el caso, pues la quejosa, reclama la falta de emplazamiento al juicio sucesorio número ************, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla de Olarte, Veracruz, y consecuentemente, todo lo actuado en dicho asunto; por lo que en realidad dichos actos se deben ejecutar y se ejecutaron, respectivamente en el lugar en donde debe ser emplazada al juicio natural la promovente, así como, en el lugar donde está radicado el juicio sucesorio citado. Atento a lo anterior, resulta que este órgano jurisdiccional no es legalmente competente, por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, en virtud de que el acto omisivo con efectos positivos que se señala debe ser ejecutado en Tecolutla, Veracruz, y los diversos actos constituidos por las actuaciones del juicio natural, se materializaron en Papantla, Veracruz, lugares en los que este órgano de control constitucional no ejerce jurisdicción, sino que resultan competentes para conocer los Juzgados de Distritos en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz ; ello en atención a que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto cuarto, fracción VII, párrafo segundo, establece que los citados Juzgados de Distrito tienen jurisdicción territorial en el municipio de Veracruz, Veracruz. Da sustento a la determinación adoptada, la tesis sustentada5 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Así como, la jurisprudencia número 2a./J. 17/2022 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3668, Libro 13, Mayo de 2022, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 2024553, que lleva por rubro y texto los siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo." En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declina la competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, en favor del Juez de Distrito en el Estado en turno, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. Por consiguiente, se ordena remitirle los autos que integran el expediente de amparo número ***********-3-B, así como las diez copias de la demanda y los anexos que lo acompaña, a fin de que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, decida si acepta o no la competencia declinada en su favor y se sirva comunicarlo a la suscrita juzgadora, solicitándose el acuse de recibo respectivo, vía interconexión o bien al correo electrónico institucional 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. Sin que sea procedente proveer respecto de la suspensión peticionada, en razón de que el acto combatido no se encuentra previsto por los artículos 15 y 126 de la ley de la materia y el arábigo 22 constitucional. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su demanda, y como sus autorizados en amplios términos del artículo 12 de la citada legislación, a *************, quienes cuentan con los registros ************* en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos que impone el último párrafo del citado precepto legal, a ************, toda vez que no aparecen sus registros en el referido sistema. DATOS DE CONTACTO. Por otro lado, se toma conocimiento el correo electrónico que señala la parte quejosa, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, sin que el medio electrónico que señala pueda constituir un medio para oír y recibir notificaciones, como lo pretende la promovente, pues este no está previsto por la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley d Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN. Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista de acuerdos por así haberlo solicitado a la parte quejosa y por oficio al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · 5,534 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano